Jerarquía normativa, inaplicabilidad de normas - [Resumen automatizado: No hay en la Constitución un texto expreso que se refiera al ejercicio de la excepción de ilegalidad, ni a la posibilidad de que los particulares o la autoridades administrativas, por fuera del contexto de un proceso judicial, invoquen dicha excepción para sustraerse de la obligación de acatar los actos administrativos, sino que la Carta puso en manos de una jurisdicción especializada la facultad de decidir sobre la legalidad de los mismos, ilegalidad que debe ser decretada en los términos que indica el legislador. || A partir de la aparición de la jurisdicción contencioso administrativa como única controladora de la validez de los actos administrativos (artículos 66 C.C.A. y 238 de la Constitución Política), hasta que ella no se pronuncie en sentido contrario, las normas de esta naturaleza tienen presunción de legalidad, y son de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios; no existe entonces, en este ámbito, la posibilidad para el funcionario público de aplicar la excepción de ilegalidad. || En el caso presente, la norma general de rango constitucional- es el principio de obligatoriedad del ordenamiento jurídico, el cual es consubstancial a la noción misma de Estado de Derecho, pues justamente lo que distingue las normas jurídicas de los demás sistemas normativos, es esta característica de ser de imperativa observación por parte de sus destinatarios.] - [Palabras claves: constitución, normas, ley, corte, debe, superiores, juez, norma, orden, disposiciones, principio, jurídico, actos, administrativos]

Inhabilidades para contratar con el Estado - [Resumen automatizado: La norma acusada establece una ponderación admisible entre el interés general implícito en la contratación administrativa y la habilitación para la intervención legal en la esfera jurídica, de tal forma que busca conciliar los intereses públicos de imparcialidad, a través de la prohibición de la intervención de familiares cercanos de servidores públicos de niveles directivos o con un grado de influencia en la decisión. || La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || 9. Conforme a lo anterior, la Corte considera que la norma acusada establece una ponderación admisible entre el interés general implícito en la contratación administrativa y la habilitación para la intervención legal en la esfera jurídica, de tal forma que busca conciliar los intereses públicos de imparcialidad, a través de la prohibición de la intervención de familiares cercanos de servidores públicos de niveles directivos o con un grado de influencia en la decisión.] - [Palabras claves: contratación, norma, general, corte, interés, administrativa, familiares, públicos, acusada, entidad, función, servidores, contratar]

Régimen salarial y prestacional de los empleados del Ministerio Público y de la Fiscalía - Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) - parcial - del artículo 1o. de la Ley 4a. de 1992 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente, Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || En el proceso de constitucionalidad del literal b) - parcial - del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, “mediante la cual se señalan la normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política". || 3. El actor considera que la norma demandada es inconstitucional, puesto que a través de ella se atribuye al Presidente de la República la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la Nación, todo lo cual entraría en colisión con los artículos 253 y 259 de la Carta, que señalan que la Ley debe determinar lo relativo a la remuneración y las prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Fiscalía y de la Procuraduría.] - [Palabras claves: marco, ley, congreso, régimen, leyes, gobierno, constitución, empleados, salarial, prestaciones, públicos, ejecutivo, fiscalía]

ACUSACION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES ANTE EL SENADO, Sujetos pasibles - CAUSALES DE MALA CONDUCTA EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - CAUSALES DE MALA CONDUCTA POR FUNCIONARIOS DE ALTA INVESTIDURA, Tarea legislativa - CULPABILIDAD, Responsabilidad plena - ESTATUTO ESPECIAL, Inclusión normas generales por legislador - FALTAS GRAVISIMAS EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - INCREMENTO PATRIMONIAL ILICITO DEL SERVIDOR PUBLICO, Acción disciplinaria - PENAS EN PROCESO PENAL Y DISCIPLINARIO - PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DISCIPLINARIO, Identificación con independencia del régimen - REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PUBLICA, Facultad legislativa de establecerlo - REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PUBLICA, Observancia principios rectores del código disciplinario único - REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PUBLICA, Procedimiento único - REGIMEN ESPECIAL DE CARACTER DISCIPLINARIO, Prevalencia - SANCION ACCESORIA DE INHABILIDAD PARA EJERCER FUNCION PUBLICA - SANCION EN MATERIA DISCIPLINARIA Y PENAL, Potestad del legislador para establecerla - SANCIONES ACCESORIAS EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La norma demandada parcialmente, deja vigentes las disposiciones disciplinarias de carácter sustantivo que rigen a la Fuerza Pública y que están contenidas en tales estatutos especiales, disponiendo que éstas deberán aplicarse con observancia de los principios rectores contenidos en el Código Disciplinario Unico y siguiendo el procedimiento señalado en el mismo, lo cual no vulnera la Constitución, pues la remisión en estos aspectos no significa desconocimiento del régimen especial. || - El inciso primero del artículo 26, tampoco lesiona norma superior alguna, por cuanto no extiende el fuero constitucional a otros funcionarios distintos de los señalados en la Carta, "solamente esta norma está determinando que las faltas consideradas gravísimas para efectos de la sanción son causales de mala conducta para los efectos previstos en el artículo 175 numeral 2o. || del artículo 30, demandado, no lesiona las normas constitucionales, pues de la simple lectura del artículo 17 de la ley, se advierte que quedan inhabilitados los servidores públicos a que alude el inciso primero del artículo 123 de la Constitución, "cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio económico del Estado y cada tipo penal trae la sanción aplicable a quienes incurran en esta conducta y, en el respectivo fallo como lo trae la misma ley, deberá determinar el tiempo durante el cual el servidor público sancionado quede inhabilitado para ejercer cargos públicos.] - [Palabras claves: ley, constitución, norma, funcionarios, corte, miembros, proceso, disciplinario, conducta, faltas, normas, legislador, sanciones]

