La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al personero municipal de Santiago de Tolú, Sucre, por considerar que se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo conforme a restricción contenida en el artículo 174 literal b) de la ley 136 de 1994, la cual establece que "No podrá ser elegido personero quien: Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio". Decisión que el Consejo de Estado estimó equivocada comoquiera que vulnera el principio de legalidad de la falta disciplinaria. Es posible disciplinar a aquellos sujetos que adquieran la condición de servidores públicos, muy a pesar de que el ejercicio de las funciones tenga lugar de forma posterior o que incluso la conducta a reprochar nada tenga que ver con las funciones, pero sí con el cargo, tal y como sucede con una falta relacionada con la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades. En efecto, a partir de la diferencia entre las dos nociones, se llegará a la conclusión de que no toda falta disciplinaria necesariamente está relacionada con las respectivas funciones del cargo que se ostenta; basta, en consecuencia, que el reproche esté relacionado con la condición de servidor público

Fue confirmada sanción disciplinaria de suspensión por 90 días e inhabilidad por el mismo periodo impuesta a funcionaria del ICBF, una vez corroborada la existencia de los elementos cognitivo y volitivo de su conducta calificada en el pliego de cargos a título de dolo. Para que una conducta sea imputada a título de dolo, el servidor público tuvo que haber tenido conocimiento de que su acción u omisión generaba una infracción al deber funcional (elemento cognoscitivo), pese a que le correspondía actuar conforme a éste y orientar su voluntad a la realización del hecho (elemento volitivo). En este caso no puede aceptarse, como criterio determinador de la culpa, el no actuar con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio de su función la disciplinada se trata de una funcionaria con experiencia en su empleo, por lo que se esperaba de ella una mayor diligencia y cuidado en sus actuaciones, no siéndole exigible la diligencia y cuidado de una persona del común, pues como mínimo se le exigía conforme al Decreto 2737 de 1989, acatar su deber de dar apertura al proceso administrativo al verificarse la situación irregular en que se encontraba el menor (art. 57), aspecto que lleva a señalar que la conducta grave se desplegó con culpa grave, esto ocurre por las limitaciones impuestas a la luz de la Ley 200 de 1995, que no contempló las modalidad de culpa gravísima para la comisión de esa falta, pues de lo contrario esta sería la aplicable

Se negaron las pretensiones de la demanda que interpuso el exsubdirector general jurídico del IDÚ Inocencio Meléndez Julio contra la destitución e inhabilidad de 17 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación en el 2011, por irregularidades en el desarrollo del proyecto de la fase III de Transmilenio. Para la Sala, la actuación de la Procuraduría se ajustó a los procedimientos legales, porque con la anuencia del exfuncionario se eliminaron requisitos de los anticipos para el desarrollo de la obra, con el fin de facilitar el acceso del contratista a estos dineros. Según el expediente, el contratista había incumplido con algunas exigencias, como la de programar la obra y metas de obra física y la de disponer de información sobre evaluación y revisión de estudios y diseños suministrados por el IDU. Sin embargo, con la intervención del investigado, tales previsiones fueron suprimidas, lo cual, dificultó el control y vigilancia del interventor del contrato sobre el anticipo. También sin justificación se omitió el deber de convocar una licitación pública, y el demandante aprobó jurídicamente lo que posteriormente se convirtió en la adición a cuatro contratos de obra y cinco proyectos de valorización por más de 70.000 millones de pesos, que eran independientes entre sí y no eran indispensables para la adecuación de la carrera 10 y la calle 26 al sistema Transmilenio

Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad. El Consejo de Estado declaró legal la destitución e inhabilidad de 12 años que le impuso la Procuraduría a la comisaria de familia II de Madrid (Cundinamarca), por no haber tomado las medidas pertinentes para restituir los derechos de una menor que murió en un caso de violencia intrafamiliar que se registró en ese municipio en el 2012. Se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la exfuncionaria. Para la Sala el proceso disciplinario puso en evidencia que la exfuncionaria no actuó oportunamente para proteger a la menor, pese a evidencias científicas y testimonios sobre el maltrato severo del que era víctima. La titular de la Comisaría ha debido ordenar el retiro de la menor del seno de su hogar (como lo permite el numeral 2 artículo 53 del Código de Infancia o Adolescencia), pero no lo hizo. No fue diligente, eficaz, oportuna ni sensible la actitud de la accionante frente al manejo legal de la grave situación que padecía la menor, la actora en condición de autoridad de familia tenía plenas facultades legales para adoptar medidas más eficaces para el restablecimiento de derechos violadas". Para la Sala la actuación de la comisaria corrobora la responsabilidad disciplinaria, en cuanto su comportamiento denota negligencia, descuido y hasta ignorancia supina en el cumplimiento de su función. El funcionario interno de la comisaria de familia no es atomizado, puesto que no está estructurada en dependencias aisladas entre sí de forma tal que puedan excusarse de alcanzar la misión constitucional y legal asignada. Los actos por medio de los cuales se hizo efectiva la destitución e inhabilidad de la excomisaria de Familia no dieron lugar a una violación a las normas superiores, ni fueron expedidos con falsa motivación ni desviación de poder, ni irregularmente, pues originaron una sanción que no se muestra arbitraria, caprichosa o desproporcionada

¿Se infringe la incompatibilidad estatuida en el artículo 39, numeral 1, literal b de la Ley 734 de 2002 al actuar como apoderado o mandatario judicial y simultáneamente se ostenta y ejercen las funciones de concejal del mismo municipio demandado? El artículo 39, numeral 1, literal b de la Ley 734 de 2002 solo exige que el servidor público de elección popular simplemente actúe como apoderado o gestor ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales. El verbo rector del tipo que consagra la incompatibilidad es "actuar" cuyo significado es obrar y comportarse de una determinada manera. Es decir, la precitada norma no exige que para incurrir en el supuesto fáctico de la incompatibilidad prevista en ella, se deba tener claramente la condición de apoderado o gestor sino que basta que el servidor público actúe o se comporte como apoderado, sin que realmente lo sea. Ese es el fin deóntico del citado artículo 39, numeral 1, literal b de la Ley 734 de 2002, de evitar que un servidor público de elección popular actúe o se comporte como un apoderado o gestor ante las entidades establecidas en la norma, simultáneamente con el ejercicio de la función pública encomendada por sus electores, porque tal comportamiento lesiona los bienes jurídicos de la moralidad, imparcialidad, transparencia y buen funcionamiento de la administración pública

La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades es reprochable tanto a quien incurre en la inhabilidad como de quien debe abstenerse a su celebración - Si bien es cierto la Ley 734 de 2002 (artículo 48, numeral 30), de manera más clara señala que constituye una falta disciplinaria gravísima la celebración de contrato estatal con persona que esté incursa en inhabilidad o incompatibilidad, dicha conducta, también está prevista como una falta gravísima en el artículo 25, numeral 10º de la Ley 200 de 1995, en tanto a partir de esta norma, en interpretación de la Sala, no sólo se reprocha la actitud de quien incurre en la incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, sino también de aquel que a pesar de tener conocimiento de que las personas involucradas en determinado asunto no pueden hacer parte del mismo por disposición del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, decide actuar en la actuación correspondiente

La cónyuge del presidente del Concejo Municipal no se encuentra inhabilitada para ser elegida alcalde del mismo - El presidente del concejo municipal si bien tiene la connotación de servidor público, no tiene la calidad de funcionario público, y por ende no está investido de autoridad, jurisdicción, ni mando, razón por la cual de acuerdo con los precedentes reiterados de esta Corporación, la demandante no se encontraba inhabilitada para inscribirse, ser elegida y designada alcalde del municipio

Se confirma la sanción disciplinaria que destituyó del cargo de Secretaria General de la Asamblea Departamental del Tolima a la demandante, por cuanto se posesionó estando incursa en edad de retiro forzoso. Edad de retiro forzoso. 65 años de edad. Cargo de libre nombramiento y remoción. Posesión en el cargo de Secretaria de la Asamblea Departamental habiendo superado la edad de retiro forzoso.

La destitución es una forma de retiro del servicio público, pero al mismo tiempo es la máxima sanción que puede imponerse a un empleado. Por revestir ese carácter sancionatorio debe estar precedida y debidamente fundamentada en un proceso disciplinario. Proceso disciplinario - Sanción de destitución del cargo. Sanción de inhabilidad para ejercer funciones públicas. Falta grave. Suspensión provisional del cargo. Reintegro al cargo