[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente, || Mediante Sentencia del trece (13) de febrero de 2006, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá negó el amparo invocado al considerar que los hechos que originaron la presente acción han sido superados y, en consecuencia, se encuentra satisfecha la pretensión invocada en la demanda, pues la petición elevada por la señora Ospina García el día 29 de noviembre de 2005, fue respondida durante el trámite de la acción de tutela. || De conformidad con las consideraciones precedentes, esta Sala procederá a revocar el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, y en su lugar concederá el amparo solicitado, ordenando al Liceo Julio César García, si aún no lo ha hecho, notificar la respuesta de la petición elevada por la señora Margarita Ospina García el día 29 de noviembre de 2005. || Segundo: ORDENAR al Liceo Julio César García, que si aún no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, notifique la respuesta de la petición elevada por la señora Margarita Ospina García el día 29 de noviembre de 2005.] - [Palabras claves: petición, derecho, respuesta, tutela, noviembre, fundamental, acción, institución, día, año, copia, bogotá]

[Resumen automatizado: En el caso presente, el actor afirma que en el proceso disciplinario que en su contra inició la Procuraduría General de la Nación se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al buen nombre, debido a que: a) Se desconoció el principio del juez natural que rige el derecho sancionatorio, puesto que, en su concepto, para que el Procurador General de la Nación pueda desplazar la competencia para la investigación disciplinaria de los distintos funcionarios públicos prevista en la ley, es necesario que proceda mediante acto administrativo debidamente notificado y en el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, numeral 19 del Decreto 262 de 2000, se indiquen las razones de gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho que justifiquen ese desplazamiento, lo cual no habría ocurrido en este caso; b) Se desconoció su derecho a rendir versión libre dentro de la investigación preliminar, como quiera que no existió providencia que hubiese dispuesto la investigación preliminar y, por consiguiente, no hubo advertencia de la autoridad investigadora al investigado sobre su derecho a rendir esa versión libre; c) Se le han vulnerado sus derechos de contradicción y de defensa, debido a que, no obstante que se adoptó la decisión de suspenderlo provisionalmente, no se le ha notificado el acto administrativo expedido por la Procuraduría, y resulta contraria al debido proceso la citación para notificarse en Bogotá, fuera de su domicilio y de la sede de la entidad en la que presta sus servicios, y d) Se violó la reserva que tiene el proceso disciplinario y el derecho al buen nombre, por cuanto la decisión de abrir investigación disciplinaria en su contra y suspenderlo provisionalmente fue dada a conocer a los medios de prensa, los cuales la hicieron pública, antes de que le hubiese sido notificada.] - [Palabras claves: general, nación, investigación, procurador, proceso, disciplinaria, derecho, ley, funcionario, suspensión, auto, disciplinario, decisión]

Investigación disciplinaria contra mayor del ejercito. Violación al derecho de defensa - no se siguió el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002, Artículo 165, para variar la calificación. Concedida - [Resumen automatizado: dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá y del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite de la Acción de tutela instaurada por Sonia Bonilla de Vega en contra de la Décima Segunda Brigada del ejército Nacional. || En algún momento no existe fecha cierta sobre este punto- y antes del 31 de julio de 2002, el Comandante de la Décima Segunda Brigada (no queda claro si fue el General de la Brigada o el Coronel William Fernando Pérez Laiseca Comandante encargado), dio la orden de prohibir la salida por la acceso principal de la casa A-03, debiendo en todo momento utilizar el acceso interno. || 2.5 El día 2 de agosto de 2002 se “enteró” a la demandante de una orden del Coronel William Fernando Pérez Laiseca, consistente en prohibirle la salida de la guarnición sin previa autorización del Comando Superior, debido a que las FARC tenía previsto “hacer seguimientos y vigilancia a personal militar, como oficiales superiores, para posteriormente asesinarlos”.] - [Palabras claves: demandante, falta, proceso, mayor, día, procedimiento, órdenes, defensa, derecho, orden, julio, corte, decisión, puerta, calificación]