[Resumen automatizado: Según se ilustra en la demanda, el 15 de noviembre de 2016, el señor Baldomero Ramón Rojas, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la autonomía e independencia judicial, a la defensa y a la igualdad ante la ley, presuntamente vulnerados por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura, al haberle impuesto, en el marco de un proceso disciplinario adelantado en su contra como Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años, producto de su decisión de declarar ilegal el procedimiento de captura de tres ciudadanos, al no encontrarlo ajustado a las hipótesis normativas consagradas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 que regulan la situación de flagrancia.] - [Palabras claves: judicial, derechos, judicatura, consejo, ver, juez, penal, tutela, no, ley, proceso, disciplinario, flagrancia, captura, sala]

[Resumen automatizado: Solicita además de la revocatoria de los fallos de primera y segunda instancia adoptados en el proceso disciplinario seguido en su contra, la aplicación del derecho a la igualdad respecto de tres casos similares en los que la Procuraduría General de la Nación ha adoptado una decisión más benévola, teniendo en cuenta para ello los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre la doctrina probable sobre un mismo punto de derecho y no de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como lo argumentó la accionada al momento de expedir el fallo. || A juicio de la Sala, no se presenta el perjuicio irremediable alegado por el actor con la imposición de la sanción de inhabilitación general de 10 años para ejercer cargos públicos que le impidió continuar desempeñándose en el cargo de Director de Control Interno de la Beneficencia de Antioquia, puesto que tal limitación se produjo precisamente como consecuencia lógica del proceso disciplinario y no se evidencia inminencia o urgencia que amerite la intervención del juez constitucional, ni tampoco se observan circunstancias externas indicativas de la vulneración de las garantías constitucionales puesto que el disciplinado ejerció el derecho de defensa para lo cual aportó pruebas, presentó los alegatos de conclusión, interpuso los recursos contra las actuaciones y además tenía a su alcance los medios idóneos de defensa judicial distintos de la acción de tutela, que no ejerció.] - [Palabras claves: acción, tutela, perjuicio, corte, actor, sanción, derechos, mecanismo, fundamentales, derecho, judicial, disciplinaria, procuraduría]

[Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados MARIA VICTORIA CALLE CORREA, JUAN CARLOS HENAO PÉREZ y JORGE IVÁN PALACIO PALACIO en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || En la sentencia C-543 de 1992, en la que se estudió la constitucionalidad de los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991, la Corte afirmó lo siguiente: "(...) no es propio de la acción de tutela el [de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales (...)".] - [Palabras claves: principio, acción, disciplinaria, parientes, derechos, grado, tutela, consanguinidad, favorabilidad, ley, norma, corte, constitución, segundo, sentencia]

[Resumen automatizado: Los señores Ricardo Harold Forero Rondano[5] y Nelson Giovanny Franco Mendoza[6] instauraron acción de tutela[7], contra ECOPETROL S.A. y Oficina de Control Interno Disciplinario, por considerar que vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la asociación sindical y la aplicación de normas internacionales de carácter vinculante para Colombia por mandato de los Artículos, 25, 53 y 93 Superiores. || Corresponde a esta Sala revisar las Sentencias de la referencia, que decidieron en forma negativa la acción de tutela promovida por los señores Ricardo Harold Forero Rondano y Nelson Giovanny Franco Mendoza contra ECOPETROL S.A. y Oficina de Control Interno Disciplinario, por considerar que vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la asociación sindical y la aplicación de normas internacionales de carácter vinculante para Colombia por mandato de los Artículos, 25, 53 y 93 Superiores.] - [Palabras claves: disciplinario, proceso, oficina, instancia, defensa, perjuicio, derechos, control, tutela]

¿Vulneraron las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud los derechos fundamentales de la demandante, por cuanto en ellas se sancionó a la actora con base en incumplimientos originados en administraciones anteriores y sin atender las acciones de la actual gerente de la lotería? La improcedencia de la acción de tutela para impugnar sanciones administrativas, en razón de que para ello existen las acciones contencioso administrativas. Negada - [Resumen automatizado: La ciudadana Ketty Uparela Urueta instauró una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud, bajo la consideración de que ésta violó sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la honra y al buen nombre cuando decidió imponerle distintas multas, en su condición de gerente de la Lotería de Córdoba, por no acatar las órdenes que le fueron impartidas mediante resoluciones. || Sancionar, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 5, numeral 23, del Decreto 1259 de 1994, a la LOTERÍA DE CÓRDOBA (...), entidad representada legalmente por la doctora KETTY UPARELA URUETA, con multas sucesivas de DOS (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de expedición de la presente, a favor del Tesoro Nacional, por cada día de incumplimiento a la orden impartida mediante Resolución N° 0390 del 28 de febrero de 2002, o hasta completar los mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. || Sancionar, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 5, numeral 23, del Decreto 1259 de 1994, a la LOTERÍA DE CÓRDOBA (...), entidad representada legalmente por la doctora KETTY UPARELA URUETA, con multas sucesivas de DOS (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de expedición de la presente, a favor del Tesoro Nacional, por cada día de incumplimiento a la orden impartida mediante Resolución N° 2219 del 10 de diciembre de 2003, o hasta completar los mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.] - [Palabras claves: tutela, salud, nacional, gerente, superintendencia, multas, perjuicio, sentencia, proceso, acción, salarios, título]

