[Resumen automatizado: LA CORTE DETERMINÓ QUE LA ENMIENDA DE KIGALI AL PROTOCOLO DE MONTREAL, GUARDABA COHERENCIA CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN PARTICULAR, CON EL MANDATO DEL DERECHO A LA SALUD Y LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LAS EMPRESAS. || Revisión oficiosa de la Ley 1970 de 2019 (julio 12), por medio de la cual se aprueba la “Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15 de octubre de 2016, en Kigali, Ruanda. || Con fundamento en el numeral 10º del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional realizó el control previo e integral de la “Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15 de octubre de 2016, en Kigali, Ruanda, y la Ley 1970 de 2019, por medio de la cual se aprobó dicho instrumento internacional. || La Corte determinó que la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, en su totalidad, guardaba coherencia con la Constitución Política; en particular, con el mandato constitucional del derecho a la salud (artículo 49 de la Constitución) y la función social y ecológica de las empresas (artículos 58 y 333 de la Constitución); así como con los deberes que tienen tanto los particulares como las autoridades públicas en relación con la protección del medio ambiente y la garantía del desarrollo sostenible (artículos 79 y 80 de la Constitución).] - [Palabras claves: análisis, constitución, artículos, medio, adoptada, colombiano, ley, producción, octubre, efecto, reducir, material, consumo, sustancias, relación, corte]

[Resumen automatizado: Los magistrados JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Y ALBERTO ROJAS RÍOS compartieron la decisión de declarar la inexequibilidad de la norma acusada por violación del principio de unidad de materia, tras considerar que el establecimiento de una tasa por la realización de la consulta previa y por el acceso a la información sobre presencia de grupos étnicos no guarda conexidad directa ni inmediata con las bases, lo objetivos y las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. || Tampoco la decisión brinda los fundamentos suficientes para abstenerse de decidir el fondo varios temas sometidos a consideración de la Corte Constitucional, por los menos, en relación con los siguientes cargos: (i) Vulneración o desconocimiento de los derechos de acceso a la información y a la participación democrática (ii) desconocimiento del deber de consultar con las comunidades étnicas la iniciativa legislativa; (iii) violación del contenido del derecho fundamental a la consulta previa; (iv) violación de la reserva de ley estatutaria; y, (v) violación del principio de legalidad tributaria. || En el caso particular del desconocimiento del deber de consultar a los grupos étnicos, es un hecho objetivo que la imposición de una tasa por la realización de la consulta previa es susceptible de afectar directa y específicamente a las comunidades étnicas, bien sea de forma positiva o negativa, porque incide precisamente en el procedimiento que ha de adelantarse como condición necesaria para la garantía y efectividad de este derecho fundamental.] - [Palabras claves: consulta, plan, derecho, comunidades, norma, cargo, previa, desarrollo, corte, costos, violación, tasa, acceso, constitución, fundamental]

[Resumen automatizado: Los accionantes solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas de los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 04 de 2019, al considerar que sustituyen el principio de separación de poderes como elemento definitorio de la Constitución y afectar el control fiscal posterior y selectivo. || Al respecto, afirmaron que: “El legislador a través del acto legislativo demandado, excedió los límites competenciales que tiene en el ejercicio del poder de reforma reconocido por el artículo 374 de la Constitución Política, pues con la aprobación de la norma demandada, al ampliar el ámbito de aplicación ratione tempori del control fiscal, se está sustituyendo un elemento esencial como lo es la separación de poderes”. || Así las cosas, la Sala Plena declaró que respecto de los cargos formulados se configura la cosa juzgada constitucional, tal como se decidió en la Sentencia C-140 de 2020. || Por su parte, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger acompañó la decisión mayoritaria por existir cosa juzgada respecto de los cargos formulados contra el Acto Legislativo 04 de 2019,” Por medio del cual se reforma el Régimen de control Fiscal”, los cuales fueron resueltos mediante la sentencia C-140 de 2020.] - [Palabras claves: control, fiscal, constitución, públicos, reforma, así, general, república, cargos, respecto, corresponde, sentencia, constitucional, preventivo, el, corte]

[Resumen automatizado: 8 DE LA LEY 1917 DE 2018 QUE ESTABLECÍA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE RESIDENCIAS MÉDICAS, POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE AL NO HABER SIDO DISCUTIDO EN LOS TRES PRIMEROS DEBATES LEGISLATIVOS SINO SOLO EN EL CUARTO DEBATE EN LA PLENARIA DEL SENADO, LO CUAL CONTRARÍA EL ARTÍCULO 157 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA || En primer lugar, sostuvo que la norma, la cual alteraba la destinación de los recursos parafiscales del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante -FOSFEC- para sufragar el sistema de residencias médicas, fue introducida en el articulado del proyecto de ley solamente hasta el cuarto debate en la plenaria del Senado de la República. || En este caso, es claro que una de las materias de la Ley 1917 de 2018 es la financiación del Sistema Nacional de Residencias Médicas, la cual estuvo presente desde el primer debate que se surtió en la Cámara de Representantes, luego no se violó el artículo 154 de la Constitución.] - [Palabras claves: debate, trámite, ley, legislativo, financiación, fuentes, proyecto, norma, recursos, sistema, identidad, disposición, cámara]

[Resumen automatizado: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos examinados en esta sentencia, de la expresión “No será aceptada la deducción por concepto de pago de regalías a vinculados económicos del exterior ni zonas francas, correspondiente a la explotación de un intangible formado en el territorio nacional” contenida en el artículo 70 de la Ley 1819 de 2016, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. || En este contexto, para el magistrado LINARES, el control de constitucionalidad dirigido a determinar si el Legislador se ajustó o no a los principios de equidad y justicia tributaria y, por ende, si se sujetó o no efectivamente a una base reveladora de la capacidad contributiva de las personas y de su posibilidad real de pagar el tributo, se encuentra sometido a la verificación de si la medida fiscal adoptada es acorde con el principio de razonabilidad.] - [Palabras claves: equidad, en, principio, vinculados, regalías, magistrado, exterior, justicia, si, nacional, norma, tributos, territorio, base, formado, juicio, fiscal, cargo]

[Resumen automatizado: El Ministerio de Minas y Energía definirá los términos y condiciones para la asignación de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN) destinados a la ampliación de cobertura del servicio público domiciliario de gas combustible, entre las que se incluirán las condiciones de eficiencia económica incluidas en el Plan Indicativo de Expansión de cobertura de gas combustible elaborado por la UPME. || Por una parte, el cambio de destinación de los recursos parafiscales del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN) vulnera el artículo 338 de la Carta y la norma orgánica del presupuesto nacional que señala que las contribuciones parafiscales afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. || De esta manera, el Legislador permitió que los proveedores del servicio público de gas licuado de petróleo (GLP) se beneficien de recursos que resultan de la “cuota de fomento” para la promoción y cofinanciación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso del gas natural, contribución especial creada por el artículo 15 de la Ley 401 de 1997, que pesa exclusivamente sobre los remitentes de gas natural pero, sin justificación constitucional válida, no extendió la carga tributaria sobre los remitentes del sector de GLP.] - [Palabras claves: ley, sector, natural, servicio, recursos, público, corte, cobertura, principio, parágrafo, parafiscales, términos, económico]

[Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD, CON EFECTOS INMEDIATOS Y HACIA EL FUTURO, DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (SALVO EL NUMERAL 4, PARCIAL), POR DESCONOCER EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CERTEZA TRIBUTARIA, AL ESTABLECER EL DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LAS COMISIONES DE REGULACIÓN Y LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS || Con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general recuperar los costos del servicio, las personas prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de las respectivas entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales anuales descritas en el presente artículo, cuyas tarifas serán determinadas por las entidades respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de las respectivas bases gravables. || “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad””; y (ii) “Declarar INEXEQUIBLES los artículos 18 (salvo la expresión indicada en el resolutivo primero de dicha sentencia) y 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.] - [Palabras claves: ley, contribución, corte, especial, desarrollo, principio, costos, i, plan, sujetos, cada, pasivos, servicio, nacional, materia, efectos, gastos, actividades, especiales, así, ii, servicios, artículos]

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 38 de la Ley 1942 de 2018, cuyos efectos se difieren a partir del 1 de enero de 2021, por cuanto que, con motivo de su aprobación en el Congreso de la República, la norma acusada pretermitió el principio de publicidad y, de contera, el principio democrático ya que con la elusión del trámite legislativo requerido para su expedición, en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes no se votó sobre el texto que venía del primer debate sino con base en el texto aprobado en segundo debate por el Senado de la República que en ese momento aquella Corporación no conocía. || En todo caso, con el objeto de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones de control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República sobre los recursos del Sistema General de Regalías y mientras el Gobierno, si lo considera, hace uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 183 de la Ley 2056 de 2020, la decisión de inexequibilidad tendrá efectos diferidos a partir del 1 de enero de 2021.] - [Palabras claves: ley, presupuesto, regalías, general, sistema, principio, control, república, presupuestal]

Fallo inhibitorio en relación con la expresión "o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones los demandantes, la norma parcialmente cuestionada contraría el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el secreto profesional, que constituyan una obstrucción a la justicia" contenida en el artículo 223 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda. Para los demandantes, la norma parcialmente cuestionada contraría el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el secreto profesional, al distinguir entre autores y partícipes sin sustento válido \ (…) tal calidad (vinculado como auxiliador, partícipe o coautora) no es relevante en el indiciado, imputado o acusado, porque no lo califica a él, sino al profesional del derecho o al familiar con el que se intercambie correspondencia o que disponga de los archivos, conforme sea el caso. Así mismo opera la norma en relación con la limitación para el registro de archivos - [Resumen automatizado: Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia.” || Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión “o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia” contenida en el artículo 223 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda. || Una de ellas, la acusada, excluye de la prohibición de registro a auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre en curso. || Sin embargo, tal calidad (vinculado como auxiliador, partícipe o coautora) no es relevante en el indiciado, imputado o acusado, porque no lo califica a él, sino al profesional del derecho o al familiar con el que se intercambie correspondencia o que disponga de los archivos, conforme sea el caso.] - [Palabras claves: registro, acusado, comunicaciones, archivos, personas, demanda, norma, investigado, escritas, calidad, encuentre, curso]

[Resumen automatizado: 3. Los Estados signatarios y las organizaciones de integración regional que no hayan presentado un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación ante el Director General al momento de la entrada en vigor del Acuerdo tendrán, en la primera sesión de la Asamblea, las mismas prerrogativas que los Miembros, incluidos el derecho al voto y la posibilidad de ser elegidos para el Consejo y servir en éste. || Si se agotan todos los esfuerzos y no se ha alcanzado un consenso, a solicitud del Presidente las decisiones serán adoptadas como último recurso por mayoría simple de los miembros presentes y votantes, con las excepciones en otro sentido previstas en este acuerdo. || Si se agotan todos los esfuerzos y no se ha alcanzado un consenso, a solicitud del Director de Consejo las decisiones serán adoptadas como último recurso por mayoría simple de los miembros presentes y votantes, con las excepciones en otro sentido previstas en este acuerdo. || 4. Hasta que un número suficiente de Estados y organismos regionales de integración sea Parte de este acuerdo, cada número especificado en los respectivos subpárrafos a hasta c del artículo 8.2 como requisito para el número de miembros del Consejo, podrá ser aplicado con flexibilidad según lo decida la Asamblea.] - [Palabras claves: asamblea, consejo, acuerdo, artículo, general, miembros, director, desarrollo, crecimiento]

[Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE LA NORMA NO ADOLECE DE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA POR EL HECHO DE NO CONFERIR DE MANERA EXPRESA A ALCALDES Y GOBERNADORES COMPETENCIA PARA OTORGAR PERMISOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCIÓN || [Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006] El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. || En segundo lugar, se analizó el cargo propuesto por los accionantes que consideraban que en los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de 1993 demandados existía una omisión legislativa relativa al no incluir a los alcaldes y gobernadores como sujetos activos de las competencias allí otorgadas. || Lo anterior, por cuanto esta facultad de otorgar permisos para tenencia y porte de armas o su suspensión no resulta esencial para que estas autoridades diseñen y ejecuten sus programas de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento de orden público en sus territorios y, de esta manera, se armonizaran las normas con las disposiciones superiores.] - [Palabras claves: armas, porte, nacional, autoridades, permisos, suspensión, alcaldes, podrán, sentencia, manera, seguridad, normas, militar, competencia, gobernadores, orden]

[Resumen automatizado: El actor afirma que la disposición demandada establece la obligación "inexcusable", "infranqueable" y "forzosa" para el consumidor de acreditar los elementos de la responsabilidad por producto defectuoso previstos en ella (el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquél). || Por su parte, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal observa que en la Sentencia C-085 de 2016[3], la Corte determinó la constitucionalidad de la regla, según la cual, quien pretende el efecto jurídico de una norma debe acreditar el supuesto fáctico en ella previsto, entre otras razones, porque el ordenamiento prevé diversas excepciones, a partir de la aplicación de la figura carga dinámica de la prueba. || De esta forma, cuando la norma acusada establece que para determinar la responsabilidad, el afectado deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel, el Legislador incorpora en efecto una regla especial, pero en el sentido de que, como excepción a la regla general de responsabilidad civil subjetiva, introduce un régimen de responsabilidad objetiva, por los daños derivados del producto defectuoso.] - [Palabras claves: responsabilidad, prueba, corte, norma, producto, bien, general, código, daños, derecho, daño, afectado, demanda, defecto, especial, proceso]

[Resumen automatizado: Declarar EXEQUIBLE la expresión “En todo caso, el cargo de fiscal del sindicato corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias” contenida en el numeral 2° del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 54 de la Ley 50 de 1990, por los cargos analizados en esta sentencia. || En esta ocasión, la Corte se pronunció sobre una demanda interpuesta contra la expresión: “En todo caso, el cargo de fiscal del sindicato corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias” prevista en el numeral 2° del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo. || Así pues, los principios democráticos que acoge la Constitución que nos rige, a juicio de la magistrada, no implican que el fiscal de los sindicatos sea elegido por la fracción mayoritaria de las minorías. || Para la magistrada, las funciones que cumple el fiscal dentro del sindicato, al tenor del artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo, implican que todo giro de recursos y orden de pago deba necesariamente contar con la autorización suya.] - [Palabras claves: fiscal, minorías, cargo, código, fracción, ley, en, voto, control, constitución, mayoritaria, no, corte, principios]

INEXEQUIBLE el artículo 294 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-\ La Corte concluyó que existe una jurisprudencia pacífica, reiterada y consistente sobre el alcance del principio de voluntariedad o libre habilitación de la justicia arbitral. De acuerdo con esta, el artículo 116 de la Constitución proscribe los dos mandatos que contiene el artículo declarado inexequible: la obligación de resolver las diferencias que surjan entre las partes de un contrato de concesión ante un tribunal de arbitramento y el deber de que dicho arbitramento tenga una determinada naturaleza. \ La Corte aclaró que, como consecuencia de la decisión, si las partes del contrato de concesión minera acuerdan de manera voluntaria someter sus diferencias técnicas a un arbitramento de igual naturaleza, en la designación de los árbitros y en el procedimiento arbitral se deberá dar aplicación a la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional) o a las normas que la adicionen, modifiquen o deroguen\ Características de los contratos de concesión minera\ Características del arbitramento técnico - [Resumen automatizado: Ahora bien, la Corte aclaró que, como consecuencia de la decisión, si las partes del contrato de concesión minera acuerdan de manera voluntaria someter sus diferencias técnicas a un arbitramento de igual naturaleza, en la designación de los árbitros y en el procedimiento arbitral se deberá dar aplicación a la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional) o a las normas que la adicionen, modifiquen o deroguen. || En el caso concreto, el arbitramento técnico previsto en el artículo 294 del Código de Minas tiene por objeto resolver diferencias técnicas en un ámbito de indudable interés público (en cuanto involucra el medio ambiente y el patrimonio público), y no simplemente, como lo sostiene la mayoria, en interés económico de una de las partes del contrato, razón por la que, aún en el evento de su sujeción al principio de voluntariedad, cabía advertir que su finalidad justificaba la obligatoriedad impuesta por el legislador. || El magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO compartió la declaratoria de inexequibilidad del artículo 294 de la Ley 685 de 2001 «por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones», toda vez que se trata de una norma que desconoce el principio de voluntariedad en el arbitraje y porque, a partir de dicha decisión, aplica únicamente en materia de arbitraje la Ley 1563 de 2012.] - [Palabras claves: ley, principio, justicia, técnico, partes, decisión, disposición, constitución, forma, magistrado, contrato, si, manera, árbitros]

[Resumen automatizado: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA DEL CARGO GLOBAL DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO CONTRA EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, NO LE PERMITIÓ A LA CORTE ABORDAR UN EXAMEN DE FONDO Y DECIDIR SOBRE LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LA LEY 1098 DE 2006 || A juicio del accionante, la totalidad de la Ley 1098 de 2006 era inconstitucional, por cuanto desconoció la reserva de ley estatutaria que tienen los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la administración de justicia. || Después de revisar en detalle la demanda y la jurisprudencia que analiza los cargos globales contra códigos, la Corte consideró que se incumplían los requisitos de especificidad y suficiencia, razón por la cual no era procedente iniciar un juicio de validez sobre la norma demandada. || Dicho mandato opera ante la formulación de un cargo concreto, específico y directo, condiciones que observó el ciudadano, al presentar una censura global de inconstitucionalidad contra la Ley 1098 de 2006, que permitía a la Corte abordar el siguiente problema jurídico ¿el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que tiene normas relacionadas con los derechos de los niños al igual que niñas y con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, debió ser tramitado como ley estatutaria?] - [Palabras claves: ley, estatutaria, derechos, corte, reserva, adolescentes, demanda, código, niños, penal, justicia, censura, administración]

[Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMAS DEMANDADAS CONTENIDAS EN LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, QUE ESTABLECÍAN MEDIDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. || Con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general recuperar los costos del servicio, las personas prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de las respectivas entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales anuales descritas en el presente artículo, cuyas tarifas serán determinadas por las entidades respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de las respectivas bases gravables. || Una vez superada la aptitud sustancial de la demanda, la Corte determinó que debía pronunciarse sobre los cargos planteados por (i) el desconocimiento de los artículos 150-12 y 338 de la Constitución, por indeterminación de los sujetos pasivos de la contribución especial; (ii) el presunto desconocimiento del artículo 158 superior, en tanto que, a juicio del demandante, los artículos 18 y 314 desconocen el principio de unidad de materia, por falta de conexidad con los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo; y (iii) el desconocimiento del artículo 338 superior, en tanto que a juicio del demandante, al destinar los recursos provenientes de una contribución especial a gastos de inversión de los sujetos de regulación e inspección, vigilancia y control así como al Fondo Empresarial que administra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se desconoce la naturaleza asignada por la Constitución a dichos recursos.] - [Palabras claves: ley, plan, contribución, principio, normas, públicos, especial, materia, servicios, nacional, artículos, corte, sujetos, domiciliarios, cada, desarrollo]

[Resumen automatizado: En virtud de la Sentencia C-078 del 8 de agosto 2018, la Corte Constitucional se pronunció sobre las objeciones presidenciales formuladas por el Gobierno Nacional contra el artículo 2º del Proyecto de Ley No. 54 de 2015 Senado de la República- 267 de 2016 Cámara de Representantes, “Por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y se dictan otras disposiciones” y determinó que el proyecto de ley objetado era parcialmente inexequible. || Debido a lo anterior, en esta oportunidad correspondió a la Corte Constitucional determinar si el Congreso de la República rehízo el Proyecto de Ley No. 54 de 2015 Senado- 267 de 2016 Cámara, “Por el cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país y se dictan otras disposiciones”, de conformidad con el procedimiento dispuesto por el artículo 167 de la Constitución Política y lo ordenado por esta Corporación en la sentencia C-078 de 2018.] - [Palabras claves: miembros, honorarios, ley, municipios, congreso, administradoras, habitantes, pago, sesiones, no, cien, concejos, juntas, locales, proyecto, reconocimiento, mil]

[Resumen automatizado: El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear el Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por cuatro veces dentro de la temporalidad del Programa, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.» || Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 815 de 2020, “Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 de 2020 y se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”, salvo el artículo 2, respecto del cual se adoptan las decisiones contenidas en el siguiente resolutivo. || (i) Declarar CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el numeral 1º, en el entendido según el cual se refiere a los beneficiarios del Programa de apoyo al empleo formal - PAEF constituidos antes del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.] - [Palabras claves: decreto, legislativo, mayo, personas, beneficiarios, parágrafo, naturales, artículo, empleo, así, formal, aporte, relación, sala]

[Resumen automatizado: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, dentro de las labores de fiscalización que adelante durante los tres años siguientes a la finalización del Programa, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo para acceder al mismo. || Las entidades financieras que reciban los documentos de postulación al Programa de apoyo al empleo formal -PAEF, deberán informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP de la recepción de los mismos. || Para los efectos de la responsabilidad penal, en todo caso, se entenderá que los documentos presentados para la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF, así como los recursos del aporte estatal que reciban los beneficiarios, son de naturaleza pública. || El magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS se apartó de la decisión de declarar EXEQUIBLE el parágrafo 7 del artículo 1 del Decreto Legislativo 677 de 2020, medida que restringe el Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF- a los empleadores con más de tres trabajadores o trabajadoras.] - [Palabras claves: decreto, legislativo, personas, estatal, empleo, aporte, beneficiarios, mayo, apoyo, artículo, formal, empleados, naturales, postulación, entidades]

[Resumen automatizado: El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. || del artículo 4 de este Decreto Legislativo, esto es, el número de trabajadores que el beneficiario manifiesta planea proteger y para los cuales requiere el aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF por el mes correspondiente. || Para los efectos de la responsabilidad penal, en todo caso, se entenderá que los documentos presentados para la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, así como los recursos del aporte estatal que reciban los beneficiarios, son de naturaleza pública. || Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 y 13 del Decreto Legislativo 639 de 2020, “[p]or el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020”.] - [Palabras claves: decreto, aporte, legislativo, formal, empleo, beneficiarios, personas, artículo, estatal, entidades, recursos, apoyo, programa]

[Resumen automatizado: Esto significó una variación en los plazos de consolidación jurídica de tales operaciones porque, en su parecer, "una lectura textual"[7] de la norma demandada conduciría a que: (i) sólo quedaron en firme "aquellos procesos que tuvieran una antigüedad mayor a los 2 años a la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015", "es decir, toda declaración de giro y compensación aprobada por el FOSYGA con anterioridad al 9 de junio de 2013 expresamente se le reconoció su firmeza." [8] Por tanto, (ii) "este reconocimiento expreso de firmeza que efectúa la Ley 1797 excluye aquellas declaraciones de compensación efectuadas con posterioridad al 9 de junio de 2013."[9] A partir de ello, el actor consideró que estas últimas operaciones, causadas durante los dos años inmediatamente anteriores a la expedición de la Ley 1753 de 2015, quedaron indefinidamente sin consolidación jurídica. || El término para la firmeza de los reconocimientos y giros pagados por aseguramiento a las EPS dos años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1753 de junio 9 de 2015, era de dos años, de manera que para cuando se expidió la norma demandada, el 13 de julio de 2016, dichos reconocimientos ya estaban en firme, con lo cual afectó derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una disposición anterior.] - [Palabras claves: ley, norma, giros, años, recursos, junio, demanda, dos, compensación, vigencia, corte, salud, inciso, inconstitucionalidad]

