[Resumen automatizado: En el mismo orden de ideas solicita a la Corte que también se declare inhibida para pronunciarse sobre los literales e) y c) de los artículos 18 y 19, respectivamente, del Decreto 1071 de 1999, como quiera su texto se refiere a la atribución de competencias a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales y a su Director respecto de la Oficina Nacional de Policía Fiscal y Aduanera creada por el artículo 80 de la Ley 488 de 1998, cuya derogatoria comporta que las funciones que dichos literales señalan en relación con dicha oficina no tengan objeto por sustracción de materia. || Previamente la Corte estima necesario hacer algunas precisiones en torno a i) el concepto de policía judicial en el ordenamiento jurídico colombiano y las funciones de dirección y coordinación atribuidas por la Constitución al Fiscal General de la Nación en relación con el ejercicio de funciones de policía judicial, ii) el principio de exclusividad de la fuerza pública en la jurisprudencia constitucional iii) los antecedentes, la naturaleza jurídica y las funciones que cumple la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, iv) las solicitudes de inhibición, y v) la ausencia de cosa juzgada en relación con el tercer inciso del artículo 53 de la Ley 633 de 2000, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.] - [Palabras claves: dirección, funciones, general, policía, judicial, fiscal, nación, ley, nacional]

Decreto legislativo 2002 de 2002. control del orden publico. zonas de rehabilitacion y consolidacion. decreto 1837 de 2002. estado de conmocion interior. limites. estado de derecho. libertad personal. inviolabilidad del domicilio y comunidades privadas. fijacion de residencia. libertad de locomocion. captura practicada por el das y la fuerza publica. funcion de policia judicial. flagrancia. expulsion de extranjeros. debido proceso administrativo. exequibles e inexequibles - [Resumen automatizado: Aducen luego los intervinientes que consideran igualmente inconstitucional el artículo 1 del decreto aludido en el cual se dispone el acompañamiento a las Fuerzas Militares en operaciones por ellas realizadas por parte de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, norma que consideran violatoria del artículo 29 de la Carta y de la jurisprudencia de la Corte contenida en la sentencia C-179 de 1994 proferida en la revisión constitucional de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción pues, a juicio de los intervinientes cuando se trata del allanamiento o el registro domiciliario debe siempre estar presente el agente del Ministerio Público para evitar arbitrariedades y como una forma de protección a la población civil ajena al conflicto frente a eventuales abusos de las autoridades militares. || Tampoco encuentra inconstitucional la interviniente la reglamentación del derecho de circulación y residencia establecida por el artículo 14 del decreto, ni la exigencia de información sobre desplazamientos en las zonas de rehabilitación y consolidación, ni las sanciones cuando estos se produzcan sin autorización, ni la captura por falta de documento de identificación, ni las atribuciones para la revisión de carga, ni el deber de informar sobre la tenencia de armas, municiones o equipos de telecomunicaciones, ni la posibilidad de suspender salvoconductos, ni la posibilidad de utilizar bienes y servicios de particulares en caso necesario, pues todas estas medidas son de carácter transitorio y tienen como finalidad el restablecimiento del orden público.] - [Palabras claves: judicial, constitución, orden, decreto, derechos, derecho, corte, público, autoridad, medidas, ley, zonas, norma, registro, puede]

[Resumen automatizado: Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los Directores de Fiscalías, a los Fiscales a quienes se les asigne la función de Jefes o Coordinadores de Unidad y demás Fiscales Delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, por otros cuerpos de Policía Judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones. || 1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno en la Fiscalía General de la Nación y velar para que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando. || 5. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación o el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia. || Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General de la Nación o por el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.] - [Palabras claves: general, fiscalía, nación, funciones, nacional, dirección, artículo, fiscal, desarrollo, fiscalías, demás]