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || b) Conocer en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Contralor General de la República y el Contralor General Auxiliar, los Jefes de Departamentos Administrativos, los Rectores, Directores o Gerentes de las entidades u organismos descentralizados del orden nacional y los miembros de sus juntas o consejos directivos, los Agentes Diplomáticos y Consulares, el Registrador Nacional del Estado Civil, los Viceministros, el Tesorero General de la República, los Gobernadores y Contralores Departamentales, el Alcalde Mayor de Bogotá, los Secretarios Generales de Ministerios, los Intendentes y Comisarios, cuando intervengan en la Contratación Administrativa. || Por todo lo anterior, la Corte concluye que bien podía la ley atribuir esa competencia de destitución a los Procuradores Delegados ya que la facultad de sancionar a funcionarios públicos con destitución del cargo es una potestad que, por mandato de los artículos 118 y numeral 6º del artículo 277 de la Constitución, corresponde tanto al Procurador General de la Nación como a sus agentes y delegados.] - [Palabras claves: general, procurador, b, funciones, cargo, procuraduría, constitución, ministerio, instancia, disciplinarios, funcionarios, procesos, conocer, nación, corte, literales, normas]

Inhabilidades e incompatibilidades - [Resumen automatizado: del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 viola el principio de unidad de materia que consagra el artículo 158 de la Constitución, porque la norma acusada no sólo regula aspectos atinentes a la contratación administrativa, sino que alude a asuntos que no son de su incumbencia, pues pertenecen a la materia disciplinaria, como el relacionado con la inhabilidad para contratar de quienes hayan sido sancionados con destitución, incorporando de esta manera una causal de sanción disciplinaria, adicional a las establecidas por la ley 13 de 1984. || - Con el mismo argumento de la falta de unidad de materia se pronuncia el demandante en relación con los numerales 2o y 3o del artículo 58 de la ley 80, al considerar que tales disposiciones regulan asuntos disciplinarios, impropios de una ley de contratación, como son los casos de establecer la destitución para el servidor público, cuando se lo declare responsable disciplinariamente, o de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos y celebrar contratos con entidades estatales por el término de 10 años, en el evento que se les señale responsables civil o penalmente.] - [Palabras claves: ley, entidades, estatales, relación, capacidad, contratar, sujetos, materia, corte, magistrado, constitución, contratos, contratación, b]

Suspensión provisional en el cargo - [Resumen automatizado: La suspensión precautelativa del funcionario o empleado público, por decisión de la administración, se encuentra prevista dentro de las investigaciones disciplinarias que ésta adelante (artículos 21 de la ley 13 de 1984, 23 y 26 del decreto 482 de 1985); pero dicha medida está rodeada de determinadas garantías, a saber: "a) sólo procede en relación con ciertas conductas; b) se aplica una vez abierta la investigación disciplinaria; c) no la imponen todos los funcionarios; d) el acto que la establezca debe ser motivado; e) so pena de indemnización, la investigación disciplinaria respecto del funcionario suspendido provisionalmente debe culminar con las sanciones de suspensión igual a la impuesta provisionalmente o destitución". || Según la norma acusada, como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute a los funcionarios o empleados en relación con las actuaciones contractuales, se faculta tanto a la administración como a la Procuraduría General de la Nación para suspenderlos provisionalmente, hasta por el término de la investigación disciplinaria, cuando se les hubiere proferido medida de aseguramiento o elevado pliego de cargos. || La norma acusada, en cuanto faculta a la autoridad competente para suspender al servidor público contra el cual se hubiere elevado pliego de cargos, hasta por el término de duración de la investigación disciplinaria, se encuentra derogada por las normas de la Ley 200 de 1995, mediante la cual se adoptó el Código Unico Disciplinario, que en los arts.] - [Palabras claves: término, suspensión, investigación, ley, medida, disciplinaria, provisional, días, procuraduría, cargos, público, acusada, norma]

Contraloría General de la República, extemporaneidad del concurso; bases del concurso, pruebas - Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993 - [Resumen automatizado: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993 "Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la auditoría externa, se organiza el fondo de bienestar social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones". || La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente José Gregorio Hernández Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || En el proceso de constitucionalidad de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993 "Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la auditoría externa, se organiza el fondo de bienestar social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones".] - [Palabras claves: contraloría, administrativa, república, cargos, ley, corte, normas, concurso, demanda, general, carrera]

