Fue confirmada sanción disciplinaria de suspensión por 90 días e inhabilidad por el mismo periodo impuesta a funcionaria del ICBF, una vez corroborada la existencia de los elementos cognitivo y volitivo de su conducta calificada en el pliego de cargos a título de dolo. Para que una conducta sea imputada a título de dolo, el servidor público tuvo que haber tenido conocimiento de que su acción u omisión generaba una infracción al deber funcional (elemento cognoscitivo), pese a que le correspondía actuar conforme a éste y orientar su voluntad a la realización del hecho (elemento volitivo). En este caso no puede aceptarse, como criterio determinador de la culpa, el no actuar con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio de su función la disciplinada se trata de una funcionaria con experiencia en su empleo, por lo que se esperaba de ella una mayor diligencia y cuidado en sus actuaciones, no siéndole exigible la diligencia y cuidado de una persona del común, pues como mínimo se le exigía conforme al Decreto 2737 de 1989, acatar su deber de dar apertura al proceso administrativo al verificarse la situación irregular en que se encontraba el menor (art. 57), aspecto que lleva a señalar que la conducta grave se desplegó con culpa grave, esto ocurre por las limitaciones impuestas a la luz de la Ley 200 de 1995, que no contempló las modalidad de culpa gravísima para la comisión de esa falta, pues de lo contrario esta sería la aplicable

El Consejo de Estado declaró legal la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría le impuso al alcalde Chiriguaná (Cesar) por sobrecostos de más de 250 millones de pesos en un contrato para proveer kits y textos escolares para las instituciones y centros educativos oficiales del municipio. La alta corte determinó que la sanción fue legal, pues el exfuncionario tenía pleno conocimiento del deber que tenía la administración de realizar estudios previos de mercado, para verificar el valor de los artículos frente a los cuales se presentaron sobrecostos. No obstante, no lo hizo, lo que demuestra que sí actuó con desconocimiento de las normas de contratación estatal, como lo concluyó la Procuraduría. El hecho que las dos cotizaciones descartadas en el proceso contractual hayan resultado falsas, tal y como lo acreditó la entidad demandada en el trámite disciplinario, demuestra con claridad la intención del actor de imponer el precio de los morrales escolares que a bien tuviera, no el más favorable a los intereses de la entidad, con lo cual se encuentra acreditado el actuar doloso del actor", dice el fallo. El Consejo de Estado sostuvo que aun cuando el demandante no hubiera efectuado imputaciones directas concretas contra el cargo consistente en el incremento del patrimonio de un tercero, también quedó demostrado que el valor contratado sobrepasó el precio real del objeto contratado, incrementando de manera injustificada el patrimonio del contratista

Se mantiene sanción contra policía que fue destituido por ingerir bebidas alcohólicas en servicio. En 2014 la Inspección General de la Policía ratificó la sanción disciplinaria que se le impuso al exuniformado, luego de que varios testimonios condujeran a concluir que, estando en servicio, ingirió bebidas embriagantes en un establecimiento comercial de Pisba (Boyacá) y en la misma estación de Policía de ese municipio. El exuniformado presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Casanare, buscando su reintegro y el pago de los dineros que dejó de percibir. La alta corte negó las pretensiones, al concluir que el proceso disciplinario que se adelantó fue respetuoso del derecho al debido proceso. Frente a la supuesta vulneración que sufrió el procesado por no haber sido sometido a una prueba de alcoholemia que demostrara científicamente que ingirió bebidas alcohólicas, el Consejo de Estado señaló que la violación a esta prohibición también puede ser probada a través de testimonios y otros elementos que deben ser examinados de manera integral. Como en este caso, cuando se conoció de la conducta no era viable confirmarla o descartarla mediante la prueba de alcoholemia, fue necesario acudir a pruebas testimoniales que, examinadas en conjunto, pusieron en evidencia la ocurrencia de la falta

