Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". ¿Se desconoció la garantía de la tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al prescribir como prohibición para todo servidor público, "ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres", por ser ésta una sanción de carácter indeterminada?. Como ya lo ha aceptado la jurisprudencia, el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos que repudian la moral social y proscribir estos comportamientos en el ámbito de ejercicio de funciones públicas, pero al hacerlo debe establecer clara y precisamente cuáles son aquellos actos "inmorales" o contrarios a las "buenas costumbres" que eleva a la categoría de falta disciplinaria. De no existir esa precisión en el señalamiento de las conductas sancionables como falta disciplinaria, dejando a la libre apreciación subjetiva de quien impone la sanción, decidir si un comportamiento es o no contrario a dichos conceptos, se vulnera abiertamente el principio de legalidad. Art. 35, Num. 9 : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Vistos los argumentos de la demanda y de las participaciones e intervenciones previas, la Sala considera que el problema jurídico planteado en la presente demanda es el siguiente: ¿desconoce el legislador la garantía de tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al establecer un tipo sancionatorio de carácter indeterminado, concretamente, al establecer como prohibición para todo servidor público, 'ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres'? || En esta oportunidad (C-570 de 2004), consideró que "las normas del derecho disciplinario entran frecuentemente en conflicto con derechos fundamentales como la intimidad y la autonomía personal", indicando a la vez que "tales colisiones deben ser resueltas a través de la ponderación de los bienes jurídicos en conflicto".[33] Para la Corte, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial en la materia, concluyó que "son inconstitucionales aquellas normas que tipifican como faltas conductas que no tengan una relación con las exigencias propias del desempeño profesional ni afecten la integridad de la profesión como tal".[34] En esta sentencia la Corte Constitucional evidenció que compartía la decisión de considerar "(...) la admisibilidad jurídica de la validez de tipos abiertos en las conductas constitutivas de falta disciplinaria, ante la imposibilidad de contar con un catálogo de conductas donde se subsuman todas aquellas que se alejen de los propósitos de la función pública, y por ende resulten sancionables."[35] Sin embargo, consideró que la expresión 'buenas costumbres' no se encuentra dentro del 'grado de indeterminación aceptable constitucionalmente'.] - [Palabras claves: corte, moral, constitucional, puede, derecho, norma, sentencia, conceptos, normas, costumbres, conductas, buenas, social]

¿Vulneró los principios de igualdad y de legalidad, al establecer en una sola disposición todas las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias, sin clasificarlas de acuerdo con su gravedad (Art. 40)? ¿La pena de exclusión de la profesión, sin límite temporal, constituye una violación da la prohibición de imponer penas imprescriptibles, consagrada en el artículo 28 de la Carta (Art. 40)?; ¿El establecimiento de circunstancias de agravación punitiva, para aquellos casos en los cuales las sanciones se originan en faltas cometidas por abogados que actuaron como representantes, o contraparte de entidades estatales, constituye una discriminación injustificada contra estos profesionales; (Arts. 43, Par. y 108, Inc 2o.)? ¿El precepto que condiciona la aplicación de ciertos criterios de atenuación punitiva a la ausencia de antecedentes, desconoce el principio non bis in ídem, así como la prohibición de imponer penas imprescriptibles (Art. 45, Lit. B, (parcial)? ¿Condicionar la posibilidad de rehabilitación del abogado excluido de la profesión, a la observación de una conducta determinada, que debe ser valorada por las autoridades judiciales, implica reconocer un grado de discrecionalidad inadmisible al juzgador y vulnera el libre desarrollo de la personalidad, en contra de lo dispuesto por los artículos 16, 228 y 230 de la Constitución (Art. 108, parcial)?. De los fines que cumple en un estado democrático, el control a la profesión de abogado. De la libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos disciplinarios, y sus límites constitucionales. Ley 1123 de 2007, "por la cual se expide el Código Disciplinario del Abogado"; Arts. 40, 43 y 45 (parciales) : Exequibles. Art. 108 : CONDICIONALMENTE exequible y aparte INEXEQUIBLE. Salvamento de voto. - [Resumen automatizado: 3. El parágrafo del artículo 43 de la ley 1123, que establece como circunstancia de agravación, el que la falta haya sido cometida por el abogado actuando como representante, o contraparte del Estado, es inconstitucional, pues las sanciones en materia disciplinaria tienen un fin correctivo o preventivo, y deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la profesión, sin importar las partes que intervienen en el proceso. || Tampoco se da una violación al principio de igualdad, con base en el argumento según el cual la sanción de exclusión es más gravosa que la de inhabilidad general prevista en el Código Único Disciplinario, pues esta última conlleva la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo, por un término que puede ir de 10 a 20 años (Sentencia C-1076 de 2002), en tanto que un abogado excluido de la profesión, puede ser rehabilitado en un período de cinco años, a pesar de no existir un tiempo específico de duración para la sanción.] - [Palabras claves: derecho, profesión, sanción, sanciones, rehabilitación, abogado, ejercicio, ley, corte, disciplinaria, principio, legislador]; Arts. 40, 43 y 45 (parciales) : Exequibles. Art. 108 : CONDICIONALMENTE exequible y aparte INEXEQUIBLE. Salvamento de voto.