[Resumen automatizado: LA CORTE SE PRONUNCIÓ ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE VARIAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL, CUYA EXEQUIBILIDAD CONDICIONÓ A QUE SE ENTIENDAN REFERIDAS TANTO A LOS CÓNYUGES COMO A LOS COMPAÑEROS PERMANENTES DE LAS PAREJAS HETEROSEXUALES COMO DEL MISMO SEXO, ACORDE CON EL RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE TODAS LAS FAMILIAS || Por los cargos examinados en esta sentencia, DECLARAR la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las expresiones “cónyuge”, “casada” , “cónyuges” y “marido y mujer”, contenidas en los artículos 19.2, 61 y 745, 1025.2, 1026.2, 1056, 1068.13, 1119, 1125, 1161.2, 1165, 1195, 1196.3, 1266.1 y 1488 del Código Civil, bajo el entendido de que estas expresiones se refieren, en igualdad de derechos y deberes, a los cónyuges y a los compañeros permanentes de las uniones maritales de hecho, tanto de parejas de distinto sexo como de parejas del mismo sexo. || En consecuencia, la Sala decidió declarar la exequibilidad condicionada de las normas demandadas y la integrada, bajo el entendido de que estas expresiones se refieren, en igualdad de derechos y deberes, a los cónyuges y a los compañeros permanentes de las uniones maritales de hecho, tanto de parejas de distinto sexo como de parejas del mismo sexo.] - [Palabras claves: cónyuges, mismo, cónyuge, permanentes, compañeros, sentencia, donaciones, normas, persona, sexo, donación, cualquiera]

[Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ INEXEQUIBLES LAS NORMAS QUE LIMITABA A LOS MENORES DE EDAD QUE TUVIEREN MÁS DE SIETE AÑOS EL DEBER DE RENDIR TESTIMONIO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS, POR VULNERAR EL DERECHO PREVALENTE A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA DISCIPLINARIAS CUANDO SON SUJETOS PROCESALES EN RAZÓN DE SU CONDICIÓN DE VÍCTIMAS, DESCONOCIENDO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN Y A QUE ESTA SEA TENIDA EN CUENTA || Los menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser recibida por el Defensor de Familia, en su despacho o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. || Para la Sala la expresión “que tengan más de siete años” contenida en las disposiciones antes señaladas, priva a los menores de siete de años de la facultad de rendir testimonio en los procedimientos disciplinarios, y vulnera su derecho prevalente a la verdad y a la justicia disciplinarias cuando son sujetos procesales en razón de su condición de víctimas, desconociendo que los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez, en los términos de los artículos 44 constitucional y 12 de la Convención de los Derechos del Niño.] - [Palabras claves: código, ley, disciplinario, militar, inciso, testimonio, años, rendir, siete, derecho, menores, podrán, corte]

[Resumen automatizado: DECLARAR que en la reelaboración del proyecto ley número 127 de 2015 Senado 277 de 2016 Cámara, “Por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones”, en relación con el artículo 4º del mismo, el Congreso vulneró lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 167 de la Constitución Política. || Con el objeto de contextualizar la decisión de la Corte, la Sala Plena recordó que el Gobierno nacional objetó el artículo 4º (parcial) del proyecto de ley número 127 de 2015 Senado 277 de 2016 Cámara, “Por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones” (en adelante, el “Proyecto de Ley”), por cuanto, estimó que la exigencia de vincular laboralmente a las madres comunitarias modificaba la estructura de la administración nacional, lo cual sólo podía ocurrir mediante iniciativa gubernamental.] - [Palabras claves: proyecto, ley, corte, comunitarias, congreso, subsidio, sentencia, artículos, respecto, vejez, trámite]

[Resumen automatizado: El director y los miembros del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá solicitaron a la Corte Constitucional declarar exequible el artículo 63 de la Ley 1943 de 2018.[5] Lo anterior, por considerar que la norma no reviste a la DIAN de las facultades constitucionales asignadas a la Fiscalía General de la Nación por el artículo 250 de la Constitución Política. || En efecto, en la sentencia C-557 de 2019 la Corte estudió la constitucionalidad de la facultad discrecional conferida a la DIAN y a las autoridades tributarias competentes de solicitar el inicio de la investigación penal de los delitos creados por el artículo 63 de la Ley 1943 de 2018. || Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y el Ministerio de Justicia, entre otros, consideran que la Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-557 de 2019, que declaró exequibles los parágrafos primeros de los artículos 434A y 434B luego de estudiar cargos muy similares a los presentados en el presente proceso.] - [Palabras claves: corte, norma, penal, sentencia, ley, constitucional, efectos, constitucionalidad, acción, solicitud, autoridad, constitución]

[Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ LA EXEQUIBILIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 678 DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, EN EL MARCO LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 637 DE 2020”, SALVO LOS ARTÍCULOS 6, 7 Y 9 QUE SE DECLARARON INEXEQUIBLES || Para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez ocasionadas por la crisis generada por la pandemia COVID 19, las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, que se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión y deberán cumplir con los siguientes requisitos: || Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021.] - [Palabras claves: personas, entidades, mayo, casos, territoriales, recursos, nuevo, decreto, encuentran, número]

[Resumen automatizado: "el artículo derogado otorgaba responsabilidades de administración a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial sobre los parqueaderos destinados a vehículos inmovilizados por orden judicial, supresión que en nada tiene relación con los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo, ni con sus Pactos y mucho menos servir como instrumento para sus logros, entorno que evidencia una clara transgresión del principio de unidad de materia"[31]. || Cuarto, es pertinente, porque se basa en razones de carácter constitucional que confrontan, de un lado, que "el artículo 157 de la Constitución Política dispone que ningún proyecto será ley sin '[h]aber sido aprobado en primer debate' y sin '[h]aber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate"[46] y, del otro, que "ni en la iniciativa del Gobierno Nacional, ni en los informes de ponencia para primer debate de comisiones conjuntas, se hace referencia directa a la derogatoria del artículo 167 de la Ley 769 de 2002, ni tampoco a algún tema similar o asimilable a la detención y parqueo de vehículos inmovilizados por orden judicial y a la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial en el tema"[47].] - [Palabras claves: ley, debate, nacional, desarrollo, artículos, principio, materia, plan, disposición, unidad, proyecto]

[Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO QUE EXCLUÍA DEL PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍA A LOS ARTESANOS QUE TRABAJEN PERSONALMENTE EN SU PROPIO ESTABLECIMIENTO Y NO OCUPEN MÁS DE CINCO TRABAJADORES PERMANENTES || De una parte, el literal c) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) era exequible, pues (i) la constitucionalidad de la disposición ha debido ser analizada a partir un juicio integrado de igualdad de intensidad intermedia, a partir del cual se habría concluido que, (ii) el trato diferenciado sí estaba justificado constitucionalmente, (iii) principalmente, porque tenía por objeto proteger a un grupo de empleadores cuya labor encuentra eco constitucional. || En ese sentido, la Corte ha debido aplicar un juicio de intensidad intermedia, a partir del cual (ii) habría concluido que el trato diferenciado estaba justificado constitucionalmente, por cuanto, (a) la norma tenía una finalidad constitucionalmente importante: promover la productividad y competitividad de “los artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocup[aran] más de cinco (5) trabajadores permanentes extraños a su familia”6 y favorecer la preservación de las tradiciones y expresiones culturales colombianas, protegidas por los artículos 7, 8 y 71 de la Constitución.] - [Palabras claves: trabajadores, auxilio, corte, decisión, sentencia, igualdad, establecimiento, si, partir, norma, efectos, constitución, estricto, sala, personalmente, en, derecho, cinco, voto]

[Resumen automatizado: Cuarto, pese a que las disposiciones acusadas pueden dar un trato inequitativo entre dos contribuyentes por el único hecho de realizar pagos en efectivo o por intermedio del sector financiero, ello no supone una violación a los principios de equidad y justicia tributaria pues la medida se encuentra justificada por la necesidad de hacer más eficiente el sistema tributario. || El 24 de enero de 2020, el representante del Ministerio Público rindió concepto en relación con la demanda de la referencia, en el sentido de solicitar a la Corte que resuelva (i) estarse a lo resuelto en la sentencia C-481 de 2019, en relación con los cargos propuestos en la demanda contra el artículo 120 de la Ley 1943 de 2018; (ii) se inhiba para pronunciarse de fondo en relación con los cargos de inconstitucionalidad por violación de la equidad tributaria, de la libertad de empresa y la libre competencia, formulados contra las disposiciones acusadas; y (iii) declare exequible el artículo 307 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, por el cargo analizado.] - [Palabras claves: corte, ley, norma, equidad, costos, constitucional, efectivo, sistema, deducciones, sentencia, principio, impuestos, efectos, contribuyentes]

[Resumen automatizado: Que con el fin de reactivar la economía y estimular el consumo se propone crear una nueva norma con el fin de establecer una exención especial del impuesto sobre las ventas -IVA una serie de bienes dentro de las siguientes categorías: (i) vestuario y complemento de vestuario de una persona con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los individuos y atender el desarrollo de las actividades cotidianas; (ii) electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones y gasodomésticos, teniendo en cuenta que estos bienes son necesarios para desarrollar el trabajo en casa, las clases virtuales para niños y jóvenes estudiantes, las labores domésticas cotidianas, y el entretenimiento, entre otras actividades, así como los gasodomésticos, entendido por tales los bienes descritos en esta categoría que utilizan el gas natural para su funcionamiento; (iii) elementos deportivos, que son elementos para coadyuvar al mejoramiento del estado de salud de la población dada la utilidad de los mismos.] - [Palabras claves: bienes, medida, iva, impuesto, decreto, nacional, emergencia, crisis, medidas, consumo, casos, económica, personas, mayo]

La facultad legal del juez penal para establecer, mediante auto motivado, restricciones al principio de publicidad en la etapa del juicio oral por motivos del interés de la justicia, no desconoce la libertad de información ni el derecho de participación. \ La Sala insiste en que el juez deberá, en el auto por el cual restringe la publicidad del juicio, indicar cuál es la medida a implementar (deber de reserva o limitación al acceso a la audiencia) y justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida, frente a los otros derechos y principios constitucionales involucrados. De otro lado, explicó que si, por motivos de interés de la justicia, se dispone una restricción total de acceso a la respectiva audiencia al público o a los medios, el juez en todo caso tiene el deber de comunicar, mediante el recurso de otros recursos como los comunicados de prensa, las ruedas de prensa, la edición de lo acontecido, entre otros.\ Consideraciones generales sobre las restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justicia y su relación con las libertades de información y prensa \ Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; Art. 152: Exequible - [Resumen automatizado: LA FACULTAD LEGAL DEL JUEZ PENAL PARA ESTABLECER, MEDIANTE AUTO MOTIVADO, RESTRICCIONES AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA ETAPA DEL JUICIO ORAL POR MOTIVOS DEL INTERÉS DE LA JUSTICIA, NO DESCONOCE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN NI EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN || Los problemas jurídicos que los demandantes le plantearon a la Corte se relacionaban con la constitucionalidad de la facultad legal reconocida al juez por la norma demandada para restringir la publicidad en la audiencia del juicio oral dentro del proceso penal, por motivos de interés de la justicia. || ¿Restringe desproporcionadamente los derechos a la información y a la libertad de prensa, y el principio de publicidad en los procesos judiciales penales una disposición que le permite al juez limitar el ingreso del público y de los medios de comunicación a la audiencia del juicio oral en el proceso penal, o que les impone la reserva total o parcial de difundir lo que vean, oigan o perciban en la misma? || De otro lado, explicó que si, por motivos de interés de la justicia, se dispone una restricción total de acceso a la respectiva audiencia al público o a los medios, en juez en todo caso tiene el deber de comunicar, mediante el recurso a otros recursos como los comunicados de prensa, las ruedas de prensa, la edición de lo acontecido, etc.] - [Palabras claves: publicidad, penal, público, juicio, audiencia, juez, proceso, oral, facultad, justicia, medios, acceso]

[Resumen automatizado: El demandante estima que los textos cuestionados violan los artículos 83, 338 y 363 de la Constitución Política, porque al prever el régimen aplicable al beneficio tributario de subcapitalización: (i) vulneran el principio de irretroactividad de las leyes tributarias, pues estas "afecta[n] elementos de [los] contratos de préstamo celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, que se negociaron y ejecutaron con base en la condición económica de que las entidades podían deducir los intereses de las deudas cuyo monto total promedio excedía el resultado de multiplicar por dos el patrimonio líquido, pero sin exceder el valor de tres veces el patrimonio líquido"[4]; (ii) atentan contra dicho principio "al afectar elementos de contratos de préstamo celebrados por las empresas de factoring con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, pues limitó la deducibilidad de los intereses de los contratos ya negociados [...]"[5]; y (iii) también desconocen el principio de buena fe, en su manifestación de confianza legítima, porque al amparo de la norma tributaria vigente, los contribuyentes en general, y las empresas de factoraje o factoring cuyas actividades se prestan en una proporción superior al 50% a entidades vinculadas[6] en particular, desplegaron unas actividades económicas cuyas condiciones fueron súbitamente modificadas por la entrada en vigencia de los textos demandados.] - [Palabras claves: corte, norma, ley, intereses, efectos, constitucional, renta, vigencia, deudas, sentencia, impuesto, principio]

[Resumen automatizado: LA PRÓRROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO CONTENIDA EN LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, FUE ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD AL CUAL ESTÁ SUJETO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO || Correspondió a la Corte pronunciarse respecto de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso prorrogar la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, por violación a los principios de consecutividad y de unidad de materia. || Por último, la Corte concluyó que, respecto del cargo por violación del principio de unidad de materia por falta de conexidad entre la norma acusada y los propósitos generales consagrados en las bases del Plan, era necesario estarse a lo resuelto en la sentencia C-095 de 2020, por existir cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves: principio, materia, ley, unidad, violación, voto, sentencia, norma, cargo, respecto]

[Resumen automatizado: LA EDAD DE RETIRO FORZOSO DEL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS NO SE APLICA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, ACORDE CON EL DISEÑO INSTITUCIONAL PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA DEL ESTADO COLOMBIANO || Para resolver estos problemas jurídicos, la Corte realizó, en primer lugar, un análisis sistemático del estatus constitucional del Banco de la República y de su función dentro del Estado Social de Derecho, del diseño institucional en función de su autonomía y del régimen legal propio que le reconoció el constituyente; en segundo lugar, analizó la regla general sobre edad de retiro forzoso regulada por el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 y los pronunciamientos de esta Corte sobre esta normativa; y, finalmente analizó la constitucionalidad de la disposición demandada. || En desarrollo de este análisis, la Corte concluyó que el legislador desconoció el diseño institucional adoptado por el constituyente para garantizar la autonomía del Banco de la Republica, al no establecer en la disposición demandada que la edad de retiro forzoso señalada en ella es inaplicable a los miembros de su Junta Directiva, en particular a su gerente y a sus miembros de dedicación exclusiva y que, por tal razón, incurrió en una Comisión legislativa relativa, con fundamento en las siguientes consideraciones:] - [Palabras claves: banco, autonomía, directiva, miembros, república, constitución, junta, artículos, retiro, legislador, corte, edad]

CONDICIONADOS apartes del Decreto Legislativo 806 de 2020, "por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica": i) El artículo 6, en el entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión. ii) El inciso 3º del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Exequibles las demás disposiciones. Modificaciones transitorias al CGP, CPACA y CPTSS - [Resumen automatizado: Que mediante el Decreto 564 de 2020, "Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", con el fin de garantizar los derechos de acceso a la administración justicia, debido proceso, el derecho de defensa y el principio de seguridad, se suspendieron todos los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de controlo presentar demandas y los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito previstos en el artículo 317 del Código General del Proceso en el artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también (os términos de duración del proceso del artículo 121 del Código General del Proceso. || En caso de que la Corte concluya que estas medidas son exequibles, solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada así: (i) el artículo 1º debe ser condicionado a una interpretación restrictiva y vinculante, en relación con el ámbito de vigencia temporal del Decreto Legislativo 806 de 2020; (ii) en relación con el artículo 4° solicitan que su exequibilidad se condicione en el entendido que en aquellos casos en los que el expediente físico no esté disponible, se deberá proceder a su reconstrucción según las normas procesales vigentes; (iii) por último, solicitan que la expresión “En este caso no se correrá traslado para alegar”, contenida en el numeral 3 del artículo 13°, sea declarada inexequible por ser violatoria del derecho al debido proceso.] - [Palabras claves: justicia, decreto, medidas, judiciales, i, proceso, legislativo, procesos, personas, ii, procesales, administración, derecho, medida, corte]

[Resumen automatizado: Luego de realizar el estudio individual de cada uno de los criterios del test material, concluye lo siguiente: i) los decretos legislativos 482 y 569 de 2020 dispusieron la suspensión de ciertas actividades económicas producto de la grave calamidad sanitaria; ii) ello trajo consigo efectos negativos en la economía y el empleo, dado principalmente el aislamiento preventivo obligatorio; iii) las medidas tienen por finalidad el restablecimiento gradual de la actividad económica y el empleo en el país, siguiendo protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y las indicaciones de las autoridades territoriales; iv) resultan necesarias para garantizar el servicio público esencial de transporte, reactivar la economía y fomentar el trabajo, además de la protección de la salud y el mínimo vital; v) guardan relación con la emergencia al pretender reactivar los sectores de transporte e infraestructura de manera paralela a la flexibilidad del aislamiento preventivo obligatorio; vi) no implican en principio limitaciones a los derechos y libertades fundamentales; y finalmente, vii) resulta proporcional la prórroga de los contratos de concesión teniendo en cuenta las consecuencias nocivas generadas por el no cobro de tasas y peajes.] - [Palabras claves: transporte, medidas, infraestructura, personas, decreto, mayo, servicio, que, cobro, casos, nacional, actividades, emergencia, económica, legislativo, encuentran, número]

[Resumen automatizado: Todas estas razones desarrolladas en el Decreto legislativo bajo análisis, permiten concluir a la Sala que la facultad otorgada al Ministerio de Educación para organizar las semanas de trabajo académico que se realizan durante el año en periodos diferentes a los previstos en el inciso primero del artículo 86 de la Ley General de Educación, si así lo solicita la autoridad competente en educación, última que deberá ceñirse a las directrices fijadas por el MEN, cumple con el requisito de conexidad material interna en cuanto, como se expuso en las consideraciones del Decreto legislativo 660 de 2020, persigue unos objetivos dirigidos a conjurar los efectos de la crisis producida por el Coronavirus COVID-19 en relación con la posibilidad de mantener la continuidad en la prestación del servicio público de educación y garantizar el disfrute del derecho a la educación en condiciones de igualdad, así como preservando la vida y la salud de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y directivos docentes.] - [Palabras claves: educación, decreto, ministerio, medidas, derechos, calendario, nacional, servicio, derecho, medida, trabajo, niños, niñas, personas, semanas, emergencia]

[Resumen automatizado: El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, "por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", || El presente decreto tiene por objeto establecer un auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y Protección en virtud de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y hasta donde permita la disponibilidad de recursos. || Los beneficiarios del auxilio económico de que trata el presente decreto serán los trabajadores dependientes categoría A y B cesantes que hayan aportado a las Cajas de Compensación Familiar por. || En igual sentido, cuando existan convenios que necesite establecer la Caja de Compensación Familiar con cualquier operador para cumplir con la entrega a los beneficiarios del auxilio establecido en el presente decreto, los traslados entre dichas entidades correspondientes a estos recursos estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros.] - [Palabras claves: decreto, compensación, auxilio, económico, recursos, beneficiarios, ministerio, artículo, trata]

[Resumen automatizado: Sobre el juicio de no contradicción específica de las medidas adoptadas por el Decreto Legislativo 811 de 2020 en relación con el artículo 150.9 de la Constitución, la Sala indicó que en los casos en que el ejecutivo pretenda la enajenación de empresas estatales o de la participación accionaria del Estado, se requerirá de un debate democrático el cual solo puede concretarse en el Congreso de la República, a través de una ley ordinaria como lo es la Ley 80 de 1993 o la Ley 226 de 1995. || Lo anterior se debe a que dicha norma del decreto ignora que el artículo 60 de la Constitución ordena que, cuando el Estado enajene su participación en una empresa, debe ofrecer a sus trabajadores y a las organizaciones solidarias y de trabajadores condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria, lo cual se opone a que las acciones pertenecientes a la Nación en sociedades listadas en la bolsa de valores se puedan ofrecer de manera simultánea a estas personas y organizaciones y al público en general.] - [Palabras claves: enajenación, accionaria, medidas, participación, decreto, condiciones, nación, acciones, ley, constitución, gobierno, nacional, propiedad]

[Resumen automatizado: NO ENCONTRÓ QUE SE DESCONOCIERA LA UNIDAD DE MATERIA EN CUANTO A LOS RECURSOS DEL FONTIC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA, LA EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS CONTRAPRESTACIONES A CARGO DE LOS OPERADORES POSTALES. || El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o quien haga sus veces, deberá transferir a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control en materia de comunicaciones adelantada por esta Entidad”. || Declarar EXEQUIBLE, por el cargo de violación del principio de unidad de materia, los artículos 152, 309, 310 parcial y 311 de la Ley 1955 de 2019. || Así mismo, se cumplió con el principio de unidad de materia por los artículos 152 (recursos del FONTIC para inspección, vigilancia y control), 309 (acceso a las TIC y despliegue de la infraestructura), 310 parcial (expansión de las telecomunicaciones) y 311 (contraprestaciones a cargo de los operadores postales) de la Ley 1955 de 2019, al no desatender el límite temporal ni modificar competencias legislativas ordinarias.] - [Palabras claves: ley, plan, artículos, principio, obligaciones, planes, corte, materia, hacer, ministerio, disposiciones]

[Resumen automatizado: En desarrollo de esta declaratoria fue adoptado el Decreto 796 de 2020, el cual tiene tres medidas: (i) facultar al Banco Agrario (BAC) y a FINAGRO, este último en su condición de administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para que suscriban acuerdos de pago con los pequeños y medianos productores agropecuarios, afectados por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19; (ii) incluir como uno de los supuestos de adquisición de cartera por parte del FAG, la atención de los efectos de la declaratoria de la emergencia sanitaria asociada a la citada enfermedad, caso en el cual se prevé un plazo especial para la permanencia de la información negativa de los beneficiarios del alivio en las centrales del riesgo; y (iii) autorizar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que contrate de manera directa, previa justificación técnica, la logística y actividades necesarias para asegurar la seguridad alimentaria y el funcionamiento del sector agropecuario, en particular los estímulos de que trata el artículo 7º de la Ley 101 de 1993[7].] - [Palabras claves: medidas, personas, decreto, casos, sector, ministerio, mayo, emergencia, número, así, nuevo, agropecuario, económica]

[Resumen automatizado: LA MEDIDA DE EXCEPCIÓN QUE INTERVENÍA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL PARA AUTORIZAR LA TERMINACIÓN UNILATERAL A FAVOR DE UNA SOLA DE LAS PARTES, RESULTA INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN AL NO SUPERAR LOS JUICIOS MATERIALES DE FINALIDAD, CONEXIDAD MATERIAL EXTERNA, MOTIVACIÓN SUFICIENTE, NO CONTRADICCIÓN ESPECÍFICA, AUSENCIA DE ARBITRARIEDAD, INCOMPATIBILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y NECESIDAD || El presente Decreto Legislativo será aplicable a los contratos de arrendamiento de locales comerciales cuyos arrendatarios, a partir del 1° de junio de 2020 por las instrucciones de orden público, se encuentran en la imposibilidad de ejercer las siguientes actividades económicas: || Como consecuencia directa de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento de local comercial, el arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente aún tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que proceda cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes. || En efecto, las normas sobre el objeto del decreto, sobre su ámbito de aplicación y sobre su vigencia, no tenían un sentido normativo autónomo, de tal manera que pudiesen ser consideradas o juzgadas con independencia de la norma prevista en el artículo 3, que es en la que se regula la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial.] - [Palabras claves: contratos, contrato, decreto, medida, terminación, comercial, partes, legislativo, económica, obligaciones, voluntad, autonomía]

