Se promovió acción de tutela en contra del municipio Santiago de Cali y de la CNSC, con ocasión a la dilación en que ha incurrido el ente territorial en retirar del concurso de méritos el cargo que ella viene desempeñando, por tener la condición de prepensionada. La Sala negó la acción de tutela al advertir que a partir de la historia laboral expedida por Colfondos se evidencia que la accionante tiene un total de 1226 semanas cotizadas al sistema general de pensiones (con fecha de corte de 31 de marzo de 2019), y actualmente cuenta con más de 59 años, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, tiene causado su derecho a la prestación económica de vejez. En ese contexto y poniendo de relieve que la Corte Constitucional en sentencia SU-003 de 2018, restringió el nivel de protección de las garantías fundamentales de los prepensionados, al excluir de ese grupo poblacional a aquellas personas que cumplen el requisito de densidad de semanas, la Sala puede colegir que, en el presente asunto, la parte actora no ostenta la calidad de prepensionada, dado que cumple con los presupuestos previstos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento de su pensión de vejez

Reserva legal de las pruebas utilizadas en los procesos de concursos de mérito. La Sección ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia responder las peticiones que formularon 18 aspirantes a funcionarios de la Rama Judicial (participantes de la convocatoria del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018) para consultar el cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas marcadas y la planilla de respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos a la cual aplicaron. Esta decisión obedece a que cuando los concursantes solicitaron la exhibición de este material, las entidades respondieron que no podían permitírselo, sin tener en cuenta que la Universidad ya había informado que adelantaría un procedimiento para que los participantes pudieran acceder al material solicitado, sin que se violara la cadena de custodia de la prueba de aptitudes y conocimientos; que lo haría un fin de semana entre marzo y abril del 2019 y que se lo informaría a los interesados tres semanas antes. Dado que en este caso la Sala busca proteger las garantías que el mismo reglamento del concurso provee en torno al ejercicio del recurso de reposición, para responder a los accionantes, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional deberán comunicar la fecha exacta en la que se abrirá este periodo probatorio, allegándoles a los concursantes beneficiarios de este fallo de tutela un instructivo que les permita sustentar sus respectivos recursos y señalándoles las condiciones exhaustivas del procedimiento

¿Procede la acción de tutela para reclamar por fallas en un concurso de méritos? Sí, respecto de la procedencia de la acción de tutela pese a que el solicitante puede acudir a la Jurisdicción Contenciosa para solicitar la nulidad del acto administrativo que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha precisado que este último medio de defensa no resulta eficaz, pues debido a su tardanza, para cuando se emita una decisión definitiva, ya habría finalizado la convocatoria y, en consecuencia, aquélla sería inocua, de suerte que, en términos de concursos de mérito y procesos de selección, se hace necesaria la pronta intervención de una autoridad judicial, como lo es el Juez de Tutela, con el fin de evitar un perjuicio irremediable

¿Procede la acción de tutela para reclamar el derecho a acceso a documentos públicos de un examen presentado en concurso de méritos de la DIAN? Si, de acuerdo con lo señalado en el tramo final del artículo 31 numeral 3 párr. 3º de la Ley 909, las pruebas, y por lo tanto las hojas de respuesta, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. Una previsión semejante establece la normativa especial de la carrera específica de la DIAN. No son excluidos de la reserva impuesta, garantizado el efectivo acceso y conocimiento del contenido de las pruebas presentadas por cada uno en particular, el derecho de reclamación de quienes tomaron parte en los procesos devendría inocuo; quedaría reducido a una mera formalidad, vaciando por completo de contenido el derecho de contradicción y defensa que la Constitución garantiza a los particulares en toda actuación administrativa

La acción de tutela no es procedente cuando se omite la firma en el formulario de inscripción para el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación.

La acción de tutela no es procedente cuando se omite la firma en el formulario de inscripción para el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación.

El único mecanismo idóneo para restaurar eficaz y oportunamente los derechos fundamentales violados en el proceso de selección de un aspirante a un cargo de carrera administrativa proveído por medio de concurso de méritos es la acción de tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.