[Resumen automatizado: PREVIO ESTABLECIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO, LA CORTE REITERÓ SU JURISPRUDENCIA ENRELACIÓN CONLA CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO, SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.IGUALMENTE, ESTABLECIÓ LA COMPETENCIA DE LA JEPEN RELACIÓN CON LOSTERCEROS CIVILES Y LA EXCLUSIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES || Le correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar ¿Si la providencia judicial del 27 de marzo de 20191, proferida por la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechazó por falta de competencia la comparecencia del señor Dorian Jaime Mejía Galeano, incurrió en (i) una violación directa de la Constitución, por desconocer el alcance normativo de los artículos transitorios 1° y 16 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017; (ii) un defecto sustantivo, al realizar una interpretación que limita el ingreso de terceros civiles a la JEP y, al realizar una interpretación inadecuada de los requisitos contemplados en los artículos 3º de la Ley 1820 de 2016 y 11 de la Ley 1922 de 2018; o (iii) un defecto fáctico, por la inadecuada valoración de las pruebas que se aportaron en el expediente que, según indica el actor, hicieron concluir erróneamente en la providencia atacada que su colaboración con los grupos paramilitares se extendió al hacer parte de la estructura criminal organizada?] - [Palabras claves: jep, corte, sala, jurisdicción, competencia, tutela, legislativo, paz, especial, plena, terceros, acto, revisión, judicial, ley, providencia, constitución, sometimiento]

[Resumen automatizado: LA CORTE DETERMINÓ QUE EN EL CASO CONCRETO LA SENTENCIA DE CASACIÓN GARANTIZÓ EL DERECHO A LA DOBLE CONFORMIDAD DEL TUTELANTE, QUE PUDO ENCAUSAR SUS DISCREPANCIAS RESPECTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA POR MEDIO DE LOS CARGOS FORMULADOS, COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN || Por intermedio de apoderado judicial, Miguel Ángel Nule Amín interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para exigir la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, específicamente, a la doble conformidad, y al derecho a la igualdad. || En razón al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 30 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en contra de la precitada decisión, el 6 de abril de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, y condenó a Miguel Ángel Nule Amín a la pena principal de 345 meses de prisión.] - [Palabras claves: sala, corte, conformidad, doble, casación, justicia, decisión, cartagena, sentencia, penal, suprema, distrito, tribunal, derecho]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó los fallos de tutela proferidos por las Secciones Primera y Segunda del Consejo de Estado, dentro de la acción constitucional instaurada por Libardo Enrique García Guerrero contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en sentencias del 16 de noviembre de 2011, 20 de febrero de 2012 y 2 de mayo de 2018, anuló la elección, decretó la pérdida de investidura y negó el recurso extraordinario de revisión, respectivamente. || En el presente caso, se plantearon los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿es procedente la acción de tutela contra las providencias del 20 de febrero de 2012, 16 de noviembre de 2011 y 2 de mayo de 2018, proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el marco de los procesos de nulidad electoral, pérdida de investidura y recurso extraordinario especial de revisión adelantados a propósito de la elección de Libardo Enrique García Guerrero como representante a la cámara?.] - [Palabras claves: sala, plena, consejo, investidura, pérdida, sentencia, contencioso, corte, proceso, administrativo, decisión, acción, estado, tutela]

[Resumen automatizado: El 26 de septiembre de 2019 el ciudadano Jack Khoudari Amram y otros[4] ex trabajadores y acreedores del primer orden de la sociedad Textiles Konkord S.A.[5], mediante apoderado judicial, formularon acción de tutela contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2016 por Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la cual se resolvió casar la providencia dictada el 11 de julio de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo de primera instancia adoptado el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, en el que se negaron las pretensiones incoadas en un proceso de resolución de contrato de compraventa. || Según los antecedentes reseñados en este pronunciamiento, corresponde a la Sala Plena determinar si la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2016 adolece de alguna de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, específicamente la supuesta configuración de (i) defecto fáctico desde una errada o inexistente valoración probatoria, (ii) defecto sustantivo por una interpretación contraevidente la Ley 550 de 1999 y demás normas sustanciales comerciales, y (iii) desconocimiento del precedente constitucional al omitir la aplicación de los principios de universalidad, colectividad e igualdad que rigen los procesos concursales, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo del señor Jack Khoudari Amram, en calidad de acreedor interno, socio y miembro de la Junta Directiva de Konkord S.A., en liquidación, y de los demás accionantes[66], ex trabajadores y acreedores del primer orden de Konkord S.A.] - [Palabras claves: proceso, acuerdo, corte, sala, suprema, casación, sentencia, justicia, ley, tutela, civil, derechos, judicial]

[Resumen automatizado: El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali profirió sentencia de primera instancia en la que le otorgó la pensión sustitutiva a la actora, pues fue esposa del causante y tuvo dos hijos con él; además concluyó que era evidente el mutuo apoyo entre la pareja por cerca de 24 años. || La magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER y magistrados ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO, JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS y ALBERTO ROJAS RÍOS salvaron su voto al considerar que la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en defecto sustantivo al no tener en cuenta que, conforme a la norma vigente para el momento del fallecimiento del pensionado, y a la jurisprudencia relativa a la misma disposición (artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original), el requisito de convivencia mínima de dos años con anterioridad a la muerte del señor Luis Lisandro Navia no le era exigible a la señora Brenda Lucía Alviar de Navia dado que ella probó que con el causante procreó dos hijos y su vínculo conyugal permanecía vigente.] - [Palabras claves: sala, convivencia, pensión, dos, justicia, decisión, corte, sentencia, años, suprema, casación]

