Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-551-2003

Extensión de las incompatibilidades de los contralores y personeros - Norma acusada: Artículo 51 de la Ley 617 de 2000 - [Resumen automatizado: La consagración de requisitos mínimos no puede entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político. || Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante.] - [Palabras claves: corte, norma, demanda, inconstitucionalidad, ley, constitución, constitucional, cargo, normas, constitucionalidad, si, acción, decreto]

No podrá contratar con ninguna entidad estatal quien aparezca como deudor en mora en las bases de datos de la Dian y en aquellas que las entidades territoriales establezcan a través de sus organizaciones gremiales - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 70, 75 parágrafo 3, 95 y 96 de la ley 617 de 2000 - [Resumen automatizado: La facultad para derogar la legislación preexistente por parte del órgano legislativo constituye el ejercicio de una atribución constitucional que le fue asignada al Congreso expresamente por el constituyente, mediante la cual se le permite retirar del ordenamiento positivo disposiciones legales, ya sea en forma total o parcial, fundamentado en razones políticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole, tales como la necesidad o la conveniencia. || - Así mismo, considera que la norma acusada no viola el principio de unidad de materia cuando "por la vía del último artículo destinado a las vigencias y derogatorias, expresamente se derogaron los artículos 96 y 106 del decreto ley 1421/93", tal como lo expresa la demandante, puesto que "la ley 617 de 2000, se ocupa de varios asuntos relacionados con la organización de las entidades territoriales, entre ellos la creación de los municipios, la racionalización de los gastos de los municipios y departamentos y del régimen del Distrito Capital." En este sentido, la ley 617 sí podía derogar el artículo 96 del decreto 1421 "pues se trataba de regular lo concerniente al Régimen de Bogotá contenido precisamente en ese articulado." ] - [Palabras claves: ley, materia, normas, principio, unidad, constitución, leyes, artículos, disposiciones, corte, régimen]

Pago de honorarios a los concejales - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 66, 159 y 177 de la Ley 136 de 1994 - [Resumen automatizado: 1.

Suspensión provisional de alcaldes - Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el numeral 5 del artículo 105 de la Ley 136 de 1994 - [Resumen automatizado: Manifiesta que la facultad que tiene el Contralor General de la República para solicitar la suspensión de funcionarios públicos es una atribución que le es fijada directamente por la Constitución Política en su artículo 268, numeral 8, pero que, para aplicar dicha potestad, previamente el Contralor debe agotar el correspondiente proceso o investigación, mediante los cuales obtenga suficientes elementos de juicio para imponer dicha sanción. || Por lo expuesto, el Jefe del Organismo de Control Fiscal considera que el Constituyente delegó en el legislador la facultad de reglamentar las causales por las cuales procede la suspensión o la destitución de estos servidores públicos, lo cual se ha hecho en la Ley 136 de 1994 y que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 105, numeral 5, dicha competencia se encuentra asignada exclusivamente al Contralor General y no a los contralores territoriales, como lo pretende el actor. || En suma, la referencia que la norma acusada hace a la exigencia de suspensión de los alcaldes no puede ser exclusiva del Contralor General, pero tampoco debe impedir a éste que ejerza sus atribuciones, en las hipótesis previstas por los artículos 267 y 268, numerales 4 y 8, de la Constitución.] - [Palabras claves: suspensión, contralor, general, república, constitución, corte, contralores, norma, política, facultad, alcaldes, ley, carta]

[Resumen automatizado: de 1992, en cuanto exige unas calidades complementarias a las constitucionalmente se requiere para aspirar al cargo de secretario general del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, cuando preceptúa que se exigirán al aspirante "además de condiciones profesionales y experiencia en cargos similares no inferior a cinco (5) años, o haber sido Congresista u ocupado el cargo de Secretario General en propiedad en cualquiera de las Cámaras", toda vez que el mandato constitucional contenido en el artículo 135-2 de la Carta Política es expreso, determinado y específico al señalar las calidades que tendrá que demostrar quien aspire a ser elegido para dicho cargo. || Sostiene así mismo, que la norma impugnada contradice también el artículo 40 de la Carta, ya que atenta contra el derecho político de los ciudadanos colombianos de acceder en condiciones de igualdad a un cargo de elección, al permitir que en cumplimiento de su mandato se contradiga la disposición constitucional del artículo 135-2, que exige únicamente para desempeñar el cargo de Secretario General "reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva cámara legislativa ".] - [Palabras claves: constitucional, cargo, carta, general, legislador, calidades, ley, política, congreso, constitución, república, corte, secretario, mismo, requisitos]

