¿Para citar a un sujeto disciplinable a la audiencia del procedimiento verbal, por la comisión de delitos a título de dolo con ocasión de su función, basta con demostrar la mera existencia de un proceso penal en su contra? No, porque de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 734 de 2002, que consagró la independencia de la potestad disciplinaria frente a otros regímenes sancionatorios, cuando se imputa la falta gravísima por haber cometido un delito a título de dolo con ocasión de la función, es necesario que la autoridad administrativa realice su propia investigación y juicio sobre los hechos objeto de reproche, ámbito en el cual también se deben respetar las garantías propias del debido proceso de manera independiente. En ese sentido, la demostración de la existencia de un proceso penal solo prueba esa determinada situación, mas no la comisión concreta de los actos ilícitos imputados

Las Universidades Públicas están facultadas para establecer normas sustantivas y procedimentales de naturaleza disciplinaria, siempre y cuando no desconozcan garantías constitucionales ni el principio de legalidad tanto de las faltas como de las sanciones. La Ley disciplinaria contenida en la Ley 734 de 2002, se aplica para los servidores públicos, esto es, empleados públicos y trabajadores oficiales, y particulares en ejercicio de funciones públicas. El derecho de asociación y negociación colectiva y, por lo tanto, de pertenecer a un sindicato, rige para los servidores públicos, esto es, empleados públicos y trabajadores oficiales, razón por la cual el hecho de hacer parte de alguna de estas asociaciones no genera de manera alguna la pérdida de su condición como servidor público. No puede considerarse que su actividad sindical la exonere de responsabilidad disciplinaria, este es aplicable para los servidores públicos, sin que se haga referencia a prerrogativa alguna. La finalidad del inciso 3 del artículo 175 de la Ley 734 es permitir a la autoridad disciplinaria aplicar un procedimiento más ágil y rápido cuando se disponga del material probatorio suficiente para otorgar un grado amplio de certeza de la existencia de la falta disciplinaria. Como lo indicó la C. Constitucional, es imprescindible que para que opere el procedimiento verbal en situaciones diferentes planteadas en los incisos 1 y 2 del artículo 175, estén dadas las exigencias probatorias para que se pueda citar a audiencia, esto es, que esté objetivamente demostrada la falta; y, que exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado

¿Qué trámite debe seguir el Operador Disciplinario cuando los cargos imputados indican que unos por ser falta grave se adelantan por el proceso ordinario y otros por ser falta gravísima por el verbal? Ante la existencia de una falta gravísima, el procedimiento verbal atrae por su especialidad el trámite ordinario, habida cuenta que las faltas gravísimas escogidas por el legislador para ser resueltas por un proceso celero y ágil, tienen el común denominador del ejercicio claro y transparente de la función pública y, por ende, poseen un gran impacto social en el colectivo exigiendo del servidor público un mayor cuidado y probidad en su ejercicio y del ente investigador una decisión oportuna. Así, cuando haya diversidad de procedimientos el aplicable es el especial por fuero de atracción

Proceso disciplinario. Competencia del nominador. Competencia funcional. Factor funcional. Funcionario competente. Debe iniciar el proceso disciplinario. Procedimiento verbal. Por extensión. Funcionario incompetente. No debe iniciar y fallar la investigación disciplinaria