[Resumen automatizado: AL CONSTATAR LA EXISTENCIA DE UN DEFECTO FÁCTICO EN SENTENCIA PROFERIDA EN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, LA CORTE CONSTITUCIONAL ORDENÓ LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA QUE, CON FUNDAMENTO EN LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS, TASE LOS PERJUICIOS PROBADOS || DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia SC2758-2018 del 16 de julio de 2018, proferida, en sede de casación, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual adelantado por Arrocera Potrerito S.A.S. contra Cementos Diamante del Tolima S.A. y Cementos Diamante de Ibagué S.A., ahora CEMEX Colombia S.A. || La Corte encontró que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia con la sentencia del 16 de julio de 2018, incurrió en un defecto fáctico debido a la falta o indebida valoración probatoria, y por exceso de ritual manifiesto, razones por las cuales no casó la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual por los daños causados como consecuencia de la contaminación ambiental producida por Cementos Diamante del Tolima S.A. y Cementos Diamante de Ibagué S.A., ahora CEMEX Colombia S.A.] - [Palabras claves: justicia, corte, casación, sala, proceso, suprema, civil, responsabilidad, sentencia, tutela, debido, proferida]

[Resumen automatizado: La señora María Alicia Murillo Murillo consideró que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al expedir la sentencia en mención, incurrió en un defecto sustantivo por dos razones: (i) contrariar directamente el artículo 42 de la Constitución y (ii) desconocer el precedente de la Corte Constitucional en torno al reconocimiento igualitario de la sustitución pensional en beneficio de la cónyuge y la compañera permanente, conforme la cláusula general de no discriminación por razón del origen familiar, máxime si en esta ocasión el causante mantuvo de manera coetánea a su relación matrimonial, una unión de hecho con ella y en ningún momento culminó ningún vínculo sentimental. || DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, el 31 de mayo de 2012, en segunda instancia, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 31 de octubre de 2012 y, en sede de casación, por la Sala de Descongestión No. 4 de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de noviembre de 2018, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por María Alicia Murillo contra la Nación -Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS, en el que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional del causante Sebastián Torres Montaño.] - [Palabras claves: sala, corte, cónyuge, permanente, compañera, sustitución, casación, momento, prestación, causante, constitucional, constitución, decisión]

[Resumen automatizado: NO OBSTANTE QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL NEGÓ EL AMPARO SOLICITADO EN DOS ACCIONES DE TUTELA INSTAURADAS CONTRA LA JEP POR LA DEMORA EN DECIDIR SOLICITUDES DE SOMETIMIENTO A ESA JURISDICCIÓN Y DEL BENEFICIO DE LIBERTAD, EXHORTÓ AL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA JEP PARA QUE CONFORME AL REGLAMENTO, MANTENGA LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LAS MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN Y AJUSTE CUANDO SEA NECESARIO, LOS PLANES QUE HAN SIDO ADELANTADOS POR LA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS || 1. La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió las acciones de tutela presentadas por los señores Víctor Alfonso Santos Ospina y Román Aristizábal Vasco, en las que se solicitó el amparo de los derechos de petición, debido proceso y acceso de la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz. Alegaron los accionantes que presentaron escrito de sometimiento ante la JEP y solicitaron el beneficio de libertad libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin tener respuesta por parte de la entidad accionada al momento de presentar la acción.] - [Palabras claves: sala, justicia, jep, debido, jurídicas, definición, beneficio, sentencia, proceso, administración, situaciones, libertad, acceso, plena, paz]

[Resumen automatizado: A su juicio, en este caso, la Sala de Descongestión No. 1 de la Sala Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto fáctico al casar la sentencia de segunda instancia, desconociendo el precedente jurisprudencial sostenido de esa Corporación, según el cual, si bien no puede considerarse que la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa tenga un carácter sancionatorio que exija en principio la aplicación de un procedimiento, el empleador debe garantizar el derecho del trabajador a ser escuchado en relación con los hechos que motivan el despido y poder dar su versión a este respecto, en ejercicio de su derecho de defensa. || Aunque la Sala Plena en esta sentencia de unificación precisó las garantías obligatorias que deben rodear el ejercicio de la facultad del empleador para dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral con fundamento en causales legales, garantías entre las cuales está el derecho del trabajador a ser oído sobre su versión de los hechos, lo cual no tuvo lugar en el caso concreto, terminó por negar la tutela invocada por el accionante, que en concepto del magistrado Lizarazo, debía haberse concedido, en aplicación de los precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: corte, contrato, derecho, sala, trabajador, trabajo, sentencia, justicia, terminación, suprema, respecto, decisión]