El Consejo de Estado negó la demanda que buscaba dejar sin efectos la destitución e inhabilidad de 18 años que la Procuraduría le impuso al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por su intervención en la cesión del Contrato de Transmilenio. El Consejo de Estado negó las pretensiones. Sostuvo que, si bien es cierto que el director del IDU es el primer competente frente a la gestión contractual de esa entidad descentralizada, el alcalde también ejerce control sobre dicha entidad. Además, tan cierto es que participó en esta gestión, que convocó a varias reuniones en las que se trató el tema e impartió varias directrices sobre el asunto. A juicio de la alta corte, las conductas quedaron retratadas en cargos que fueron formulados y demostrados con suficiente precisión por parte de la Procuraduría. El Consejo de Estado precisó que no se violó el derecho a la defensa, pues tampoco es cierto que se le hubiera impedido rendir versión libre, ya que no solo presentó el escrito que desvirtúa tal deficiencia, sino que tuvo muchas otras oportunidades para hacerlo; tampoco es cierto que se la haya impedido aportar sus alegatos de conclusión, pues si bien el estar privado de la libertad le impidió hacerlo de manera personal y presencial, su abogado presentó el escrito que contenía su alegato. Frente a la supuesta violación del derecho al trabajo que produjo la sanción, sostuvo que la determinación no le impidió su disfrute y que a ello se suman decisiones judiciales distintas a la aquí examinada, que le impidieron seguir ejerciendo su labor como alcalde

La Procuraduría sancionó al Ministro de Agricultura con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, por las irregularidades en los convenios de cooperación técnica, científica y tecnológica para el desarrollo del programa Agro, Ingreso Seguro "AIS" que no contaban con factores de evaluación precisos y claros. La tesis esbozada por el declarante respecto a que la finalidad última o mediata fue la que permitió la tipología que los convenios especiales de cooperación eran de ciencia y tecnología, no es aceptada por la Sala, por cuanto es claro que el objeto y las actividades pactadas en los contratos reprochados no eran de las previstas en el artículo 2 de los Decretos 393 y 591 de 1991; y, si bien es cierto, que el marco general del programa "AIS" consistía en la promoción de la productividad y la mejora de la competitividad en el sector agropecuario, por lo cual podría tener un propósito último o mediato de ciencia y tecnología, lo real y probado en el proceso fue que estos negocios jurídicos no eran de la esencia ni naturaleza científica ni tecnológica, y como es sabido la denominación de un contrato lo determina las especificidades del objeto contractual y las obligaciones pactadas a cargo del contratista, por ello concluyó que estos convenios estuvieron equivocadamente calificados, pues la finalidad de aquéllos era la implementación del programa "AIS", en lo relacionado con la convocatoria para el financiamiento de sistemas de riego, evaluación de impacto, auditoria y socialización; en otras palabras, la rotulación del contrato no es otorgada por la finalidad última o mediata de éste, sino por los elementos esenciales que contiene el acuerdo de voluntades

Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad. El Consejo de Estado declaró legal la destitución e inhabilidad de 12 años que le impuso la Procuraduría a la comisaria de familia II de Madrid (Cundinamarca), por no haber tomado las medidas pertinentes para restituir los derechos de una menor que murió en un caso de violencia intrafamiliar que se registró en ese municipio en el 2012. Se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la exfuncionaria. Para la Sala el proceso disciplinario puso en evidencia que la exfuncionaria no actuó oportunamente para proteger a la menor, pese a evidencias científicas y testimonios sobre el maltrato severo del que era víctima. La titular de la Comisaría ha debido ordenar el retiro de la menor del seno de su hogar (como lo permite el numeral 2 artículo 53 del Código de Infancia o Adolescencia), pero no lo hizo. No fue diligente, eficaz, oportuna ni sensible la actitud de la accionante frente al manejo legal de la grave situación que padecía la menor, la actora en condición de autoridad de familia tenía plenas facultades legales para adoptar medidas más eficaces para el restablecimiento de derechos violadas". Para la Sala la actuación de la comisaria corrobora la responsabilidad disciplinaria, en cuanto su comportamiento denota negligencia, descuido y hasta ignorancia supina en el cumplimiento de su función. El funcionario interno de la comisaria de familia no es atomizado, puesto que no está estructurada en dependencias aisladas entre sí de forma tal que puedan excusarse de alcanzar la misión constitucional y legal asignada. Los actos por medio de los cuales se hizo efectiva la destitución e inhabilidad de la excomisaria de Familia no dieron lugar a una violación a las normas superiores, ni fueron expedidos con falsa motivación ni desviación de poder, ni irregularmente, pues originaron una sanción que no se muestra arbitraria, caprichosa o desproporcionada