[Resumen automatizado: En lo relacionado con los requisitos materiales, la Secretaría Jurídica concluye en su escrito que: i) cumple con conexidad interna porque al citar la parte motiva del Decreto legislativo 805 de 2020 se observan considerandos que tienen relación directa con la creación del aporte económico temporal a los trabajadores de las notarías y de su financiación a través de los recursos del Fondo Cuenta Espacial de Notariado.[10] ii) Supera el juicio de conexidad externa por cuanto el apoyo económico transitorio está relacionado con las motivaciones de crisis económica y desempleo que dieron origen a la declaratoria del estado de emergencia, en tal sentido, se pretende conjurar los efectos con alivios para proteger los empleos de los trabajadores de las notarías.[11] iii) Satisface el criterio de finalidad ya que la medida del decreto examinado está destinada a mitigar los efectos de la pandemia, especialmente, en la afectación en el campo laboral de los trabajadores de las notarías y la continuidad en el servicio notarial.[12] iv) Cumple con la necesidad fáctica en tanto el aporte económico transitorio a los empleados de las notarías es necesario para evitar la extensión de los efectos económicos de la pandemia y disminuir su impacto en la pérdida de empleos, en concreto, los de los trabajadores encargados de la prestación de los servicios notariales, cuyas labores si bien han reducido (por la fijación de horarios y jornadas laborales parciales), no se han interrumpido durante la vigencia de los aislamientos preventivos obligatorios pues resultan fundamentales para la inscripción de nacimientos y defunciones así como mantener el tráfico de los negocios jurídicos que requieren de la función fedataria, y la necesidad jurídica por cuanto en la destinación prevista por la legislación vigente para los recursos del Fondo Cuenta Especial de Notariado (brindar recursos a las notarías con insuficientes ingresos en aras de prestar el servicio público notarial) no existe la posibilidad de financiar la nómina de los empleados de las notarías.] - [Palabras claves: económico, decreto, notarías, recursos, art, fondo, trabajadores, notarios, apoyo, número, servicio, mayo]

[Resumen automatizado: Adiciónese el artículo 219-C a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores: Las personas que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de persona menor de 18 años de acuerdo con el Título IV de la presente ley; serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o quien haga sus veces. || En esta oportunidad la Corte se preguntó si la inhabilidad contenida en el artículo 219-C del Código Penal -que dispone como pena o consecuencia jurídica de un delito, la inhabilitación de quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de persona menor de 18 años, a efecto de ocluir el desempeño de cargos, oficios, o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- desconoce la dignidad humana pues: i) constituye una pena cruel e inhumana (artículo 12 C.Pol), ii) vulnera el derecho a la intimidad y al buen nombre (artículo 15 C.Pol), iii) desconoce la prohibición constitucional de penas imprescriptibles (artículo 28 C.Pol) y iv) afecta el debido proceso (artículo 29 C.Pol).] - [Palabras claves: delitos, menores, inhabilidad, cargos, pena, ley, penas, inhabilidades, corte, relación, derechos, cometidos, constitucional, colombiano, constitución]

[Resumen automatizado: El Comité de Garantías estará encargado del diseño, implementación, seguimiento y control de las líneas de crédito creadas para personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica por la pandemia del nuevo coronavirus COVID -19 y que sean respaldadas con los recursos resultantes de las operaciones descritas en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 492 de 2020 o con otros recursos destinados por la Nación para este mismo fin. || En desarrollo del objeto descrito en este Decreto Legislativo, el Fondo Nacional de Garantías S.A. FNG podrá realizar las distintas operaciones que le autoriza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para atender los sectores de comercio, servicios, industrial, agroindustrial y exportador, o a otros sectores o programas, o a personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica causados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID -19, de conformidad con las prioridades que sean señaladas por el Comité de Garantías.] - [Palabras claves: decreto, comité, crédito, recursos, garantías, económica, nacional, operaciones, medidas, efectos, emergencia, fondo]

[Resumen automatizado: Que dentro de las consideraciones para expedir el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se sustentó la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en hechos «absolutamente significativos, novedosos, impensables e irresistibles: a) Una disminución nunca antes vista del Producto Interno Bruto en Colombia; b) la necesidad ineludible de un mayor gasto público, la disminución de los ingresos de la nación y en consecuencia un mayor déficit fiscal y c) una altísima incertidumbre sobre los efectos de la pandemia y su contención y mitigación, en el comportamiento económico del país.» || Bajo esta comprensión, la Sala considera que el Decreto Legislativo 773 de 2020 satisface este criterio, toda vez que las circunstancias de la emergencia no permitían llevar a cabo una adecuada medición del comportamiento de la economía nacional y de los efectos de las medidas adoptadas en desarrollo del estado de excepción para el 15 de junio de 2020, fecha en la que expiraba el término para la presentación del MFMP, según el artículo 1° de la Ley 819 de 2003.] - [Palabras claves: mayo, decreto, personas, casos, nuevo, fiscal, medidas, legislativo, efectos, encuentran, junio, número, corte, gobierno]

[Resumen automatizado: 2. El 4 de junio de 2020, el Presidente de la República remitio a la Secretaría General de la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 814, emitido el día anterior, “Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020”. || Durante el término de duración de los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, autorizar al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realicen en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción entregas de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias, siempre y cuando cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.] - [Palabras claves: decreto, social, nuevo, casos, personas, medidas, legislativo, transferencias, mayo, mayor, beneficiarios, efectos]

[Resumen automatizado: Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica || Durante el término que dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, autorizar al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega de una (1) transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. || Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 659 de 2020 “Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.] - [Palabras claves: decreto, social, transferencia, juicio, emergencia, derechos, mayor, beneficiarios, monetaria, programas, entrega, población, económica, recursos]

[Resumen automatizado: Por otro lado, señaló que el decreto cumple con los presupuestos materiales o sustantivos por cuanto: (i) las medidas adoptadas “se refieren a materias que tienen relación directa y específica con su parte motiva -conexidad interna- y con el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica declarado en virtud del Decreto 637 de 6 de mayo de 2020 -conexidad externa-”; (ii) habida cuenta del contexto en el que se enmarcan las medidas, “los alivios y beneficios tributarios a las personas que se dedican a las actividades de cultura y creatividad y asociadas -artículo 1, 2, 3 y 4-”, así como “las facilidades para efectuar reembolsos o devoluciones por venta de boletería y derechos de asistencia a espectáculos públicos de las 'artes escénicas' -artículo 5-, y la eliminación de pólizas para garantizar el pago de contribuciones parafiscales -artículo 6”, tienen por finalidad conjurar los efectos económicos adversos de la crisis y, además, desarrollar objetivos superiores legítimos; (iii) dado el contexto fáctico generado por la pandemia por la COVID-19, es evidente “la necesidad [fáctica] de asumir medidas para contrarrestar la situación adversa para los actores del sector cultura y evitar mayores afectaciones”.] - [Palabras claves: medidas, decreto, artes, personas, públicos, legislativo, sector, servicios, cultural, ley, derechos, mayo, emergencia, culturales, casos]

[Resumen automatizado: LA CORTE CONSTATÓ QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 813 DE 2020 CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES EXIGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY ESTATUTARIA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN, SALVO EN CUANTO ESTABLECIÓ LA LIQUIDACIÓN DE LAS ADICIONES Y REDUCCIONES, CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL, LO CUAL INCUMPLE LOS REQUISITOS DE NECESIDAD JURÍDICA Y SUBSIDIARIEDAD. || Teniendo en cuenta el impacto negativo en los ingresos por los efectos sobre las finanzas públicas ocasionados por el coronavirus COVID 19 redúzcase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de VEINTITRES BILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($23.731.000.000.000), según el siguiente detalle: || Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, efectúense los siguientes créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($133.499.717.017), según el siguiente detalle:] - [Palabras claves: presupuesto, decreto, vigencia, general, fiscal, nación, ley, recursos, corte, según]

Exequible el Decreto Legislativo 810 de 2020 "por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia, Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Finalmente, el Ministerio Público consideró necesario que la Corte limite la vigencia temporal del decreto por el lapso que considere razonable y proporcional, ya que resulta excesivo que el patrimonio autónomo pueda recibir recursos y bienes públicos de forma permanente solo bajo el control de la Superintendencia Financiera frente a las operaciones de la sociedad fiduciaria, y que se excluya el régimen de contratación pública de forma permanente, pues si bien la laxitud de esta facultad se justifica en condiciones de emergencia, esta no puede dar lugar a la institucionalización de las medidas adoptadas y utilizarse para proponer políticas públicas de largo plazo a modo de plan de desarrollo alterno del Gobierno o como medio para subvertir el orden constitucional.] - [Palabras claves: mujeres, autónomo, patrimonio, efectos, colombia, decreto, empresarial, fortalecimiento, corte, medidas]

[Resumen automatizado: Que, al armonizar el contenido del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, en particular, los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y celeridad que debe atender la función pública, y las necesidades estructurales de los centros transitorios de detención, se observa que: (i) existen condiciones de hacinamiento penitenciario que requieren intervención oportuna de los entes territoriales; (ii) la infraestructura de los centros transitorios de detención necesitan adecuarse a una nueva realidad, para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de la libertad; (iii) la ejecución de obras de adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención no sólo permitirá mejorar las condiciones de saneamiento e higiene, sino que también, ayudará a la creación de empleo por medio de la reactivación del trabajo en el sector de la construcción; (iv) algunos trámites administrativos, para la obtención de licencias de adecuación, ampliación o modificación, pueden representar un factor de retardo en relación con las necesidades y requerimientos de los inmuebles destinados a centros transitorios de detención en el marco del estado de Emergencia Sanitaria; (v) los funcionarios públicos deben agilizar las acciones para dar cumplimiento a los deberes constitucionales destinados a garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, lo cual, frente a las necesidades de adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, conduce a que se deban maximizar los recursos y los procedimientos administrativos para la consecución de los fines del estado social de derecho.] - [Palabras claves: detención, decreto, personas, libertad, legislativo, transitoria, condiciones, medidas, privadas, corte, ley, empleos]

INEXEQUIBLES los artículos 1, 2 y la expresión "y modifica el inciso 1 del artículo 1 y el parágrafo del artículo 3 del Decreto Legislativo 535 de 2020" del artículo 9 del Decreto Legislativo 807 de 2020, "por el cual se adoptan medidas tributarias y de control cambiario transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020"\ La supuesta extensión del plazo para la aplicación del procedimiento abreviado para la devolución automática de los saldos a favor en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el impuesto sobre las ventas -IVA, en realidad lo que conseguía era limitar la duración de la misma, y con ello, su eficacia para atender los efectos económicos de la pandemia - [Resumen automatizado: Destacó que la norma fue suscrita por el Presidente de la República y todos sus ministros, contiene una motivación expresa encaminada a realizar el principio de eficiencia tributaria, “preservando el debido proceso, a través de la imposición de límites más claros a los beneficios tributarios, y prevé la regulación de las funciones de inspección, vigilancia y control de manera virtual para impedir el contagio y cumplir con las funciones de fiscalización”[13], y fue proferido dentro del término de 30 días del Estado de Emergencia, declarado mediante Decreto 637 de 2020, en su último día de vigencia. || En materia de finalidad, la Presidencia destacó que “la modificación de la vigencia [del procedimiento abreviado establecido por el Decreto 535 de 2020] hasta el 19 de junio de 2020, seguida de la flexibilización temporal -a partir del 22 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2020- de los requisitos para la aplicación del mecanismo de devolución automática de que trata el parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario, tiene como propósito fundamental dar continuidad a las disposiciones sobre devolución de saldos a favor en condiciones más ágiles y flexibles, cuyo fin, una vez más, es el de continuar proporcionando liquidez inmediata a sus respectivos titulares y permitir que accedan un mayor número de sujetos”[23].] - [Palabras claves: decreto, devolución, legislativo, normas, medidas, control, artículos, compensación, procedimiento, mayo, personas, mediante, efectos, contribuyentes]

[Resumen automatizado: El presupuesto de conexidad interna porque la parte motiva del decreto expone los argumentos que justifican las medidas adoptadas, pues explicó que la crisis económica generada por la pandemia y sus efectos en el empleo justifican la creación de un programa de apoyo para el pago de la prima de servicios focalizado en el sector agropecuario. || En particular destacó que: (i) está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; (ii) cuenta con motivación expresa, pues explicó las razones que justifican la creación del PAP agropecuario como una medida dirigida a aliviar las cargas y el flujo de caja de los productores del sector; (iii) cumplió el requisito de temporalidad, ya que fue expedido el 4 de junio de 2020, es decir, dentro del término de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el Decreto 637 de 2020; (iv) satisfizo el requisito de territorialidad porque las medidas adoptadas rigen en todo el país; y (v) aunque no se trata de un requisito formal, el 5 de junio de 2020 el Gobierno Nacional remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del decreto objeto de estudio, como lo dispone el parágrafo del artículo 215 superior.] - [Palabras claves: medidas, trabajadores, agropecuario, recursos, decreto, estatal, aporte, programa, beneficiarios, legislativo, emergencia, entidades, prima, servicios, sector, efectos, pago]

[Resumen automatizado: Los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios, podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado de salud mediante la contribución solidaria, una, vez finalice el beneficio estipulado en el parágrafo primero del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, adicionado por el artículo 15 del Decreto Legislativo 538 'de 2020, cuando el cotizante (i) no cumpla con las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado, (ii) haya finalizado su relación laboral durante la emergencia sanitaria o durante los seis (6) meses siguientes a su finalización, y (iii) haya aportado al Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre un Ingreso Base de Cotización -IBC- hasta de un (1) salario mínimo legal mensual vigente -SMLMV-. || Por ello, le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 800 del 4 de junio de 2020 "[p]or el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", expedido por el presidente de la república en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta, cumple las condiciones formales y materiales de validez consignadas en la Constitución y en la regulación estatutaria que ha desarrollado en esta materia, en particular, la Ley 137 de 1994.] - [Palabras claves: recursos, salud, servicios, pago, medidas, sistema, ley, decreto, población, legislativo, medida, social, emergencia]

[Resumen automatizado: En desarrollo de dicha declaratoria de estado de excepción, fue expedido el Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020 "Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". || Posteriormente, presentó el contenido del decreto sub examine en los siguientes términos: (i) crea el Registro Social de Hogares (en adelante RSH) como la herramienta mediante la cual el Gobierno validará y actualizará la información socioeconómica de las personas y hogares; (ii) dispone la operación y administración centralizada de los programas de transferencias monetarias; (iii) establece la Plataforma de Transferencias Monetarias (en adelante PTM) para reunir la totalidad de los datos de los hogares e individuos que serán beneficiarios de las transferencias; y, (iv) adopta otras disposiciones tendientes a potencializar la política social de programas y subsidios, y la eficiencia del gasto social, en el marco de la emergencia.] - [Palabras claves: medidas, programas, emergencia, social, sociales, programa, información, recursos, decreto, pobreza, corte]

CONDICIONALMENTE exequible el artículo 1 del Decreto Legislativo Número 808 de 2020, "por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020", en el entendido de que la exclusión del impuesto al valor agregado allí contemplada solo aplicará hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive. \ Exequibles los demás artículos - [Resumen automatizado: En efecto, afirma que tal disposición: (i) fue expedida en desarrollo del Decreto 637 de 2020 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, desde el 6 de mayo del presente año y por un término de 30 días calendario; (ii) cuenta con la firma del Presidente de la República y de todos los ministros del despacho, en cumplimiento de sus facultades constitucionales y legales; (iii) fue dictada el 4 de junio de 2020, es decir, durante el límite temporal establecido para la duración del estado de emergencia; (iv) se encuentra debidamente motivada en el acápite correspondiente al "considerando" y en esta se enuncian las razones y causas que justifican su expedición; (v) fija el ámbito espacial de aplicación y alcance de las medidas prohijadas; y (vi) no contiene preceptos relativos a tributos, salvo el relacionado con la exención del incentivo del artículo 1º del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, "la cual perderá su vigencia dentro del término establecido en el artículo 215 de la Constitución Política", sin que sobre añadir que "los derechos de explotación y gastos de administración de los juegos de suerte y azar tienen una naturaleza estrictamente particular, pues estos no coinciden con ninguno de los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, son las categorías en que se encuadran los diferentes ingresos tributarios".] - [Palabras claves: azar, suerte, decreto, medidas, salud, sector, territoriales, recursos, mayo, derechos, nuevo, personas, ley]

Exequible el Decreto 688 de 2020, "por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 de 2020" - [Resumen automatizado: El Decreto 688 de 2020 está motivado (i) en la declaratoria del estado de excepción a través del Decreto 637 de 2020; (ii) en la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud del brote de COVID-19 como una pandemia; (iii) en el número de casos confirmados en Colombia; (iv) en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó medidas para prevenir y evitar la propagación del COVID-19; (v) en la orden de aislamiento preventivo obligatorio impartida por el Presidente de la República; (vi) en los efectos económicos y financieros que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y, en especial, en la afectación negativa de la actividad económica de las fuerzas productivas como consecuencia de las medidas de aislamiento; (vii) en la necesidad de reducir temporalmente la tasa de interés moratorio para el pago de las obligaciones administradas por la DIAN y las relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto de verificación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, con el propósito de aliviar los impactos económicos producidos el COVID-19; (viii) en la urgencia de abreviar las facilidades para el pago de los impuestos administrados por la DIAN; y (ix) en la exigencia de ampliar los plazos para permitir el acceso de los contribuyentes, responsables y otros sujetos de que tratan los artículos 118, 119 y 120 de la Ley 2010 de 2019 a la conciliación contencioso administrativa, a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos y al principio de favorabilidad en etapa de cobro.] - [Palabras claves: obligaciones, decreto, pago, medidas, tasa, interés, social, intereses, personas, acuerdo, juicio, casos]

[Resumen automatizado: En apoyo de su tesis la demanda indica que aun cuando el fin buscado por el artículo 83 de la Ley 1943 de 2018 es válido en tanto persigue la reactivación económica, el medio previsto para su obtención -esto es, la disminución en la carga tributaria empresarial que implica la posibilidad que se le otorga a los responsables del IVA de descontar del impuesto sobre la renta a su cargo la totalidad del IVA pagado por la adquisición de bienes de capital- se traduce en una medida que discrimina negativamente a los sujetos que no son responsables del IVA; esto habida cuenta de que el beneficio tributario del caso no respondería a un criterio objetivo de diferenciación, sino a la calidad subjetiva de los contribuyentes. || Finalmente, luego de explicar que la proposición jurídica que contiene el artículo 83 de la Ley 1943 de 2018 "consagra un descuento tributario únicamente en favor de los responsables del IVA" pero que "excluye de su ámbito de aplicación a los contribuyentes no responsables del IVA", el jefe del Ministerio Público manifiesta efectuar un juicio de proporcionalidad de intensidad leve, del cual concluye que aunque si bien el fin buscado por la norma es legítimo, "la medida no se muestra como el medio idóneo para lograr el fin propuesto y resulta contraria a la Constitución, pues excluir del beneficio tributario a los contribuyentes no responsables del IVA sin justificación y con base en un criterio (ser o no responsable del impuesto a las ventas IVA) que en nada afecta el impuesto sobre la renta, comporta un acto discriminatorio".] - [Palabras claves: responsables, ley, iva, norma, impuesto, sentencia, renta, principio, corte, beneficio, igualdad, sujetos, si]

[Resumen automatizado: Para el Instituto interviniente (iv) la medida está encaminada a conjurar la crisis y la extensión de sus efectos, al proponer un alivio tributario para los deudores inmersos en procesos, procedimientos y trámites de insolvencia (finalidad); (v) el Gobierno consideró varios presupuestos fácticos y jurídicos (motivación suficiente);[25] (vi) en el ordenamiento jurídico no existen disposiciones legales que resulten adecuadas y suficientes para otorgar alivios a los deudores que afrontan las consecuencias negativas de la propagación del COVID-19, y lo establecido en este decreto es útil porque concede temporalmente un tratamiento especial dirigido a reducir la carga financiera de los deudores, sin el cual se verían inmersos en obligaciones que profundizan el impacto económico de la crisis (necesidad); (vii) el tratamiento ordinario previsto para las rebajas, descuentos o quitas de capital, multas, sanciones o intereses que el deudor obtiene del acreedor en el marco de los acuerdos de reorganización, no es compatible con las causas que llevaron a la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica, en tanto no supone un alivio de las cargas en cabeza de los deudores (incompatibilidad); (viii) no se imponen restricciones de ninguna naturaleza a los derechos y garantías constitucionales (proporcionalidad); y (ix) no se establece ningún tratamiento diferenciado por motivos de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica (no discriminación).] - [Palabras claves: proceso, artículo, decreto, procesos, liquidación, legislativo, medidas, ley, judicial]

Exequible el Decreto 658 de 2020 "por el cual se disponen medidas para garantizar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión comunitaria en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional" - [Resumen automatizado: En esta medida, ante las reducciones de empleo y la disminución de capacidad de pago de los habitantes del territorio nacional, como efecto de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 y, para garantizar el acceso a este servicio público esencial, particularmente por aquellos usuarios de menores ingresos, se hace necesario fijar una regla que permita normalizar los pagos que estos operadores deben realizar al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de forma que se garantice la prestación de este servicio público esencial, permitiendo su supervivencia y operación, mediante la creación de condiciones que les permitan contar con recursos para solventar sus necesidades actuales y proteger el empleo que generan, aliviando la presión de las obligaciones que, a la fecha, afectan la sostenibilidad y operación de estos servicios, para lo cual se requiere adicionar un parágrafo transitorio en el artículo 37 de la Ley 1341 de 2009.] - [Palabras claves: televisión, servicio, servicios, medidas, público, decreto, ley, juicio, económica, medios, redes, corte]

[Resumen automatizado: Respecto de los requisitos materiales, el Procurador General de la Nación resaltó que el Decreto Legislativo sub judice satisface los juicios de: (i) conexidad material, porque "los asuntos regulados en el Decreto 774 de 2020 guardan una relación directa con"[18]: (a) "las razones que dieron lugar a la declaratoria de emergencia" y (b) "las consideraciones que motivaron su propia expedición"; (ii) ausencia de arbitrariedad, por cuanto "no contiene medidas que impliquen la restricción de los derechos fundamentales"[19]; (iii) juicio de intangibilidad, debido a que "no afectan los derechos intangibles, por el contrario, están dirigidas a apropiar recursos económicos para asegurar condiciones necesarias de atención en salud y mitigar los efectos negativos que la pandemia ha generado sobre en el sistema de salud, el empleo y la economía"[20] y (iv) no contradicción específica, habida cuenta de que "no se evidencia ninguna contradicción entre el Decreto 774 de 2020, la Constitución Política y los tratados internacionales"[21], sino que, por el contrario, "respeta el principio de legalidad del presupuesto (art.] - [Palabras claves: decreto, legislativo, mayo, personas, medidas, presupuesto, casos, general, encuentran, gobierno, nuevo, corte, social, número]

[Resumen automatizado: Así, en la motivación se expone que se requiere crear un mecanismo financiero que permita apalancar líneas de crédito para garantizar el acceso y la continuidad del servicio público de educación en todos sus niveles, para lo que “[...] es necesario crear el Fondo Solidario para la Educación con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo, administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exterior (Icetex), que le permita a esta entidad destinar de manera eficiente los recursos para: (i) apalancar el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, creado mediante el Decreto 467 del 23 de marzo de 2020, (ii) otorgar crédito a padres de familia para el pago de pensiones de jardines y colegios privados educación preescolar, básica y media, (iii) otorgar crédito para el pago de matrículas de jóvenes en condición de vulnerabilidad de programas de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, y (iv) otorgar un auxilio economico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública”[5].] - [Palabras claves: educación, medidas, recursos, superior, decreto, nacional, fondo, emergencia, educativo, desarrollo, trabajo, crisis, ley, permanencia, personas]