AUDIENCIA PUBLICA - COMPETENCIA POR CONEXIDAD - COMPETENCIA TERRITORIAL - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD - DEBIDO PROCESO, Alcance - DEBIDO PROCESO, Limitaciones - DECRETO LEGISLATIVO DE COMISION LEGISLATIVA - DERECHO DE DEFENSA TECNICA - DERECHO DE DEFENSA TECNICA - ESTADOS DE EXCEPCION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - INVESTIGACION PREVIA, Práctica de pruebas - INVESTIGACION PREVIA - LIBERTAD PROVISIONAL - NULIDAD PROCESAL, Improcedencia - PREAMBULO, Poder vinculante - PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL - PRINCIPIO DE CONTRADICCION - PRINCIPIO DE CONTRADICCION - PRINCIPIO DE CONTRADICCION - PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA, Excepciones - PRUEBAS, Solicitud al exterior - PRUEBAS, Valor legal - PRUEBAS - PRUEBAS - RESERVA DE IDENTIDAD - RESERVA DE IDENTIDAD - RESERVA PENAL - SINDICADO, Alcance del término - VERSION LIBRE SIN DEFENSOR - VERSION LIBRE SIN DEFENSOR. Demandas de inconstitucionalidad contra algunos apartes de los arts. 7o., 8o., 11, 16, 66, 67, 68; los arts. 69, 71; unos apartes de los arts. 78, 86, 89, 96, 106, 118; el art. 120; una parte del art. 121; los arts. 124, 126; el último inciso del art. 134; unos apartes del art. 156; el art. 158; el inciso segundo del art. 161; el art. 206; el último inciso del art. 214; un aparte del art. 218, el último inciso del art. 247; el art. 251; un aparte del art. 272; el art. 293; el inciso 2° del numeral 1o. del art. 304; los arts. 310 y 312; el inciso 2° y un aparte del inciso 3° del art. 322; los arts. 323 y 342; los últimos incisos de los arts. 352, 374, 386, 387 y 388; el numeral 1o. del art. 397; el último inciso del art. 399; el inciso 2° del art. 409; el inciso 2° del numeral 3o. y parágrafo del art. 415; el último inciso del art. 542; los arts. 2o. y 5o. y una parte del art. 7o. transitorios, todos del Decreto Ley 2700 de 30 de noviembre de 1991 - [Resumen automatizado: La distinción entre imputado y sindicado es relievante desde el punto de vista constitucional para muchos otros efectos jurídicos y su repercusión es amplia en el orden legal y principalmente en el procedimiento penal; empero, de la interpretación del artículo 29 de la Carta, se advierte con claridad que no es admisible el establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba así en la etapa de investigación previa no exista sindicado de un posible delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la disposición acusada, que en la etapa de investigación previa, existan excepciones al principio de la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues éste también tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se vayan acumulando.] - [Palabras claves: proceso, jueces, regionales, competencia, penal, artículos, parte, inciso, derecho, judicial, nacional, investigación, decreto, constitución, delitos, corte]

Decreto 1835 de 1992. Por el cual se dictan medidas de control sobre el uso de los recursos de las entidades territoriales o administrados por éstas y se dictan otras disposiciones - [Resumen automatizado: Con oficio del 17 de noviembre de l992, el doctor Fabio Villegas Ramírez, Secretario General de la Presidencia de la República, envió a la Corte Constitucional el Decreto Legislativo l835 de 13 de noviembre de l992, "Por el cual se dictan medidas de control sobre el uso de los recursos de las entidades territoriales o administrados por éstas y se dictan otras disposiciones", Decreto Legislativo que fue remitido a esta Corporación de conformidad con lo establecido en el numeral 6o. || Encuentra esta Corporación precisos fundamentos de hecho como los enunciados para que el Gobierno Nacional, basado en la facultad extraordinaria que le otorga el Estado de Excepción, hubiera expedido el Decreto Legislativo No. 1835 de l982, por medio del cual se pone en funcionamiento la Unidad de Auditoría Especial de Orden Público, como un organismo también excepcional, de vigencia inmediata, eficaz y preventivo, que cumpla con el encargo de vigilar si la administración pública a través de las entidades territoriales, está cumpliendo con los cometidos de la ley de presupuesto, en el sentido de que las partidas asignadas en la ley de apropiaciones, las cuales deben cumplirse en la forma allí establecida, se les haya dado la inversión legal, actuación que previene y evita que ciertos dineros públicos vayan a fortalecer las finanzas de los grupos subversivos y terroristas en detrimento de la seguridad pública y la paz que debe reinar en todo el territorio colombiano.] - [Palabras claves: decreto, recursos, control, entidades, territoriales, nación, gobierno, auditoría, nacional, general, constitución, república, presupuesto]

Decreto 1810 de 1992. Por el cual se otorgan funciones de policía judicial a las fuerzas militares - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Simón Rodríguez Rodríguez y los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Jaime Sanín Greiffenstein, || Bajo la dirección, coordinación y dependencia del Fiscal General de la Nación, en las Fuerzas Militares se conformarán unidades que ejercerán funciones de policía judicial, en desarrollo de lo previsto por el numeral 4o del artículo 251 de la Constitución Política, en relación con hechos punibles de competencia de los jueces regionales, en los eventos en que no sea posible disponer de autoridades de policía judicial en el lugar de los hechos. || Preguntado el Señor Secretario General de la Presidencia de la República sobre las causas que generaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior y su incidencia en el desarrollo de las funciones de la Policía Judicial, éste respondió que la perturbación del orden público se ve agravada por la capacidad de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada para sustraerse a la acción de la justicia, debido a que la mayoría de los actos delincuenciales se desarrollan en sectores en donde no existe presencia física de las autoridades de policía judicial, o en lugares donde estos funcionarios fácilmente podrían exponer su vida e integridad física, todo lo cual repercute en la pérdida de valiosos elementos de prueba.] - [Palabras claves: policía, judicial, decreto, funciones, fuerzas, militares, general, constitución, función]