Demanda contra la ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". ¿El que la ley establezca como falta disciplinaria gravísima, el que se declare la caducidad de un contrato estatal o se dé por terminado, sin que se presenten las casuales previstas en la ley para ello, constituye una vulneración del principio del juez natural (arts. 29, 116 y 238 de la Constitución), en la medida que dicha declaración constituye una acto administrativo cuya legalidad o ilegalidad debe resolverla exclusivamente la jurisdicción contencioso administrativa y no la autoridad disciplinaria? El derecho disciplinario como régimen autónomo y el principio del juez natural. Art. 48, Num. 32 : Exequible - [Resumen automatizado: Para la Corte, en cambio, no se está ante la invasión de las competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por parte de la autoridad disciplinaria y mucho menos hace necesario la operancia del fenómeno de la prejudicialidad por cuanto el objeto de la acción disciplinaria no es la legalidad del acto administrativo sino el examinar si la conducta del agente estatal al declarar la caducidad o terminación del contrato estatal “sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello”, lo fue en la modalidad dolosa o culposa, siendo así un ámbito diferente al de la acción contractual, por lo que no se vulnera el principio del juez natural.] - [Palabras claves: disciplinaria, disciplinario, acción, administrativo, derecho, estatal, funciones, falta, acto, juez, principio, ley, público, legalidad, corte, contrato, autoridad, ejercicio]

¿Vulnera el deber de la administración de someterse a los pronunciamientos judiciales, la disposición que determina que el delito sancionable a título de dolo es una falta gravísima en materia disciplinaria, dado que según el actor, no se puede aceptar que a una persona la investiguen disciplinariamente por un delito sobre el cual no hay pronunciamiento judicial o en relación con el cual fue absuelta? Principio non bis in ídem, presunción de inocencia y derecho a juez natural. Código Disciplinario Único. Ley 734 de 2002. Art. 48 (parcial) - Exequible - [Resumen automatizado: La posibilidad de que un servidor público o un particular, en los casos previstos en la ley, sean procesados penal y disciplinariamente por una misma conducta no implica violación al principio non bis in ídem, pues, como lo ha explicado la Corte, se trata de dos juicios diferentes que buscan proteger bienes jurídicos diversos y que están encaminados, según exista mérito para ello, a imponer sanciones que se caracterizan por ser de naturaleza jurídica distinta.] - [Palabras claves: proceso, penal, ley, disciplinario, disciplinaria, corte, principio, persona, derecho, conducta, norma]

[Resumen automatizado: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 85, numeral 6º., parcial, del decreto 262 de 2000 “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”. || del artículo 48 de la ley 734 de 2002, anteriormente transcritas, fueron declaradas inexequibles mediante las sentencias C-1076 de 2002 y C-125 de 2003; para el actor, si la Corte declaró inconstitucionales estas expresiones por considerar que violaban el artículo 29 superior al sancionar al disciplinado por lo que es y no por lo que hizo, la Corporación debe proceder de la misma manera respecto de las expresiones impugnadas en el presente caso, por cuanto el artículo 85, numeral 6º del decreto 262 de 2000, permite sancionar a una persona por sus antecedentes y no por la falta que ha cometido.] - [Palabras claves: norma, demanda, corte, constitucional, general, constitucionalidad, inconstitucionalidad, debe, ley, nación, razones, procuraduría, ministerio, sentencia]