[Resumen automatizado: En sesión virtual del 1° de octubre de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió confirmar las sentencias de tutela de la Corte Suprema de Justicia que negaron la acción de tutela promovida en contra de una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en la que se precluyó por prescripción un proceso penal por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. || Indicaron que la interpretación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, aplicada en el caso concreto por el Tribunal Superior de Barranquilla, constituye una fórmula cuestionable porque, en la práctica, se trataría de impulsar una formulación de imputación o un pliego de cargos lo más cercano posible a la noticia criminal, para causar el efecto contraproducente de reducir significativamente los términos de prescripción y burlar así los propósitos del Legislador. || Ante las diversas interpretaciones posibles de la ley (el inciso tercero del artículo 83 del Código Penal), reconocidas por la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, constitucionalmente era indispensable valorar y optar por un entendimiento de la norma que respondiera a un verdadero equilibrio entre los intereses contrapuestos (los de la víctima menor de edad y los del procesado).] - [Palabras claves: penal, edad, prescripción, acción, derechos, proceso, años, corte, sala, interpretación]

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, al evidenciar que la providencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró constitucional la consulta popular relacionada con la ampliación de la explotación minera por fuera de las zonas donde se desarrolla esa actividad en el Municipio de Cogua Cundinamarca-, configuró los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente. || La Sala Plena encontró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los peticionarios, por cuanto incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, al haber declarado constitucional la consulta popular relacionada con la ampliación de la explotación minera por fuera de las zonas donde se desarrolla esa actividad en el Municipio de Cogua Cundinamarca-, dentro del trámite de revisión previa de constitucionalidad de dicha consulta popular, con radicado número 2018-00311.] - [Palabras claves: tribunal, popular, corte, constitución, cundinamarca, consulta, competencias, b, explotación, sentencia, derechos, proceso, minera, directa, principios, tutela, administración, administrativo]

Consejo de Estado desconoció artículo 257A superior, lo que conllevó bloqueo institucional inconstitucional respecto a la consolidación definitiva de la jurisdicción disciplinaria. Como el Consejo de Estado se separó de la interpretación material de la norma constitucional mencionada establecida en la sentencia C-285 de 2016, y desconoció que la Corte Constitucional modificó la autoridad que debía adelantar el procedimiento de convocatoria pero no así el procedimiento que debía surtirse para hacer efectiva la configuración de la CNDJ en el término de un año previsto en la norma constitucional, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo desconoció finalmente el artículo 257A de la Carta, que debía ser interpretado y valorado en consideración a la ratio decidendi de la decisión constitucional vinculante previamente reseñada. Esta Corporación concluye que el artículo 257A de la Carta no es una norma incompleta, ni se enfrenta a un vacío normativo que obligue al intérprete a acudir a la regla general del artículo 126 superior, teniendo en cuenta que el régimen al que alude su parágrafo, acoge el espíritu de la reforma del constituyente de acuerdo con la Sentencia C-285 de 2016. Y en ese sentido, integra a la norma constitucional el procedimiento transitorio previsto en la reforma para la selección de los miembros de la CNDJ, conforme a lo dispuesto por el constituyente. En consecuencia, la regulación de la "convocatoria pública reglada" corresponde ahora al CSJ, para la designación de las ternas que le competen para integrar la CNDJ - [Resumen automatizado: Las diferentes razones anteriores, en consecuencia, llevan a la Sala a concluir que dada la relevancia constitucional que tiene la decisión cuestionada al plantear una perturbación al esquema de control constitucional previsto en la Carta de 1991 derivada de la interpretación particular de la Constitución que el Consejo de Estado realizó en la sentencia de nulidad por inconstitucionalidad acusada, se cumplen los requisitos enunciados que habilitan la procedencia excepcional de la tutela en estos casos dado que: (i) para varios de los intervinientes, la interpretación enunciada supone una interpretación contraria a la cosa juzgada constitucional y en particular al artículo 257A de la Constitución y (ii) existe un nexo causal entre la interpretación y la perturbación enunciada, lo que implica en realidad la constatación de un "bloqueo institucional inconstitucional" derivado de esa actuación judicial, que ha generado la suspensión en la aplicación efectiva de artículos constitucionales, la falta de integración de órganos constitucionales al engranaje superior, la suspensión en la realización de las funciones constitucionales de otros y la integración de órganos institucionalmente definidos, todos, hechos que habilitan la competencia de la Corte para conocer de esta acción de tutela, dado su carácter de Guardiana de la Carta.] - [Palabras claves: constitucional, consejo, corte, constitución, sala, judicial, ley, carta, sentencia, control, pública]

