Poder disciplinario de la Procuraduría General de la Nación para conocer de la investigación en relación con un empleado de la Rama Judicial es de naturaleza prevalente. Se concluye que la PGN puede hacer uso del poder preferente en materia disciplinaria en cualquier etapa del proceso - indagación preliminar, investigación - iniciado por el órgano de control disciplinario interno, siempre que no se haya finalizado dicho proceso y se cuente con la decisión de ejercer el control preferente. La decisión de ejercer el control preferente se configura con la autorización del viceprocurador, conforme con los artículos noveno y decimoprimero de la Resolución 456. La simple solicitud o trámite de la autorización no interrumpe la competencia del órgano de control interno. Por lo tanto, ante la decisión de la Procuraduría General de la Nación de ejercer el control preferente, el órgano de control interno disciplinario perderá su competencia y enviará el expediente a la Procuraduría para su conocimiento

Competencia transitoria para conocer los procesos disciplinarios. Si bien, actualmente la llamada a conocer los procesos disciplinarios en contra de los empleados de la Rama Judicial es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se estableció en Sentencia C-373 del 2016, que hasta que ese cuerpo colegiado se conforme, este tipo de actuaciones deben seguir siendo conocidas por quienes, hasta el momento tenían asignada esa competencia, de acuerdo a La Ley 270 artículo 115, que fija expresamente la competencia en los "superiores jerárquicos" de los empleados judiciales para conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios. Aunque allí no se señala quién es el competente para tramitar la segunda instancia, al remitir al artículo 50 del CCA, vigente en el momento de la promulgación de la Ley Estatutaria, el cual disponía que el "inmediato superior administrativo" era quien debía resolver el recurso de apelación que se interpusiera contra un acto administrativo de carácter definitivo. Respecto a la vigencia de la Ley 1952 del 2019, si bien el artículo 265 indicó que entraría en vigencia en un plazo de cuatro meses después de su sanción y publicación, esto es, a partir del 28 de mayo del 2019, fue prorrogado hasta el 1 de julio del 2021, por el artículo 140 de la Ley 1955 del 2019, que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. Aclaró que la Ley 734 está vigente y, por consiguiente, no podría considerarse que la competencia para el ejercicio de la función disciplinaria respecto de un empleado judicial corresponde a la función jurisdiccional, como lo asigna la Ley 1952

¿Es la Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados en los distintos niveles, en virtud de la potestad disciplinaria que le asiste competente para resolver en segunda instancia sobre las impugnaciones formuladas contra las sentencias sancionatorias impuestas a empleados de la Rama Judicial? " De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 270 de 1996, dentro de la Rama Judicial existe superior jerárquico tanto en el plano jurisdiccional o funcional como en el administrativo, toda vez que dicho artículo precisamente advierte sobre la autonomía e independencia con que cuentan los funcionarios judiciales al disponer que: ningún superior administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que debe adoptar en sus providencias. El juez como nominador de los cargos del Juzgado Promiscuo de Familia, es el competente para adelantar el proceso disciplinario en primera instancia. A su vez, la competencia para la segunda instancia la detenta el tribunal nominador del juez, que en las presentes diligencias es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En consecuencia, este tribunal es la autoridad competente para resolver el recurso de apelación que dio origen al conflicto