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la destitución e inhabilidad de 12 años que le impuso la Procuraduría a la directora Nacional de Investigaciones Especiales. La exfuncionaria había sido destituida e inhabilitada en el ejercicio de funciones públicas durante 12 años por parte del Ministerio Público, porque supuestamente solicitó autorización al procurador general para interceptar unas extensiones telefónicas en el interior de esa misma entidad hace más de 10 años, sin motivación fundada y sin auto de apertura de investigación que justificara su proceder. Se encontró que la solicitud de la exfuncionaria para intervenir estas comunicaciones se produjo luego de que se abriera una indagación preliminar por presuntos hechos de corrupción que se venían presentando en la División Administrativa y el grupo de Inmuebles en el segundo semestre del 2008, época que coincidió con la de la solicitud para interceptar las líneas dentro de la Procuraduría. La solicitud de intervención de comunicaciones se dio en cumplimiento de una orden legítima, el fallo advierte que la destrucción del material relacionado con este y otros casos a cargo de la Dirección de Investigaciones ha debido dar lugar a que operara la duda razonable a favor de la exservidora. El Consejo ordenó al Ministerio Público pagarle la diferencia salarial entre el cargo de directora Nacional de Investigaciones y el de asesor G19, que ocupó entre el 20 de enero del 2009 y el 30 de enero del 2012. Además, el órgano de control deberá eliminar el antecedente disciplinario negativo y rectificar el boletín por medio del cual informó de la sanción, mediante un acto público de perdón en el que deberá participar el Procurador General de la Nación

Se negó la nulidad de la resolución emitida por la Procuraduría Provincial de Fredonia Antioquia, que sancionó con destitución e inhabilidad al actor en un proceso disciplinario. Argumentó la Sala que la responsabilidad de un director de una entidad se puede ver comprometida por las acciones u omisiones de sus subalternos y asesores. Los servidores públicos deben ejercer sus funciones de manera diligente y se pueden ver expuestos a procesos de responsabilidad disciplinaria por incurrir en omisiones como lo puede ser la falta de diligencia para documentarse suficientemente respecto de la normativa relativa a la contratación estatal, debido a que, como el caso en estudio, el alcalde se hace responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección al interior de la entidad. Para la Sala se establecieron de manera suficiente los elementos de la responsabilidad disciplinaria en la medida en la que se constataron una serie de acciones y omisiones que son contrarias a los principios de la contratación estatal; adicionalmente que las mismas afectaron el deber funcional sin justificación alguna pues el actor desconoció abiertamente procedimientos y reglamentos que lo obligaban a llevar a cabo los procesos de selección conforme a parámetros de selección objetiva, y dado que obró con absoluto descuido, lo que constituye culpa gravísima

Procuraduría sancionó disciplinariamente a un Coronel de la Policía por utilizar su cargo y las instalaciones de la entidad para promover irregularmente programa de visas a Canadá. El incumplimiento del deber funcional está orientado a configurarse como una conducta antijurídica, conducta que se reprocha disciplinariamente, pues se origina en una infracción sustancial de dicho deber pues se atenta contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra los fines del mismo lo que constituye una conducta antijurídica, pues la inobservancia del deber funcional altera el correcto funcionamiento del estado y en consecuencia los fines del mismo. En virtud del cumplimiento del deber funcional encuentra la Sala que la conducta del coronel es reprochable y sancionable pues se logró demostrar la afectación del funcionamiento de la Policía Nacional al no proteger los bienes de las personas que se involucran en el programa de visas a Canadá incurriendo en actuaciones antijurídicas

¿Puede realizarse la adecuación típica en un proceso disciplinario sin aplicar un criterio sistemático de interpretación ante un tipo disciplinario abierto justificando la actuación en la amplitud del proceso de subsunción típica? - No, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es sometido a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los componentes de la legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante. Sólo luego de haber surtido de manera expresa y detallada dicho proceso de razonamiento lógico-jurídico en el texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá llegarse a la conclusión de que la conducta investigada es típica. Es, más aún, un proceso de naturaleza técnica que los operadores disciplinarios han de desplegar con el mayor rigor jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo, presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido debidamente interpretada en todos sus componentes de conformidad con los distintos métodos hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que las pruebas que obran en el proceso demuestren en forma contundente la ocurrencia de los hechos y la culpabilidad individual del procesado. La amplitud en el proceso de subsunción típica no significa -considera importante enfatizar el Consejo de Estado- que la autoridad disciplinaria pueda realizar la adecuación típica de la conducta del disciplinado de cualquier manera, o que pueda abstenerse de realizar tal proceso lógico-jurídico; en lo que se traduce en últimas es en que ante un tipo disciplinario abierto o un concepto indeterminado, la autoridad disciplinaria debe aplicar un criterio sistemático de interpretación. Pero siempre, se resalta, debe estar presente un proceso expreso, congruente y jurídicamente sustentado de adecuación típica de la conducta de la persona investigada a las normas que se invocan para sancionarle. El haber incumplido su deber de guarda y custodia de información y documentación no reservada a la que tuvo acceso como Alcalde, habiendo entregado dicha información a un medio de comunicación constituye una falta disciplinaria leve culposa y su sanción debe ser la amonestación escrita. Imponer como sanción la destitución y la inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por 12 años, constituyó una ilegalidad sustantiva de los actos sancionatorios por desproporcionalidad de la sanción

