[Resumen automatizado: El 19 de diciembre de 2013 la señora Clemencia Guzmán Martínez, actuando a nombre propio y como agente oficioso del señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá, interpuso acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación por considerar vulnerados los derechos fundamentales a elegir y ser elegido y a participar en el ejercicio y control del poder político. || Menciona que con la decisión de la Procuraduría se está desconociendo el precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la sentencia mediante la cual se resolvió el caso del señor Leopoldo López Mendoza contra la República Bolivariana de Venezuela, donde se estableció la responsabilidad del Estado por la violación del derecho del demandante a ser elegido, al serle impuesta la sanción de inhabilidad por parte de una autoridad administrativa que no era competente para ello. || En esa medida, la sanción impuesta por el Procurador General de la Nación al señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá, no vulnera el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político de la accionante quien ejerció el derecho al sufragio en las pasadas elecciones locales (artículo 40 de la Constitución Política), en tanto fue impuesta por una autoridad revestida de la competencia para ello.] - [Palabras claves: derecho, derechos, ejercicio, tutela, acción, protección, corte, representación, funciones, fundamentales, constitución, efectiva, procuraduría]

[Resumen automatizado: Solicita además de la revocatoria de los fallos de primera y segunda instancia adoptados en el proceso disciplinario seguido en su contra, la aplicación del derecho a la igualdad respecto de tres casos similares en los que la Procuraduría General de la Nación ha adoptado una decisión más benévola, teniendo en cuenta para ello los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre la doctrina probable sobre un mismo punto de derecho y no de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como lo argumentó la accionada al momento de expedir el fallo. || A juicio de la Sala, no se presenta el perjuicio irremediable alegado por el actor con la imposición de la sanción de inhabilitación general de 10 años para ejercer cargos públicos que le impidió continuar desempeñándose en el cargo de Director de Control Interno de la Beneficencia de Antioquia, puesto que tal limitación se produjo precisamente como consecuencia lógica del proceso disciplinario y no se evidencia inminencia o urgencia que amerite la intervención del juez constitucional, ni tampoco se observan circunstancias externas indicativas de la vulneración de las garantías constitucionales puesto que el disciplinado ejerció el derecho de defensa para lo cual aportó pruebas, presentó los alegatos de conclusión, interpuso los recursos contra las actuaciones y además tenía a su alcance los medios idóneos de defensa judicial distintos de la acción de tutela, que no ejerció.] - [Palabras claves: acción, tutela, perjuicio, corte, actor, sanción, derechos, mecanismo, fundamentales, derecho, judicial, disciplinaria, procuraduría]

¿Debe cumplirse fallo que revoca las decisiones que declaraban la nulidad en la elección de alcalde, y ordena la posesión como alcalde hasta completar el término para el cual fue elegida; cuando en el momento de producirse el fallo ya se había nombrado reemplazo por medio de nuevas elecciones populares? Concedida. Mediante este fallo la Corte no cambia jurisprudencia. En las sentencias SU-680-98 y SU-168-99 (a que se hace referencia en este fallo) no se trata sobre la ejecución de las decisiones judiciales en materia electoral. La Sala no se pronuncia sobre el proceso electoral que culminó con la designación del reemplazo del actor. Investigación disciplinaria contra el gobernador al propiciar una elección popular estando por decidir judicialmente la validez de otra - [Resumen automatizado: Por razones similares a las antes expuestas, el 11 de abril de 2002, con ocasión de la función de revisión respecto de una sentencia de tutela proferida el 13 de noviembre de 2001 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la que denegó el amparo solicitado por el señor Servando Córdoba Córdoba acción promovida en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado- la Corte Constitucional revocó el fallo de tutela impugnado y, en su lugar, concedió la tutela deprecada por el actor, como mecanismo transitorio de protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y a la igualdad, hasta tanto se fallara el presente recurso extraordinario de súplica el que fue interpuesto por el actor con antelación al ejercicio de la acción de tutela.”[6] || Lo anterior no constituye un cambio en la jurisprudencia constitucional, antes por el contrario, se trata de reiterar la ratio juris sobre el periodo de alcaldes y gobernadores que indica que los mandatarios seccionales válidamente elegidos deberán regir los destinos de sus comunidades por el lapso que la Carta Política señala, tal como se desprende de las sentencias SU-640 de 1980 y SU-168 de 1999, insistentemente mencionadas en este asunto, proferidas por la Sala Plena de esta Corporación para restablecer el derecho al ejercicio del cargo de alcaldes a quienes se le negaba el derecho, desconociendo la cosa juzgada y la doctrina constitucional sobre el punto.] - [Palabras claves: sala, sentencia, consejo, elección, derecho, actor, alcalde, cargo, derechos, antioquia, tutela, corte, constitucional]