[Resumen automatizado: Con respecto a lo primero, se argumenta que, de manera expresa, el inciso 2 del artículo 154 de la Carta Política dispone que "solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes (...) que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales", y que, según la propia jurisprudencia de este tribunal, los aportes y cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y en pensiones tienen la naturaleza de contribución parafiscal de destinación específica, por lo cual, cualquier medida que tenga por objeto o efecto reducirlas o suprimirlas, deben contar con esta aprobación gubernamental. || Así las cosas, en la medida en que el proyecto de ley objeto de análisis dispone una reducción de 150 semanas de cotización al sistema pensional para las mujeres, es decir, un beneficio tributario, una exención o una exoneración en el pago de una contribución parafiscal, por vía de impedir el nacimiento de la obligación tributario en relación con determinados sujetos, resulta forzoso concluir que la medida debía ser de iniciativa gubernamental, o que al menos debía contar con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la cartera competente en materia tributaria, en cuanto le corresponde definir, formular y ejecutar la política económica del país, y participar en los procesos de aprobación normativa en materia fiscal y tributaria.] - [Palabras claves: ley, pensional, proyecto, sistema, pensión, gobierno, iniciativa, nacional, mujeres, gubernamental, congreso, medida, corte]

[Resumen automatizado: En concreto, según los demandantes, ninguno de los instrumentos que se mencionarán a continuación puede sustituir el del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, por las siguientes razones: (i) la acción electoral y figura de la perdida de investidura tienen un propósito distinto; (ii) aunque teóricamente sería posible demandar los actos administrativos mediante los cuales se avalan los estatutos de los partidos políticos a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esta acción tiene un término de caducidad de cuatro meses, con lo cual, transcurrido este plazo los vicios de los estatutos se entienden saneados, y, además, debe actuarse mediante apoderado judicial por no ser una acción pública, lo cual afecta “el principio expansivo de la democracia propio del artículo 1 que fue enrostrado como vulnerado dentro del cargo primero de inconstitucionalidad, pues se indicaría con ello que los abogados solo pueden ejercer control a las organizaciones mediante una acción que requiere abogado (...) aspecto que no es compatible con la noción de una democracia material”; (iii) el instrumento de la revocatoria carece igualmente de idoneidad, pues cuando el acto administrativo cuya revocatoria directa se pretende es de carácter particular y concreto, el mecanismo procede solo con el consentimiento del particular afectado, esto es, con el consentimiento del respectivo partido político, lo que no sería viable en la hipótesis analizada; (iv) lo propio ocurre con las acciones populares, pues en la sentencia SU-585 de 2017[1] la Corte Constitucional sostuvo que este mecanismo no era idóneo para ejercer el control sobre las disposiciones estatutarias de un partido político; (v) finalmente, la acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales frente a vulneraciones concretas y específicas, por lo cual, en este escenario únicamente se podría ordenar la inaplicación de una disposición estatutaria que provoque la vulneración iusfundamental en un caso concreto, mas no declarar la invalidez u ordenar la inaplicación general de la misma.] - [Palabras claves: partidos, políticos, constitucional, constitución, control, normas, estatutos, movimientos, ley, constitucionalidad, disposiciones, corte]

[Resumen automatizado: Durante el término al que se refiere el artículo 1 del presente Decreto Legislativo, los títulos representativos de deuda que las sociedades por acciones simplificadas de que trata la Ley 1258 de 2008 emitan en el segundo mercado podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE- y negociarse en una bolsa de valores. || Por ello, le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 817 de 2020 "[p]or el cual se establecen las condiciones especiales para la emisión de valores en el segundo mercado por parte de empresas afectadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020", expedido por el presidente de la república en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta, cumple las condiciones formales y materiales de validez consignadas en la Constitución y en la regulación estatutaria que ha desarrollado en esta materia, en particular, la Ley 137 de 1994 (LEEE).] - [Palabras claves: mercado, valores, condiciones, nacional, público, segundo, constitución, actividad, decreto, empresas, medidas, ley, legislativo, gobierno]

[Resumen automatizado: El Ministerio de Minas y Energía podrá destinar recursos de su presupuesto, provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, no utilizados en la operación a la que se refiere el artículo 5 del presente Decreto Legislativo, para celebrar convenios o contratos con entidades financieras públicas, privadas o mixtas o patrimonios autónomos administrados por estas, con el fin de que se hagan operaciones de compensación de tasa en los créditos que desembolsen las entidades financieras públicas, privadas o mixtas, a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para financiar las medidas de diferimiento de pago del costo de la facturación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, para usuarios residenciales de estratos 1, 2 en aquel monto que supere el consumo básico o de subsistencia, y de estratos 3 y 4.] - [Palabras claves: decreto, medidas, recursos, legislativo, servicios, empresas, energía, personas, públicos, ley]

La extinción de bienes de origen lícito sólo procede cuando su propietario sea el mismo titular de los bienes cuya extinción no es posible por la configuración de las hipótesis previstas en los numerales demandados, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. \ El enriquecimiento ilícito se predica del patrimonio de la persona y que si bien, en principio, en atención al carácter inicialmente real de la acción de extinción de dominio, la misma debe recaer sobre los bienes en los que se concrete ese enriquecimiento, no resulta contrario a la Constitución que, de manera subsidiaria, y ante la imposibilidad fáctica o jurídica de perseguir tales bienes, la acción se dirija contra otros, de origen lícito, pero que hagan parte del patrimonio de quien se ha enriquecido ilícitamente, pero ha ocultado o transferido los bienes ilícitos.\ Un entendimiento de la facultad conferida en los preceptos legales impugnados conforme a la cual los mismos habilitan al Estado para para extinguir el dominio sobre bienes de origen lícito así hayan sido transferidos a terceros de buena fe, sí resultaría contrario a la Constitución\ Ley 1708 de 2014, "por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio"; Art. 16 Nums. 10 y 11 - [Resumen automatizado: El día 1 de febrero de 2018 los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Luis Alejandro Ramírez Álvarez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los apartes de los artículos 16.10 y 16.11 de la Ley 1708 de 2014 que permiten la extinción del dominio sobre bienes de origen lícito de valor equivalente a los de origen ilícito que no pueden ser objeto de la acción por el reconocimiento de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa o por no ser posible su localización, identificación o afectación material. || En particular, la Universidad Externado de Colombia sostiene que el escrutinio judicial debe tener en cuenta los siguientes elementos de juicio: (i) que la institución objeto de análisis es de vieja data en el sistema jurídico colombiano, y que fue diseñada para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a la comunidad internacional, en relación con la lucha contra la criminalidad organizada; (ii) que a la jurisprudencia constitucional subyace un criterio uniforme que avala esta figura, tal como se explicó extensamente en el acápite precedente; (iii) que tanto el legislador como el juez constitucional han dado cuenta de la importancia estratégica de dicho instrumento en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y las demás formas de criminalidad, en cuyo marco se pretende imprimir visos de legalidad a los patrimonios mal habidos; (iv) que la prohibición de confiscación es compatible con la figura, dada la equivalencia objetiva entre el valor a extinguir proveniente del bien lícito y el del bien de origen ilícito, y la protección de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.] - [Palabras claves: bienes, dominio, extinción, actividades, origen, acción, propiedad, ley, buena, valor, carta, terceros, fe, política]

[Resumen automatizado: En su criterio, si bien la suspensión temporal del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico solo beneficia a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, parques de atracciones y temáticos y otras actividades recreativas y de esparcimiento, esto obedece a la naturaleza de esas actividades económicas, que demandan un alto consumo de electricidad; a la imposibilidad de generar ingresos suficientes, como consecuencia de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que restringen el flujo de usuarios y visitantes, y a la importancia que esas actividades tienen para la sociedad colombiana y la economía nacional. || El Presidente de la República no incurrió en un error manifiesto al apreciar la necesidad de la medida prevista en el decreto legislativo sub examine, ya que, como se indicó en los juicios precedentes, la suspensión temporal del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico por parte de los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, parques de atracciones y temáticos y otras actividades recreativas y de esparcimiento contribuye a aliviar la crisis que enfrenta el turismo por causa de la pandemia del COVID-19 y a reactivar su actividad económica una vez se levanten las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y distanciamiento social necesarias para frenar el contagio de esa enfermedad.] - [Palabras claves: servicios, decreto, usuarios, sector, personas, pago, mayo, emergencia, medidas, social, nuevo, casos, económica, contribución, actividades]

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional pudo verificar que las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 789 de 4 de junio de 2020 consistentes en el establecimiento de beneficios en el impuesto sobre las ventas -IVA, tendientes a (i) reducir el valor de ciertos bienes para la producción de medicamentos necesarios para la prestación de los servicios médicos para la atención y prevención del virus, y (ii) aliviar algunas cargas tributarias para apoyar y promover la reactivación de sectores económicos que se han visto especialmente afectados por las medidas sanitarias adoptadas y proteger así el empleo en el territorio nacional, tienen una relación de conexidad directa y específica con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del EEESE en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 cuya finalidad es la de atender la emergencia de salud pública, así como a contrarrestar el impacto negativo de la crisis en la economía del país a partir de la adopción de distintas medidas, incluidas aquellas de carácter tributario.] - [Palabras claves: decreto, iva, medidas, corte, mayo, medida, efectos, nacional, servicios, personas, exclusión, sector, casos, impuesto, transporte, parte, encuentran]

[Resumen automatizado: Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, establézcase como una alternativa adicional a lo dispuesto en el literal c) del artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, y entre tanto se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria, de manera excepcional y de mutuo acuerdo entre el trabajador y empleador, con el objeto de prevenir la circulación masiva de los trabajadores en los medios de transporte, la aglomeración en los centros de trabajo y con el fin de contener la propagación del Coronavirus COVID-19 y permitir un mayor número de días de descanso para el trabajador durante la semana, se podrá definir la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de ocho (8) horas al día y treinta y seis (36) horas a la semana, sin que sea necesario modificar el reglamento interno de trabajo.] - [Palabras claves: decreto, medidas, trabajadores, beneficiarios, trabajo, pago, prima, recursos, entidades, derechos, aporte, medida, trata, efectos, servicios, social]

[Resumen automatizado: Los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023 presentados ante las respectivas asambleas y concejos al 30 de abril de 2020, podrán ser objeto de modificaciones por parte de los gobernadores y alcaldes con motivo de los efectos derivados de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 hasta el 15 de junio de 2020. || La Corte Constitucional, al ejercer el control automático, integral y definitivo de la constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 683 de 2020 “[p]or el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” (en adelante, el “DL 683”), verificó que este cumplió los requisitos formales de validez, en la medida en que: (i) fue suscrito por el Presidente de la República y todos sus ministros; (ii) fue expedido en desarrollo y durante el término de vigencia del estado de excepción declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo 2020; (iii) se encuentra motivado; y (iv) su ámbito de aplicación comprende todo el territorial nacional.] - [Palabras claves: medidas, constitucional, planes, desarrollo, territoriales, decreto, entidades, aprobación, medida, efectos, previstos]

[Resumen automatizado: Que, conforme a lo anterior, y de acuerdo con la realidad laboral actual, es necesario realizar un cambio en la destinación del auxilio de transporte de aquellos trabajadores que, a causa de la emergencia sanitaria se encuentran desarrollando su actividad laboral en su domicilio, de forma que este auxilio pueda ser empleado para el acceso a los servicios de conectividad requeridos por los trabajadores para continuar el desempeño de sus labores desde sus residencias, en atención a la necesidad de promover, en la mayor medida posible, las actividades remotas, que aporten al distanciamiento social requerido para preservar la salud y la vida en el marco de la pandemia generada por el nuevo Coronavirus COVID-19. || Le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 771 de 2020 “por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”, expedido por el presidente de la república en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución, satisface las condiciones formales y materiales de validez establecidas en la Constitución y en la Ley Estatutaria 137 de 1994.] - [Palabras claves: auxilio, trabajo, trabajadores, decreto, transporte, emergencia, legislativo, medidas, nacional, medida, ley, corte]

[Resumen automatizado: Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, podrán diferir por un plazo de veinticuatro (24) meses el cobro de las facturas, que incluyen el cargo fijo y el consumo no subsidiado a usuarios residenciales de estratos 3 y 4, y de los usos industrial y comercial, emitidas a partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020. || 5. Las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo beneficiarias de esta medida, podrán utilizar como garantías frente a los intermediarios, entre otras: (i) la cesión de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas por los usuarios de cualquier estrato; (ii) los subsidios causados o por recibir por la prestación del servicio; (iii) garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías; (iv) cualquier otro tipo de garantía suficiente para el intermediario.] - [Palabras claves: servicios, decreto, públicos, personas, medidas, usuarios, legislativo, recursos, pago, entidades, ministerio, domiciliarios]

[Resumen automatizado: A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre del año 2020, el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) creado por el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019 podrá otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para destinarlos a solventar las necesidades de recursos asociadas a la implementación de esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso, los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria. || Constató la existencia de conexidad interna en tanto las medidas adoptadas tienen relación directa y específica con su parte motiva que hace referencia a “determinar una fuente temporal de financiación para el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de que este pueda solventar las necesidades asociadas a la implementación de esquemas de solución de largo plazo de empresas de servicios públicos con procesos de toma de posesión en curso y los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria, garantizando la prestación del servicio público.] - [Palabras claves: fondo, decreto, medidas, recursos, emergencia, personas, créditos, posesión, servicios, juicio, empresas, públicos, toma, prestación, superintendencia, operaciones]

[Resumen automatizado: Con el fin de garantizar el aseguramiento del riesgo financiero exacerbado por el Coronavirus y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado de una posible descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional que soportan el pago de sus mesadas, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías voluntariamente podrán acceder al mecanismo especial de pago que trata este Decreto Legislativo. || Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que decidan hacer uso de este mecanismo, deberán trasladar a Colpensiones, antes del 31 de octubre del año en curso, los recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado y la información correspondiente a los pensionados que a la fecha de expedición de este decreto presenten una descapitalización en sus cuentas. || Para efectos del mecanismo especial de pago de que trata el presente Decreto Legislativo, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hayan voluntariamente optado por el mismo, deberán trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el valor correspondiente al saldo de la cuenta de ahorro individual y sus rendimientos, el valor del bono pensional y la suma adicional, si a ella hubiere lugar.] - [Palabras claves: pensiones, decreto, legislativo, fondos, pago, mecanismo, recursos, artículo, cuentas, valor]

[Resumen automatizado: Al analizar el presupuesto fáctico, considera evidente que de la pandemia se desprenden efectos adversos para la salud pública y para los sectores económico, laboral y social, “por cuenta de la velocidad de la propagación del virus, la facilidad de su contagio y como consecuencia de las medidas preventivas adoptadas mediante decretos ordinarios por el Gobierno, siendo la más relevante el aislamiento obligatorio, el cual impide que las personas que habitan el territorio nacional ejerzan con normalidad sus actividades cotidianas y restringe los derechos fundamentales.” Estos hechos evidentes y demostrados, son reales y no se inscriben en el contexto de otros estados de excepción.] - [Palabras claves: emergencia, medidas, decreto, crisis, efectos, nacional, social, que, hechos, económica, situación]

[Resumen automatizado: Cuarto, solicitó declarar la inexequibilidad del artículo 10, pues no cumple con los siguientes juicios de: (i) conexidad interna, pues “no se entiende cómo el incumplimiento en el pago de una factura configura una conducta contraria a la libre competencia, [ni] cómo la calificación de esta conducta tiene una relación de conexidad con la mitigación del impacto del COVID-19 en el sector transporte”[69]; (ii) ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica, toda vez que “al establecer un régimen de responsabilidad objetiva, desconoce el núcleo del derecho al debido proceso”[70]; (iii) finalidad, pues la motivación “es exigua y poco dice sobre el cumplimiento de la finalidad de la misma, a partir del establecimiento de una nueva conducta contraria a la libre competencia”[71]; (iv) incompatibilidad, ya que no expone las razones por las cuales la legislación ordinaria es insuficiente; (v) finalidad, porque no se explica cómo constituir ese acto contrario a la libre competencia protege “los principios previstos en el artículo 333 de la Constitución, así como los derechos de [los contratistas]”[72]; (vi) necesidad jurídica, “por cuanto existe regulación en la legislación ordinaria que permite proteger la obligación dineraria y la libre competencia”[73]; y (vii) proporcionalidad, porque “tiene implicaciones sancionatorias relacionadas con la restricción de derechos e imposición de multas, dentro de un régimen especial que protege unos aspectos constitucionalmente relevantes”.] - [Palabras claves: transporte, público, decreto, medidas, servicio, recursos, sector, efectos, emergencia, ii, i, que, ministerio, medida]

INEXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; y apartes contenidos en los artículos 9, 12 y 13 del Decreto Legislativo 568 de 2020 "por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020". Esta decisión tendrá efectos RETROACTIVOS. En consecuencia, los dineros que los sujetos pasivos del impuesto han cancelado se entenderán como abono del impuesto de renta para la vigencia 2020, y que deberá liquidarse y pagarse en 2021\ Exequibles los demás textos.\ El decreto no superó el juicio de no contradicción específica, por dos motivos. El primero, porque no cumplió con el principio de generalidad del tributo. Y, el segundo, porque desconoció el principio de equidad e igualdad tributaria, en su dimensión horizontal - [Resumen automatizado: A partir del primero (01) de mayo de 2020 y hasta el treinta (31) de julio de 2020 los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política, y las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública con salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a diez millones de pesos ($10.000.000) podrán efectuar un aporte mensual solidario voluntario por el COVID 19 con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020 para inversión social en la clase media vulnerable y los trabajadores informales, en consideración a la capacidad económica de los aportantes solidarios voluntarios, de acuerdo con la siguiente tabla.] - [Palabras claves: impuesto, decreto, personas, sentencia, capacidad, corte, recursos, gobierno, principio, ingresos, trabajadores, públicos, sujetos, constitución, aporte]

[Resumen automatizado: Resulta clara, además, la relación de la medida de exención con la necesidad de adopción de medidas tributarias, destacada en el Decreto 417 de 2020, como mecanismo para paliar los efectos económicos de la pandemia; (iii) la norma cumple con el requisitos de finalidad, pues busca “contribuir y facilitar el acceso y el abastecimiento de bienes indispensables para atender las necesidades en salud derivadas de la aludida pandemia, incluida la protección efectiva de la población frente la misma”[39], mediante la aplicación de medidas tributarias que son importantes herramientas de intervención del Estado en la economía, estimulando actividades trascendentales para el manejo de la enfermedad; (iv) se cumple el requisito de necesidad. || En cuanto a los juicios materiales, se destacó que: (i) la norma cumple los requisitos de conexidad material y finalidad, pues tanto el Decreto 417 de 2020 como la Resolución 385 de 2020, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social declararon la emergencia sanitaria por el COVID-19, establecieron la necesidad de tomar medidas de carácter tributario para impulsar para la prestación de servicios médicos y brindar atención preventiva para la pandemia.] - [Palabras claves: decreto, bienes, medidas, legislativo, corte, impuesto, control, emergencia, norma, iva, social, necesarios, requisitos, derechos]

[Resumen automatizado: El presente Decreto Legislativo tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito del Sistema General de Pensiones, para brindar mayor liquidez a los empleadores y trabajadores dependientes e independientes, y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, que reciben un salario mínimo legal mensual vigente de una posible descapitalización de las cuentas de ahorro pensional que soportan el pago de su pensión. || En los considerandos del decreto se señala expresamente como uno de los fundamentos de la medida “Que en cumplimiento de la garantía estatal de las pensiones que consagra el artículo 48 de la Constitución Política, se hace necesario que el Estado pueda trasladar la administración de los recursos de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de Retiro Programado y el pago de estas pensiones, cuando se evidencie por control de saldos que el capital acumulado en la cuenta de ahorro del pensionado se encuentra en el límite para financiar una renta vitalicia equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.] - [Palabras claves: pensiones, que, modalidad, pago, decreto, personas, derechos, mínimo, medidas, trabajadores, general, recursos, retiro, marzo]

INEXEQUIBLE el artículo 6 del Decreto Legislativo 576 de 2020 "por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", al no superar el juicio de necesidad jurídica. Lo anterior, en la medida en que la excepción al trámite de licencia previa de importación y establecimiento de una modalidad de importación de remanufacturados (maquinas usadas) era susceptible de ser jurídicamente regulada por el Presidente de la República, con base en sus potestades ordinarias derivadas de las leyes marco o cuadro. En efecto, la Ley 7 de 1991 (ley marco de comercio exterior) otorga un mandato de regulación al Presidente de la República, por lo que las medidas relacionadas con la modificación a la importación de remanufacturados previstas en el artículo 6°, podrían haber sido excepcionadas por el Gobierno nacional, como una modificación a lo previsto en el Decreto 925 de 2013. \ Exequibles los demás artículos - [Resumen automatizado: El representante del Ministerio Público manifestó que el Decreto legislativo objeto de control cumple con los requisitos de forma que la jurisprudencia constitucional exige para este tipo de decretos, a saber: (i) cuenta con una motivación, en tanto presenta los hechos y las razones que justifican su expedición, los propósitos que persigue y los fundamentos específicos de las medidas adoptadas, las cuales se relacionan y son necesarias para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19; (ii) fue suscrito por el Presidente de la República y todos sus ministros; (iii) el decreto fue expedido durante la vigencia y en desarrollo del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 417 de 2020; y (iv) las medidas contenidas en el decreto aplican en todo el territorial nacional. || Al respecto, considera la Sala Plena que las medidas adoptadas en el presente Decreto Legislativo, las cuales como se ha dicho a lo largo de esta sentencia tienen por objeto dotar de un flujo de recursos al sistema de salud, reactivar y garantizar la sostenibilidad financiera y proteger a los ganadores de juegos, guardan una relación directa y específica con los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica prevista en el Decreto 417 de 2020, y por tanto las mismas: (i) no limitan ni suspenden la eficacia de derechos y libertades fundamentales, pues sus medidas, únicamente, se encaminan a otorgar alivios financieros y fijar pautas para la reactivación económica y operativa del sector de juegos de suerte y azar.] - [Palabras claves: decreto, medidas, salud, azar, suerte, derechos, legislativo, ley, corte, sector, explotación, recursos, gobierno]

[Resumen automatizado: Para tal efecto, solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que informara acerca de: "(i) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la destinación de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico para que los departamentos, distritos y municipios, hasta el 31 de diciembre del año en curso, financien las actividades descritas en el Decreto 441 de 2020, así como aquellas derivadas de las previsiones contenidas en el Decreto 580 de 2020?"; "(ii) ¿Por qué es necesario contar con el superávit existente en los Fondos de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios, que resulte luego de atender las necesidades de subsidios y de garantizar el acceso al servicio de agua potable, para la financiación de actividades y artículos de bioseguridad, teniendo en cuenta su destinación original al cubrimiento de déficits en subsidios?"; "(iii) ¿Cuál es la relación directa y específica de esta forma de financiación con la concreta finalidad del Decreto 580 de 2020?" y "¿De qué forma las medidas allí contenidas se encuentran vinculadas al propósito de conjurar la emergencia social y económica e impedir la extensión de sus efectos?".] - [Palabras claves: decreto, medidas, servicios, emergencia, públicos, gobierno, decretos, social, corte, personas, recursos, control, agua, excepción, presidente]

La Corte CONDICIONA la exequibilidad de las medidas contenidas en los artículos 2 (parcial), 3, 5, 7, 8, y 10 del Decreto Legislativo 546 de 2020 "por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"\ Exequibles los demás artículos - [Resumen automatizado: Y, por su parte, se estima que la obligación del Artículo 10, de retornar a los centros de reclusión una vez finalizados los referidos 6 meses, es inconstitucional, pues quienes reciban el beneficio de la detención preventiva o prisión domiciliarias transitorias no lo pierden de manera automática, en la medida en que tienen derecho y el juez competente debe reconocer la aplicación ultractiva del Decreto Legislativo 546 de 2020, como norma penal más favorable. || Durante el trámite de la referencia y tras revisar los múltiples documentos e intervenciones recibidas, la Magistrada ponente formuló al Ministerio de Justicia y del Derecho nueve preguntas para conocer detalles sobre (i) las condiciones actualizadas de la población privada de la libertad en el contexto de la pandemia; (ii) la aplicación de las medidas previstas en el Decreto Legislativo 546 de 2020; y (iii) datos relacionados.[124] Entre otros asuntos, de la información que aportó el Gobierno nacional, en respuesta a las solicitudes de la Corte, llama la atención la manera como están repartidas las personas que han accedido a la medida principal, según el criterio del Artículo 2 que las cobijó.] - [Palabras claves: medida, personas, libertad, medidas, detención, decreto, artículo, derechos, transitoria]

