La cuota de control fiscal fijada por la Contraloría General de la República tiene naturaleza tributaria por lo tanto no es conciliable - La tarifa de control fiscal no está enmarcada dentro de los conceptos de tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen (inciso 2 del artículo 338 de la Constitución), sino que corresponde a un tributo especial, derivado de la facultad impositiva del Estado (arts. 150, numeral 12, y 338 de la Carta). Y que es fijada a las entidades de la administración y a los particulares o entidades que manejen bienes o fondos de la Nación (Art. 267, inciso 1o de la Carta). Teniendo en cuenta lo anterior, la cuota de control fiscal fijada por la Contraloría General de la República tiene naturaleza tributaria, por lo tanto, no es conciliable

Las empresas de servicios públicos domiciliarios son sujetos pasivos del pago de la tarifa de control fiscal y no tienen una regulación especial, dado que se les aplica el artículo 4º de la Ley 106 de 1993 y del Decreto 267 de 2000. Se define si la Contraloría General de la República se encontraba autorizada legalmente para exigir la cuota de control fiscal. Tarifa de control fiscal. Sujetos obligados a pagarla. Sujeto de control fiscal - Características. Sociedad de economía mixta. Son objeto de control fiscal. Son sujetos pasivos de la obligación de pagar la tarifa de control fiscal. Cuota de auditaje. Se cobra a las entidades sujetas a control fiscal. Empresa de servicios públicos domiciliarios. No tienen un control fiscal especial. Conceptos de la Sala Civil y de Consulta del Consejo de Estado. No son de obligatorio cumplimiento

La Ley estableció la "tarifa de control fiscal" a cargo de las entidades de la Administración y de los particulares o entidades que manejen fondos públicos, y posteriormente extendió la cuota de control fiscal a los departamentos, entidades descentralizadas y en general a los sujetos de control fiscal por parte de las contralorías departamentales. Ningún ente, por soberano o privado que sea, puede abrogarse el derecho de no ser fiscalizado cuando tenga que ver directa o indirectamente con los ingresos públicos o bienes de la comunidad. El cálculo de la tarifa de control fiscal, cuando se trate de la fiscalización de entes particulares que manejan, en forma total o parcial, fondos o bienes de la Nación, debe calcularse en relación con el monto de tales fondos o bienes de la Nación y no con los que correspondan al ente particular como tal, pues éstos son privados, y la Contraloría no ejerce fiscalización sobre ellos