Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-135-2018

[Resumen automatizado: Con excepción de las dos intervenciones previamente mencionadas, las cuales no serán tenidas en cuenta por las razones expuestas, se advierte que, a partir del contenido de las dos demandas acumuladas (D-11938 y D-11940) y de la labor de identificación global efectuada por la Corte, se agrupan en cuatro los cargos que serán objeto de resumen y posterior examen por parte de la Sala Plena de este Tribunal, a saber: (i) violación del principio de publicidad, respecto de varias actuaciones realizadas a lo largo del trámite legislativo que concluyó con la aprobación del proyecto que dio origen a la Ley 1821 de 2016; (ii) desconocimiento de las reglas de convocatoria a sesiones extraordinarias, al considerar que el decreto que habilitó esa instancia de actuación, se profirió por fuera del término constitucional y de las condiciones habilitadas para el efecto; (iii) vulneración de los principios de racionalidad de la ley y de mérito en el acceso a la función pública, en armonía con el derecho a la renovación laboral, por cuanto la ley impugnada carece de un objetivo constitucional válido, restringe la idoneidad del servicio únicamente al factor edad e impide que tenga aplicación el derecho al relevo generacional que emana del artículo 40.7 del Texto Superior; y finalmente, (iv) infracción de los artículos 125 y 131 de la Constitución, aunado a la violación de los derechos adquiridos y los principios de buena fe, confianza legítima e igualdad, toda vez que el cambio realizado por el Congreso en la edad de retiro forzoso (65 a 70 años) desconoce la firmeza de varias listas de elegibles, que crean derechos subjetivos de carácter particular y concreto, y que, como parte de las reglas del concurso de méritos para el acceder al servicio público, no pueden ser alteradas ni modificadas por el legislador.] - [Palabras claves: ley, edad, retiro, congreso, no, proyecto, derecho, forzoso, años, concurso]

[Resumen automatizado: El análisis de este cargo comienza por advertir que es la propia Constitución, en su artículo 233, la que fija de manera explícita para los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que su permanencia en el ejercicio de su cargo se prolongará hasta que lleguen a la edad de retiro forzoso. || Se solicita declarar la inconstitucionalidad de los artículos 25.f y 31 del Decreto Ley 2400 de 1968, que regulan la cesación definitiva de funciones por razón de la edad y que determinan que los 65 años es la edad de retiro forzoso, respectivamente, por considerarse que vulneran (i) el derecho al trabajo (CP 25), al privar a las personas mayores de la posibilidad de ejercer cargos públicos, y el derecho a la igualdad (CP 13), al establecer un trato diferente a los destinatarios de estas normas respecto del dado a otros servidores del Estado y a los trabajadores del sector privado. || EDAD DE RETIRO FORZOSO-Afirmar que Decreto 1660 de 1978 y Decreto 546 de 1971 no se aplican a magistrados de la Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura desconoce el efecto útil de las normas y contraria los artículos 13 y 223 de la Constitución Política (Salvamento parcial de voto)] - [Palabras claves: edad, retiro, constitución, decreto, constitucional, corte, ley, sentencia, demanda, forzoso, voto, normas]

[Resumen automatizado: La Sala aclara que un fallo inhibitorio anterior no obliga a la Corte a repetir esa misma decisión si la nueva demanda cumple los requisitos que exige el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en especial en lo relativo a exponer cargos suficientes que permitan enfrentar un problema constitucional a partir de la confrontación de la disposición acusada y el ordenamiento superior. || Indica que según la Corte, el derecho a la igualdad se rige por seis principios: (i) un principio general, según el cual todas las personas nacen iguales y merecen la misma protección y trato; (ii) la prohibición de establecer tratos discriminatorios, bien sea mediante un privilegio o a través de obstáculos para acceder a un beneficio o ejercer un derecho; (iii) el deber del Estado de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; (iv) la posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas a favor de grupos discriminados o marginados; (v) el deber de brindar una protección especial a personas en estado de debilidad manifiesta; (vi) la sanción de los abusos y maltratos.] - [Palabras claves: personas, pensión, derecho, cargos, igualdad, corte, edad, acusada, legislador, trabajo, trato, retiro, decreto]; Art. 137 (parcial)