[Resumen automatizado: En cuanto a los juicios de fondo, señala que: (i) el Decreto cumple el requisito de conexidad, en la medida en que la modificación del SGR tiene por objeto permitir al Gobierno dar respuestas efectivas y ágiles a la situación sanitaria e, igualmente, en su parte considerativa se refirió a la necesidad de adoptar medidas de orden legislativo para fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades territoriales frente a la emergencia; (ii) las medidas no son arbitrarias, en tanto son de carácter económico y están destinadas a facilitar la estructuración de proyectos de inversión que hagan frente a la crisis; (iii) no suspende derechos que no puedan ser limitados en estados de excepción; (iv) sus medidas tienen por finalidad hacer frente a la crisis e impedir la extensión de sus efectos, autorizando la utilización de los recursos del SGR para tal efecto; (v) en la motivación se expusieron en forma suficiente las razones que justifican las medidas del Decreto; y (vi) éstas son necesarias, puesto que son idóneas para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia y, si bien existían medios ordinarios para ejecutar los recursos del SGR, éstos no resultaban suficientes desde el punto de vista de la celeridad que demanda la emergencia.] - [Palabras claves: proyectos, decreto, recursos, inversión, legislativo, medidas, entidades, emergencia, territoriales, público, efectos]

INEXEQUIBLE la expresión "La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- compensará de manera automática los saldos adeudados por esta figura en caso de liquidación de Entidades Promotoras de Salud -EPS-" contenida en el Par. 3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020, -por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica-, toda vez que la institución de la compensación no puede ser utilizada para saldar obligaciones que no están relacionadas con la atención de la emergencia del COVID-19, más aún cuando las EPS en liquidación no pueden desarrollar su objeto social más allá de los actos necesarios para lograr su liquidación\ Exequibles los demás textos\ Reviviscencia de artículo derogado (no inexequible), artículo 50 -FONSEAT- de la Ley 1438 de 2011 - [Resumen automatizado: La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados al Régimen Contributivo, una vez finalizado el periodo de protección laboral cuando aplique, continuará pagando a las Entidades Promotoras de Salud -EPS- el valor de la Unidad de Pago por Capitación -UPC- correspondiente a los cotizantes que hayan sido suspendidos y su núcleo familiar, así como a los beneficiarios de los cotizantes que hayan fallecido, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto y Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19"] - [Palabras claves: salud, servicios, recursos, ley, social, ministerio, emergencia, decreto, medidas, prestación]

[Resumen automatizado: -Findeter- podrá otorgar créditos directos a empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales, mixtas y privadas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, para implementar las medidas que el gobierno nacional adopte para conjurar los efectos de la emergencia económica, social y ecológica declarada a través del Decreto 417 de 2020. || Le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 581 del 15 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica”, expedido por el presidente de la república en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución, satisface las condiciones formales y materiales de validez establecidas en la Constitución y en la Ley estatutaria 137 de 1994. || En concreto, el alcance de esta medida se debe ampliar a las personas, organizaciones o asociaciones que, sin tener la condición de empresas, prestan los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, han sido objeto de las mismas obligaciones establecidas por el gobierno nacional durante el estado de excepción y también requieren de financiación para mantener su liquidez o capital de trabajo.] - [Palabras claves: servicios, legislativo, decreto, públicos, medidas, corte, domiciliarios, gobierno, nacional, excepción, emergencia, crédito]

[Resumen automatizado: Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos aquellos casos en los que el plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se haya pactado por períodos diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 4o de la Ley 820 de 2003. || Se aplaza el reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, bien porque se hubiere acordado por las partes, o por virtud del artículo 20 de la Ley 820 de 2003. || Declarar EXEQUIBLE el Decreto 579 de 2020, con excepción del artículo 6 que se declara exequible (i) en el entendido de que la suspensión de la ejecución de cualquier acción de desalojo a que se refiere el artículo 1 es aplicable a toda clase de arrendatarios, y (ii) la expresión “, los contratos de arrendamiento suscritos por el administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO,” contenida en el PARÁGRAFO, que se declara INEXEQUIBLE.] - [Palabras claves: que, partes, personas, contratos, marzo, medidas, día, ley, pago, decreto, treinta, social, casos]

[Resumen automatizado: Que, de acuerdo con lo expuesto, los porcentajes dispuestos en el citado artículo 33 de la Ley 182 de 1995, son exigencias de imposible cumplimiento en el contexto actual de Emergencia Económica, Social y Ecológica, debido a las medidas que han sido ordenadas respecto del distanciamiento social y la limitación de la movilidad durante el aislamiento preventivo obligatorio, y que deben acatarse de manera prevalente para contener y mitigar la pandemia causada por el Coronavirus COVlD-19, en consecuencia, es necesario ajustar transitoriamente el porcentaje de producción nacional que deben cumplir estos operadores, a efectos de que se garantice la emisión del servicio público de televisión y salvaguardar la salud y la vida, mediante la restricción de la operación a las condiciones esenciales para la provisión del servicio mediante la adición de un parágrafo al artículo 33 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 4 de la Ley 680 de 2001.] - [Palabras claves: nacional, decreto, producción, emergencia, televisión, programación, medidas, ley, medida, cuota, nacionales]

La Corte decide sobre Decreto Legislativo 491 de 2020, "por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica": i) CONDICIONA el Art. 4 "bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos."; ii) CONDICIONA el Art. 5 "bajo el entendido de que la ampliación de términos que contempla para solucionar las peticiones es extensible a los privados que deben atender solicitudes"; iii) Declara INEXEQUIBLE el parágrafo 1 y CONDICIONA el parágrafo 2 del Art. 6, "bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma"; iv) INEXEQUIBLE la expresión "de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG"; v) CONDICIONA el Art. 8 "bajo el entendido de que la medida contenida en el mismo se hace extensiva también a los permisos, autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que no pudieron ser renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas para conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador"; vi) CONDICIONA el Art. 10 "bajo el entendido de que las medidas contenidas en el mismo tendrán vigencia únicamente durante el desarrollo de la emergencia sanitaria."; vii) INEXEQUIBLE el art. 12 por no superaba el juicio de necesidad jurídica que exige de toda medida decretada en desarrollo de un estado de excepción, como también contraría abiertamente, el principio de autonomía de las ramas y órganos del poder público; viii) Exequibles los demás textos del decreto - [Resumen automatizado: (a) Ante el distanciamiento social necesario para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, es imperioso garantizar la continuidad de los diferentes servicios que prestan las entidades del Estado sin poner en riesgo grave a los usuarios y a los servidores públicos, por lo cual era indispensable la implementación de medidas que permitieran: (1) agotar de forma virtual las fases de los procedimientos a cargo de las autoridades (Ej. trabajo en casa o notificaciones electrónicas); (2) flexibilizar ciertas formalidades cuya satisfacción obstaculice la función pública (Ej. firmas escaneadas o reuniones no presenciales); (3) prorrogar temporalmente determinados permisos, autorizaciones o licencias debido a la imposibilidad de gestionar razonablemente su renovación; (4) proteger los derechos laborales de los servidores y contratistas de las administración de conformidad con las exigencias del ordenamiento superior; y (5) asegurar que los procesos de selección de personal no deriven en escenarios de arbitrariedad.] - [Palabras claves: decreto, servicios, autoridades, medidas, emergencia, corte, derechos, i, términos, así, público, prestación, ii, forma, medio, ley, constitución, derecho]

Exequible el Decreto Legislativo 574 de 2020 "por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19, las entidades territoriales, prestadores directos del servicio de APSB, podrán destinar recursos de la participación de APSB del Sistema General de Participaciones al pago de pasivos y obligaciones que tengan con las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, por cuenta de la prestación de APSB, siempre y cuando, certifiquen estar a paz y salvo con el pago de subsidios y el destino autorizado no ponga en riesgo el financiamiento de los usos también autorizados mediante el Decreto 441 de 2020. || La posibilidad que las entidades territoriales asuman total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible de los usuarios dentro de su jurisdicción, prevista en el artículo 7 del Decreto Legislativo 517 de 2020, abarcará el lapso de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.] - [Palabras claves: decreto, medidas, recursos, emergencia, energía, juicio, servicios, servicio, prestación, i, ley, empresas]

[Resumen automatizado: La motivación del Decreto Legislativo 552 de 2020, se refiere a: (i) la necesidad de atender los efectos adversos generados por la pandemia en la salud y la actividad productiva, así como el mantenimiento del empleo y el crecimiento económico; (ii) la creación del FOME para canalizar los recursos para atender la crisis sanitaria y económica derivada del brote de COVID-19; (iii) la incertidumbre sobre la evolución de la propagación del virus y las consecuentes medidas de aislamiento que podrían agotar los recursos inicialmente previstos en el Decreto Legislativo 444 de 2020; (iv) la necesidad de contar con mayores recursos para financiar el gasto público requerido para atender las necesidades básicas de la población afectada por las medidas de aislamiento; (v) la estrategia de optimización de los recursos del Estado, teniendo en cuenta las condiciones financieras actuales, es decir, los efectos de la pandemia y los bajos precios del petróleo, que han aumentado la volatilidad de los mercados, haciendo las ventanas de financiamiento más cortas y los costos más elevados; (vi) el FRL a 31 de marzo de 2020 contaba con un saldo de excedentes acumulados desde su creación S412.666.165.790 frente a un presupuesto aprobado de 36.946.481.107; de ahí que puedan tomarse $329.000.000.000 de sus recursos en préstamo para atender transitoriamente las necesidades económicas y sociales derivadas de la pandemia del Coronavirus sin afectar su funcionamiento a mediano y largo plazo; (vii) para no generar presiones fiscales al servicio de la deuda de los próximos años, que exigirán un gran gasto público acompañado de una caída de los ingresos tributarios por la disminución esperada de la producción, se aplicará una tasa del 0% al préstamo pagadero en 10 años; y (viii) no existe una norma que permita tomar los recursos que se encuentran FRL y entregarlos a título de préstamo al FOME.] - [Palabras claves: recursos, decreto, medidas, legislativo, corte, ministerio, nación, fondo, crisis, atender, efectos, emergencia, ley, público]

Exequible el Decreto Legislativo 569 de 2020, -por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica- - [Resumen automatizado: El artículo 7º del Decreto Legislativo 569 de 2020 responde directa y efectivamente a las causas que originaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, pues promueve el cumplimiento efectivo de las medidas sanitarias que se han decretado con ocasión de la pandemia, entre ellas el aislamiento preventivo obligatorio, por lo que se considera cumplido el juicio de finalidad; esta conclusión, que se sostuvo en la Sentencia C-185 de 2020 es perfectamente entendible también ahora, pese a la modificación de la temporalidad, dado que, en últimas, la suspensión de las actividades concurre con una medida de restricción de la movilización dentro del territorio para todos sus habitantes, satisfaciendo así la relación que existe con las causas de la emergencia económica y con el objeto de evitar la extensión de sus efectos. || Durante el término que dure el aislamiento preventivo obligatorio de que trata el Decreto 531 de 08 de abril de 2020 o durante el término de cualquier aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y previa aprobación del Centro de Logística y Transporte, se permitirá la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pesquera, según los diferentes modos de transporte, así como de los establecimientos en los cuales se realice el suministro y/o instalación de repuestos, con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.] - [Palabras claves: medidas, decreto, transporte, término, preventivo, obligatorio, personas, social, emergencia, servicio, nacional]

[Resumen automatizado: Que durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ocasionada de la pandemia del derivada del Coronavirus COVID-19, es necesario suspender el siguiente aparte del precitado artículo "[...] la verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad", para que más población vulnerable pueda acceder a estos beneficios económicos -transferencias monetarias- sin cumplir todos los requisitos que regularmente prevé la ley, situación que permite garantizar sus derechos fundamentales, entre ellos, al mínimo vital y a la vida digna. || Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se suspende el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", exclusivamente para el trámite administrativo de otorgamiento inicial de licencias y el trámite administrativo de ampliación operativa de la licencia de funcionamiento, otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- a las Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.] - [Palabras claves: decreto, medidas, derechos, emergencia, legislativo, protección, social, juicio, ley, i, medida, personas, corte]

[Resumen automatizado: Con la finalidad de tener mayor capacidad y cobertura y así atender a los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cámara de comercio con jurisdicción territorial en el domicilio del deudor, a través de su centro de conciliación o directamente, a través de mediación y con la participación de un mediador de la lista que elabore para el efecto, podrá adelantar procedimientos de recuperación empresarial para su posterior validación judicial, respecto de los deudores sujetos al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006 y las personas excluidas del régimen de insolvencia relacionadas en el artículo 3 del mismo régimen, siempre que no esté sujetas de manera obligatoria a un régimen especial de recuperación de negocios o no tengan un régimen de recuperación.] - [Palabras claves: decreto, pago, ley, acuerdo, medidas, crisis, derechos, emergencia, empresas, procesos, régimen, efectos, empresarial, proceso, créditos, empresa, negociación]

[Resumen automatizado: En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto 417 de 2020, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá contratar de manera directa, previa justificación técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en el territorio nacional, así como todo lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector, a través de las entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario. || Segundo, las medidas financieras previstas por los artículos 2º y 4º, que facultan al Banco Agrario, a FINAGRO y al FONSA para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera, son necesarias desde el punto de vista fáctico en cuanto fortalecen los instrumentos financieros especiales dispuestos en la legislación ordinaria a favor del sector agropecuario “brindando cierta liquidez y tranquilidad económica [a los productores agropecuarios] que permitirán continuar con su actividad productiva, minimizando el desempleo rural y garantizando la producción alimentaria para el territorio colombiano”[21].] - [Palabras claves: decreto, medidas, medida, desarrollo, ministerio, i, corte, trabajadores, ley, ii, población, emergencia, agropecuario]

[Resumen automatizado: 2. El 16 de abril de 2020, el Presidente de la República remitio a la Secretaría General de la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 570, emitido el día anterior, "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". || Serán beneficiarios del apoyo económico excepcional las personas desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley que a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se encuentren: (i) activos en el proceso de reintegración liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y (ii) no reciban los beneficios económicos propios del proceso de reintegración. || En desarrollo de tal declaratoria, el Presidente de la República y todos los Ministros expidieron el Decreto Legislativo 570 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".] - [Palabras claves: apoyo, proceso, decreto, económico, población, excepcional, personas, emergencia, legislativo, medidas, beneficios, económica]

[Resumen automatizado: Revisión automática de constitucionalidad del Decreto legislativo 530 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con el gravamen a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos bienes corporales muebles, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". || 2. En desarrollo de dicha competencia se dictó el Decreto 530 de 8 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con el gravamen a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos bienes corporales muebles, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". || Para efectos de esta exención, las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán marcar como exentas del gravamen a los movimientos financieros -GMF- ante las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuentas corrientes y/o de ahorros destinadas única y exclusivamente a los retiros para beneficiar a la población más vulnerable, con el único propósito de conjurar la crisis que dio lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional.] - [Palabras claves: decreto, entidades, constitucionalidad, corte, sentencia, lucro, ánimo, bienes, medidas, república, constitución, social]

[Resumen automatizado: Respecto de la expresión: "Los ingresos y rentas del Presupuesto Nacional y de los presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden nacional o asimilados por la ley a éstos, incluidos los fondos especiales y las contribuciones parafiscales que administran los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán ser destinados a la atención de los gastos que se requieran durante la vigencia de fiscal 2020 para hacer frente a la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 2020 y contrarrestar la extensión de sus efectos sociales y económicos" contenida en el artículo 6, se solicita que la declaración de exequibilidad se condicione "en el entendido [de] que no implica la facultad, en cabeza de los órganos que hacen parte del PGN, de modificar dicho presupuesto, ya que esta potestad solo corresponde al legislador."] - [Palabras claves: decreto, recursos, medidas, presupuesto, emergencia, social, excepción, crisis, hacer, fiscal, ley, nación]

INEXEQUIBLE la expresión "y caducidad", prevista en el parágrafo de su artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, "por el cual se adoptan medidas para las garantías de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". Exequible los demás textos del decreto\ La exclusión de la suspensión del término de caducidad en materia penal, desconoce los derechos de las víctimas a la reparación - [Resumen automatizado: (iii) Las normas del decreto legislativo tienen por efecto imprimir seguridad jurídica, como elemento y valor propio del Estado de Derecho[46]: teniendo en cuenta las medidas sanitarias adoptadas para atender la crisis generadas por el Coronavirus COVID-19 y ante los diferentes acuerdos mediante los cuales el CSJ ordenó la suspensión de términos judiciales, con algunas excepciones, las normas del decreto legislativo bajo control confieren certeza legal a los usuarios de la Rama Judicial y del arbitraje, lo mismo que a los funcionarios y empleados judiciales, así como a los árbitros y secretarios de tribunal, respecto de la manera como se deben contar los términos de prescripción, de caducidad, los de declaración del desistimiento tácito y aquellos de duración máxima de los procesos ya que, este conjunto de precisiones no se encuentra en los acuerdos del CSJ (la determinación de si dicha corporación hubiera podido legítimamente tomar estas decisiones, será un asunto que se evaluará en el juicio de necesidad jurídica).] - [Palabras claves: términos, decreto, judiciales, medidas, suspensión, derechos, justicia, control, prescripción, corte]

[Resumen automatizado: En relación con los requisitos materiales, el Procurador General de la Nación resaltó que el Decreto Legislativo sub judice satisface los juicios de: (i) conexidad externa, por cuanto tiene relación con "la necesidad de buscar recursos adicionales para atender los efectos derivados de la pandemia y con las estrategias adoptadas para reducir el contagio y mitigar los efectos de la crisis"[13]; (ii) conexidad interna, porque "existe una relación de conexidad entre la adición presupuestal y la liquidación, en la que se hace expreso que el movimiento tiene como propósito capitalizar al Fondo Nacional de Garantías"[14]; (iii) arbitrariedad e intangibilidad, debido a que "no establece medidas que afecten el núcleo esencial de ningún derecho fundamental o permitan la suspensión de derechos intangibles"[15] y (iv) no contradicción específica, porque "respeta el principio de legalidad del presupuesto (art.] - [Palabras claves: legislativo, decreto, nacional, gobierno, corte, presupuesto, nación, medidas, excepción, recursos, juicio, artículos, general]

[Resumen automatizado: 2. El 1º de abril de 2020, el Presidente de la República remitió a la Secretaría General de la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 500 de 2020, dictado y publicado el 31 de marzo del presente año “por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales de carácter público, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica”, el cual fue radicado en la Corporación con el número de expediente RE-256 y repartido al despacho de la magistrada sustanciadora el mismo día de su remisión, para su trámite y sustanciación. || El cinco por ciento (5%) del total de la cotización para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del virus, tales como, trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja, para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo Coronavirus COVID-19.] - [Palabras claves: decreto, riesgos, medidas, trabajadores, ley, recursos, prevención, carácter, derechos, laborales, medida, que, población, emergencia, corte]

[Resumen automatizado: En desarrollo de lo anterior, el Presidente de la República expidió -el 15 de abril- el Decreto legislativo 559 de 2020, "[p]or el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". || El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres administrará una subcuenta temporal para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud. || El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres administrará una subcuenta temporal para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud.] - [Palabras claves: decreto, recursos, fondo, nacional, legislativo, ley, corte, emergencia, efectos, gobierno, artículo]

Exequible el Decreto Legislativo 555 de 2020, "por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 - [Resumen automatizado: Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. || Que de conformidad con el numeral 10 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones", con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación de los trámites y servicios digitales, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones.] - [Palabras claves: decreto, servicios, medidas, emergencia, servicio, ministerio, decretos, vigencia, derechos, marzo, social]

[Resumen automatizado: (i) “…implementar medidas que mitiguen las afectaciones al flujo de caja y a la liquidez que estas empresas están sufriendo como consecuencia de la emergencia, y así agilizar procesos para la recuperación de sus capacidades laborales, sociales, productivas y financieras.”; (ii) “…que los recursos del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social puedan destinarse transitoriamente para contribuir, con transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos, a la subsistencia de los guías de turismo”; (iii) “…establecer normas de carácter transitorio sobre las solicitudes de retracto, desistimiento y otras circunstancias relacionadas con el reembolso del valor que el consumidor hubiese pagado por los paquetes y servicios turísticos adquiridos”; y, (iv) “…otorgar un alivio económico a las micro, pequeñas empresas y formas asociativas y solidarias sin ánimo de lucro dedicadas a la cadena de abastecimiento, resulta pertinente modificar las tarifas de registro de ciertos productos ante el INVIMA.” ] - [Palabras claves: decreto, medidas, legislativo, emergencia, turismo, impuesto, servicios, empresas, corte, nacional, derechos]

[Resumen automatizado: Que la honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-434 del 12 de julio de 2017, en la cual efectuó la revisión constitucional del Decreto Legislativo 733 de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones en materia presupuestal para hacer frente a la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, a través de la modificación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017 y se efectúa la correspondiente liquidación", precisó que: «La Constitución establece, como regla general, que no se podrá hacer erogación o gasto alguno con cargo al tesoro público, ni trasferir créditos que no se hallen incluidos en el presupuesto de gastos decretados por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales (art. || Mediante el Decreto 417 de 2020[70], con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario y de conformidad con este decreto resulta indispensable adicionar el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020, con el fin de incluir los recursos necesarios para la implementación de medidas efectivas dirigidas a conjurar la emergencia y mitigar sus efectos, en especial, fortalecer el sistema de salud para que garantice las condiciones necesarias de atención y prevención del COVID-19, así como a contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social que ha conllevado la emergencia.] - [Palabras claves: decreto, recursos, presupuesto, medidas, efectos, emergencia, excepción, corte, general, crisis, gobierno, nación]

[Resumen automatizado: Le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 539 de 13 de abril de 2020 "por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta cumple las condiciones formales y materiales de validez establecidas en la Constitución y en la regulación estatutaria que las ha desarrollado en esta materia, en particular, la Ley 137 de 1994. || En particular i) invoca el Decreto 417 de 2020 por medio del cual se declaró el estado de excepción; ii) alude a la emergencia sanitaria y social mundial originada por el brote del COVID-19 y su reconocimiento como una pandemia por parte de la OMS el 11 de marzo del 2020; iii) refiere las repercusiones que se producirán sobre el mundo del trabajo según la OIT y las recomendaciones que emitió ese organismo de cara a la protección de trabajadores, empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus; iv) advierte que atendiendo la magnitud de la pandemia el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria nacional y el aislamiento preventivo obligatorio, entre otras medidas ordinarias; v) enuncia que el Ministerio de Salud y Protección Social en compañía de las carteras de Transporte y Trabajo, emitieron las reglas de protección dirigidas al sector de infraestructura de transporte[76], transporte de carga y de pasajeros -terrestre, fluvial y férreo-[77], y construcción de edificaciones[78]; vi) indica la facultad otorgada en el art.] - [Palabras claves: medidas, social, ministerio, salud, trabajo, emergencia, decreto, nacional, protección, derechos, corte, que, ii, personas]

