Inhabilidades para desempeñar cargos públicos por delitos que de manera directa lesionen el patrimonio público - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: -A juicio de quien representa al Ministerio Público, la finalidad del inciso final del parágrafo acusado es imponer un requisito adicional a la norma constitucional para la configuración de la inhabilidad y no la de dotar al funcionario de la certeza sobre la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado, pues de acuerdo al régimen penal vigente, el juez debe pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados con la conducta punible, y las entidades estatales cuando son afectadas por la misma, necesariamente deben constituirse como parte civil dentro del proceso y suscitar un pronunciamiento concreto sobre la condena en perjuicios artículos 56 y 137 C. || Frente al caso concreto, encuentra la Corte que el precepto acusado en nada contraviene el principio de unidad de materia, toda vez que existe de manera evidente una relación teleológica y sistemática entre el eje temático de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” y el objeto de la norma acusada, a saber, la definición de lo que se entiende por delitos contra el patrimonio del Estado, para efectos de la responsabilidad disciplinaria y como presupuesto para la aplicación de la inhabilidad prevista en el inciso final del artículo 122 Superior.] - [Palabras claves: delitos, patrimonio, público, inhabilidad, constitución, constitucional, inciso, corte, públicos, estado, funciones, puede]

El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer responsabilidad fiscal será el de la culpa leve - Fallo con responsabilidad fiscal por actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 4o Parágrafo 2o y el Artículo 53 (parcial) de la Ley 610 de 2000 - [Resumen automatizado: A partir del alcance que el propio Estatuto Superior le ha fijado a la acción de repetición, la jurisprudencia constitucional viene considerando que el ejercicio legítimo de este medio de impugnación a favor del Estado y en contra de sus agentes o ex funcionarios, se encuentra supeditado a la observancia previa de los siguientes requisitos de procedibilidad: (i) que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos que con su acción u omisión ha causado a un particular; (ii) que se encuentre claramente establecido que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex-funcionario público; y (iii) que la entidad condenada efectivamente haya pagado la suma de dinero fijada por el juez contencioso en la sentencia de condena.] - [Palabras claves: responsabilidad, fiscal, acción, patrimonial, gestión, culpa, públicos, repetición, estado, agentes, daño, corte]

Impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo - Doctrina del derecho viviente; valor de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; test de razonabilidad, el contexto normativo como criterio de la intensidad del test - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 59 de la Ley 610 de 2000 - [Resumen automatizado: El juicio de razonabilidad que se aplicará será el leve, por dos razones: (a.) en primer lugar, porque prima facie no hay una amenaza grave e inminente para los derechos constitucionales invocados en la demanda; (b.) en segundo lugar, por el sentido viviente de la norma en cuestión, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual indica que los actos de trámite o preparatorios si son controlables por la jurisdicción contenciosa cuando se demanda el acto que le puso fin al proceso de responsabilidad fiscal.] - [Palabras claves: proceso, responsabilidad, fiscal, acto, trámite, actos, norma, consejo, administrativa, derecho, debe, corte]