[Resumen automatizado: Los ciudadanos (i) Luis Camilo Osorio Isaza (T-7616782) y (ii) Marcela Pérez Ramírez (T-7629189) interpusieron, en forma independiente, acciones de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de las sentencias condenatorias que dicha autoridad profirió dentro de las causas de repetición que, la Fiscalía General de la Nación y la ESE Hospital Regional de Duitama (Boyacá) respectivamente, iniciaron en su contra por las indemnizaciones que debieron pagar, debido a los presuntos yerros en la declaratoria de insubsistencia de trabajadores durante los periodos que actuaron como representantes legales de las mismas. || En concreto, por un lado, Luis Camilo Osorio Isaza, entre otros reproches, indicó que, en la sentencia condenatoria de repetición del 13 de noviembre de 2018, la autoridad judicial demandada incurrió conjuntamente en violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo, porque estableció su responsabilidad patrimonial por la expedición del acto de insubsistencia de José Elmer Arias Santa con base en consideraciones propias del régimen de carácter objetivo contemplado en el inciso primero del artículo 90 de la Carta Política, cuando lo procedente era aplicar el inciso segundo de la misma disposición superior que estipula un modelo de responsabilidad de naturaleza subjetiva para el efecto.] - [Palabras claves: repetición, corte, consejo, estado, responsabilidad, condena, derecho, proceso, acción, patrimonial, superior, monto, debido, proporcionalidad]

[Resumen automatizado: LA CORTE ADVIRTIÓ QUE ENLA PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL LA SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO DECLARÓ PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES A CIERTAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS DEMANDANTES EN UNPROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR DAÑOS DERIVADOS DEL ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EN EL CLUB EL NOGAL,SE CONCRETÓ UN DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE APLICABLE.POR ESTA RAZÓN,LA CORTE AMPARÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LAS ACCIONANTES Y ORDENÓ A DICHA AUTORIDADPROFERIRUNA NUEVA DECISIÓN EN AQUEL TRÁMITE JUDICIAL || En consecuencia dispuso dejar sin efectos la sentencia del 16 de agosto de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se había condenado al Estado a responder patrimonialmente dentro de demandas de reparación interpuestas con ocasión de los daños que se produjeron por el atentado terrorista al Club El Nogal, y que en su lugar, esa autoridad judicial profiera una nueva decisión que resulte acorde con las consideraciones realizadas por la Corte Constitucional al decidir en sede de revisión la tutela de la referencia.] - [Palabras claves: sentencia, corte, precedente, tutela, proceso, estado, consejo, fallo, responsabilidad, b, decisión, daños]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió 20 acciones de tutela promovidas por 25 personas comparecientes ante la Jurisdicción para la Paz, en las que se señala a la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de vulnerar los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en atención a que, los escritos de sometimiento y en los que se solicitan la concesión de beneficios como la libertad transitoria, anticipada y condicionada, la libertad condicional u otros, no han sido contestados dentro de los términos previstos en la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018. || Conforme con la información allegada en sede de revisión, al momento de proferir la sentencia se verifica que, las autoridades de la JEP ya dieron respuesta a las solicitudes de varios comparecientes, razón por la cual, la Sala concluye que se produjo el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado en los expediente T-7.211.254, T-7.211.257; T-7.211.258; T-7.211.261; T-7.211.263; T-7.211.264; T-7.211.269; T-7.211.271; y T-7.211.277, este último, en relación con tres accionantes a quienes ya se les dio respuesta, es decir, Guillermo Javier Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar Antonio Muñoz Arboleda.] - [Palabras claves: proceso, tutela, expediente, tribunal, sala, paz, dentro, acción, derecho, promovida]

[Resumen automatizado: En tal sentido, citando los artículos 14[7] y 15[8] del Decreto 692 de 1994, señaló que en tanto la fecha de estructuración había sido fijada en un momento para el cual el peticionario se encontraba afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Protección S.A., a esa entidad correspondía reconocer la prestación requerida. || Finalmente, sostuvo que la regla según la cual corresponde al último fondo pagar la pensión de invalidez, sin que sea importante la fecha de estructuración, altera “(…) la sostenibilidad financiera del sistema en general, pues se le pueden estar imponiendo cargas desmedidas a las administradoras de pensiones que no recibieron dinero alguno por concepto de prima del seguro previsional para el reconocimiento de las pensiones (…)”. || Estas reglas podrán ser fácilmente seguidas por las administradoras de pensiones pertenezcan a uno u otro régimen cuando ante ellas se presente un afiliado solicitando el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, sin que cuente con periodos trabajados con posterioridad a la fecha de estructuración que definieron, en su caso, los médicos competentes para evaluarlo.] - [Palabras claves: invalidez, pensión, fondo, ley, decreto, derecho, persona, artículo, si, fecha, laboral]

[Resumen automatizado: Sobre el particular, la Corte resaltó que tal como fue interpretada por la autoridad accionada, la disposición legal aplicada contempla una forma razonable y compatible con criterios de proporcionalidad para contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, incluso en casos en los que el interesado pretenda la indemnización por un daño que constituya un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra. || Así pues, en la misma línea de lo expuesto por el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Corte consideró que no resulta resultaba exigible extender la figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.] - [Palabras claves: reparación, corte, administrativo, judicial, sala, control, derechos, directa, humanidad, caducidad, penal, acción, medio, lesa, término]