[Resumen automatizado: Explica que el Decreto sastisface los requisitos de (i) conexidad material y finalidad, por cuanto tiene una relación, directa y específica, con los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y su propósito fundamental es evitar la extensión de los efectos de tales hechos en el sector de la cultura; (ii) ausencia de arbitrariedad y de intangibilidad, toda vez que no desconoce las prohibiciones para el ejercicio de las facultades extraordinarias por parte del Gobierno nacional; (iii) no contradicción específica, porque no contiene medidas que vulneren la Constitución ni los tratatados de derechos humanos ratificados por Colombia; (iv) motivación suficiente, ya que hace explícitas las razones que justificaron su expedición; (v) necesidad, comoquiera que era indispensable adoptar medidas específicas en favor de los artistas, creadores y gestores culturales, y, además, en el ordenamiento jurídico no existían previsiones legales adecuadas y suficientes para alcanzar la finalidad que persigue la norma; (v) incompatibilidad, pues «si bien se suspenden efectos de reglas nacionales o territoriales que distribuían esos recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, estas están motivadas»; (vi) proporcionalidad, dado que era imprescindible priorizar y destinar recursos a las personas más afectadas por las consecuencias económicas generadas por la enfermedad COVID-19; y (viii) no discriminación, puesto que no establece tratos diferenciados, fundados en criterios sospechos y, por el contrario, «incluye reglas especiales para la protección de las personas con situación de especial protección (artistas, creadores y gestores culturales, que demuestren su estado de vulnerabilidad), e incluso contiene una destinación mínima para los artistas, creadores y gestores culturales con discapacidad».] - [Palabras claves: decreto, cultura, culturales, social, medidas, nacional, legislativo, personas, recursos, emergencia]

[Resumen automatizado: Por su parte en la defensa del decreto estudiado la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República señala lo siguiente: “se evidencia que las medidas adoptadas están encaminadas a garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo durante la emergencia y la extensión de sus efectos, eliminando obstáculos de tipo económico puesto que, a pesar que la prestación de estos servicios es de carácter oneroso, es necesario reconocer que por causa de la Emergencia Económica Social y Ecológica se afecta la capacidad de pago de la población, en especial, la de menores ingresos, razón por la cual, como se mencionó atrás, es necesario adoptar medidas que contribuyan con aliviar dicha afectación, así como asegurar los recursos que la legislación ha previsto para subsidiar a los usuarios de menores ingresos, los cuales garantizan la sostenibilidad financiera del esquema y dan estricto cumplimiento al criterio de solidaridad y redistribución de ingresos, ordenado en nuestra Constitución Política.”[70] ] - [Palabras claves: servicios, decreto, públicos, medida, prestación, recursos, pago, la, medidas, corte, servicio, personas, usuarios]

[Resumen automatizado: Que en función de dicha declaratoria, y con sustento en las facultades señaladas por el artículo 215 de la Constitución Política, le corresponde al presidente de la República, con la firma de todos los ministros, adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y contribuir a enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19, con graves afectaciones al orden económico y social. || Tales medidas guardan relación directa con las causas de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020, en tanto se trata de alivios tributarios relativas a la exclusión del impuesto sobre las ventas IVA- respecto de las comisiones por el servicio de garantías otorgadas por el Fondo Agropecuario de Garantías -FAG -; y la reducción de la Retención en la fuente de las comisiones del FAG-; focalizadas única y directamente para enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19.] - [Palabras claves: personas, que, medidas, marzo, social, día, fondo, comisiones, decreto, casos, crisis, emergencia, económica]

[Resumen automatizado: Que, en consecuencia, con el fin de superar las dificultades expuestas y en aras de salvaguardar los compromisos de cooperación judicial internacional que tienen como fundamento el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad y de proteger los derechos de los servidores públicos, se hace necesario suspender los términos del trámite de extradición por 30 días calendario, con las excepciones referidas; plazo que podrá ser prorrogado en caso de que persistan los motivos que llevan a tomar esta decisión. || A continuación, la Corte expondrá sus consideraciones acerca del examen de constitucionalidad del Decreto 487 de 2020, en el siguiente orden: (i) inicialmente, se estudiará la vigencia actual de la norma y la razón por la que este tribunal la somete a su escrutinio; (ii) en segundo término, se ofrecerá una contextualización general acerca del mecanismo de la extradición en el ordenamiento jurídico colombiano; (iii) en tercer lugar, se precisará el contenido y alcance de las medidas adoptadas con el Decreto 487 de 2020; y (iv) finalmente, se analizarán los requisitos de forma y de fondo del Decreto Legislativo bajo estudio, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales reseñados en la sección II.D de esta sentencia.] - [Palabras claves: extradición, decreto, corte, términos, suspensión, libertad, derecho, personas, derechos, medidas, persona]

[Resumen automatizado: 2. Avocado el conocimiento por la Magistrada ponente, mediante Auto de 3 de abril de 2020, se ordenó oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que en el término de 3 días indicaran las razones que, en su criterio, justificaban la constitucionalidad del Decreto de la referencia, a la luz de los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, no discriminación y demás requisitos señalados en los artículos 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 46 y 47 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 215 de la Constitución Política. || Que, debido a estas nuevas condiciones, el Gobierno nacional requiere optimizar el uso del capital de entidades financieras de propiedad estatal, transfiriendo dichos recursos al Fondo Nacional de Garantías, para que respalde la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener activas las relaciones crediticias y financiar tanto a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas naturales, que han dejado de percibir ingresos por su condición de trabajadores independientes o desempleo.] - [Palabras claves: nacional, entidades, decreto, recursos, corte, ministerio, emergencia, gobierno, capital, medida, efectos, fondo, social, empresas, orden, ley]

[Resumen automatizado: Mediante comunicación de abril 13 de 2020, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 533 del 9 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, expedido “En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 'Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional'”. || Que, en consecuencia, resulta necesaria la adopción de una medida de orden legislativo, tendiente a permitir que: (i) el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, durante la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; y, (ii) además de municipios y distritos, habilitar a los departamentos recursos de los criterios de Equidad y Calidad del Sistema General de Participaciones, para garantizar la continuidad del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, durante el receso estudiantil a causa de la pandemia Coronavirus COVID-19.] - [Palabras claves: medidas, educación, recursos, decreto, emergencia, social, república, ley, niños, municipios, derecho, constitución, niñas]

[Resumen automatizado: A partir de análisis del régimen constitucional de la CGR y de las autoridades administrativas, dentro del cual ocupa un lugar preferente el recuento de lo acaecido en la Asamblea Nacional Constituyente[19]; de las precisiones hechas por la Corte Constitucional[20], y de la distinción entre el control interno y el control posterior y selectivo, a cargo de la CGR, la demanda enuncia la premisa menor, en los siguientes términos: "En este caso la premisa menor está compuesta por: i) la reavivación de la posibilidad de que el control fiscal interfiera con el ejercicio de la función administrativa mediante el control preventivo y concomitante[21]; ii) que dicha facultad se le suma a todas las que ya acumula la Contraloría[22]; y iii) que su ejercicio se hace mediante un acto que carece de control por parte de otros entes".] - [Palabras claves: control, fiscal, demanda, general, normas, concomitante, república, principio, constitución, preventivo, separación, ejercicio]

Exequible el Decreto Legislativo 540 de 2020, "por el cual se adoptan las medidas para mitigar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: La Directora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia[36] consideró que el Decreto Legislativo 540 de 2020 cumple con las exigencias formales[37] y materiales para considerar su constitucionalidad, esto es, (i) conexidad interna puesto que el distanciamiento social generó un mayor uso de las nuevas tecnologías siendo preciso, de un lado, una reducción en los términos de licencias para garantizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y, del otro, la exención del impuesto sobre las ventas a los servicios de voz e internet móviles cuyo valor no supere 2 UVT ($71.214 para 2020)[38]; y conexidad externa dado que las medidas jurídica y tributaria tienen como efecto la calidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, esto es, la mitigación de una de las dificultades que genera la pandemia; (ii) finalidad en la medida en que busca impedir la extensión de los efectos de la pandemia; (iii) ausencia de arbitrariedad e intangibilidad pues no limita ni suspende derechos humanos o garantías judiciales fundamentales; su único proposito es facilitar el acceso a los servicios y bienes de las telecomunicaciones a la ciudadanía y (iv) no contradicción especifica ya que las medidas adoptadas materializan mecanismos para intervenir la economía en tiempos extraordinarios, de conformidad con el artículo 215 de la Carta Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.] - [Palabras claves: servicios, decreto, medida, emergencia, medidas, legislativo, servicio, derechos, acceso, social, infraestructura, redes, nacional, ley]

[Resumen automatizado: La Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó declarar la exequibilidad del Decreto porque la disposición de nuevas fuentes de recursos líquidos es indispensable para “atender las crecientes necesidades generadas por la actual crisis, que superan las adiciones presupuestales ya realizadas mediante los Decretos Legislativos 519 de 2020 y 522 de 2020”, por lo que “se hizo necesario crear una inversión obligatoria en títulos de deuda pública, a cargo de los establecimientos de crédito, cuyos recursos estén destinados a conjurar las consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 (…) con los que se espera obtener recursos hasta por $9.8 billones de pesos para atender las medidas que se financien a través del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, encaminadas a la conjuración de la crisis y la mitigación de sus efectos”.] - [Palabras claves: decreto, recursos, inversión, gobierno, medidas, económica, crédito, emergencia, efectos, república, obligatoria, sala, crisis, juicio, temporal]

[Resumen automatizado: Que actualmente no existe una norma que permita destinar recursos Fondo Mitigación de Emergencia - FOME para conjurar la crisis derivada de pandemia por el Coronavirus COVID-19 o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, para población especialmente vulnerable como las personas adultas mayores y los cesantes, dentro de Programa Colombia Mayor y dentro del Mecanismo de Protección al Cesante, establecido en el artículo 6 del Decreto 488 2020. || Además, que cumple con la conexidad externa porque (i) la creación y fondeo de una transferencia economica no condicionada dirigida a la poblacion adulta mayor beneficiaria en lista de priorizacion del Programa Colombia Mayor, y (ii) la autorización al Ministerio del Trabajo para que destine recursos provenientes del FOME al FOSFEC, con el fin de apalancar financieramente el pago de prestaciones economicas en favor de trabajadores cesantes, a las que refieren los artículos 11 de la Ley 1636 de 2013 y 6 del Decreto 488 de 2020, guardan una estrecha relacion con los motivos que acompañaron la expedición del Decreto Legislativo 417 de 2020, en lo que tiene que ver con la imperiosa necesidad de contener el contagio del COVID-19 y mitigar sus efectos nocivos en todo el territorio nacional.] - [Palabras claves: decreto, personas, medidas, recursos, colombia, emergencia, mayores, efectos, ley, mayor, fondo, legislativo, trabajadores]

[Resumen automatizado: Que, para tal fin, el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE del Sistema General de Regalías, creado por el artículo 361 de la Constitución Política y regulado en la Ley 1530 de 2012, cuenta con recursos disponibles, cuyo uso puede ser viabilizado a título de préstamo, como fuente de financiamiento, para servir al exclusivo propósito de atender transitoriamente las referidas necesidades económicas y sociales derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. || La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá realizar operaciones de crédito utilizando como fuente de pago los recursos que serán girados en las vigencias 2020, 2021 y 2022 al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET, provenientes de la Nación, para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020, en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME a solicitud del Ministro de Hacienda y Crédito Público o los viceministros.] - [Palabras claves: recursos, decreto, legislativo, corte, entidades, medidas, artículos, constitución, nacional, emergencia, gobierno, operaciones, nación, efectos]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Que ante la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás derechos, atendiendo a su interés superior, es necesario aplicar el artículo 21 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, 137 de 1994, mediante la cual se regulan las facultades atribuidas al Gobierno durante el estado de emergencia, económica, social y ecológica, prevé que en el evento de que no haya jueces o estos no puedan cumplir con su función judicial, el Gobierno Nacional al amparo del decreto de la declaratoria de emergencia, podrá determinar que autoridades civiles ejecutivas ejerzan tales funciones judiciales, las que deben ser clara y específicamente establecidas, sin que incluya la posibilidad de investigar o juzgar delitos, y que sus decisiones puedan ser revisadas por un órgano judicial.] - [Palabras claves: funciones, adopción, judiciales, derechos, decreto, sentencia, familia, corte, procesos, medidas, proceso, términos, autoridades]

[Resumen automatizado: Mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, podrá adoptar en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el presente Decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y sus actividades complementarias.] - [Palabras claves: decreto, medidas, servicios, públicos, energía, pago, empresas, usuarios, corte, subsidios, prestación, servicio, parte]

[Resumen automatizado: En concreto indica que cumple los criterios materiales: (i) conexidad: guarda plena relación de finalidad y conexidad material con las causas descritas en el Decreto 417 de 2020, pues permite una atención rápida y adecuada; (ii) ausencia de arbitrariedad e intangibilidad: no suspende el ejercicio de derechos fundamentales, no suprime ramas del poder público y tampoco lesiona los principios fundantes de la Constitución Política; (iii) no contradicción especifica: no contraviene tratados internacionales, ni la Ley 137 de 1994 ni la Constitución, en tanto la competencia de traslados no se da por los artículos 300 y 313 superiores, sino por las disposiciones 80 y 109 del EOP; (iv) motivación suficiente: "se requieren recursos adicionales a los disponibles a través de los mecanismos ordinarios"[13]; (v) necesidad: la rigidez del trámite ordinario hace necesario adoptar medidas más eficientes; (vi) incompatibilidad: no suspende ninguna ley; (vii) proporcionalidad: teniendo en cuenta los efectos económicos y sociales causados por el aislamiento preventivo obligatorio, la medida es proporcional; y (viii) no discriminación: lo cumple, pues la facultad es para todos los alcaldes y gobernadores.] - [Palabras claves: decreto, gobernadores, medidas, emergencia, alcaldes, presupuesto, crisis, presupuestales, excepción, recursos, constitución, territoriales, entidades, efectos]

[Resumen automatizado: El capítulo 1º se encuentra dirigido a atender la situación de la industria aeronáutica, al punto que propone las siguientes medidas: i) acelerar la devolución de los saldos a favor que puedan tener las empresas del servicio aéreo comercial (Art. 14); ii) suspender el pago de contraprestaciones aeroportuarias hasta el 31 de diciembre de 2021 (Art. 15); iii) autorizar la suspensión del tope establecido para el personal de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos (Art. 16); iv) flexibilizar este recurso en el evento en que alguno de ellos presente síntomas compatibles con el COVID-19 (Ibídem); v) permitir los reembolsos de dinero a los pasajeros por los servicios prestados de las aerolíneas para que hagan uso del derecho de retracto durante el período que dure la emergencia y hasta por un año más (Art. 17); vi) modificar las garantías de cumplimiento a las empresas aeronáuticas hasta el 31 de diciembre de 2021 (Art. 18); vii) autorizar a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil a realizar acuerdos de pago con las empresas de transporte aéreo respecto de las obligaciones derivadas de los permisos otorgados por la mencionada entidad (Art. 19); viii) suspender los cobros relacionados con la infraestructura aeroportuaria mientras transcurre la emergencia económica, social y ecológica (Art. 20); ix) no cobrar transitoriamente el valor del canon de arrendamiento de los espacios objeto de explotación comercial que se hallan en los aeropuertos y aeródromos no concesionados (Art 21); x) suspender las restricciones de horario de tipo ambiental establecidas para la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio nacional, por el tiempo que dure la emergencia económica, social y ecológica y la emergencia sanitaria en el país (Art. 22).] - [Palabras claves: medidas, transporte, decreto, servicio, emergencia, medida, público, derechos, derecho, ii, i, artículos, prestación, infraestructura, art]

[Resumen automatizado: Universidad Externado de Colombia

[Resumen automatizado: Explican al respecto que la expresión “autonomía”, que utiliza la norma, busca que la Unidad de Investigación y Acusación, (en adelante, UIA), no dependa de ninguna otra entidad u órgano y pueda autorregularse por fuera de las reglas que aplican para la Jurisdicción Especial para la Paz, (en adelante, JEP) y, en general, para el Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante, SIVJRNR), a pesar de que la exposición de motivos del proyecto de ley, no señaló esta como una de sus finalidades. || Precisan que contrariando entonces el Acto Legislativo, la norma permite que un órgano de la JEP actúe aisladamente, ya que el director de la UIA podrá hacer uso de los recursos de paz, los que están previstos en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016, para el funcionamiento del sistema en su totalidad, para funcionar, determinar su estructura, planta de personal y funcionamiento de la Unidad, lo que, a su juicio, desconoce que el Sistema exige que los mecanismos que lo componen actúen de manera coordinada, para preservar los derechos de las víctimas e incumple el deber del Estado de garantizar la autonomía administrativa, suficiencia y autonomía presupuestal del Sistema, como un todo y, para ello, se dispuso la creación de una Secretaría Ejecutiva.] - [Palabras claves: jep, autonomía, ley, presupuestal, norma, administrativa, funciones, órgano, técnica, ejecutiva, corte]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || 3. En el marco de esta normativa, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 565 de 2020, con el propósito de tomar medidas tendientes a conjurar la crisis señalada, mediante la definición de "reglas jurídicas que permitan atender el desbalance deficitario futuro entre el valor presente actuarial de la reserva matemática de las anualidades vitalicias de BEPS del mes anterior y el valor del portafolio a precios de mercado, con recursos del presupuesto asignado al Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos BEPS"[44], para garantizar así el pago de las prestaciones económicas que en materia pensional se le vienen reconociendo a los adultos mayores y de la tercera edad de escasos recursos, que gozan de ese derecho derivado de los BEPS, en todo el país.] - [Palabras claves: decreto, recursos, emergencia, medidas, crisis, medida, económica, efectos, valor, personas, corte]

Exequible el Decreto Legislativo 537 del 12 de abril de 2020, "por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario tomar algunas medidas en materia de contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia; propósito que también se debe cumplir en la realización de las actuaciones contractuales sancionatorias, que deben incorporar medios electrónicos para evitar el contacto físico, pero que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa; no obstante, en caso de ser necesario, y con el fin de facilitar que la Administración dirija los procedimientos de contratación, se debe autorizar la suspensión de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que permitan continuarlos de manera normal; adicionalmente, es necesario permitir que las autoridades administrativas, y en especial la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente pueda adelantar procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes, obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia.] - [Palabras claves: medidas, contratación, servicios, emergencia, bienes, ley, entidades, excepción, social, decreto, vigencia, crisis, medida]

CONDICIONALMENTE exequible el Decreto Legislativo 541 de 2020, "por el cual se adoptan medidas especiales en el Sector Defensa, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", en el entendido de que la prórroga del servicio militar sólo se aplicará al personal que se encontraba en servicio al momento de la expedición del mencionado decreto y cuya fecha de licenciamiento se encontraba prevista para los meses de abril, mayo, julio y octubre de 2020 - [Resumen automatizado: Que en ese orden de ideas, el personal de auxiliares de policía, a quienes también se prorroga el servicio militar obligatorio, continuará prestando los servicios antes enunciados, lo cual permitirá conservar el personal profesional en el servicio a la comunidad, y el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia del Coronavirus COVID-19 || Respecto de los requisitos formales, afirma que: (i) el Decreto 541 de 2020 fue expedido en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 215 constitucional y a partir de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020 pues consagra una medida encaminada a conjurar los efectos de la crisis como lo es prorrogar el servicio militar obligatorio; (ii) fue expedido y suscrito por el Presidente, con la firma de todos sus ministros; (iii) el Decreto fue publicado en el Diario Oficial el día 13 de abril, de manera que se expidió dentro de la vigencia del estado de emergencia declarado en el Decreto 417 de 2020; (iv) se encuentra debidamente motivado en tanto incluyó las consideraciones que condujeron a la adopción de la medida; y (v) señala la necesidad de mantener la presencia de soldados que cuentan con entrenamiento y experiencia operacional en las zonas de frontera, cascos urbanos y área rural de todo el territorio nacional.] - [Palabras claves: servicio, decreto, medida, medidas, derechos, emergencia, militar, personal, meses, juicio]

[Resumen automatizado: En lo que respecta a la conexidad interna, es decir, al vínculo entre la parte motiva del Decreto Legislativo 460 de 2020 y su articulado (2 y 3), la Sala Plena encuentra que es manifiesta, en tanto que en la motivación se alude la necesidad de flexibilizar la atención personalizada o remota en las comisarías de familia, sin afectar la continuidad y efectividad de sus actuaciones administrativas y jurisdiccionales, cuestión que está ligada al ámbito de regulación específico consagrado en los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 460 de 2020, en los que establecen funciones encaminadas a (i) suspender la función de conciliación extrajudicial en derecho en aquellos casos que no existan medios tecnológicos para llevar a cabo las audiencias; (ii) como excepción a lo anterior, mantener la función de conciliación extrajudicial en derecho en asuntos de custodia, visitas y alimentos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, con la realización de audiencias virtuales cuando sea posible, y en caso de no ser factible, mediante audiencias presenciales con la implementación de medidas de aislamiento, protección e higiene; y, (iii) la obligación a cargo de la Fiscalía de garantizar canales de articulación y orientación para reforzar las funciones de policía judicial en las comisarías de familia.] - [Palabras claves: familia, violencia, comisarías, medidas, protección, decreto, emergencia, corte, derechos, atención]

[Resumen automatizado: Consideran que los alcaldes ejercen en sus jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por lo que deberá entenderse que el Gobierno Nacional, a través del decreto bajo análisis, ratifica esas competencias y no deroga el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, el cual faculta a las alcaldías para imponer multas de hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes e indica que, en caso de imponer una medida distinta o superior a la indicada, se debe remitir lo actuado a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como al Ministerio Público. || Al efectuar el control correspondiente, la Corte Constitucional, en Sentencia C-145 de la presente anualidad, declaró exequible el decreto declaratorio del estado excepcional en cuyo desarrollo fue expedido el Decreto 507 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020”.] - [Palabras claves: productos, precios, medidas, decreto, control, corte, primera, necesidad, ley, social, mediante, ministerio, crisis, adoptadas, emergencia, constitución]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Más del ochenta y cinco por ciento (85%) de los costos o gastos y/o impuestos sobre las ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica.» En este contexto, se requiere modificar las condiciones de que trata el precitado parágrafo hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, con el fin establecer un procedimiento expedito y abreviado que permita devolver y/o compensar los saldos a favor en forma automática, de tal manera que los contribuyentes o responsables tengan un mayor flujo de caja y de liquidez para poder cumplir con sus obligaciones.] - [Palabras claves: decreto, devolución, riesgo, favor, medidas, compensación, saldos, procedimiento, emergencia]

Exequible el Decreto 518 de 2020, "por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", salvo la expresión "La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa" contenida en el parágrafo 1 del artículo 1, que se declara EXEQUIBLE DE MANERA CONDICIONADA en el entendido de que la misma no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los casos allí previstos, debe tener en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca la implementación del programa - [Resumen automatizado: Tercero, las medidas de alivio económico han tenido un efecto discriminador, por la confluencia de las siguientes circunstancias: (i) no se ha determinado el monto del soporte o ayuda económica para los hogares y personas pobres y vulnerables, y por ende, no hay claridad ni transparencia en cuanto a su impacto distributivo; (ii) los decretos de adición presupuestal carecen de motivación; (iii) las normas que crean o amplían subsidios delegan en autoridades administrativas las decisiones sobre la distribución de recursos públicos, tal como ocurre, por ejemplo, con el Programa Ingreso Solidario, cuyos destinatarios son determinados discrecionalmente y sin necesidad de justificación por el Departamento Nacional de Planeación, a partir de información desconocida para los propios usuarios, y sin que los mismos puedan presentar su caso para optar por la ayuda; asimismo, la definición de las sumas a entregar y los criterios operativos del programa se encuentran determinados en otras normativas, cuyo control no corresponde a la Corte Constitucional; (iii) no existen mecanismos para cuestionar o controvertir los criterios empleados para entregar los alivios y ayudas, salvo los mecanismos de naturaleza jurisdiccional que no se encuentran en funcionamiento, tal como ocurre con el Programa Ingreso Solidario, que no contempla ningún esquema de solicitud del subsidio; (iv) la dispersión normativa favorece las asimetrías y desigualdades en la entrega de recursos; esto ocurre, por ejemplo, con las ayudas económicas entregadas a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, ya que dentro del diseño actual, estos recibirán dos pagos, cada uno por $160.000, mientras que quienes hacen parte de Familias en Acción, Colombia Joven o Colombia Mayor sólo reciben $145.000 cada dos meses, y este dinero es para beneficio de todo el hogar; lo anterior tiene el agravante de que, precisamente, los integrantes de estos últimos programas gubernamentales son los más vulnerables del país, y de que existen evidencias de que los sistemas de información con los que cuenta el Estado tienen sesgos importantes que deben ser considerados y analizados.] - [Palabras claves: decreto, programa, situación, económica, personas, pobreza, recursos, medidas, información, nacional, derecho, beneficiarios]