[Resumen automatizado: Por el simple hecho de que el Constituyente regule directamente cierta materia, no le está vedado al legislador intervenir en ella y menos cuando, por el contrario, ha sido expresamente delegado para ello, como sucede sin lugar a duda con el inciso del artículo demandado, en donde se permite la regulación de la vigilancia de las contralorías departamentales, distritales y municipales por el Congreso, sin limitación alguna, por lo cual es claro que no le prohibió, como equivocadamente lo sostiene el demandante, encomendarle dicha gestión al Auditor de la Contraloría General de la República. || Como puede observarse, por el simple hecho de que el Constituyente regule directamente cierta materia, no le está vedado al legislador intervenir en ella y menos cuando, por el contrario, ha sido expresamente delegado para ello, como sucede sin lugar a duda con el inciso segundo del artículo 274 Superior, en donde se permite la regulación de la vigilancia de las contralorías departamentales, distritales y municipales por el Congreso, sin limitación alguna, por lo cual es claro que no le prohibió, como equivocadamente lo sostiene el demandante, encomendarle dicha gestión al Auditor de la Contraloría General de la República.] - [Palabras claves: legislador, república, contraloría, ley, fiscal, gestión, contralorías, constitución, general, auditor, vigilancia, departamentales, constituyente, política]

Creacion de contralorias - Acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 156 (parcial) de la Ley 136 de 1994 - [Resumen automatizado: También se refiere el señor ministro al artículo 320 de la Constitución Política que autoriza a la ley para establecer categorías de municipios y, en cuanto al ejercicio del control fiscal, apunta que las diferencias tienen justificaciones objetivas y razonables, "que son precisamente aquellas a las que alude el artículo 320 de la Carta -población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica-", con base en las cuales es viable "sustentar la decisión de autorizar, como lo hace la ley 136 de 1994, la creación de contralorías en los municipios clasificados en categoría especial, primera, segunda y tercera". || Entiende el actor que los contenidos normativos a los que se acaba de hacer referencia contradicen los principios de descentralización administrativa y de autonomía de las entidades territoriales, plasmados en el artículo 1º de la Carta Política, que, a juicio del demandante, también resulta desconocido por el artículo 272 superior al disponer que la vigilancia de la gestión fiscal de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, "salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales".] - [Palabras claves: municipios, descentralización, contralorías, fiscal, ley, principios, corte, gestión, autonomía, constitución, vigilancia, carta, política, principio, unidad]

[Resumen automatizado: También considera el actor que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en cuanto a los criterios expuestos en sentencia C-004 de 1993, sobre reglas interpretativas de solución de conflictos de competencias entre los distintos niveles territoriales, permite concluir que es de vital interés nacional el tener que fijar las competencias de los Concejos Distritales y/o municipales en punto a votar los gastos locales que se prevén en el presupuesto anual de rentas y gastos apropiados para el funcionamiento de las Contralorías y de las Personerías territoriales, cosa que no ocurre con las entidades análogas como la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, con lo cual se desnaturalizan los principios contemporáneos de una democracia pluralista, representativa, unitaria y autónoma, porque se produce la intromisión del legislativo y del Ejecutivo Nacionales en los poderes locales, señalado el tope máximo de los gastos que el nivel central "autoriza" se hagan con destino a los organismos locales de vigilancia y control, es decir, las disposiciones demandadas violan mandatos superiores en la medida en que desconocen principios constitucionales, en cuanto imponen una limitación de carácter cuantitativo en lo relativo a la estimación de las apropiaciones presupuestales de los organismos de control, sin tener en cuenta que tal facultad debe ser ejercida independientemente y sin ningún tipo de restricción por dichos entes, de conformidad con las competencias constitucionales asignadas para el efecto.] - [Palabras claves: ley, presupuesto, territoriales, gastos, funcionamiento, corte, normas, constitución, artículos, competencias, política, carta]