[Resumen automatizado: Sobre el particular, los accionantes señalaron que el auto cuestionado desconoció la sentencia SU-635 de 2015, por medio de la cual la Corte Constitucional resolvió “un caso de idénticas características”[96] a las de las tutelas sub examine y “unificó el criterio que debe obedecer la Sala de Casación Penal al momento de calificar una demanda de casación, en la cual solo deben verificarse los requisitos de forma y no decidir de fondo la demanda”. || En particular, la magistrada sostuvo que no se configuraron los defectos: (i) orgánico, debido a que “la Corte Suprema es competente para resolver todo lo concerniente al control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia”[130]; (ii) procedimental absoluto, “porque el estudio de admisibilidad de las demandas de casación (…) se adelantó conforme al trámite previsto”[131] por el Código de Procedimiento Penal; (iii) fáctico, por cuanto el auto controvertido se limitó “a verificar si los demandantes cumplieron con la carga de sustentar los errores de hecho o de derecho (…) [y, así mismo,] (…) el juicio de admisibilidad consistió en constatar si la premisa fáctica de la sentencia impugnada fue respetada por aquellos para, a partir de allí, constatar que desarrollaron los cargos [alegados]”[132] ni (iv) sustantivo, porque la decisión de inadmisión de las demandas de casación “se fund[ó] en las normas legales (…) [y en] fundamentos (…) pertinentes y suficientes para negar el estudio de fondo de las pretensiones casacionales”[133].] - [Palabras claves: penal, casación, sala, auto, demanda, sentencia, accionantes, corte, decisión, demandas, requisitos]

[Resumen automatizado: Antes de sintetizar las razones que motivarán tal conclusión, debe advertirse que el estudio que realizará este Tribunal parte del reconocimiento de varios aspectos: (i) que la discusión constitucional que plantea el accionante no reproduce un problema jurídico que con anterioridad se haya asumido en términos idénticos por la Sala Plena, aunque para su solución sí existen precedentes relevantes que dan cuenta del alcance dado a las disposiciones aplicables; (ii) que la discusión que ha adelantado el accionante para obtener el reconocimiento del derecho a impugnar la sentencia de condena penal en única instancia en su contra -desde su primera petición el 22 de abril de 2016-, ha transcurrido de manera concomitante con la consolidación, por parte de esta misma Corporación, de un estándar de protección del derecho reclamado que se adecúe plenamente a los mandatos derivados de la Constitución y de los instrumentos de derechos humanos que vinculan al Estado colombiano por virtud del bloque de constitucionalidad; y (iii) que, pese que dicho proceso de consolidación se ha ido efectuando progresivamente, para el momento en el que se adoptó la decisión aquí acusada -el 13 de febrero de 2019- la comprensión del derecho a la impugnación y las condiciones del caso en estudio, exigían una respuesta judicial por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia diferente a la adoptada por ella, con mayor razón en un escenario en el que lo que está de por medio es un derecho subjetivo que se enmarca en el ámbito de la aplicación del derecho punitivo del Estado, con implicaciones intensas en el derecho a la libertad individual.] - [Palabras claves: corte, derecho, sala, constitución, suprema, derechos, justicia, sentencia, penal, impugnación, instancia, casación, constitucional]

[Resumen automatizado: La Sala de Casación Laboral no analizó de fondo el segundo y tercer cargo en el entendido de que el PAR TELECOM “carece de legitimación y representación para controvertir la condena” en contra de FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A. Al respecto, precisó que estas sociedades “son personas jurídicas de derecho comercial, independientes y autónomas del patrimonio del recurrente, con capacidad para ser parte y comparecer al proceso, por lo cual fluye en evidente que tenían la carga procesal de discutir las decisiones jurisdiccionales que, como la impugnada, les resultaran adversas”. || En particular, el PAR TELECOM-, por medio de sus voceras, argumenta que la Sala de Casación Laboral incurrió en tres defectos específicos, (i) procedimental por exceso ritual manifiesto, al aplicar de manera irreflexiva las exigencias lógicas y argumentativas del recurso de casación; (ii) por desconocimiento del precedente, al desconocer las sentencias SU-388 de 2005, SU-389 de 2005 y SU-377 de 2014 y otorgar pensiones anticipadas a extrabajadores de TELECOM que no estaban cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y conceder el beneficio del retén social a extrabajadores que no eran madres o padres cabeza de familia o prepensionados; y (iii) fáctico, al incurrir en graves errores en la valoración probatoria al momento de verificar si los demandantes eran beneficiarios de la garantía de estabilidad del retén social.] - [Palabras claves: sala, casación, cargos, sentencia, corte, tribunal, recurso, requisitos, tutela, i, cargo, ii, derecho]

[Resumen automatizado: Manifestaron que esta decisión vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, así como sus derechos al debido proceso y al trabajo, por cuanto, en el caso sub examine, esta no fue debidamente motivada, desconoció el precedente constitucional y se fundó en una interpretación asistemática del principio de publicidad en materia penal. || En 2019, durante el 174º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, el Relator Especial para la Libertad de Expresión advirtió que la publicidad de los procesos penales “no solo trata sobre el derecho de los periodistas a cubrir las audiencias, sino el derecho de toda la sociedad a recibir información de elevado interés público, más cuando se tratan de hechos conectados con posibles situaciones de corrupción, rendición de cuentas, transparencia en el ejercicio de la función, pública, el control social, entre otros”[138]. || En consecuencia, al decidir sobre la reserva de las audiencias preliminares, los jueces de control de garantías deberán ponderar entre, por una parte, las libertades de expresión, información y prensa, y, por otra, los principios constitucionales que la declaratoria de reserva garantiza, en particular, los derechos de las partes, intervinientes, víctimas, testigos y menores de edad, así como los intereses de la justicia, la integridad del proceso penal, el orden público, la moral pública y la seguridad nacional.] - [Palabras claves: audiencias, to, reserva, información, prensa, publicidad, preliminares, penal, expresión, libertad, corte, derecho, decisión, juez, derechos]