[Resumen automatizado: 2. El 14 de abril de 2020, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, obrando en nombre y en representación del Presidente de la Republica, remitio a la Secretaría General de la Corte Constitucional copia autentica del Decreto Legislativo 545, emitido el día anterior, “Por medio del cual se adoptan medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. || Para ello, señaló que el Decreto se sustenta en el principio de solidaridad constitucional y resaltó que la medida adoptada al suspenderse el requisito de insinuación del Código Civil “está fundamentada en dos líneas argumentativas (i) en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y la necesidad de guardar aislamiento y distanciamiento social para evitar la propagación del virus, para lo cual incluso se han restringido los servicios notariales; y (íi) en la necesidad de suspender el requisito de insinuación para algunas donaciones tendientes a superar o mitigar la Emergencia, para disminuir la afluencia de público a las notarías y facilitar donaciones importantes para la atención de la crisis, en el marco del principio de solidaridad”.] - [Palabras claves: decreto, legislativo, donaciones, medidas, corte, requisito, emergencia, crisis, personas, medida, que]

Exequible el Decreto Legislativo 544 de 2020, "por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19", con excepción de la expresión "ni sucursal" contenida en el parágrafo segundo del artículo 1, que se declara INEXEQUIBLE, en tanto que dicha expresión no superó el juicio de necesidad jurídica \ Reitera la previsión contenida en el Decreto 499 de 2020 y que eximía a las personas extranjeras de constituir sucursal en Colombia para suscribir los contratos de adquisición de dispositivos médicos y elementos de protección personal. Habida consideración de que esa exclusión se predica, conforme con la legislación mercantil, únicamente respecto de aquellas empresas que van a ejercer negocios permanentes en el país y los contratos mencionados no tienen esa condición - [Resumen automatizado: En efecto, comparadas ambas normas, se evidencia que el decreto objeto de análisis incluye los siguientes elementos: (1) analizador de orina; (2) analizador de sangre; (3) broncoscopio; (4) centrífuga; (5) ecógrafo con transductores; (6) elementos de protección radiológica adulto o pediátrico; (7) equipo de gases arteriales; (8) equipo de química sanguínea; (9) equipo de Rayos X fijo; (10) humidificador; (11) laringoscopio / videolaringoscopio; (12) máquina de anestesia; (13) pipeta; (14) sistema de monitoreo de gasto cardiaco; (15) sistemas de presión positiva continua en vía aérea (CPAP); (16) termómetro; (17) tomógrafo; (18) ventilador de transporte; (19) biombos; (20) camillas de transporte; (21) carro de paro; (22) prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2/COVID-19; (23) algodón laminado de uso hospitalario; (24) bolsa para residuos hospitalarios; (25) cánulas de Guedel; (26) cánulas orofaríngeas, nasofaríngea y nasales, (27) circuitos de ventilación y de máquina de anestesia con sus accesorios, (28) extensión de tubo de oxígeno para terapia; (29) gasa estéril y no estéril; (30) guardián para objetos cortopunzantes; (31) gulas para intubación; (32) hisopo para toma de muestra; (33) intercambiador de tubo; (34) kit de crícotiroidotomia; (35) kit de traqueostomía; (36) máscara para ventilación no invasiva; (37) máscaras laríngeas, venturi y para oxígeno; (38) medio para transporte de muestras virales; (39) recipiente de transporte de muestras; (40) resucitador pulmonar manual; (41) set de infusión; (42) toallas de papel para secado de manos; (43) tubo endotraqueal; (44) tubo torácico; (45) bata médica; (46) delantal; (47) gafas protectoras; (48) gorros; (49) guantes de látex y de nitrilo no estériles; (50) guantes estériles; (51) mascarilla N95 y respiradores FFP2 o FFP3; (52) mascarilla quirúrgica (tapabocas); (53) mascarillas con filtro; (54) polainas; (55) protector facial: caretas o visores; (56) ropa hospitalaria desechable, (57) ropa quirúrgica estéril; (58) tela no tejida como materia prima de EPP; (59) trajes de bio-protección; (60) aire medicinal en todas las presentaciones; y (61) oxígeno medicinal en todas las presentaciones.] - [Palabras claves: decreto, medidas, emergencia, bienes, corte, personas, adquisición, en, contratación, juicio, mercado, requisitos, excepción]

[Resumen automatizado: Por reparto de la Sala Plena de esta Corporación, el asunto correspondió al Despacho del Magistrado Sustanciador, que mediante providencia del 13 de abril pasado dispuso: i) avocar el conocimiento del referido decreto, ii) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, así como a todos los ministerios que integran el Gobierno Nacional; iii) solicitar al Presidente de la República y al Ministerio de Trabajo dar respuesta a algunas preguntas relacionadas con el alcance del Decreto Legislativo 488 de 2020; iv) fijar en lista por el término de cinco (5) días; y finalmente, v) invitar a participar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo, a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía -Asofondos-, a la Asociación de Cajas de Compensación Familiar -Asocajas-, a la Federación de Aseguradoras Colombianas -Fasecolda-, a la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios -Acopi-, y a la Confederación General del Trabajo -CGT-; y a las facultades o programas de derecho de las siguientes universidades: Andes, Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Nacional de Colombia.] - [Palabras claves: trabajadores, medidas, derecho, trabajo, protección, derechos, emergencia, corte, decreto, trabajador, efectos, recursos]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Por el tiempo que duren los efectos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, y en aras de garantizar la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación, se autoriza al Gobierno nacional a efectuar las operaciones de crédito público interno o externo que se requieran para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, sin afectar las autorizaciones conferidas por el artículo primero de la Ley 1771 de 2015 y las normas que regulan la materia.] - [Palabras claves: emergencia, decreto, presupuesto, medidas, recursos, excepción, operaciones, gobierno, nación, crédito, ministerio, crisis]

[Resumen automatizado: La Federación Nacional de Departamentos (FND) considera que las facultades otorgada a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica de sus respectivas entidades territoriales guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado, toda vez que permitirá afrontar las consecuencias sociales y económicas de la expansión del coronavirus COVID-19, contrarrestando las limitaciones presupuestales del orden territorial que puedan impedir la asignación eficiente y urgente de recursos. || Lo anterior supone que la Corte debe aclarar: (i) la necesidad de determinar el valor jurídico e interpretativo de la parte motiva de los decretos declaratorios de estados de excepción, (ii) que aun cuando la redacción del texto dice "causas" de la emergencia, los recursos también pretenden mitigar los hechos que declararon la emergencia; (iii) resolver la contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva del decreto, pues en el primero se hace referencia a las destinaciones específicas establecidas por "leyes, ordenanzas y acuerdos" mientras que en la segunda únicamente se autoriza a gobernadores y alcaldes a reasignar los recursos específicamente destinados, sin autorización de asambleas y concejos y (iv) especificar la duración de la medida, pues la expresión "el tiempo que dure la emergencia sanitaria" carece de sentido, toda vez que se está haciendo referencia a la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministro de Salud y Protección Social, la cual no habilita la expedición de decretos ley.] - [Palabras claves: decreto, medidas, territoriales, emergencia, entidades, rentas, destinación, crisis, tarifas, recursos, gobernadores, impuestos, alcaldes, específica]

[Resumen automatizado: Finalmente, las instituciones intervinientes pusieron de presente que la referida medida: (i) tiene una relación clara con el Decreto 417 de 2020, ya que busca evitar la propagación de los efectos de la pandemia en la prestación de los servicios públicos; (ii) no afecta los fundamentos de la organización del Estado, no vulnera prerrogativas fundamentales, ni contempla exclusiones discriminatorias, pues, por el contrario, mediante la inaplicación temporal de una exigencia legal a un grupo determinado de estudiantes busca proteger el derecho a la educación en su faceta de acceso; y (iii) es acorde con la autonomía universitaria, en tanto que reconoce la capacidad de las instituciones de determinar los criterios de ingreso a sus programas de pregrado. || En esta misma línea argumentativa, para la Corte es palmaria la satisfacción de las exigencias del juicio de conexidad material externa, en tanto que existe una relación de fin y medio entre los decretos 417 y 532 de 2020, pues la medida consagrada en el artículo 1º del segundo cuerpo dispositivo, consistente en inaplicar temporalmente el requisito de presentar el Examen de Estado a efectos de facilitar el acceso a la educación superior, tiene como objetivo impedir que se extienda uno de los antecedentes que dio origen a la declaratoria del estado de emergencia mediante el primer acto normativo mencionado, como lo fue la afectación del servicio público causada por la calamidad asociada a la pandemia.] - [Palabras claves: educación, decreto, emergencia, superior, juicio, excepción, que, política, medidas, gobierno, nacional, corte, constitución, marzo, decretos, derecho, programas, acceso]

INEXEQUIBLE la expresión "ni sucursal" contenida en el parágrafo segundo del artículo 1 del Decreto Legislativo 499 de 2020 "por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID 19". Exequibles los demás artículos. \ La Corte precisó que la previsión que exime a las personas extranjeras de constituir sucursal en Colombia para suscribir los contratos de adquisición de dispositivos médicos y elementos de protección personal es inconstitucional. Esto, por tratarse de una exigencia legal que solo se aplica a quienes desarrollen negocios permanentes en Colombia y no incidentales, como los dispuestos por la norma estudiada - [Resumen automatizado: Los contratos que tengan por objeto la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos relacionados en el artículo 1 del Decreto Legislativo 438 del 19 de marzo de 2020 y elementos de protección personal requeridos en la gestión sanitaria para atender casos sospechosos o confirmados de Coronavirus COVID-19, en el marco de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en consecuencia le serán aplicables las normas de derecho privado.] - [Palabras claves: contratación, bienes, decreto, emergencia, medidas, adquisición, corte, excepción, norma, mercado, derecho, control]

Exequible el Decreto Legislativo 440 de 2020, "por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19" - [Resumen automatizado: Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario tomar algunas medidas en materia de contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia; propósito que también se debe cumplir en la realización de las actuaciones contractuales sancionatorias, que deben incorporar medios electrónicos para evitar el contacto físico, pero que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa; no obstante, en caso de ser necesario, y con el fin de facilitar que la Administración dirija los procedimientos de contratación, se debe autorizar la suspensión de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que permiten (sic) continuarlos de manera normal; adicionalmente, es necesario permitir que las autoridades administrativas, y en especial la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente pueda adelantar procedimeitnos (sic) de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes, obras o servicios para contener la expanción (sic) del virus y atender la mitigación de la pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia.] - [Palabras claves: medidas, contratación, emergencia, entidades, corte, decreto, ley, efectos, excepción, social, servicios, crisis, urgencia, bienes, procedimientos]

[Resumen automatizado: Plantean tres argumentos a su favor: (i) las medidas alivian la carga financiera de los beneficiarios de créditos de Icetex y les permite "invert[ir] sus pocos ingresos y recursos económicos en atender los urgentes requerimientos de la pandemia que atenta contra bienes jurídicos fundamentales como la salud y la vida por encima de las obligaciones con entidades del Estado"[27]; (ii) la norma cumple con la finalidad de los decretos de emergencia que es conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos; y (iii) ante el actual estado de cosas, aumenta la probabilidad de no pago de los créditos de los estudiantes; por ello le corresponde al Estado buscar alternativas para que no se cause un perjuicio económico mayor a los estudiantes de educación superior beneficiarios de los créditos del Icetex, protegiéndolos de la imposición de sanciones económicas, de incurrir en interés de mora, o en la pérdida del crédito y en los reportes en centrales de riesgo. || Sin embargo, para abordar el análisis material del decreto legislativo de una forma más clara, la Sala Plena divide su contenido en dos ejes temáticos: el primero tiene que ver con el Plan de Auxilios propiamente dicho, es decir con el conjunto de medidas previstas para apoyar a los beneficiarios del Icetex y reducir el impacto de la pandemia en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.] - [Palabras claves: medidas, recursos, educación, beneficiarios, gobierno, créditos, decreto, corte, nacional, emergencia, plan]

[Resumen automatizado: Por medio del auto del 17 de abril de 2020, el magistrado sustanciador requirió a la Secretaría General de la Corte Constitucional para que continuara con el trámite y diera cumplimiento a los numerales tercero a sexto del auto de marzo 31 de 2020, que ordenaron: (i) comunicar el inicio del proceso de constitucionalidad al Presidente de la República y a los ministros del Interior, de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho; (ii) convocar a las siguientes autoridades, entidades e instituciones, para que, durante el término de fijación en lista, se pronunciaran acerca de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 468 de marzo 23 de 2020: Findeter, Bancoldex, Federación Colombiana de Municipios, Federación Nacional de Departamentos, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Cali, Gobernación de Norte de Santander, Gobernación de Huila y Gobernación de Atlántico; Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Financiera de Colombia y Departamento Nacional de Planeación; Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo Fedesarrollo, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Andi, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco y Asociación Nacional de Comercio Exterior Analdex, así como a las facultades de Derecho de las universidades Nacional de Colombia sede Bogotá, Externado de Colombia, de Antioquia, EAFIT, Javeriana de Cali, del Norte e Industrial de Santander UIS, y (iii) fijar en lista el proceso de la referencia y, vencido este, dar traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de que trata el artículo 38 del Decreto 2067 de 1991.] - [Palabras claves: decreto, entidades, efectos, medidas, crisis, territoriales, crédito, créditos, constitución]

[Resumen automatizado: A continuación, se refiere concretamente al contenido del DL 438 de 2020, puntualizando que las medidas allí adoptadas encuentran su principal fundamento en dos objetivos saber: “(i) Reducir, a través de la exención del impuesto sobre las ventas -IVA- el valor en la importación y adquisición de bienes e insumos en el territorio nacional, indispensables para la prevención, el diagnóstico y tratamiento del Coronavirus COVID-19.” Y, “(ii) Flexibilizar los plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones para entidades ánimo lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, pues no ha sido viable el desarrollo normal de las asambleas de estas entidades dentro del término que establece el artículo 360 del Estatuto Tributario, lo cual ha afectado proceso Régimen Tributario Especial del impuesto la renta de que trata el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, por lo se requiere ampliar el plazo establecido para el efecto.”] - [Palabras claves: decreto, medidas, corte, bienes, parte, medida, crisis, entidades, impuesto, requisitos, gobierno, económica, efectos, especial, emergencia, iva, constitucional, régimen, juicio, tributario]

[Resumen automatizado: Por lo tanto, el control de una norma con fuerza y rango de ley, expedida por el Presidente de la República durante los estados de excepción, que ya agotó sus efectos o que fue derogada y no genera consecuencias jurídicas al momento de juzgar su constitucionalidad, no carece de objeto porque (i) aunque los efectos ordinarios de las sentencias de inexequibilidad se producen hacia el futuro (ex nunc) y, por lo tanto, no se afecten las situaciones que se consolidaron durante la vigencia del decreto legislativo, existe la posibilidad de que la Corte ordene retrotraer los efectos que ya produjo un decreto legislativo inconstitucional (ex tunc), al considerar que dichos efectos pasados son insoportables, desde un punto de vista constitucional; (ii) en el caso de declaratorias de inexequibilidad de un decreto legislativo derogado, con efectos hacia el futuro o de declaratorias de exequibilidad condicionada, que materialmente declaran inexequibles ciertas interpretaciones posibles de la norma, no se trata de decisiones simbólicas o inanes, porque, por una parte, el inciso 2 del artículo 243 de la Constitución, dispone que “Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.] - [Palabras claves: recursos, decreto, educación, control, municipios, legislativo, corte, medidas, excepción, ley, departamentos, entidades]

[Resumen automatizado: En la intervención conjunta de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y de la Ministra de Transporte se explicó que: (i) “la mayoría de casos de contagio en Colombia eran de personas provenientes del exterior por vía aérea, según lo informó el Ministerio de Salud y Protección Social”[74] por lo cual era necesario adoptar la medida bajo estudio para “evitar que continuara la llegada masiva del virus”.[75] (ii) La OMS en la Recomendación del 29 de febrero de 2020 manifestó que, en cuanto al tráfico internacional, una de las medidas que se ha implementado es “denegar la entrada de pasajeros”.[76] (iii) Según el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la libre circulación de los colombianos solo puede ser limitado mediante la expedición de una ley, por lo cual era necesaria la emisión del decreto “con fuerza de ley”.[77] (iv) Según el Comentario General 27 del 2 de noviembre de 1999 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a una persona no se le puede privar “arbitrariamente” del derecho a entrar en su propio país y, por tanto, toda actuación del estado debe ser “razonable”.[78] (v) La medida se emitió e informó con “antelación suficiente” para que los nacionales que estuvieran en el exterior y tuvieran la intención de regresar al país pudieran hacerlo en un “lapso prudencial”.] - [Palabras claves: medidas, decreto, medida, ingreso, derecho, emergencia, colombia, personas, derechos, territorio, país, nacional, legislativo]

[Resumen automatizado: Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. || Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, en la parte considerativa señaló la necesidad de expedir normas que «[ ... || En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto 417 de 2020 la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.] - [Palabras claves: corte, que, constitución, social, decreto, marzo, términos, emergencia, mediante, medidas, podrá, judiciales, económica, constitucional]

[Resumen automatizado: En relación con las condiciones materiales, sostiene que la norma satisface las exigencias del juicio de conexidad material porque existe una relación entre las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia y la finalidad que persigue el Decreto; del juicio de finalidad, toda vez que las medidas buscan «una mayor eficiencia para permitir en Colombia la importación, fabricación, comercialización, distribución y venta de productos médicos y sanitarios necesarios, tanto para prevenir como para diagnosticar y tratar el COVID-19»; del juicio de necesidad, pues resulta indispensable flexibilizar los trámites administrativos que permiten la importación y la fabricación local de esos productos y, además, porque «no existe otra medida idónea que crear procedimientos administrativos más expeditos»; del juicio de motivación o incompatibilidad, por cuanto «si bien el Decreto 476 de 2020 cuenta con una motivación genérica para justificar las medidas extraordinarias tomadas», tanto en el escrito de intervención presentado por el Invima como en el documento por el cual el MSPS dio respuesta al Auto de pruebas decretado por la magistrada ponente, se expresaron las razones que justifican la expedición de la norma; y del juicio de prohibición de discriminación, ya que ninguno de los tres artículos del Decreto impone tratos diferenciados fundados en criterios sospechosos como la raza, la lengua o la orientación sexual.] - [Palabras claves: decreto, legislativo, gobierno, nacional, juicio, emergencia, requisitos, productos, ley, norma, corte, medidas]

[Resumen automatizado: Le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 441 del 20 de marzo de 2020 "por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020" expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta cumple las condiciones formales y materiales de validez establecidas en la Constitución y en la regulación estatutaria que la ha desarrollado en esta materia, en particular, la Ley 137 de 1994. || Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, en los términos y condiciones que se han señalado y las prórrogas que pueda determinar el Ministerio de Salud y Protección Social, los municipios, distritos y departamentos para asegurar el acceso de manera efectiva a agua potable, podrán destinar los recursos necesarios del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) para financiar medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros, siempre que se cumplan con las características y criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados en el ordenamiento jurídico.] - [Palabras claves: agua, servicio, públicos, medida, personas, servicios, decreto, derecho, medidas, prestación, acceso, emergencia, potable, corte, ley]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Así, al analizar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales correspondientes, considera que la obligación de alcaldes y gobernadores de realizar la apropiación y giro del 20% de la Estampilla Pro-Cultura para pagar la seguridad social de los creadores y gestores culturales; y, la destinación transitoria de recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas para apoyar dicho sector en actividades de creación, formación virtual, producción y circulación de espectáculos públicos (presenciales o virtuales), cumplen con los criterios de conexidad material y de finalidad requeridos, pues son medidas que "buscan solucionar o conjurar las causas de la emergencia y mitigar sus consecuencias", especialmente las de índole económico, en el sector cultural.] - [Palabras claves: medidas, decreto, recursos, ley, sector, artes, pago, social, medida, públicos, culturales, emergencia, contribución, nacional]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || 3. En desarrollo de dicha declaratoria de estado de excepción, fue expedido el Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020 "Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional".] - [Palabras claves: medidas, personas, decreto, emergencia, comercio, registros, reuniones, jurídicas, cámaras, social, ordinarias, registro]

[Resumen automatizado: Los argumentos que soportan las anteriores solicitudes son los siguientes: 1) para sostener que los servicios de telecomunicaciones son esenciales se dice que: a) resultan indispensables para el goce y ejercicio de múltiples derechos fundamentales[37]; b) esta calificación es necesaria para que las autoridades puedan tomar decisiones que garanticen su prestación eficiente en todo el territorio; y c) así ya lo había considerado la Sentencia C-450 de 1995; 2) respecto de las medidas sobre prestación del servicio, que considera razonables, advierte una diferencia de trato injustificada entre usuarios de prepago y pospago y una omisión legislativa relativa, que da lugar al condicionamiento, pues no se dice nada respecto a servicios de telecomunicaciones como telefonía fija, sin que haya justificación en esta exclusión; 3) en cuanto a lo dispuesto para el comercio electrónico y el envío, logística y entregas, encuentra que hay un importante potencial en estas herramientas para mitigar los efectos de la contracción de la demanda y para entregar las ayudas a la población más vulnerable; 4) frente a la prioridad en acceso en la red, asume que esta medida es razonable, siempre y cuanto se entienda que con ella no se autoriza el bloqueo de contenidos, sino una reorganización del tráfico en la red, lo que debe asegurarse por medio de una regulación adecuada, soportada en fundamentos técnicos; 5) acerca de la suspensión de pagos a los operadores, le parece justificada en la medida en que ellos deberán incurrir en mayores costos en la prestación del servicio, dado el aumento del tráfico en las redes, aunque recomienda precisar bien que se entiende por contraprestación[38]; y 6) en relación con la suspensión de algunas obligaciones de los prestadores del servicio, considera que se trata de una medida que responde a la necesidad de asegurar la mayor cobertura y disponibilidad del servicio y que, con todo, debe garantizarse unos mínimos de calidad en dichos servicios, en especial, en cuanto atañe a las denominadas instalaciones esenciales.] - [Palabras claves: servicios, servicio, decreto, medidas, derechos, juicio, manera, información, social, redes, medida, acceso, emergencia, ley, usuarios]

[Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL DECRETO 458 DEL 22 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LOS HOGARES EN CONDICIÓN DE POBREZA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, POR CUMPLIR LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES EXIGIDOS POR LA CARTA POLÍTICA Y LA LEY ESTATUTARIA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN || Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. || Con fundamento las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.] - [Palabras claves: decreto, social, que, medidas, información, económica, emergencia, marzo, nacional, compensación, república, control]

