¿Tiene derecho el demandante -educador vinculado antes de 1989 a la planta de personal del Departamento de Antioquia- a que se le reconozcan las primas creadas mediante la Ordenanza No. 34 de 1973 y el Decreto 1 BIS de 1981emitido por la Gobernación de Antioquia? No. A partir del Acto legislativo No. 1 de 1968 - que determinó que el régimen prestacional de los servidores públicos sólo podía ser previsto por el legislador- la Asamblea Departamental y el Gobernador, no tenían competencia para crear emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los mismos. El proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria dispuesto por la Ley 43 de 1975 fue gradual y una vez terminada esta etapa, adquirieron el carácter de empleado público de orden nacional; del mismo modo, las diferencias entre las normas del personal Nacional y Nacionalizado se mantuvieron hasta el 29 de diciembre de 1989, fecha en que entró en vigencia la Ley 91 del mismo año. No se puede malinterpretar, como lo hizo el a quo, que por el hecho de asumir las entidades territoriales la carga de administrar y manejar la educación en sus niveles preescolar, primaria y secundaria oficial, con los recursos del Sistema General de Participaciones antes Situado Fiscal, tenga la obligación, sin norma alguna que así lo determine y sin el traslado de recursos, de nivelar los salarios del personal administrativo con los del orden territorial

¿Se configura un derecho adquirido un aumento salarial decretado por un ente territorial que debe ser tenido en cuenta al momento de realizar la liquidación de los salarios y prestaciones sociales de un empleado público? No, toda vez que no le corresponde a los entes territoriales fijar esos emolumentos, esto porque en materia salarial y prestacional de los empleados públicos, existe una competencia compartida entre el Congreso y el Presidente de la República, en donde el Órgano colegiado faculta al Ejecutivo para fijar las dotaciones y emolumentos de los servidores públicos con base en las disposiciones generales que establecen los objetivos y criterios para el efecto. En tal virtud, el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992, facultó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional entre otros de los empleados públicos del orden Nacional cualquiera que sea su sector, denominación o régimen

¿Puede exigirse la reliquidación de los salarios y prestaciones conforme la escala salarial fijada por el Gobierno Nacional para los empleados públicos territoriales y empleados de la misma naturaleza de las Contralorías Departamentales? No, la fijación de un límite máximo para los salarios, obedece a la necesidad de dar cumplimiento a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro. Así las cosas, por el hecho de que el Gobierno Nacional establezca anualmente unos topes salariales para los empleados del orden territorial, no significa que la Asamblea Departamental al determinar la escala salarial de la respectiva Contraloría, esté obligada a estipular como remuneración para cada una de las categorías de empleos de la entidad, el límite máximo fijado, sino que debe tener en cuenta es que no exceda tales márgenes

¿Está facultado el Alcalde municipal para fijar las escalas de remuneración de los servidores públicos del nivel central de la administración? Sí, la fijación del régimen salarial de los empleados al servicio de los entes territoriales está sujeto no sólo a las disposiciones que dentro de sus competencias expiden el Congreso y el Ejecutivo sino, además, a las limitaciones propias de su presupuesto, así existe una competencia concurrente respecto a la fijación de la remuneración que como contra prestación de los servicios deben recibir los empleados públicos del ente territorial. En este orden de ideas le compete al Concejo la fijación de las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categoría de empleos y al Alcalde la fijación de los emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes, disposiciones que puede comprender el incremento salarial o el porcentaje de dicho incremento

Las entidades empleadoras, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas, están obligadas a expedir la respectiva resolución y, tienen un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo, para cancelar la prestación. Entidades territoriales - Acreencias laborales. Indemnización moratoria. Trabajadores oficiales - Pago de liquidación. Silencio administrativo positivo. Auxilio de cesantía - Reconocimiento y pago

La protección a las situaciones jurídicas consolidadas no puede comprender situaciones nacidas contra el mandato constitucional, por cuanto las normas de carácter local no pueden fijar prestaciones sociales de los servidores públicos territoriales. Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Régimen salarial. Quinquenio. Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI - Régimen pensional. Pensión de jubilación - Requisitos. Empleados oficiales del orden territorial - Régimen salarial

Ni antes de la Constitución de 1991, ni a partir de su vigencia, las Corporaciones Públicas Territoriales están facultadas para señalar el régimen prestacional de sus servidores. Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Régimen salarial. Quinquenio. Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI - Régimen pensional. Pensión de jubilación - Requisitos. Empleados oficiales del orden territorial - Régimen salarial

Si no son razones de buen servicio las que motivan la declaratoria de insubsistencia de un funcionario municipal ¿es obligatorio el reintegro? Entidades territoriales - Declaratoria de insubsistencia de funcionarios. Alcaldía - Declaratoria de insubsistencia de cargo. Empleados de libre nombramiento y remoción. Desviación de poder

¿La determinación del régimen salarial del sector salud territorial es de competencia compartida entre el Gobierno Nacional y las corporaciones territoriales? Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud - Régimen salarial. Cargo de auxiliar de servicios generales. Trabajadores del sector salud - Régimen salarial. Entidades territoriales del sector salud - Régimen salarial