[Resumen automatizado: La jurisprudencia constitucional ha reconocido que en materias procesales ese ámbito de autonomía es especialmente amplio, pues según lo ha explicado esta corporación, en ejercicio de su cláusula general de competencia legislativa, las cámaras tienen la posibilidad de determinar libremente, entre otras materias: i) lo relativo a las distintas acciones de que dispondrán los ciudadanos y los tipos de procesos que a partir de ellas deberán surtirse; ii) la radicación de competencias, salvo en los casos en que la misma Constitución las ha asignado; iii) las diligencias y etapas que comprenderán cada uno de tales procesos; iv) los medios de prueba que en cada caso podrán emplearse; v) los recursos y medios de defensa que los ciudadanos pueden oponer frente a las decisiones judiciales; vi) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez e incluso de los terceros intervinientes. || P. Manuel José Cepeda Espinosa), en los que la Corte habría analizado la conformidad constitucional de ciertas medidas correctivas de la igualdad en el ámbito procesal, abordando temas tales como cuál es el grado de intensidad o exigencia que en eventos así debe tener el juicio de igualdad para resguardar adecuadamente ese principio sin afectar la autonomía que en todo caso debe reconocerse al legislador, como también las condiciones bajo las cuales un precepto que pretenda corregir la desigualdad de las partes dentro del proceso podría eventualmente devenir discriminatorio contra alguna(s) de ellas.] - [Palabras claves: corte, norma, proceso, regla, ley, derecho, parte, relación, lugar, domicilio, medida, justicia, laboral, demanda, resulta, en]; Arts. 45 y 47: INEXEQUIBLES

[Resumen automatizado: Por tal razón el actor solicita a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte demandado, o en su defecto una declaratoria de constitucionalidad condicionada mediante la cual se determine con precisión que el Sistema de Seguridad Social en nuestro país es integral y por ende la jurisdicción ordinaria laboral conoce no sólo de las controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan contemplado en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1295 de 1994, sino que dicha competencia se extiende de igual manera a los regímenes especiales de que habla el articulo 279 de la Ley 100 de 1993. || En criterio del interviniente, el legislador goza de libertad de configuración para fijar la competencia general de la jurisdicción ordinaria laboral, tal como lo hizo a través del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, mediante el cual le asignó a dicha jurisdicción el conocimiento de las diferencias sobre el régimen de seguridad social integral que surjan entre entidades públicas y privadas y sus afiliados, sin que ello implique el desconocimiento del principio de igualdad material respecto de los regímenes especiales contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pues tal como se expresó dicha atribución pertenece al resorte exclusivo del legislador sin que ello contravenga el Ordenamiento Constitucional.] - [Palabras claves: social, jurisdicción, seguridad, ordinaria, regímenes, integral, justicia, sistema, ley, laboral, controversias, legislador]

[Resumen automatizado: Cumplidos los trámites procesales y legales propios del proceso de constitucionalidad, la Corte Constitucional integrada por los magistrados, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Clara Inés Vargas Hernández, y Pedro Lafont Pianetta, quien actuó como conjuez, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede a decidir el asunto de la referencia. || Recuerda el interviniente que la referida disposición, la cual determinaba la competencia de los asuntos laborales cuya cuantía fuera inferior al equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales, en los jueces civiles municipales en los municipios en que no existiera juez laboral del circuito, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1541 de 2000, bajo el argumento de que tal disposición vulneraba el principio de igualdad. || En conclusión, la Corte considera que el criterio de diferenciación empleado por el Legislador para determinar la especialidad de la autoridad judicial competente (existencia o no del juez laboral del circuito), resulta constitucionalmente admisible, por lo cual la norma contenida en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, al establecer jueces de diferentes especialidades (civil y laboral) para conocer de unos mismos asuntos (laborales y de la seguridad social), es exequible, como se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.] - [Palabras claves: circuito, juez, laborales, justicia, jueces, acceso, corte, administración, judicial, ley, laboral, norma]