Facultades extraordinarias al Presidente de la República - Presupuesto de municipios -Normas acusadas: Artículos 199 y 202 de la Ley 136 de 1994 y Decreto 1678 de 1994 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente José Gregorio Hernández Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, || De conformidad con la clasificación establecida en el artículo 6º de la Ley 136 de 1994, los distritos y municipios podrán asignar un porcentaje de sus presupuestos para sufragar los gastos de funcionamiento de las contralorías distritales y municipales dentro de los límites que para cada categoría se indican a continuación: || Los porcentajes señalados en este artículo, se calcularán sobre los ingresos destinados para la respectiva vigencia fiscal, en los proyectos de presupuesto de los distritos y municipios, excluyendo las transferencias que por cualquier concepto les haga la Nación, los recursos del Fondo Nacional de Regalías, las regalías, los recursos de crédito, los recursos naturales de cofinanciación, las utilidades de las empresas industriales y comerciales y el superávit de los establecimientos públicos de esos órdenes.] - [Palabras claves: ley, normas, corte, facultades, constitucional, norma, recursos, decreto, municipios, presupuesto, república, gastos, jurídicos, presidente]

Facultades extraordinarias al Presidente de la República - Presupuesto de municipios - Normas acusadas: Artículos 199 y 202 de la Ley 136 de 1994 y Decreto 1678 de 1994 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente José Gregorio Hernández Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, || Según los actores de las demandas D-721 y D-744, el artículo 202 de la Ley 136 de 1994 dispone que para el ejercicio de la facultad referente a la fijación de límites a las apropiaciones presupuestales de contralorías y personerías territoriales, por parte del gobierno nacional, debe oírse una comisión asesora, cuya conformación se dispone en el citado artículo. || Los ciudadanos que instauran las demandas D-721, D-733, D-736, D-741, D-744 y D-747 consideran que el artículo 202 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1678 de 1994, quebrantan el principio constitucional de la autonomía de las entidades territoriales, pues las normas demandadas constituyen una evidente interferencia del ejecutivo en aspectos vedados para el gobierno central. || Al respecto esta Corporación coincide con el Ministerio Público al afirmar que las normas derogadas nunca alcanzaron a surtir efectos jurídicos prácticos, por cuanto el artículo 202 de la Ley 136 de 1994, norma instrumento que autorizó la expedición del Decreto 1678 de 1994, se dirigía a fijar límites presupuestales a las Contralorías y Personerías municipales y distritales.] - [Palabras claves: ley, normas, corte, decreto, norma, congreso, cuanto, facultades, república, constitución, constitucional, contralorías, carta, presupuesto, municipales]

[Resumen automatizado: El ciudadano ARTURO GARCIA MEDRANO, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1678 de 1994, "por el cual se fijan límites a las apropiaciones destinadas a gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías distritales y municipales", por considerar que éste vulnera los artículos 1°, 2°, 4°, 118, 277, 280 y 287 numeral 3° de la Constitución Política. || Hace referencia el concepto fiscal, a las doctrinas de la Corte Constitucional en cuanto al tema de la inhibición por sustracción de materia, según las cuales: a) la primera ha considerado que la sustracción de materia no conduce forzosamente a decisiones inhibitorias, pues aún en aquellos casos en los cuales la norma legal atacada ha perdido vigencia formal, debe la Corte definir si se ajustaba o no a la Carta Política, máxime si aquella continúa proyectándose hacia el futuro y produciendo efectos (sentencia No. C-416 de 1992); b) la segunda, en virtud de la cual si la norma sometida a su examen ha desaparecido del ordenamiento por la propia voluntad del legislador y no está produciendo efecto alguno, la definición acerca de su constitucionalidad carece de objeto actual y en tales circunstancias la sustracción de materia sí debe conducir a un fallo inhibitorio (fallos números C-467 de 1993, C-022 de 1994 y C-038 de 1994).] - [Palabras claves: corte, decreto, ley, recursos, si, fiscal, municipales, funcionamiento, constitucional, distritales, control, gastos, debe, contralorías, apropiaciones, política]