[Resumen automatizado: La Sala Plena de esta Corporación encuentra que la disposición acusada desconoce el artículo 209 de la Carta, al desestimular drásticamente la eficiencia en el manejo presupuestal y en la gestión administrativa de las contralorías y, eventualmente, la moralidad administrativa, en la medida en que los gastos que se generan de la actuación de estos órganos de control no serían pagados por estos sino que impactarían directamente el presupuesto de los respectivos entes territoriales y, con ello, la disponibilidad presupuestal en la cual se basa el plan sectorial de desarrollo que se afecta de manera importante, al cargarse esos emolumentos a las finanzas territoriales, poniendo en riesgo el adelantamiento de dicho plan y el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades que tienen mayor peso, pues afecta la ejecución de su presupuesto en desmedro de los objetivos, programas y planes de desarrollo sectorial. || Lo anterior, indiscutiblemente, propicia el aumento de los costos de la administración territorial/ Frente a la tensión entre el fortalecimiento del control fiscal que se busca con la medida legal y la efectividad de los principios de moralidad y eficiencia en el ejercicio de la función administrativa, así como el respeto por la autonomía territorial, la Corte considera prioritario darle prelación a la disponibilidad de recursos del municipio, privilegiando su utilización en los asuntos acordados en el presupuesto de la entidad territorial.] - [Palabras claves: entidades, territoriales, territorial, principios, autonomía, administrativa, moralidad, contralorías, constitución, ejercicio, función, igualdad, corte, principio]; Art. 3 : INEXEQUIBLE

[Resumen automatizado: La jurisprudencia constitucional prescribe que esa previsión de la Carta Política incorpora un límite sustantivo al margen de configuración legislativa sobre la materia, de modo que el Congreso tiene vedado prever cualificaciones profesionales en disciplinas particulares, pues ello no solo desconoce el mandato superior mencionado, sino también limita desproporcionada e injustificadamente el derecho político de acceso a los cargos públicos para el caso analizado. || A este respecto debe insistirse en que, como se expuso en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, la circunstancia de que el Constituyente haya señalado unas determinadas condiciones que deben reunir los aspirantes al cargo de contralor municipal, entre ellas, "acreditar título universitario" y al mismo tiempo, haya dejado que la ley fijara "otras adicionales", comporta una limitación a la potestad legislativa para regular la materia. || A este respecto debe insistirse en que, como se expuso en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, la circunstancia de que el Constituyente haya señalado unas determinadas condiciones que deben reunir los aspirantes al cargo de contralor municipal, entre ellas, "acreditar título universitario" y al mismo tiempo, haya dejado que la ley fijara "otras adicionales", comporta una limitación a la potestad legislativa para regular la materia.] - [Palabras claves: precedente, cargo, contralor, corte, título, legislador, ejercicio, constitucional, constitución, requisitos, derecho, decisión]; Art. 158 (parcial) : INEXEQUIBLE

[Resumen automatizado: En esa misma línea, cita de manera particular las sentencias C-221 de 1997 y C-447 de 1998 en las cuales esta corporación habría explicado que la Asamblea Constituyente de 1991 no asignó concluyentemente la propiedad de las regalías ni a la Nación ni a las entidades territoriales, lo que en su concepto permite descartar la alegada violación del artículo 272 y de las demás normas constitucionales con apoyo en las cuales los demandantes sustentan la supuesta vulneración de la autonomía territorial, como resultado de la norma que asigna a la Contraloría General la competencia para ejercer el control fiscal sobre los recursos de las regalías. || Más adelante, este interviniente examina el texto de las normas superiores cuya supuesta transgresión sustentaría los cargos de inconstitucionalidad[2] planteados en la demanda y transcribe un fragmento de la sentencia C-781 de 2007 en la que esta corporación habría avalado la existencia de estrictos controles sobre la inversión de las regalías, pronunciamiento del cual deduce que en este caso podría también entenderse justificada la competencia que se asigna a la Contraloría General de la República.] - [Palabras claves: regalías, recursos, territoriales, constitución, control, general, entidades, república, ley, demanda, contraloría, corte, fiscal, propiedad]; Arts. 1, Par. y 2, Par. 30. (Modifica los Arts. 14, Par. 3o. y Art. 15, Par.de la Ley 141 de 1994) : exequibles

¿El limitar el gasto de las contralorías departamentales a un porcentaje determinado del monto de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, afecta la autonomía de estas entidades territoriales y, en particular, el artículo 308 de la Constitución que permite a la ley limitar las apropiaciones departamentales en lo referente a gastos de funcionamiento, pero no en lo relativo a gastos de inversión? La interpretación del aparte demandado no puede ser aislada, para concluir que la limitación que la norma impone es a los gastos de funcionamiento. Ley 617 de 2000, "por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"; Art. 8 (parcial) : Cosa juzgada - [Resumen automatizado: El catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Guillermo Salazar Pineda, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8° (parcial) de la Ley 617 de 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". || El ciudadano Juan Guillermo Salazar Pineda solicita declarar la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 617 de 2000 en la parte en que limita el gasto de las contralorías departamentales a un porcentaje determinado del monto de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, bajo el cargo de afectar la autonomía de estas entidades territoriales y, en particular, el artículo 308 de la Constitución, pues, a su juicio, la ley sólo puede limitar las apropiaciones departamentales en lo relativo a los gastos de funcionamiento, mas no cuando se trata de gastos de inversión.] - [Palabras claves: gastos, entidades, corte, ley, territoriales, funcionamiento, autonomía, sentencia, legislador, departamentales, constitución]; Art. 8 (parcial) : Cosa juzgada