Decreto legislativo 1975 de 2002. suspende la ley 333 de 1996. extincion de dominio. accion y tramite. debido proceso y garantias. competencia y procedimiento. procesos en curso. limites materiales al ejercicio de competencias excepcionales. derechos intangibles. ley estatutaria. estados de excepcion. conmocion interior. destinacion de bienes. retribucion y recompensa. desaparicion forzada. actividades ilicitas. convivencia ciudadana. derecho de defensa. notificacion. causales de nulidad. excepciones e incidentes. alegatos de conclusion. sentencia. gastos procesales y de administracion. convenios y tratados de cooperacion judicial. comparecencia, presentacion y disponibilidad personal. conexidad. juicio de necesidad y proporcionalidad. exequibles e inexequibles - [Resumen automatizado: Por su parte, frente a la constitucionalidad del artículo 10 que se circunscribe al abandono de los bienes, estima que la exigencia contenida en dicha disposición en el sentido de que los afectados con el ejercicio de esta acción tienen que comparecer personalmente al proceso, no contraviene en ningún aspecto la Carta Fundamental pues ella sólo corresponde a una de las distintas obligaciones que emanan de la función social que debe cumplir la propiedad, en virtud del artículo 58 de la Constitución Política y, por lo tanto, la sustracción injustificada a dicha obligación durante el plazo fijado por la norma -tres meses- permite concluir que dichos bienes sobre los cuales se tienen serios elementos de juicio de que están comprendidos dentro de una causal de extinción del dominio, quedan en estado de abandono a favor del Estado, circunstancia que debe ser reconocida por el Juez en sentencia judicial.] - [Palabras claves: extinción, dominio, bienes, acción, derecho, proceso, decreto, corte, legislativo, derechos]

[Resumen automatizado: 1°, 150 N° 1 y 2, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252 y 253 de la Constitución Política; el numeral 7° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Ley 74 de 1968) y el numeral 4° del artículo 8°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) por cuanto: i) asignan a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de la acción de extinción del dominio, sin reparar en que su competencia está circunscrita a la investigación de delitos y que como no le compete proferir sentencias no puede conocer del trámite o procedimiento previo, ii) quebrantan el núcleo esencial del debido proceso y el derecho a la igualdad, iii) limitan el monto de la reparación del daño causado, por la actuación judicial a que da lugar la acción de extinción del dominio, al valor de los bienes y exigen la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario, iv) imponen una sanción de "aplicación prospectiva, restrictiva y específica y v) debido a que la demanda que da inicio al trámite de la acción de extinción del dominio no requiere relacionar los fundamentos de derecho.] - [Palabras claves: extinción, acción, ley, proceso, derecho, dominio, bienes, política, penal, constitución, artículos, respecto, derechos]

Responsabilidad fiscal, sanciones, naturaleza, límites - [Resumen automatizado: Los mandatos constitucionales que establecen como órganos de control al Ministerio Público, para que ejerza la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, y a la Contraloría General de la República, para que ejerza la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, a través de un ejercicio separado y autónomo de sus funciones, de conformidad con la naturaleza jurídica de los poderes disciplinario y fiscal del Estado, respectivamente. || Sobre el particular, luego de presentar un análisis de las funciones constitucionales de la Procuraduría y la Contraloría, de la facultad y límites del legislador para señalar nuevas atribuciones a esos órganos de control, de la posibilidad para el Contralor de imponer sanciones no pecuniarias en desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal y de la reserva legal para efectos de determinar la responsabilidad fiscal, entre otros temas, la Sala Plena declaró la exequibilidad de los artículos 99, 100 y 102 de la Ley 42 de 1993, así como del artículo 101 de esa misma ley, salvo para las expresiones "cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello", allí contenidas, por estar cobijadas por el efecto de la cosa juzgada constitucional, según la Sentencia C-054 de 1997, y con respecto de su parágrafo, el cual fue declarado inexequible.] - [Palabras claves: fiscal, control, ley, artículos, sanciones, responsabilidad, disciplinario, proceso, general, disciplinaria, ejercicio, contralores, contraloría]

Suspensión provisional de alcaldes - Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el numeral 5 del artículo 105 de la Ley 136 de 1994 - [Resumen automatizado: Manifiesta que la facultad que tiene el Contralor General de la República para solicitar la suspensión de funcionarios públicos es una atribución que le es fijada directamente por la Constitución Política en su artículo 268, numeral 8, pero que, para aplicar dicha potestad, previamente el Contralor debe agotar el correspondiente proceso o investigación, mediante los cuales obtenga suficientes elementos de juicio para imponer dicha sanción. || Por lo expuesto, el Jefe del Organismo de Control Fiscal considera que el Constituyente delegó en el legislador la facultad de reglamentar las causales por las cuales procede la suspensión o la destitución de estos servidores públicos, lo cual se ha hecho en la Ley 136 de 1994 y que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 105, numeral 5, dicha competencia se encuentra asignada exclusivamente al Contralor General y no a los contralores territoriales, como lo pretende el actor. || En suma, la referencia que la norma acusada hace a la exigencia de suspensión de los alcaldes no puede ser exclusiva del Contralor General, pero tampoco debe impedir a éste que ejerza sus atribuciones, en las hipótesis previstas por los artículos 267 y 268, numerales 4 y 8, de la Constitución.] - [Palabras claves: suspensión, contralor, general, república, constitución, corte, contralores, norma, política, facultad, alcaldes, ley, carta]

