[Resumen automatizado: La señora Gladys María Antonia Rodríguez de Suárez actuando en representación de su hija Nidia Johana Suárez Rodríguez, interpuso acción de tutela, en contra del Ministerio de la Protección Social Fondo de Solidaridad Pensional-, con el fin de que esta entidad cotice, a favor de su hija, las semanas faltantes para alcanzar el derecho a la pensión de invalidez; es decir dieciséis (16) de las cincuenta necesarias según lo establece el artículo 1° de la ley 860 de 2003. || Con base en los elementos fácticos descritos, encuentra la Sala que el problema jurídico consiste en determinar si se vulneran los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la vida digna a una joven de 23 años que sufrió un accidente de tránsito, perdiendo su capacidad laboral en un 76.45%, cuando se niega el reconocimiento de la pensión de invalidez, toda vez que alcanzó a cotizar sólo 34 semanas al sistema de pensiones, y en la aplicación formal del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 1° de la ley 860 de 2003) se le exigen 50 semanas de cotización en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.] - [Palabras claves: años, invalidez, social, derecho, protección, ley, seguridad, personas, derechos, manera, laboral]

[Resumen automatizado: Entonces para esta Sala se puede colegir que, por virtud de este último parágrafo, los cónyuges titulares de la referida pensión, que al momento de la expedición de la ley 33 de 1973, gozaban de la prestación social, les es modificado su derecho por la nueva ley, en forma vitalicia, y en consecuencia la norma vigente y aplicable a las situaciones de hecho en las cuales se va a establecer una pensión en caso de muerte de un trabajador o empleado del sector público, es la ley 33 de 1973, en concordancia con los artículos 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993." || De acuerdo con decisiones anteriores de esta Corporación, la relación expuesta entre protección de derechos fundamentales y necesidad de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes resulta acreditada cuando (i) la prestación económica que percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento económico de su grupo familiar dependiente y (ii) los beneficiarios de la pensión carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para garantizarse su subsistencia, por lo cual quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado de la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital.[5]] - [Palabras claves: sobrevivientes, derecho, tutela, sustitución, corte, constitucional, derechos, acción, protección, sala, reconocimiento, perjuicio, ley, prestación, respecto, pago]

[Resumen automatizado: Resulta contrario a la lógica propia de los derechos económicos y sociales que el legislador introduzca una medida regresiva, como parece ocurrir con el artículo primero de la Ley 860 de 2003, que impone requisitos más exigentes a las personas para acceder a la pensión de invalidez, sin crear mecanismos que protejan a quienes venían haciendo parte del régimen de seguridad social en pensiones bajo otros requerimientos menos exigentes para causar a su favor el derecho a la pensión. || Así las cosas, la norma tiene entre sus destinatarios a personas que deben ser sometidas a un tratamiento privilegiado por el Estado y a una protección reforzada, de tal suerte que una vulneración al principio de progresividad afectaría en gran medida a este específico grupo poblacional, tornándose la norma inconstitucional para el caso concreto y requiriéndose la actuación del juez de tutela en el sentido de amparar los derechos fundamentales vulnerados inaplicando la norma en referencia. || Así las cosas, la norma tiene entre sus destinatarios a personas que deben ser sometidas a un tratamiento privilegiado por el Estado y a una protección reforzada, de tal suerte que una vulneración al principio de progresividad afectaría en gran medida a este específico grupo poblacional, tornándose la norma inconstitucional para el caso concreto y requiriéndose la actuación del juez de tutela en el sentido de amparar los derechos fundamentales vulnerados inaplicando la norma en referencia.] - [Palabras claves: invalidez, social, corte, laboral, norma, tal, sistema, ley, seguridad, derecho, personas, edad, trabajo]

[Resumen automatizado: Repartida la demanda a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado sustanciador, mediante auto del 28 de junio de 2005, la admitió y ordenó ponerla en conocimiento de los accionados así como, oficiosamente, de la Empresa Licorera de Nariño en liquidación y del Departamento de Nariño - Secretaría de Hacienda Distrital Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Nariño, como terceros interesados, comoquiera que fueron parte dentro del proceso ordinario laboral dentro del cual se profirieron las sentencias que el demandante pretende se dejen sin efecto mediante la presente acción de tutela. || La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del doce (12) de julio de 2005, denegó la tutela invocada al estimar que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional y en lo que ha sostenido esa Sala desde la sentencia de marzo 2 de 1998, radicación 3103, “no puede esta Sala de la Corte inmiscuirse en el trámite de un proceso que revistió todas las formalidades de su rango, para dejar sin efecto la decisión cuestionada, máxime cuando, si nada se dijo en ella sobre la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el demandante, como lo sostiene, debió solicitar su adición dentro de la oportunidad legal, para que se diera aplicación al principio de la congruencia consagrado en el artículo 305 del C.P.C., en armonía con el artículo 309 ibídem, aplicables por analogía en materia laboral según lo dispuesto en el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S.] - [Palabras claves: trabajo, colectiva, proceso, sala, tutela, derecho, corte, laboral, dentro, derechos, vía, trabajadores, hecho]