[Resumen automatizado: En este sentido, los actores consideran que el verdadero problema jurídico que la juez de primera instancia debió plantearse es si la acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales al ambiente sano, al territorio y a la propiedad colectiva, a la consulta previa, a la dignidad humana y al acceso a la justicia, así existan medidas cautelares que protejan algunos de estos derechos, pues estas son incumplidas por "las entidades accionadas y por el representante legal del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla, así como por la accionada AGROMAR"[179]. || De conformidad con el análisis anterior, la Sala estima que la presente tutela es procedente en lo que tiene que ver con las peticiones asociadas con la protección de: (i) el derecho de participación y de consulta previa de los actores en las decisiones internas del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla que disponen de la propiedad colectiva para la realización de proyectos agroindustriales que impactan el medio ambiente, a pesar de que hay carencia actual de objeto y de que existe una medida cautelar vigente de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que ordena cesar cualquier tipo de aprovechamiento ilegal de recursos naturales en el territorio colectivo de dicho Consejo Comunitario, como lo plantean los demandantes[249]; y (ii) los derechos a la vida y a la integridad personal de los accionantes.] - [Palabras claves: consejo, comunidades, tutela, derechos, derecho, proyectos, territorio, tierras, personas, colectivo, negras, legal, comunidad, protección, nacional, representante]

[Resumen automatizado: De un lado, el Municipio adujo que: (i) la demandante no compareció dentro del proceso administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional; (ii) la manifestación de voluntad del causante no bastaba “para otorgar la pensión de sobrevivientes”, porque se debían “cumplir los requisitos legalmente exigidos y en su debida oportunidad”; (iii) el acuerdo privado suscrito por la solicitante y María Emma Cardona fue utilizado “para cometer presunto fraude procesal, cuyo resultado fue (…) el otorgamiento de pensión de sobrevivientes (…) induciendo a error a la administración municipal”, y (iv) el asunto debía ser resuelto por el juez ordinario, dado que “cuando se presente disputa entre personas que demuestren ser beneficiarias de una prestación social (…) las partes deberán acudir ante la jurisdicción ordinaria”, según lo disponen el Decreto 758 de 1990 y el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.] - [Palabras claves: sala, proceso, causante, i, santa, sustitución, tutela, derecho, ii, ley, judicial, laboral, demanda]

Acción de tutela contra laudos arbitrales. La equivalencia material explica que, así como sucede con las sentencias judiciales, bajo ciertas circunstancias, también tiene cabida la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que puedan verse afectados por las decisiones emanadas de los tribunales de arbitramento. Por esta razón, los cuestionamientos que por vía del recurso de amparo se pueden formular respecto de un laudo están sometidos, en principio, a los mismos requisitos de procedibilidad que la jurisprudencia ha desarrollado en relación con las providencias judiciales, y que, como se ya dijo, se clasifican en dos grupos: (i) los generales que se refieren a la procedencia de la acción; y (ii) los específicos que se relacionan con la tipificación de las situaciones que conducen a la vulneración de los derechos fundamentales. Si bien el examen de procedibilidad de la acción de tutela en contra de un laudo arbitral está condicionado por los requisitos establecidos para las providencias judiciales (generales y específicos), estos deben observarse de conformidad con el carácter especial de la justicia arbitral que se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad para apartarse de la jurisdicción ordinaria y que explica la vocación de firmeza del laudo. Así las cosas, la procedencia del amparo solo encuentra sentido en la trascendencia de los bienes jurídicos que busca proteger y en que los árbitros, no obstante la autonomía e independencia de la que goza la justicia arbitral, no están exentos de garantizar los _derechos fundamentales - [Resumen automatizado: Al pronunciarse sobre el caso concreto, se señala que dos de los defectos invocados, esto es, (a) la falta de congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva del laudo y (b) la liquidación del cobro de las tarifas por la asignación de frecuencias, con sujeción al criterio de cobertura efectiva, contrariando con ello lo dispuesto en el contrato 140 de 1997, en la Resolución 429 de 1997 y en la Resolución 129 de 2010, con el efecto de que se inaplicaron tales actos y se reemplazó su rigor normativo, fueron alegados por la CNTV en el recurso de anulación, por lo que a través de la acción de tutela no cabe revivir “(…) una discusión que ya fue sometida a conocimiento del juez competente, esto es, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2011, declaró infundado el recurso (…) interpuesto por la CNTV porque ninguna de las causales invocadas prosperó.”[141] En este sentido, se considera que el carácter subsidiario o residual del recurso de amparo, impide su uso como mecanismo alternativo de defensa judicial ante decisiones adversas a los intereses del accionante.] - [Palabras claves: parte, tribunal, tutela, acción, interpretación, derecho, proceso, recurso, juez, sentencia, anulación]

