La llamada defensa material en el derecho disciplinario es la que lleva a cabo personalmente el imputado o investigado, y consiste en la facultad que este tiene de controvertir las hipótesis fácticas y jurídicas atribuidas en su contra dentro del trámite sancionatorio. La defensa técnica, es ejercida por un abogado, que debe desplegar una actividad científica, encaminada a representar y asesorar técnicamente al investigado sobre sus derechos y deberes. Estas dos modalidades del derecho de defensa no son excluyentes sino complementarias. No puede aceptarse que la defensa material implique el desconocimiento de la importancia de la defensa técnica, pues, una vez que esta es solicitada en un procedimiento disciplinario, se constituye en un presupuesto de validez de las decisiones que allí se adopten. En la Ley 734 de 2002 puede observarse que las notificaciones personales que deben practicarse con el sujeto disciplinable son las de las decisiones de apertura de indagación preliminar, investigación, y el acto sancionatorio, ya que, en lo que tiene que ver con el pliego de cargos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 ibidem, esa determinación se le puede dar a conocer, optativamente, al investigado o a su apoderado, en todo caso, esa exigencia se entenderá satisfecha con el primero que se presente para tales efectos

Se confirmó decisión del aquo, que declaró la nulidad de los actos que le impusieron como sanción disciplinaria, la destitución o separación absoluta de la Policía Nacional al demandante, en razón, que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos no puso en conocimiento la decisión que le impuso la sanción desconociendo el debido proceso, puesto que al no haberle notificado el acto no produce efectos y por tanto no se podía expedir el acto de ejecución. Jurisdicción rogada. Prohíbe examinar pretensiones diferentes a las invocadas en la demanda. Excepción. Debido proceso. Principio de legalidad. Aplicación inmediata. Acto administrativo. Requisitos para su validez. Los defectos que lo hacen ineficaz no generan su nulidad. Notificación del acto administrativo. Ineficacia. Forma personal. Proceso disciplinario. Notificación del acto que impuso sanción. Notificación Procedimiento. Presupuesto necesario. Al no quedar ejecutoriado el acto, no puede ser comunicado al nominador, ni expedir el acto de ejecución

El estudio previo en el proceso de contratación pública es un deber legal de la administración que se debe cumplir antes de la apertura de la licitación, su violación incide en la formación del contrato y en la etapa de ejecución. La notificación de las decisiones administrativas que imponen una sanción disciplinaria, se deben surtir de acuerdo con lo estipulado en la Ley 734 de 2002 por ser normas expresas especiales, por tanto, no le es aplicable la forma de notificación que estipula el Código de Procedimiento Penal a dichas decisiones a pesar de que el disciplinado este privado de la libertad. Prueba decretada. Si no se práctica la parte solicitante debe insistir en la práctica o hacer uso de los recursos previstos. Doble instancia. Por necesidad de preservar el principio de legalidad. Posibilidad de corregir errores del juez o de la administración. El Procurador General es la máxima autoridad de la Procurador General de la Nación y el jefe del Ministerio Público ante lo cual no tiene instancia superior. Indagación preliminar de la investigación disciplinaria. El incumplimiento de los términos no afecta las garantías constitucionales. Falsa motivación por falta de tipificación de la conducta. No motivado ni alegado en la demanda