[Resumen automatizado: - Las prestaciones sociales consagradas en este decreto y en otras disposiciones aplicables son irrenunciables con excepción de la pensión de invalidez que es inembargable; las demás, así como los sueldos, sólo podrán serlo hasta un 50% de su valor siempre que sean en favor de Cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con las disposiciones civiles". || Luego de manifestar que la norma impugnada está mal redactada y de hacer un ligero análisis de las posibles interpretaciones del artículo 22 del Decreto 929 de 1976, Señala el actor que la disposición por él acusada establece privilegios a los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, al disponer que sus sueldos son inembargables, con lo cual se discrimina de este principio de inembargabilidad a los demás empleados públicos y privados, ajenos a la contraloría violando de esta manera -sostiene el demandante- el artículo 13 superior. || Sostiene que si bien es cierto el artículo 22 del Decreto 929 de 1976 no goza de una redacción muy clara, el sentido de su alcance se puede determinar por medio de las normas que regulan el régimen de prestaciones sociales de la Contraloría General de la República .] - [Palabras claves: invalidez, sociales, pensión, norma, legal, decreto, empleados, general, salario, república, prestaciones, disposiciones, puede, contraloría, ley, la, derecho, corte, principio]

Control fiscal externo - [Resumen automatizado: d.- Para el demandante han sido igualmente quebrantados por las disposiciones impugnadas los artículos 121 y 150, numerales 10º y 23 de la Constitución, ya que el Presidente de la República hizo caso omiso de ellos al autorizar tanto a la Asamblea General de Accionistas como a la Junta Asesora del Banco de Comercio Exterior para contratar la vigilancia fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la República. || Añade que, de conformidad con el artículo 267 de la Carta, el control fiscal es una función pública, y que, es potestad del legislador regular esta materia tratándose de la administración, de los particulares o de entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, "...máxime cuando la misma disposición defiere a la ley el establecimiento de los procedimientos, sistemas y principios que gobiernen el susodicho control fiscal; como también defiere al legislador la autorización y delimitación de los casos especiales en que puede operar la contratación por parte de la Contraloría General de la República de empresas privadas colombianas para el ejercicio de la vigilancia fiscal".] - [Palabras claves: banco, fiscal, control, exterior, república, facultades, decreto, artículos, corte, normas, ley, nación, general, constitución]

Demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra el artículo 2o. de la Ley 60 de 1990 y el Decreto Ley 1660 de 1991. Carrera administrativa, inconstitucionalidad de la compensación ofrecida al funcionario amparado por derechos de carrera - [Resumen automatizado: Los ciudadanos PEDRO JOSE SUAREZ VACCA y otros, ALIRIO URIBE MUÑOZ, JAIME ARIAS RAMIREZ, JAIRO CABEZAS ARTEAGA, CESAR AUGUSTO SANCHEZ MARTINEZ y ANTONIO JOSE RIOS GOMEZ, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 60 de 1990, "por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación, y tomar otras medidas en relación con los empleos del sector público del orden nacional y se dictan otras disposiciones", así como contra diferentes artículos (en algunos casos se impugna la totalidad) del Decreto-ley número 1660 de 1991, "por el cual se establecen sistemas especiales de retiro del servicio mediante compensación pecuniaria y se dictan otras disposiciones". || Un análisis integral de las normas acusadas permite establecer que mediante ellas se hicieron nugatorias las garantías que otorgaba la carrera administrativa a quienes ya estaban inscritos en ella, por cuanto se dio al nominador la posibilidad de disponer la insubsistencia de los nombramientos respectivos, en apariencia por aplicación de nuevas causas legales, pero realmente por su autónoma y libre voluntad, en ejercicio de facultades discrecionales que riñen con los caracteres sobresalientes de toda carrera, cuales son la estabilidad del empleado y la incidencia del mérito en su permanencia y promoción dentro del servicio, y que, fuera de eso, introdujeron varios factores de desigualdad ante la ley entre trabajadores en idénticas circunstancias objetivas.] - [Palabras claves: carrera, constitución, retiro, derechos, decreto, carta, normas, constitucional, servicio, trabajo, cuanto, ley, corte, indemnización]

[Resumen automatizado: 2 de la ley 60/90 no violó ninguno de los artículos de la Constitución de 1886 citados por el actor, ya que fue expedida dentro de las competencias del legislador ordinario que bien podía trasladar temporalmente al Ejecutivo y, además, con ella no se desconoce ningún otro de los derechos garantizados por aquella Carta Constitucional en el titulo III; en este sentido, no existe desconocimiento al Derecho Constitucional al Trabajo, ni deja de brindarse la especial protección que le debe el Estado, pues se trata simplemente de facultar al legislador extraordinario para establecer un régimen especial de condiciones legales de retiro de los servidores públicos, el que bien pudo ser expedido por el legislador extraordinario asegurando dicha protección o nó, cuestión que se resuelve en el examen del acto de desarrollo de dichas facultades y no propiamente en este juicio sobre la Ley.] - [Palabras claves: retiro, constitución, decreto, carta, ley, corte, dentro, causales, constitucional, inconstitucionalidad, facultades, anterior, indemnización, servicio]