[Resumen automatizado: Y, ii) de resolverse de manera afirmativa el anterior cuestionamiento, la Corte esclarecerá si en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico -o en un divorcio-, cuando se da por demostrada la causal de ultrajes, trato cruel y los maltratamientos de obra -esto es, violencia intrafamiliar- debe el juez de familia pronunciarse sobre la posibilidad de ordenar la reparación efectiva, dado que conforme a la Convención de Belém Do Pará[46], "la mujer objeto de violencia debe tener acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces" en concordancia con el art. || Para resolver los problemas jurídicos esbozados, la Corte examinará los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y caracterización de los defectos sustantivo y fáctico; ii) la protección de la mujer contra cualquier tipo de violencia y particularmente contra la violencia intrafamiliar; iii) la perspectiva de género como un elemento de análisis en la violencia contra la mujer; iv) fundamentos constitucionales y del bloque de constitucionalidad para su protección; v) la Convención de Belém do Pará y los instrumentos internacionales de protección en materia de violencia contra la mujer; vi) la responsabilidad civil al interior de relaciones familiares; y, vii) la reparación integral de las víctimas como un imperativo para la protección integral de sus derechos; viii) finalmente, como corolario de lo expuesto, se procederá con la solución del caso concreto.] - [Palabras claves: reparación, violencia, mujer, decisión, proceso, corte, sentencia, tutela, derechos, derecho, sala, instancia, cuaderno, víctima]

[Resumen automatizado: En cuatro de los cinco casos acumulados, las acciones fueron negadas o declaradas improcedentes por los jueces de instancia, por considerar que: (i) el procedimiento de fertilización in vitro no constituye un servicio de salud; (ii) no se trata de patologías que amenacen la vida o integridad de las actoras; (iii) el procedimiento se encuentra excluido del Plan de Beneficios en salud debido a su alto costo, razón por la cual las EPS no tienen el deber de garantizarlo al no existir un riesgo para la vida o la salud; y (iv) las personas y parejas que pretenden procrear hijos mediante los tratamientos de reproducción asistida pueden acudir a la adopción como alternativa. || ¿La decisión de las entidades promotoras de salud, consistente en negarse a garantizar la práctica de tratamientos de fertilización in vitro que no se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, pese a que el acceso a los mismos debe ser reglamentado por el Gobierno Nacional de conformidad con la Ley 1953 de 2019 a personas que han sido diagnosticadas con infertilidad, quienes sostienen que la alternativa de tratamiento más adecuada es el procedimiento médico ya referido y cuyo propósito de concebir hijos mediante asistencia científica involucra, prima facie, sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la autonomía, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a conformar una familia y sus derechos reproductivos, desconoce tales garantías constitucionales?] - [Palabras claves: salud, derechos, derecho, reproducción, tratamiento, asistida, no, corte, médico, procedimiento, tutela, recursos]

[Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO, TODA VEZ ESTÁ DIRIGIDA CONTRA UNA PROVIDENCIA JUDICIAL Y POR TANTO ERA NECESARIO, HABER AGOTADO LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE QUE DISPONE EL ACCIONANTE, ENTRE ELLOS, EL RECURSO EXTRAORDINARIO Y ESPECIAL DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ART. || Finalmente, al resolver el caso concreto la Sala Plena reiteró que para que proceda la acción de tutela contra la sentencia que decide sobre la pérdida de investidura en los procesos regidos por la Ley 144 de 1994, es necesario haber interpuesto todos los recursos ordinarios y extraordinarios, entre ellos, el recurso extraordinario especial de revisión previsto en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994. || En cuanto la procedencia advirtió que la acción de tutela resultaba procedente de cara a la eficacia del recurso extraordinario especial de revisión, dado que en este caso no permite proteger de manera efectiva los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, pues al tratarse de una decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado, implicaría que dicho medio de defensa judicial prolongara su resolución por un amplio periodo de tiempo.] - [Palabras claves: investidura, pérdida, tutela, corte, acción, sala, responsabilidad, sanción, en, sentencia, debido, ley, procesos, constitucional, consejo, establecer]

[Resumen automatizado: En Auto 405 del 24 de julio de 2019[32], la Sala Plena de la Corte Constitucional requirió a la FIDUPREVISORA S.A., al MEN, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), al Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, al Centro de Estudios de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana, y al Grupo de Investigación en Derecho y Economía de la Universidad Externado de Colombia, para que se pronunciaran sobre ciertos interrogantes relacionados con la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes afiliados al FOMAG, con el propósito de obtener elementos de juicio relevantes para decidir el asunto de la referencia.] - [Palabras claves: pago, sanción, nacional, ley, tutela, respuesta, reconocimiento, fondo, petición, secretaría, ministerio]