[Resumen automatizado: La Corte considera que en el literal acusado el legislador extraordinario ha consagrado una remisión normativa a las normas que constituyen el régimen de cambios que cumple con el principio de tipicidad, ya que en dichos textos normativos se concreta la manera en la cual se han de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones previamente definidos por el legislador, a partir de lo cual son determinables las conductas que configuran las infracciones cambiarias a las que se les ha de aplicar la multa de diez (10) salarios mínimos.] - [Palabras claves: materia, cambiaria, principio, normas, ley, decreto, república, corte, legislador, sanción, banco, infracción]; Art. 1, literal aa) (modifica el Art. 3 del Decreto 1092 de 1996) - Exequible

¿Se desconoce la autonomía judicial al considerar en la evaluación del desempeño el porcentaje de fallos confirmados, revocados o anulados al funcionario calificado? ¿Desconoce el principio procesal del non bis in idem el que para la evaluación del desempeño se tenga en cuenta la no existencia de sanción disciplinaria en ejercicio del cargo? Ley 940 de 2005; Art. 5 Lit. c) - INEXEQUIBLE; Lit. d) - exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Manuel José Cepeda Espinosa - quien la preside -, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes || En lo relativo al literal c, indica el Procurador que el mero hecho de que se constaten las sentencias confirmadas o revocadas no implica que los fallos revocados envuelvan pérdida de puntos o las confirmadas traigan una evaluación favorable, asunto que sí sería contrario al principio de autonomía por lo que los funcionarios de la justicia penal militar administran justicia y en esa labor son autónomos y sólo están sometidos al imperio de la ley, como lo señalan los artículo 228 y 230 de la Constitución.] - [Palabras claves: justicia, desempeño, evaluación, sanción, militar, penal, disciplinaria, funcionario, sentencia, cuenta, judicial, corte, superior, porcentaje]; Art. 5 Lit. c) - INEXEQUIBLE; Lit. d) - exequible

Reglamento aeronáutico - Régimen sancionatorio administrativo aplicable a los particulares, personas naturales y jurídicas relacionadas con la actividad que se desarrolla en el sector aeronáutico. ¿Autorizó el legislador mediante la norma demandada a un órgano ejecutivo para que de manera amplia y discrecional señalara los criterios conforme a los cuales se habrán de imponer las sanciones, violando el principio de legalidad en sus dos componentes: reserva legal y tipicidad? ¿Puede el legislador delegar criterios técnicos? La facultad sancionadora del Estado y el respeto por los principios que orientan el debido proceso. El principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 55 de la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones"- CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil considera que el legislador no omitió reglamentar el debido proceso puesto que en el artículo 55 de la Ley 105 de 1993, del cual hace parte el parágrafo demandado, se contempla el procedimiento que debe aplicarse para imponer las sanciones, y en los reglamentos aeronáuticos se consignan los principios rectores de la actuación administrativa. || Pero, es claro que si dicha remisión habilita a la autoridad para cambiar el procedimiento establecido, para incluir conductas no descritas o para imponer sanciones distintas, sí se viola el principio de legalidad y por contera la reserva de ley toda vez que el legislador ordinario estaría haciendo un traslado indefinido e ilimitado de su potestad legislativa, frente al juzgamiento de particulares, a personas naturales o jurídicas del sector aeronáutico. || Pero, es claro que si dicha remisión habilita a la autoridad para cambiar el procedimiento establecido, para incluir conductas no descritas o para imponer sanciones distintas, sí se viola el principio de legalidad y por contera la reserva de ley toda vez que el legislador ordinario estaría haciendo un traslado indefinido e ilimitado de su potestad legislativa, frente al juzgamiento de particulares, a personas naturales o jurídicas del sector aeronáutico.] - [Palabras claves: principio, sanciones, criterios, derecho, legalidad, parágrafo, ley, sanción, autoridad, legislador, imponer, corte, imposición]