¿La inhabilidad sobreviniente para el ejercicio de cargos públicos derivada de una sanción disciplinaria en razón de un cargo anterior a la elección como miembro de un consejo distrital, vulnera los derechos políticos de los ciudadanos que votaron por el candidato electo consejal?¿La actuación disciplinaria que revisaba las modificaciones en el acta de acuerdo complementario que modificaba irregularmente el contenido del pliego de condiciones, realiza una imputación objetiva sobre el investigado que alega no haber participado en la elaboración del acuerdo? Los derechos políticos ante la inhabilidad del funcionario electo. La persona contó con oportunidades legales y los medios procesales para su defensa. Responsabilidad disciplinaria a los funcionarios que, en razón de su capacidad de obligar válidamente a las entidades estatales, suscriban acuerdos que afecten el patrimonio público o contravengan normas legales. Negada - [Resumen automatizado: En esencia, para el peticionario, (i) el asunto bajo examen era susceptible de protección constitucional transitorio, puesto que la acción de nulidad y restablecimiento no podría restituir el periodo de ejercicio en el cargo de concejal, lo cual vulneraría sus derechos políticos; (ii) los cargos presentados por la Procuraduría General constituían una forma de adscripción objetiva de la responsabilidad disciplinaria, ya que no podía considerarse culpable, mucho menos a título de dolo, de actuaciones que se gestaron con anterioridad a su posesión en el cargo de presidente de Ferrovías y que estaban amparadas por la presunción de buena fe; (iii) No podía existir culpabilidad respecto a la suscripción de un acta diez días hábiles después de haberse posesionado en el cargo, pues en esas circunstancias era apenas evidente que no podía ejercer control alguno sobre las actuaciones que motivaron dicho acuerdo.] - [Palabras claves: disciplinaria, ciudadano, acción, ejercicio, procuraduría, derechos, general, sala, sanción, cargo, actuación]

¿Una institución universitaria transgredió los derechos de defensa y al debido proceso de una estudiante a la que le fue seguido un proceso disciplinario, que concluyó con una sanción consistente en la cancelación de su matrícula universitaria? Marco normativo que rige los procesos disciplinarios seguidos por las instituciones universitarias en la investigación y sanción de las infracciones o faltas en que incurran los estudiantes matriculados en un determinado programa académico. La noción de autonomía universitaria. Negada - [Resumen automatizado: Conoció del presente caso en primera instancia el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal, quien en sentencia de octubre 5 de 2004 declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Jenny Cristina Roa Herrera, tras considerar que: "...si se analiza la normatividad imperante en la Universidad Externado de Colombia, concretamente el REGLAMENTO ORGANICO INTERNO se deduce que en el Capítulo IV denominado DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS, se contemplan varias sanciones que consisten en la amonestación privada, amonestación pública, suspensión hasta por un mes, cancelación de la matricula y expulsión, siendo las más graves estas dos últimas, las que se imponen solamente con el previo concepto afirmativo del Consejo Directivo de la correspondiente Unidad, sanciones que se aplican, previo el agotamiento de un procedimiento en el que se respete siempre el DEBIDO PROCESO (artículo 14), por lo que de la documentación obrante en el expediente de tutela, se deduce que es un hecho cierto, que la estudiante Jenny Cristina Roa Herrera incurrió en una falta, considerada como "grave", probándose además que sí se dio la oportunidad de controvertir los cargos que se le endilgaban, decidiendo las directivas de la institución educativa imponer la sanción más grave, la que se impuso una vez se le fuera brindada la oportunidad de ejercer su defensa, tal es así, que en el propio escrito de tutela, se reconoce que se presentaron descargos y se interpuso recurso contra la decisión rectoral, por lo que en momento alguno en criterio de éste Despacho se vulneró el principio de presunción de inocencia, ni menos el de debido proceso, que debe regir todo procedimiento disciplinario, el que en el caso de la Universidad Externado de Colombia se encuentra claramente delimitado en el Reglamento Orgánico Interno que regenta el citado plantel educativo y que fue acatado en su integridad por la parte demandada."] - [Palabras claves: proceso, consejo, derecho, matrícula, demandante, sanción, fraude, clase, falta, descargos, debido, compañera, directivo, manera, colombia, prueba, cancelación, tutela, estudiantes]

[Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Únicamente de encontrar que la acción de tutela es procedente, entrará al estudio material del caso, es decir, si el Colegio Santo Domingo Savio al proferir la Resolución 112 de 2004, por medio de la cual se canceló la matrícula escolar al accionante, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación, o si por el contrario, le fueron respetadas sus garantías procesales de origen constitucional y como consecuencia de ello su derecho a la educación. || Conforme a los hechos y las pruebas acreditadas en el expediente, la causa que dio origen a la decisión tomada por el Rector del Colegio Santo Domingo Savio, consistente en cancelar la matrícula de Javier Mosquera Ríos, fue el supuesto acto de violencia protagonizado contra otro estudiante del plantel, cuando adelantaban una actividad deportiva, aunado a otras conductas registradas en el libro historial de la institución.] - [Palabras claves: proceso, derecho, derechos, si, estudiante, educación, sanción, debido, institución, matrícula, pues, conducta, sala, decisión]

¿La Fiscalía General de la Nación incurrió en vía de hecho al sancionar con dos meses de suspensión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, a una funcionaria, tras encontrarla responsable de las faltas disciplinarias, como actos de violencia y organización de disminución en el ritmo de trabajo? El cuestionamiento de la legalidad de un acto administrativo debe promoverse ante la jurisdicción contencioso administrativa, por tanto la controversia planteada no es de relevancia constitucional. Negada - [Resumen automatizado: Estos hechos fueron reportados luego a la Oficina de Veeduría de la Fiscalía General, motivo por el cual se inició y tramitó un proceso disciplinario contra Luz Marina Hache Contreras, miembro de la junta directiva de ASONAL y quien participó en esos hechos impidiendo el acceso de los servidores judiciales y agrediendo verbalmente a aquellos que no se adhirieron a la jornada. || El problema jurídico que debe resolver la Sala es el siguiente: ¿La Fiscalía General de la Nación incurrió en vía de hecho al sancionar con dos meses de suspensión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, a Luz Marina Hache Contreras, tras encontrarla responsable de las faltas disciplinarias tipificadas en los numerales 6 y 32 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002? || El análisis precedente le da fundamento a la Sala para resolver el problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones: La Fiscalía General de la Nación no incurrió en vía de hecho al sancionar con dos meses de suspensión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, a Luz Marina Hache Contreras, tras encontrarla responsable de las faltas disciplinarias tipificadas en los numerales 6 y 32 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.] - [Palabras claves: general, proceso, nación, derechos, fiscalía, hechos, ello, disciplinaria, valoración, hecho, si, prueba, fiscal, oficina, lugar, pues, sala]

¿Procede la acción de tutela como mecanismo para impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio? Sanción disciplinaria por presunto abandono de cargo. Negada: Existencia de otro medio de defensa. Inexistencia de perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: La demandante sostiene que el 8 de julio de 2003, el embajador de Colombia en Brasil solicitó a la señora Ministra de Relaciones Exteriores la suspensión de las vacaciones para atender asuntos de la embajada, suspensión que fue autorizada por Resolución N° 2489 del 9 de julio de ese año, pero que dicho Ministerio no autorizó la suspensión para atender una calamidad doméstica. || Adicionalmente, el Ministerio afirma que las resoluciones por las cuales se sancionó disciplinariamente a la peticionaria no incurrieron en vía de hecho, pues la Administración actuó en ejercicio legítimo de sus competencias, respetando íntegramente el procedimiento administrativo sancionatorio previsto por la ley para estos casos, así como el derecho de defensa de la sancionada. || Compartiendo los mismos argumentos de la primera instancia, la Corte señaló que la tutela no opera cuando existen otros mecanismos de defensa judicial, por lo cual, descartado en el caso particular la existencia de un perjuicio irremediable, no puede el juez constitucional analizar un asunto que es de reserva exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, cual es la legalidad del acto administrativo sancionatorio. || En el caso particular, la peticionaria asegura que la decisión por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores la destituyó del cargo que venía ejerciendo la afecta de manera grave pues la enfrenta a un perjuicio irremediable que únicamente la tutela, concedida como mecanismo transitorio de protección, podría disipar.] - [Palabras claves: demandante, tutela, perjuicio, sala, ministerio, acción, exteriores, relaciones, mecanismo, pues, corte, colombia, administrativo, derecho, acto, hecho]