[Resumen automatizado: Le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la sentencia de segunda instancia del 31 de mayo de 2016, en el proceso de reparación directa adelantado por Droguerías Electra Ltda., en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones en adelante, Caprecom habría incurrido en los siguientes defectos: (i) violación directa de la Constitución, (ii) material o sustantivo y (iii) fáctico. || En todo caso, indicó, además, que la acción era improcedente por las siguientes razones: (i) la tutela pretende “acceder a una instancia extraproceso con miras a vulnerar la estabilidad jurídica de la cual debe gozar todo Estado Social de Derecho”; (ii) no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante “pudo solicitar la aclaración, complementación o corrección de la sentencia u [sic] en su defecto acudir el [sic] recurso extraordinario de revisión”; (iii) la acción no satisface la exigencia de inmediatez, pues esta se interpuso “más nueve meses” después de que se profirió la sentencia cuestionada, “y es de recordar que por vía jurisprudencial, el Consejo de Estado ha determinado que sea de seis meses”.] - [Palabras claves: sentencia, suministro, consejo, medicamentos, tutela, causa, contrato, jurisprudencia, proceso, en, decisión, unificación, acción]

[Resumen automatizado: Esta acción fue resuelta desfavorablemente por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, sobre la base de que el habeas corpus no era el mecanismo adecuado para exigir la protección de los animales, por no ser titulares de derechos fundamentales, y que, por el contrario, el accionante contaba con la acción popular para abordar este tipo de controversias asociadas a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, en cuyo marco se podría incluso solicitar la adopción de medidas cautelares. || Para la Magistrada que se separa de la mayoría, la Sala Plena debía establecer si la decisión judicial de conceder el habeas corpus al oso Chucho era razonable o no en el marco constitucional actual, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: (i) las razones que expuso el magistrado Luis Armando Tolosa Villabona de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- para conceder el recurso de habeas corpus y (ii) los argumentos que, según la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla “FUNDAZOO”, hacían de dicha determinación una arbitrariedad.] - [Palabras claves: animal, corpus, habeas, libertad, sala, derechos, corte, protección, animales, derecho, si]

[Resumen automatizado: Establecido el cumplimiento de los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra las sentencias impugnadas, el análisis de la Corte se concentró en definir si efectivamente estos fallos vulneraron los derechos fundamentales invocados, en concreto, (i) si se desconoció el precedente vertical al omitir la aplicación del fallo del 29 de agosto de 1997 de la Sala Plena del Consejo de Estado y la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como el horizontal, por no haber considerado los fallos expedidos por la Sección Segunda, Subsección B de la misma Corporación, el 29 de febrero de 20161 y el 8 de febrero de 2018; (ii) si se configuró un defecto sustantivo por indebida interpretación del literal b) del artículo 15.2 de la Ley 91 de 1989 y de los artículos 29 del Decreto 3157 de 1968 y 60 de la Ley 24 de 1988, los cuales indicarían que los Fondos Educativos Regionales (FER) estaban conformados por recursos provenientes de la Nación y de las entidades territoriales, de manera que atendían los gastos atinentes a los docentes nacionales y nacionalizados; y (iii) si tuvo lugar un defecto fáctico, como consecuencia de la supuesta valoración caprichosa del Decreto 689 de 1980, del certificado laboral expedido por la Secretaría de Educación Nacional y del formato único de certificación laboral, los que evidenciarían que la accionante se desempeñó como docente nacionalizada, requisito primordial para acceder a la pensión de gracia.] - [Palabras claves: ley, nacional, docente, defecto, consejo, nación, sentencia, nacionales, si, decreto, corte, b]

[Resumen automatizado: El problema jurídico que se le planteó a la Corte Constitucional en esta oportunidad, consistió en determinar si las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrieron en defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente, al negar la reliquidación de la pensión gracia de la accionante, de acuerdo con todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional. || En la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de mayo de 2007, se había ordenado la reliquidación de la pensión gracia de la demandante, Ana Gloria Hernández Barbosa, con base en la fórmula de índices de inflación, pero se negó la pretensión principal de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de hacerlo con base en el último cargo desempeñado, tras considerar que el cargo que ocupaba cuando adquirió el derecho pensional tenía carácter administrativo y no docente, pues no estaba contemplado en el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979.] - [Palabras claves: consejo, acción, derecho, docente, cargo, anterior, sentencia, tutela, estado, decreto, primera, cundinamarca, cargos]

[Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL CONFIRMÓ FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRA UNA SENTENCIA DE NULIDAD PROFERIDA POR LA SECCIÓN CUARTA DE ESE TRIBUNAL, POR CUANTO NO SE CONFIGURARON LOS DEFECTOS SUSTANTIVOS ALEGADOS || La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó el fallo de segunda instancia de la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela instaurada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, -en adelante SSPD-, contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por estimar que la providencia proferida por esa entidad vulneró sus derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. || En concepto de la Superintendencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en fallo del 5 de marzo de 2015, habría incurrido en defectos sustantivos y de desconocimiento del precedente, al declarar la nulidad de los oficios mediante los cuales la SSPD negó solicitudes de las EEPPMM de devolución de lo pagado en exceso por concepto de la contribución especial a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios durante los años 2008, 2009 y 2010, con fundamento en la nulidad de la Resolución que establecía la base del cálculo de esa contribución.] - [Palabras claves: superintendencia, consejo, corte, nulidad, debido, pago, devolución, tutela, contribución, constitucional, estado, exceso, administrativo, efectos, públicos, tal]