[Resumen automatizado: La Dirección Nacional de Estupefacientes en cumplimiento de su función de administradora de los bienes objeto de comiso, decomiso, incautación y demás medidas en procesos penales por delitos de narcotráfico y conexos, así como aquellos con medida provisional decretada en proceso de extinción de dominio, podrá solicitar al funcionario judicial competente, que decrete, mediante providencia interlocutoria susceptible de los recursos de ley, la extinción del dominio a favor del Estado sobre los derechos reales principales y accesorios que se deriven de aquellos, si transcurridos seis (6) meses desde la fecha de citación o emplazamiento de los titulares inscritos o de los terceros interesados en la actuación, a fin de ejercer su defensa o hacer valer sus derechos, según el caso, éstos no comparecen, o desde su aprehensión cuando se trate de bienes sin dueño aparente o conocido, o no requieran de inscripción para su constitución.] - [Palabras claves: bienes, ley, proceso, extinción, magistrado, decreto, dominio, nacional, normas, facultades]

[Resumen automatizado: No se desvirtúa la autonomía de la acción Penal ni quebranta las reglas del debido proceso, ni atropella los derechos del titular de los bienes, sino que apenas busca prever con claridad la regla aplicable a los eventos en los cuales, iniciado ya un proceso penal, estando en manos de la autoridad judicial competente los elementos de juicio relativos a la comisión de uno o varios de los delitos señalados en la Ley de extinción del dominio, y contando el Estado con un material probatorio suficiente para que allí mismo se defina lo relativo a la aplicación del artículo 34 de la Carta Política, ha de resolverse acerca de bienes que ya están judicialmente vinculados a los hechos punibles objeto de verificación. || Claro está, la norma legal examinada atribuye el carácter de prueba de la ilícita procedencia de los bienes a las providencias allí enunciadas, sin que ello signifique que éstas sean las únicas encaminadas a demostrar los elementos que hagan posible proseguir la actuación judicial por el aspecto patrimonial (extinción del dominio), pues hay eventos en los cuales debe el juez buscar otra forma probatoria, de acuerdo con las normas generales, para establecer la ilícita adquisición de los bienes, como cuando el sindicado de haber incurrido en el delito o delitos respectivos ha muerto sin que haya culminado, o inclusive sin que se haya iniciado proceso penal en su contra.] - [Palabras claves: dominio, extinción, bienes, ley, penal, acción, proceso, constitución, sentencia, derechos, corte]

[Resumen automatizado: La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. || En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. || En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte.] - [Palabras claves: dominio, bienes, extinción, ley, constitución, acción, proceso, constitucional, derechos, corte, penal, sentencia, derecho]

[Resumen automatizado: La extinción del dominio es una institución autónoma, de estirpe constitucional, de carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante sentencia, que quien aparece como dueño de bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas por la norma lo sea en realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la propiedad que se alegaba de la protección otorgada por el artículo 58 de la Carta Política. || Sin embargo, el segundo inciso advierte que la extinción del dominio habrá de declararse con independencia de la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de la Ley. Esta previsión no implica que se autorice a los jueces para desconocer derechos adquiridos con arreglo al orden jurídico precedente, pues si ello fuese así se tendría sin duda una flagrante inconstitucionalidad, dada la garantía que contempla el artículo 58 de la Carta Política, el cual asegura que los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles "no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores".] - [Palabras claves: extinción, dominio, bienes, ley, constitución, acción, derechos, derecho, penal, puede, sentencia]

[Resumen automatizado: Así el artículo 58 que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos, pero "con arreglo a las leyes civiles", es decir, con justo título; el artículo 109, que establece que "los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos" (Subrayas de la Corte); el artículo 122, que dispone que los servidores públicos "antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas", y que "sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas"; el artículo 183, que prevé entre las causales de pérdida de la investidura de los congresistas la de "indebida destinación de dineros públicos"; el artículo 209, que señala entre los principios que deben inspirar la función administrativa el de la moralidad; el artículo 268, que señala entre las atribuciones del contralor general de la República la de "promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado."; el artículo 278, que señala entre las funciones del procurador general de la Nación la de desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra, entre otras faltas, en la de "derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones".] - [Palabras claves: penal, delito, enriquecimiento, ilícito, debe, derecho, proceso, puede, norma, conducta, sentencia, corte, constitucional, constitución]

Inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes - Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 3o (parcial), 6o, 17 (parcial), 33, 36, 78 (parcial) y 82 de la Ley 190 de 1995 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente José Gregorio Hernández Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || En opinión del Fiscal, el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 "introduce una excepción no prevista en la Constitución, como quiera que los artículos que le sirven de fundamento el 123 y el 28 no evidencian posibilidad alguna de rehabilitación para esa sanción de orden constitucional contemplada en el artículo 122 de la Carta, el cual ordena que sin perjuicio de las demás sanciones de ley, el servidor público sancionado por delitos contra el patrimonio del Estado quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas". || En opinión del Procurador, sería suficiente con establecer que el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 es, por una parte, una excepción legal al principio general de la publicidad de los documentos públicos y que, por otra parte, no establece una reserva incondicional - toda vez que permite espacios (a partir del fallo de primera instancia) donde la investigación disciplinaria o fiscal se hace pública -, para sustentar que se ajusta a los mandatos de la Carta Política.] - [Palabras claves: ley, información, norma, general, parte, puede, reserva, público, derecho, publicidad, constitución, corte, pública, nación]