[Resumen automatizado: “La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”[5] || En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable[10].] - [Palabras claves: proceso, tutela, acción, derecho, fiscal, nulidad, responsabilidad, corte, sala, perjuicio, mecanismo, dentro, general]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales, a la honra y al buen nombre, del servidor público por parte de la contralora correspondiente al presuntamente excederse en sus funciones dentro del proceso fiscal contra el accionante adelantado?. Negada. Derechos a la honra y al buen nombre en relación con el ejercicio de funciones públicas. Si bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. De los impedimentos y recusaciones dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. Todo servidor público tiene el deber de denunciar la probable comisión de delitos de que tenga conocimiento. En principio, las informaciones, declaraciones, expresiones, imputaciones o denuncias, efectuadas de buena fe por un servidor público en ejercicio legítimo de sus funciones, no pueden ser consideradas per se vulneradoras de la honra o el buen nombre del investigado, acusado o denunciado. Se dispondrá negar el amparo solicitado respecto de los derechos a la honra y al buen nombre. - [Resumen automatizado: 1. Mediante apoderado, José Félix Ocoró Minotta, quien a la fecha de presentación de la demanda era Alcalde del Distrito de Buenaventura, afirmó que la señora Ana Betty Arboleda Hurtado, Contralora Distrital para el periodo 2008-2011, vulneró sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso, pues “como consecuencia de actuaciones irregulares que rayan en vías de hecho” divulgó información y realizó varias denuncias públicas en su contra (f. || a) Mediante oficio N° 10-07.13 12847 de julio 16 de 2010, la señora Ana Betty Arboleda Hurtado solicitó al Procurador General de la Nación pronunciarse sobre su declaratoria de impedimento para conocer de procesos de responsabilidad fiscal o administrativos sancionatorios adelantados contra José Félix Ocoró Minotta y otros funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura “en aras de mantener la imparcialidad”, invocando las causales 6ª, 7ª y 9ª del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil[2] (f. || Por lo anterior, José Félix Ocoró Minotta solicitó al juez de tutela (i) ordenar a la Contralora hacer efectiva la garantía de imparcialidad en el proceso sancionatorio, (ii) declarar la nulidad de todas las actuaciones de control fiscal que la Contraloría haya iniciado en su contra, (iii) proteger sus derechos a la honra y al buen nombre, haciendo “cesar la campaña de desprestigio” y, (iv) compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la República, en aras de proteger el debido proceso.] - [Palabras claves: proceso, derechos, contraloría, nombre, buen, fiscal, derecho, funciones, debido, impedimento, responsabilidad, ejercicio, persona]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || en la revisión del fallo dictado el 25 de junio de 2007 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, que confirmó el proferido el 2 de mayo del mismo año por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de la misma ciudad, con Función de Control de Garantías, respecto de la acción de tutela instaurada por Claudia Nayibe López Hernández contra la Contraloría de Bogotá, D. || En fallo de mayo 2 de 2007, ese despacho negó en primera instancia la acción de tutela instaurada por Claudia Nayibe López Hernández contra la Contraloría de Bogotá, al considerar que no existe vulneración a los derechos fundamentales invocados, pues se cumplieron los trámites de investigación preliminar y apertura del proceso de responsabilidad fiscal previstos en la Ley 610 de 2000. || Claudia Nayibe López Hernández impugnó tal decisión, argumentando que la Contraloría de Bogotá no cumplió las reglas de la jurisprudencia constitucional, relacionadas con el alcance del debido proceso en los procesos de responsabilidad fiscal, que incluye el derecho a conocer las decisiones y el deber de diligencia para garantizar la defensa.] - [Palabras claves: responsabilidad, proceso, fiscal, contraloría, derechos, derecho, defensa, bogotá, tutela, entidad, acción]

[Resumen automatizado: Precisa que de conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente es claro que junto con el auto No. 265 de 2004, se libró un memorando fechado el 15 de junio de 2004, en el que la Contralora Delegada para Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, se dirige al Gerente Departamental de la Contraloría General de la República en Santander, y ordena comunicar al Contralor Municipal de Bucaramanga sobre la comisión de control excepcional y a su vez le solicita abstenerse de conocer o seguir conociendo las actuaciones relacionadas con el sector central de la Administración Municipal de Bucaramanga, vigencias 2001, 2002 y 2003, así como suspender los actos o procesos de carácter fiscal en curso y remitir lo actuado en el estado en que se encuentre a la Gerencia Departamental de Santander.] - [Palabras claves: contraloría, control, general, fiscal, república, excepcional, bucaramanga, no, procesos, auto, proceso, responsabilidad]