¿Son susceptibles de control jurisdiccional los actos de ejecución de sanción disciplinaria? No, los actos de ejecución de la sanción disciplinaria no son susceptibles de control jurisdiccional, pues solamente lo son aquellas decisiones administrativas que tienen como causa un procedimiento de la misma naturaleza y los denominados actos de trámite que impiden continuar el respectivo procedimiento y si tan solo las decisiones referidas pueden demandarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ello significa que los actos de ejecución de los pronunciamientos administrativos, o judiciales, están excluidos del aludido control, en la medida en que no contienen decisión definitiva de ninguna índole, toda vez que se profieren con el propósito de materializar o hacer efectivas las respectivas decisiones y solo cobran importancia cuando de contabilizar los términos de caducidad se trata

¿Puede sancionarse disciplinariamente a un cónsul por expresar sus opiniones personales en un documento consular a pesar de no estar expresamente taxado en la ley esta conducta como prohibida? - Sí, es pertinente señalar, como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiteradas decisiones, que el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los Servidores Públicos. Por lo tanto, las normas disciplinarias tienen un complemento normativo compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los procesados permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos. La Sala discrepa de lo que argumenta el apoderado de la accionante, pues la prueba y el marco legal existente, evidencia que la manifestación que hizo en su calidad de Cónsul sí era una conducta disciplinable al desbordar los límites de sus atribuciones legales; por supuesto susceptible de sanción a título de culpa, como acertadamente lo hace el disciplinador. Porque, si bien dicho juicio no lo emitió con la intención de que se asumiese como una posición oficial, podía haber previsto que así podría ser asumido como de hecho ocurrió, para lo cual debió como imperativo legal haber obtenido previamente la autorización o instrucciones de sus superiores, lo que no hizo

¿Quién tiene la competencia para conocer de los procesos en los que se controvierte la legalidad de una sanción disciplinaria que implica el retiro definitivo del servicio? - Si la sanción disciplinaria, implica separación definitiva del cargo, la competencia radica en el Consejo de Estado, en única instancia, sin reparar ni por un momento, en el monto económico del reclamo que inspira la demanda

Una vez se precisa que el traslado de un empleado público sólo se encuentra prohibido en aquellos casos en que se presenten condiciones objetivas menos favorables, se declara nulidad del acto de abandono del cargo por vacancia, por no adelantarse procedimiento previo y sumario a su expedición, sin que constituya óbice la existencia de una decisión judicial que encontró probados los hechos en que se fundó la sanción disciplinaria por la mencionada conducta. Vacancia del cargo. Declaración previo procedimiento breve y sumario. Justa causa enerva la facultad. Traslado. Prohibición por condiciones menos favorables de carácter objetivo

Las pruebas allegadas al proceso de manera tardía y de forma irregular no pueden incidir en la decisión final, y su falta de apreciación no viola el debido proceso. La suspensión de un funcionario de carrera por decisión judicial y la destitución por violación del régimen de responsabilidad disciplinaria que ostenta fuero sindical no está sometido al levantamiento del mismo, dado que no se trata de un despido ni de un acto del empleador, por el contrario las decisiones disciplinarias y penales son causa legal suficiente para perder el privilegio de la carrera. Fuero sindical. No inhibe la sanción disciplinaria. Suspensión del cargo por sanción disciplinaria. No requiere el levantamiento del fuero sindical. Prueba. Oportunidad para aportarla

En materia disciplinaria, cuando a un servidor público se le impone la máxima sanciona - es decir, la destitución - es porque el ente o funcionario investigador ha probado no solo que el inculpado cometió la falta o faltas que se acreditaron en su contra sino que la ley prevé que la pena a imponer sea la destitución y no otra. Policía Nacional - Retiro del servicio por sanción disciplinaria. Proceso disciplinario - Sanción de destitución

Se presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a una destitución de cargo directivo en Universidad oficial. En el proceso se acepta la excepción de ineptitud de la demanda por caducidad de la acción. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Término de caducidad. Servidor público - Destitución del cargo. Proceso disciplinario - Causal de sanción de destitución