¿Qué entidad es competente para resolver la recusación formulada por contra todos los integrantes del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca? La Sala señaló que el Ministerio de Educación Nacional solo tiene competencia disciplinaria sobre los empleados y funcionarios que hacen parte de su estructura orgánica, pero en modo alguno de los que hacen parte de otros órganos o entidades, así hagan parte del sector educativo, como lo son, por ejemplo, las universidades estatales u oficiales. En consecuencia, asignó la competencia para resolver la recusación formulada contra todos los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca a la Procuraduría General de la Nación, por lo siguiente: i) Resulta imposible que la recusación se desate según las reglas del control disciplinario interno, en la medida en que los recusados constituyen la máxima autoridad de la Universidad de Cundinamarca y sobre ellos no existe superior jerárquico ni orgánico; ii) El Ministerio de Educación no ejerce control disciplinario sobre las universidades públicas, aun cuando el Decreto 1075 de 2015 señala, en el artículo 1.1.1.1, que es la entidad "cabeza del sector educativo"; iii) Como no es posible resolver la recusación a través de la regla general en materia de control disciplinario, que señala que debe hacerse por las entidades a las que pertenece el funcionario o empleado que comete una falta, debe acudirse a la regla de excepción, que avala el control disciplinario externo; iv) La Procuraduría General de la Nación es la entidad a la cual el CDU asigna el control disciplinario externo, el que no debe confundirse con el poder preferente que prevé el artículo 277 de la C. Política y el artículo 3 del CDU, y v) El artículo 76 de la Ley 734 de 2002 dispone que "si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional", como ocurre en el sub examine, "conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias"

Se solicitó a la Sala dirimir el conflicto positivo de competencias administrativas suscitado entre la Sala Disciplinaria de la PGN y la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República, autoridades que de manera paralela decidieron adelantar investigación disciplinaria contra Senador Ernesto Macías, a quien se endilgó responsabilidad disciplinaria por no permitir la intervención inmediata de los partidos o movimientos políticos declarados en oposición, tal como lo ordena la Ley 1909 de 2018. La competencia para investigar y sancionar al senador Macías se encuentra en cabeza de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 113 de la C. Política, el Procurador General de la Nación no tiene competentica para investigar disciplinariamente a los congresistas por sus votos y opiniones. El artículo 3 de la Ley 1828 de 2017 establece la competencia disciplinaria teniendo en cuenta si la conducta a investigar respecta a la función congresional. Si es así, la investigación disciplinaria debe adelantarse por la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. Si la conducta no respecta a la función congresional, la competencia disciplinaria recae en la PGN. Si la conducta a investigar corresponde a un voto u opinión, la autoridad competente para investigar al senador o representante es la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la correspondiente Cámara. En este caso, el Procurador no puede ejercer su poder preferente frente a este tipo de conductas

Tanto la consulta, como la queja o denuncia, pueden ser objeto del derecho fundamental de petición. Sin embargo, existen diferencias profundas e importantes entre ambas figuras. En relación con la queja, la Corte Constitucional ha señalado (refiriéndose a la queja disciplinaria, en particular) que esta es un mecanismo por el cual se pone en conocimiento del operador disciplinario la ocurrencia de una situación irregular, en la que ha participado un servidor público o un particular en ejercicio de funciones públicas, con el fin promover la investigación correspondiente. Lo anterior implica que la entidad competente debe decidir, en primer lugar, si la queja presentada tiene mérito o no para dar inicio a la correspondiente investigación. \ Control disciplinario sobre alcaldes. Aun cuando los municipios y distritos están obligados a tener, al menos, una oficina de control disciplinario interno, (artículo 76 del CDU) para todas las entidades y organismos del Estado, dichas dependencias no pueden investigar al respectivo alcalde municipal o distrital, pues tal funcionario, como jefe máximo de la administración local, es el nominador y superior jerárquico del jefe o director de la unidad u oficina correspondiente, por lo que este servidor, y el personal a su cargo, no tendrían las condiciones mínimas de autonomía e imparcialidad que exige la ley para el cumplimiento de esta función. Se concluye que la potestad disciplinaria para investigar a los alcaldes municipales radica legalmente en la PGN, atribución que dicho órgano puede delegar discrecionalmente en las personerías