[Resumen automatizado: “...de acuerdo con su misma comunicación (refiriéndose a la peticionaria) del 21 de junio de 2002, por la cual descorre el traslado del incidente de desacato propuesto, tan sólo hasta dicha fecha, superándose ostensiblemente el término concedido, se procedió a proferir la Resolución N° 012706 negándole la prestación reclamada, citándolo mediante oficio de la misma fecha para recibir notificación de la misma, '...que resolvió de fondo sus pretensiones en estricto cumplimiento a INCIDENTE DE DESACATO”, y a su vez, en comunicación diferente y contradictoria a la mentada resolución de fondo de la pretensión, se le informa que el Ministerio de Defensa objetó la cuota parte que le correspondía “...hasta tanto se allegue constancia donde manifieste que no percibe pensión del Estado y se verifique tiempo de servicios prestados con Mindefensa expedida por el Archivo General de este Ministerio', solicitándole 'su colaboración en aportar tales pruebas requeridas con el fin de subsanar el rechazo de la citada cuota parte y así ser aceptada', y que 'una vez se allegue las citadas pruebas y MINDEFENSA acepte estaremos comunicándole las actuaciones surtidas', vale decir, confundiendo al usuario bajo el amparo de una inexistente orden proferida en desarrollo del INCIDENTE DE DESACATO, se le resuelve a medias la petición sobre la prestación reclamada, sin atender el hecho de que el Ministerio de Defensa desde el 8 de octubre de 2001 le dio respuesta sobre la aceptación del bono pensional a favor del actor y que le corresponde a la entidad accionada internamente o interinstitucional clarificar respecto al no cobro de pensión por parte del usuario y tiempo laborado en el sector público mediante la expedición del correspondiente certificado de la oficina de archivo mencionada y no imponer tal carga al trabajador, siendo ineludiblemente concluir que el derecho de petición del actor, pese a haber sido protegido inicialmente por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de esta ciudad, y lograr nuevo amparo constitucional por esta Sala de Decisión Civil, continúa siendo conculcado por los funcionarios del Instituto de Seguros Sociales, pues pese al intento desesperado ante el incidente de desacato de solucionar la situación, para la fecha en que se descorrió el traslado del mismo no se acreditó haber notificado al interesado de acto administrativo alguno como fue ordenado...”.] - [Palabras claves: tutela, desacato, corte, trámite, juez, incidente, orden, derecho, acción, fallo, cumplimiento, puede]

Acto administrativo. Declaratoria de insubsistencia de alcalde local. La importancia de la motivación de los actos administrativos. Deber de incluir en la hoja de vida no solo el resultado (declaratoria de insubsistencia) sino las razones que llevaron a la determinación del nominador - [Resumen automatizado: El Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá D.C., mediante auto 026 del 7 de junio de 2002, pidió al Alcalde Mayor que suspendiera a Martínez Rojas del cargo de Alcalde Local y a los señores Luis Alfredo Jiménez Porras y Luis Alfonzo Velandia Palomares, en su condición de ediles de Usme, por el término de tres meses. || En consecuencia, el Personero revocó “la decisión adoptada mediante el auto # 026 del 7 de junio de 2002, proferida por la Unidad de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, respecto de la suspensión provisional ordenada contra el doctor Iván Mauricio Martínez Rojas, en su calidad de Alcalde Local de Usme, y de los Ediles Luis Alfredo Jiménez Porras y Luis Alfonzo Velandia Palomares, conforme a la motivación presentada en este proveído”. || no puede entenderse que la discrecionalidad que la misma ley le da a determinados funcionarios nominadores, para nombrar o remover libremente a servidores públicos designados en cargos que no son de carrera, pueda condicionarse y con ello discutirse en el ámbito de tutela, pues aun cuando la Corte Constitucional ha sentado que discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, debe el fallador constitucional tener presente la prevalencia y naturaleza de esta facultad, de suerte que para tomar una determinación que la limite, debe tener la certeza de que la desvinculación en discusión, obedece a un claro acto arbitrario del nominador, lo que no puede presumirse, ni aún tenerse por sucedido, con las meras conclusiones que sobre el particular efectúe el servidor desvinculado".] - [Palabras claves: puede, alcalde, decreto, declaratoria, derecho, vida, suspensión, motivación, mayor, tutela, ley, actos, proceso, hoja, información, nombramiento, el]