Aplicación de principios e integración normativa; en lo no previsto en la ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Eduardo Montealegre Lynett - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido esta sentencia de acuerdo con los siguientes. || La demandante sostiene que esta es una aplicación subsidiaria de la normatividad internacional subsidiaria porque a ella se acude sólo en caso de vacíos legales- y que por tanto contradice el texto del artículo 93 de la Constitución según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. || La opinión de la interviniente, la Comisión Colombiana de Juristas, y del Procurador General de la Nación -emitida por conducto de su delegada- sostiene que la existencia del bloque de constitucional, al cual se agregan los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y han sido ratificados por Colombia, garantiza que el conjunto de la legislación interna esté acorde con la normatividad internacional, y que en nada quebranta dicha prevalencia el hecho de que un texto de orden interno recurra a ésta en caso de presentarse un vacío legal.] - [Palabras claves: derechos, constitucional, constitucionalidad, constitución, internacionales, normas, tratados, humanos, corte]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9° (total), 20, 25, 27, 29, 30, 44 (parciales), 65 (total), 116, 131, 146, 151 y 157 (parciales) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Corte ha señalado que el derecho disciplinario está "integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan" y agregó que: "Ello hace parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es ante todo deber del Estado. || "Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo.] - [Palabras claves: disciplinaria, derecho, corte, disciplinario, en, norma, ley, conducta, proceso, sanción, principio]

Culpabilidad. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta que como mediante la ley disciplinaria se pretende la buena marcha de la administración pública asegurando que los servidores del Estado cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas constitutivas de falta disciplinaria en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza del fallador, el legislador en ejercicio de su facultad de configuración también ha adoptado un sistema amplio y genérico de incriminación que ha sido denominado "numerus apertus", en virtud del cual no se señalan específicamente cuales comportamientos requieren para su tipificación ser cometidos con culpa -como sí lo hace la ley penal-, de modo que en principio a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le corresponderá una de carácter culposo, salvo que sea imposible admitir que el hecho se cometió culposamente como cuando en el tipo se utilizan expresiones tales como "a sabiendas", "de mala fe", "con la intención de" etc.] - [Palabras claves: disciplinaria, derecho, culpa, conductas, omisión, norma, corte, disciplinario, principio, falta, responsabilidad, servidores, debe, legislador, dolo, proceso]

Debido proceso disciplinario; principio de contradicción; oportunidad paa controvertir la prueba; oportunidad para rendir exposición; Ley 200 de 1995, Arts. 80, 84, 130 y 147 parciales - [Resumen automatizado: La simple comunicación del auto que inicia la investigación preliminar, cuando ésta tiene lugar, o de lo contrario del auto que inicia la investigación disciplinaria, en manera alguna garantiza al disciplinado la posibilidad de concurrir al trámite para solicitar pruebas, controvertir las aducidas, y en general ejercer su derecho de defensa en estos estadios procesales, toda vez que las normas del Código Disciplinario Único no señalan de manera precisa la forma en la cual deben realizarse las "simples comunicaciones", por lo cual no se asegura que sean efectivamente conocidas, ni que el contenido de las decisiones que pretenden "comunicar" pueda ser controvertido. || En efecto, cuando esta norma establece que el investigado puede controvertir las pruebas a partir del momento de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria, está consagrando el ejercicio de este derecho para la etapa que se inicia una vez se ha establecido por el investigador la existencia de la falta y del posible autor del ilícito disciplinario (art. || 4. El artículo 80 de la Ley 200 de 1995, cuya constitucionalidad ahora se examina, en la parte no acusada le reconoce a la persona investigada dentro del proceso disciplinario el derecho a conocer las diligencias que se adelantan en su contra, tanto en la etapa de indagación preliminar, como en la investigación disciplinaria, a fin de que pueda controvertir las pruebas que se alleguen así como solicitar aquellas otras que estime pertinentes.] - [Palabras claves: proceso, derecho, investigación, disciplinaria, corte, defensa, contradicción, pruebas, ley, indagación, investigado, personal]

RÉGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PÚBLICA, Sólo pueden comprender regulaciones íntimamente vinculadas con objeto específicol. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 175 y 177 (parciales) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Los criterios jurisprudenciales citados son predicables de los apartes acusados de los artículos 5° y 177 del C.D.U., por cuanto estos preceptos, al hacer referencia directa al alcance y vigencia de los regímenes especiales disciplinarios de la fuerza pública, están en íntima conexión con el contenido del artículo 175 ibídem que limita la aplicación de los estatutos propios de los militares y policías al aspecto sustancial, remitiendo, para efectos del trámite procesal, a los principios rectores y al procedimiento general contenido en el C.D.U. Sin embargo, los regímenes especiales disciplinarios sólo pueden comprender las regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico. || La acción pública de inconstitucionalidad tiene como único propósito el ejercicio del control constitucional sobre las normas que han sido formalmente acusadas por los ciudadanos y, en manera alguna, puede ser utilizada como trampolín para controvertir decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos del artículo 243 de la Constitución Política. || El magistrado sustanciador, por Auto del 2 de abril de 1998, resolvió admitir la demanda contra los artículos 5° y 177 del C.D.U. y rechazarla respecto del 175 ibídem, por existir sobre la misma pronunciamiento de la Corte que hace tránsito a cosa juzgada constitucional (Sentencia C-310 de 1997, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz).] - [Palabras claves: disciplinario, artículos, miembros, pública, corte, disciplinarios, régimen, procedimiento, especial, especiales, fuerza, constitución]

DERECHO DISCIPLINARIO, Contenido - INDAGACION DISCIPLINARIA, Contenido - PRINCIPIO DE CONTRADICCION PROBATORIA EN PROCESO DISCIPLINARIO - PROCESO DISCIPLINARIO, Etapas - PROCESO DISCIPLINARIO, Oportunidad para controvertir la prueba - PROCESO DISCIPLINARIO, Oportunidad para rendir exposición espontánea - QUEJA EN PROCESO DISCIPLINARIO. Acción de inconstitucionalidad contra los Artículos 77 (parcial), 130 (parcial) y 147 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Negarle al disciplinado o investigado la posibilidad de acceder al informativo, alegando que sólo se le puede permitir dicho acceso a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según los términos del numeral 2 del artículo 77 acusado, es una conducta que desconoce los derechos de contradicción y defensa del disciplinado en cuanto le impide a este conocer las pruebas allegadas en su contra, entre éstas, el escrito de queja o su eventual ampliación. || - El demandante encuentra una evidente contradicción de los artículos 77 y 130 de la ley 200/95 con el artículo 80 de la misma ley, porque mientras el numeral 2 del primer artículo dispone que el investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de los cargos, y el 130 señala que se podrá controvertir la prueba a partir de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria, el artículo 80 es mucho más amplio, al punto que extiende la facultad del investigado para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar las que estime el caso, tanto en la etapa de la indagación preliminar como en la de la investigación disciplinaria.] - [Palabras claves: derecho, investigación, disciplinaria, indagación, disciplinario, defensa, normas, investigado, pruebas, proceso, contradicción, manera, controvertir, norma]

Proceso disciplinario vs. proceso penal. Acción disciplinaria. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2o. del artículo 2o., artículo 6o, parágrafo 1o. del artículo 34, inciso 3 parcial del artículo 61, numeral 1o parcial del artículo 66 y artículo 135 parcial de la ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: "En síntesis, las normas anteriores, interpretadas armónicamente, deben ser entendidas en el sentido de que, no siendo admisible que a una misma persona la puedan investigar y sancionar disciplinariamente dos organismos distintos, salvo expreso mandato de la Constitución, los funcionarios de la Rama Judicial -esto es aquellos que tienen a su cargo la función de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de los que gozan de fuero constitucional)- pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a menos que se produzca el indicado desplazamiento hacia el control externo de la Procuraduría. || El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero y a los empleados de la misma, tampoco vulnera el Estatuto Superior, siempre y cuando en el caso de los funcionarios dicha competencia "no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (art. || El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero y a los empleados de la misma, tampoco vulnera el Estatuto Superior, siempre y cuando en el caso de los funcionarios dicha competencia "no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (art.] - [Palabras claves: disciplinaria, funcionarios, disciplinario, poder, general, acción, consejo, nación, superior, ley, funciones, procuraduría, judicatura]