[Resumen automatizado: Las páginas oficiales de la OMS y del Ministerio de Salud mencionadas en el decreto declaratorio permiten constatar la siguiente cronología de los hechos: el 31 de diciembre de 2019, China notifica un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan; 5 de enero de 2020, la OMS publica la primer parte de evaluación del riesgo y hace recomendaciones; 7 de enero China, confirma un nuevo coronavirus; 12 de enero, ese país hace pública la secuencia genética del virus COVID-19; 30 de enero, OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); en febrero, la OMS convoca un foro de investigación y viaja a Wuhan acompañado de algunos países; 3 de marzo, la OMS publica un plan estratégico de preparación y respuesta para ayudar a Estados a protegerse con sistemas de salud frágiles; 6 de marzo, el Minsalud dio a conocer el primer caso de coronavirus en Colombia; 9 de marzo, la OMS solicitó adoptar medidas prematuras para detener la transmisión y prevenir la propagación; y 11 de marzo, el director de la OMS declara el COVID-19 como una pandemia y evidenciando que algunos países tienen problemas de falta de capacidad, recursos y determinación, además de reconocer que no es solo una crisis de salud pública sino que también tiene un gran impacto sobre las sociedades y las economías.] - [Palabras claves: medidas, emergencia, decreto, salud, gobierno, marzo, crisis, social, pública, ministerio, efectos, nacional, corte]

[Resumen automatizado: LA INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA INFORMACIÓN SOBRE QUIENES NO HAN PAGADO OPORTUNAMENTE MULTAS POR INFRACCIONES POLICIVAS RESULTA INCOMPATIBLE CON EL DERECHO AL BUEN NOMBRE, HABIDA CUENTA DE LA NATURALEZA DE ESTAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DEL REPORTE A DICHO BOLETÍN CREADO PARA OTRO TIPO DE SANCIONES Y CONDUCTAS || Para resolver estos problemas la Sala 1) precisó el sentido y alcance de las normas demandadas; 2) analizó el principio de igualdad y el juicio integrado de igualdad y sus presupuestos; 3) dio cuenta de la doctrina de este tribunal tanto sobre el pago de multas como sobre las consecuencias de no hacerlo; 4) sintetizó el sentido y alcance de los derechos a un debido proceso, al buen nombre y a acceder a cargos públicos. || Concordó con la Sala Plena en que (i) la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-281 de 2017, que declaró inexequible el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia, en adelante “CNPC”); y (ii) que las expresiones demandadas de los artículos 180 y 182 de CNPC, referentes al pago de multas y el cobro de intereses, no vulneran el derecho a la igualdad y, por lo tanto, son exequibles.] - [Palabras claves: multas, multa, pago, norma, ley, igualdad, convivencia, cargos, buen, dentro, normas, nombre, nacional, legales, policía, infractores, salarios]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Yefferson Mauricio Dueñas Gómez demandó los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del Acto Legislativo 4 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal”, por considerar que estos constituyen una sustitución de dos pilares esenciales de la Constitución Política: la separación de poderes y el control fiscal posterior y selectivo. || En cuanto a la premisa mayor, los intervinientes indicaron que en la demanda no se estableció de forma adecuada, por cuanto el demandante: i) supone erradamente que el control fiscal posterior y selectivo es un elemento esencial del orden constitucional definido en la Carta Política, sin que exista certeza sobre ello[16]; ii) no logró establecer con claridad la premisa mayor, al basarse en una norma aislada y no en “múltiples referentes normativos” como lo exige la Corte Constitucional y iii) no determinó con claridad y pertinencia el alcance del principio de separación de poderes y el de autonomía administrativa, pues deja al margen conceptos como la colaboración armónica y el sistema de pesos y contrapesos que dan cabida al nuevo modelo de control.] - [Palabras claves: control, fiscal, constitución, república, contraloría, posterior, modelo, separación, concomitante, corte, poderes, general, acto, preventivo, recursos, públicos]

Fallo inhibitorio sobre el artículo 193 de la Ley 906 de 2004 por ineptitud sustantiva de la demanda, sobre el cargo de inconstitucionalidad por omisión del legislador fundada en la ausencia o la no participación del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal. No obstante, el actor no tuvo en cuenta que esta regla emana del artículo 107 de la Ley 906 de 2004 y del papel del tercero civilmente responsable en el nuevo sistema penal acusatorio a partir de la reforma introducida a la Constitución por el Acto Legislativo 01 de 2002 respecto de quienes forman parte de la relación jurídico procesal - [Resumen automatizado: Estima que “se hace indispensable la declaratoria de omisión legislativa relativa y la consecuente adición del artículo 193 de la Ley 906 de 2004, con el fin de que se genere un presupuesto incluyente, lógico y coherente, en el entendido de que el tercero civilmente responsable y el tercero incidental, a pesar de no haber intervenido ni haber sido legalmente reconocidos dentro de la actuación materia de revisión, también tienen derecho legítimo de entablar una acción de revisión en contra de la sentencia condenatoria injusta, después de terminado el proceso penal, cuando ostenten interés jurídico y esgriman pruebas nuevas que demuestren que la sentencia debió ser absolutoria o aduciendo cualquier otra causal de revisión prevista en el artículo 192 de la misma obra”. || Por su parte, la Universidad Javeriana y el Procurador General de la Nación solicitan a la Corte que se declare la exequibilidad condicionada de la norma en el entendido de que los terceros estarían legitimados para presentar la acción de revisión pero contra la sentencia mediante la cual se resuelve la responsabilidad civil derivada de la conducta punible, dentro del incidente de reparación.] - [Palabras claves: revisión, penal, tercero, sentencia, proceso, terceros, acción, norma, responsable, reparación, condenatoria]

[Resumen automatizado: Insisten en la importancia del POT para la comunidad, en diferentes aspectos, lo que implica que se trata de un instrumento determinador del desarrollo y citan textualmente que la sentencia C-534 de 1996 precisó que “En materia de regulación del uso del suelo y preservación del patrimonio ecológico de los municipios, el Congreso, al legislar sobre las mismas con fundamento en la cláusula general de competencia que le atribuye la Constitución, debió hacerlo teniendo en cuenta la restricción que reserva para los Concejos Municipales la reglamentación de dichos asuntos; esto es, expidiendo una normativa que contenga las regulaciones mínimas necesarias para cada caso particular, que haga posible la definición de las condiciones básicas que garanticen la salvaguarda del interés nacional, la cual, no obstante, en ningún caso podrá menoscabar el núcleo esencial de la garantía institucional a la autonomía, que la Constitución reconoce para las entidades territoriales”. || Sin embargo, a pesar de que en el ordenamiento territorial concurran diversas competencias: “El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial”, como lo dispone el inciso segundo del artículo 41 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo[49]; y, distintas autoridades expidan normas jurídicas que constituyen determinantes de la función de los concejos municipales, la labor de reglamentar los usos del suelo es propia de la autonomía territorial y no podría ser suplantada por otras autoridades o por otros niveles[50].] - [Palabras claves: ordenamiento, suelo, territorial, usos, desarrollo, función, municipios, territorio, constitución, departamentos, ley]

[Resumen automatizado: El accionante presentó de manera oportuna escrito de corrección y mediante Auto de 24 de septiembre de 2019, en aplicación del principio pro actione, el magistrado sustanciador admitió la demanda y dispuso (i) comunicar el inicio del proceso al Presidente del Congreso de la República y, con fundamento en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Ley 2067 de 1991, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (ii) fijar en lista; (iii) comunicar el inicio del proceso al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; y (v) a efectos de rendir concepto, invitar a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario (en adelante, “ICDT”), al Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a Justicia Tributaria y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, de los Andes, del Norte, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, EAFIT, Distrital Francisco José de Caldas y Javeriana.] - [Palabras claves: sanción, información, responsabilidad, estatuto, daño, corte, objetiva, acusado, si, régimen, cargos, fuerza, norma, principios, manera, cargo, proceso, tal, forma]

[Resumen automatizado: El artículo 352 demandado desconoce esta prerrogativa “pues les impone a los distritos y municipios el modo como se debe recaudar y facturar el impuesto de alumbrado público, al establecer, unilateralmente, quiénes lo recaudan, por qué medios se puede facturar, a quién se transfieren los recursos recaudados y en qué término, en qué oportunidad se pronuncia la interventoría a cargo del municipio o distrito, quién reglamenta el régimen sancionatorio para restringir su evasión y que el servicio de facturación y recaudo no tendrá contraprestación para quien lo preste”. || Por el contrario, cuando se trata de contribuciones fiscales o impuestos, “el margen de actuación del legislador es más reducido y, por ende, el de las entidades territoriales, más amplio; esto es, que es mayor su autonomía financiera, porque los impuestos no asocian a sus beneficiarios con los sujetos pasivos u obligados, no constituyen una contraprestación para quienes están obligados a pagarlos y así, dejan un amplio margen de acción para las autoridades locales, especialmente, en materia de administración, recaudo, facturación y control, sin que pierdan su naturaleza de impuestos”.] - [Palabras claves: territoriales, impuesto, autonomía, territorial, recaudo, público, entidades, constitución, legislador, tributos, elementos, corte]

Cosa juzgada en relación con el numeral 4 del Art. 313 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal - adicionado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2007, "por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado" - [Resumen automatizado: Luego de efectuar una contextualización sobre los elementos que según la jurisprudencia deben concurrir para que se configure la cosa juzgada material, señaló el demandante que este Tribunal en sentencia C-121 de 2012 declaró inexequibles algunos apartes del numeral 3.° del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, al advertir que considerar a una persona “como un peligro para la comunidad tan solo por hallarse acusada dentro de un proceso penal o estar afecta a alguna modalidad de medida de aseguramiento implica (sic) la violación del principio rector de la presunción de inocencia en la medida que estar acusado jamás equivale a estar condenado y menos aún a contar con antecedentes penales en los términos del artículo 248 constitucional”. || Sin embargo, puso de presente que mediante la sentencia C-425 de 2008 la Corte Constitucional declaró exequible, frente al cargo de violación de la presunción de inocencia, “una redacción normativa que desde el punto de vista material sí resulta casi idéntica a la acusada en este proceso, como lo es la del artículo 26 de la Ley 1142 de 2007”, según la cual, cuando una persona sea capturada más de una vez dentro de un período de un año, señalada de una conducta delictual o contravencional, y no haya sido beneficiaría de una decisión de preclusión o absolutoria en ese período, puede ser objeto de limitación de su libertad mediante la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.] - [Palabras claves: sentencia, corte, norma, ley, medida, cosa, juzgada, presunción, persona, penal, sido, aseguramiento, constitucional, inocencia, constitución, inciso]

[Resumen automatizado: Con lo anterior en mente, el Grupo A aterrizó el cargo de constitucionalidad contra los artículos 8º y 9º de la Ley 1978 de 2019 indicando que, como mediante el referido artículo 8º se “faculta al MinTic para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico”; y habida cuenta de que con el artículo 9º ídem “establece una potestad análoga a la de otorgar permisos, como lo es la potestad de renovarlos”, la relación que existe actualmente entre el uso de dicho espectro y el desarrollo de la libertad de expresión exige que los mecanismos de asignación y renovación de su uso se reglamenten a través de una ley estatutaria, “atendiendo a las condiciones legislativas de gestación y control necesarias de una norma de [tal] carácter, como las mayorías absoluta (sic) requeridas en el Congreso y la revisión previa y automática de la Corte Constitucional (…)”. || No obstante, se concluyó que como lo que se pretende con la Ley 1978 es la regulación del acceso de los operadores al espectro electromagnético, la creación de un Fondo Único de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y de un órgano como la CRC, dicha ley, en su todo, no regularía el núcleo esencial del derecho fundamental a la libre expresión, sino que, precisamente, cumpliría con lo que prevé el artículo 75 superior, por lo cual dicha ley no estaría sujeta la reserva de ley estatutaria.] - [Palabras claves: ley, espectro, derecho, estatutaria, artículos, uso, acceso, expresión, derechos, corte, reserva]

[Resumen automatizado: El Centro de pensamiento Así Vamos en Salud hizo una presentación de las normas y jurisprudencia que considera relevantes para concluir que para cumplir con los fines que se propuso el Plan Nacional de Desarrollo, es posible “tomar decisiones que limiten o reduzcan ciertas garantías o también puede imponer cargas, claro está que tales medidas no vulneren la norma superior”[3], y continuó sosteniendo que “la demanda no muestra una falta de conexión entre el artículo demandado y el resto del articulado; solo basta con examinar la integralidad de la norma, incluidas las bases, que por expresa disposición de la ley demandada hacen parte de la misma, para concluir que el artículo no carece de una identidad con el reto de la norma”. || “¿La inclusión del artículo en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que establece reglas para la financiación y gestión de los servicios y tecnologías en salud que se encuentren fuera de la cobertura de las UPC por las EPS con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera para tal efecto la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), vulnera el p y principio de unidad de materia establecido en los artículos 158, 160 y 339 de la Constitución?”] - [Palabras claves: plan, materia, salud, norma, ley, desarrollo, principio, nacional, corte, recursos]

[Resumen automatizado: Mediante el auto del 27 de junio de 2019, el magistrado Alberto Rojas Ríos (i) admitió la demanda en contra de la expresión “procrear”, en relación con los cargos por la presunta vulneración de los artículos 16 y 42 de la Constitución Política e inadmitió el cargo relacionado con la vulneración del artículo 18 ibídem, (ii) inadmitió la demanda en contra de la expresión “con el fin” por la presunta vulneración de los artículos 16, 18 y 42 de la Constitución, (iii) ordenó comunicar la iniciación de este proceso al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (“ICBF”), a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Distrital de Bogotá, (iv) invitó a participar en el proceso a varias universidades del país, así como a diferentes organizaciones y asociaciones, (v) corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia y (vi) fijó en lista el proceso de la referencia para que los ciudadanos pudieran intervenir. || De la totalidad de intervinientes, seis defendieron la exequibilidad simple de la expresión demandada[2], seis solicitaron la declaratoria de inexequibilidad[3], uno pidió que se declarara la existencia de cosa juzgada[4] y cinco consideraron que la Corte debe declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda. || En relación con la vulneración del artículo 42 de la Constitución Política, afirmó que la norma demandada no puede ser concebida como una obligación impuesta por el Estado a los cónyuges y que “la definición de la procreación como un fin del matrimonio no afecta de ninguna manera [su autonomía] para decidir conjuntamente el número de hijos a tener, sin injerencias externas”.] - [Palabras claves: corte, demanda, matrimonio, expresión, constitución, código, tener, disposición, civil, exequibilidad, constitucional, obligación, contrato, constitucionalidad, forma]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || El experto indicó que, si bien las normas que regulan la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud no definieron el término para desatar la segunda instancia, esta circunstancia no significa que el Legislador incurrió en una omisión, pues esto equivaldría a "afirmar que todo asunto de competencia de las Salas Laborales de los Tribunales de Distrito Judicial puede ser definido o resuelto sin límite de tiempo, lo cual estaría en contravía del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso de duración razonable(...)"[10]. || En particular, el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, que establece la competencia de la Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para decidir la apelación formulada en contra de las sentencias dictadas por la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de su función jurisdiccional.] - [Palabras claves: término, norma, superintendencia, omisión, constitucional, resolver, acusada, ley, jurisdiccional, social, nacional, inconstitucionalidad, segunda, decidir, instancia, legislativa]

[Resumen automatizado: Respecto del cargo por violación de los principios de consecutividad e identidad flexible, artículos 157 y 160 de la Constitución Política, esgrimidos contra el artículo 11, luego de hacer un recuento de lo que se discutió en primer debate, de las intervenciones y de los temas aprobados, la accionante señaló que “de la lectura de la exposición de motivos, del informe de ponencia de primer debate y del acta del primer debate en Senado se puede concluir que los temas de que trata el artículo 11 de la ley 1920 no fueron discutidos en ninguno de esos momentos, no se discutió darle al SENA la responsabilidad de la creación de un pensum para formar técnicos y tecnólogos en seguridad, tampoco se discutió la celebración de convenios entre el SENA y las empresas y cooperativas de vigilancia o sobre la cuota de aprendices obligatoria”. || En ese contexto, indicó que la norma no guardaba conexidad temática con lo discutido en primer debate y el “hecho de obligar al SENA a crear un pensum para la formación de técnicos y tecnólogos no guarda relación directa con los temas tratados en el debate los cuales fueron enumerados uno a uno, tampoco con el objeto de la ley el cual es de conformidad con el artículo 1º la creación de un marco jurídico para el ejercicio de la inspección control y vigilancia sobre las cooperativas especializadas de vigilancia y establecer un marco regulatorio para el adecuado desempeño de la labor del personal operativo de vigilancia”.] - [Palabras claves: vigilancia, ley, seguridad, privada, proyecto, personal, debate, personas, principio, en, materia]

[Resumen automatizado: “el […] artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, […] termina por vulnerar el derecho al debido proceso, pues convierte a las entidades administradoras de las seguridad social en juez y parte, al permitirles calificar en la denominada primera oportunidad, el porcentaje de la pérdida de la capacidad, su origen y fecha de estructuración, con lo cual les permite decidir qué grupo de trabajadores y en qué condiciones se les puede reconocer o negar el derecho a las prestaciones asistenciales y económicas que consagra el Sistema General de Seguridad Social Integral en sus componentes pensiones, salud y riesgos laborales.] - [Palabras claves: calificación, laboral, proceso, capacidad, primera, ley, oportunidad, invalidez, pérdida, tal, decreto, entidades]

Los apartes demandados que atribuye competencia al Gobierno Nacional para adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones de determinados contratos y también lo autoriza para adoptar dichos documentos tipo respecto de los otros contratos o procesos de selección y se prevé que los mismos deberán ser utilizados obligatoriamente por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los procesos de selección que adelanten, no desconocen la autonomía de las entidades territoriales, prevista en los artículos 1 y 287 de la Constitución Política. \ La competencia atribuida por el último inciso del artículo 150 de la Constitución es amplia y no se encuentra restringida en lo que concierne a la contratación de las entidades territoriales las que, carecen de competencia constitucional para expedir estatutos territoriales de contratación pública. Sin embargo, advirtió que en ejercicio de dicha facultad, el Legislador no puede desconocer la autonomía de las entidades territoriales en materia de contratación para gestionar sus propios asuntos la que, en particular, les confiere la facultad para determinar sin intervención o tutela exógena, las necesidades que se pretenden satisfacer, su priorización, la decisión de recurrir a la contratación, la configuración concreta de los elementos del contrato y la dirección tanto de la selección, como de la ejecución contractual, en el marco del ordenamiento jurídico. Ley 1882 de 2018, "por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones"; Art. 4 (Adc. Par. 7 al Art. 2 Ley 1150 2007) Exequible. S.V - [Resumen automatizado: Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. || El ciudadano Efraín Gómez Cardona cuestiona la constitucionalidad de algunas expresiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2017 (sic), que adicionó un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en las que se atribuye competencia al Gobierno Nacional para adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones de determinados contratos, aunque también lo autoriza para adoptar dichos documentos tipo respecto de los otros contratos o procesos de selección (inciso segundo) y se prevé que los mismos deberán ser utilizados obligatoriamente por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los procesos de selección que adelanten.] - [Palabras claves: entidades, contratación, tipo, territoriales, autonomía, condiciones, constitución, norma, ley, general, selección, sentencia]

[Resumen automatizado: En concordancia con lo anterior, manifestó que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con otros mecanismos de protección a las mujeres y niños lactantes, para lo cual citó el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo que reconoce a la mujer en estado de lactancia el derecho a dos descansos de treinta minutos cada uno para amamantar a su hijo durante la jornada laboral, sin descuento alguno y por los primeros seis meses de edad del infante, derecho para cuya efectividad “los empleadores deben establecer en un local contiguo a aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al niño”.] - [Palabras claves: derecho, ley, empresas, salas, privadas, protección, parágrafo, mujeres, lugar, embarazo, sentencia, código, corte, laboral, mujer, igualdad]

[Resumen automatizado: De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre la demanda de la referencia, pero se declarará inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva porque el accionante en realidad plantea una omisión legislativa relativa en la que habría incurrido el legislador al no regular la procedencia del recurso de apelación contra laudos arbitrales y, a ese propósito, no cumplió con los requisitos específicos de argumentación que se exigen frente a este tipo de cargos.] - [Palabras claves: instancia, corte, doble, constitucional, artículos, proceso, recurso, apelación, cargo, legislador, omisión, ley, demanda]

[Resumen automatizado: Existen tres diferencias: (i) en la justicia ordinaria rige el principio de gratuidad, en la justicia arbitral las personas se encuentran dispuestas a pagar honorarios; (ii) las materias que se someten a una u otra son diferentes dado que al tiempo que a la primera puede someterse cualquier tipo de controversia, la segunda solo admite aquellas que versen sobre derechos transigibles; (iii) el carácter voluntario del arbitraje, caracterizado además por el hecho de que empresarios y comerciantes suelen acudir al mismo por razones vinculadas a la eficiencia de dicho mecanismo así como al conocimiento experto de los árbitros. || La Corte encuentra, en suma, que la demanda satisface las condiciones argumentativas básicas para un pronunciamiento de fondo respecto del cargo relativo a la infracción del mandato de igualdad que se adscribe al artículo 13 constitucional y que, por ser una materia tributaria, se asocia también con el principio de equidad previsto en el artículo 363 de la Carta.] - [Palabras claves: justicia, corte, trato, igualdad, sentencia, administración, personas, contribución, si, la, legislador, principio, constitución, debe]

[Resumen automatizado: Ahora bien, en lo que concierne al Acuerdo de la referencia en sí mismo considerado, el Ministerio concluyó que éste no presentaba vicio formal alguno, pues: (i) en virtud de lo establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1958 de 2019 el 18 de junio de 2019; (ii) el Acuerdo fue firmado por el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, por lo que, de acuerdo con el artículo 7° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no requería presentar plenos poderes para su suscripción; (iii) el instrumento internacional contó con aprobación ejecutiva del Presidente, el 16 de octubre de 2014, quien ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con el artículo 150-16 superior; y (iv) el trámite legislativo se inició en el Senado de la República, con sujeción a lo dispuesto en la Carta Política. || Respecto a las razones para una declaratoria de constitucionalidad formal, ese Ministerio señaló entre otras, que: (i) el Acuerdo y su ley aprobatoria fueron remitidos de manera oportuna a la Corte Constitucional; (ii) el instrumento internacional fue suscrito en su momento por el Presidente de la República, quien estaba debidamente habilitado para el efecto y (iii) el trámite legislativo, esto es su iniciación en el Senado, la publicación del texto correspondiente, los debates, la votación y los anuncios previos, se surtieron en debida forma.] - [Palabras claves: organización, ley, colombia, república, internacionales, sentencia, internacional, acuerdo, corte, proyecto, derecho, debate, congreso, social]

[Resumen automatizado: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-511 de 2019, mediante la cual se declararon EXEQUIBLES las siguientes expresiones del artículo 19 de la Ley 1816 de 2016: “…precio de venta al público… certificado anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto” contenidas en el inciso segundo; “ … para desarrollar directa o indirectamente a través de terceros, odas las gestiones indispensables para determinar anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto de consumo” contenidos en el inciso primero de su parágrafo segundo, por los cargos analizados en esa sentencia. || Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las expresiones del artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 “La base gravable del componente ad valórem es el …”, “… por unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la participación” contenidas en el inciso segundo; y “Para efectos de la certificación de que trata el presente artículo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se encuentra facultado …” contenida en el inciso primero de su parágrafo 2º, por ineptitud sustantiva de la demanda.] - [Palabras claves: consumo, impuesto, ley, dane, participación, licores, componente, respecto, venta, precio, certificado, similares, público]

[Resumen automatizado: La Academia Colombiana de Jurisprudencia planteó que el cargo por omisión legislativa relativa era procedente porque aparta a las sociedades administradoras de inversión del beneficio de exclusión del IVA por el cobro de comisiones, a la vez que mantiene dicho beneficio para las sociedades fiduciarias y los comisionistas de bolsa sin razón suficiente, justificación u objetividad. || Después de explicar el régimen de cobro de comisiones, así como su libertad tarifaria, entre otros aspectos, concluye que “bajo la orientación de esa regulación especial de propender por la uniformidad en la normatividad que regula una misma actividad en aras de evitar arbitrajes regulatorios, para el caso de administración de fondos de inversión colectiva, con independencia del operado que la desarrolle, sea este una sociedad fiduciaria, sociedad comisionista de bolsa o sociedad administradora de inversión, se considera que la exclusión de estas últimas sociedades del beneficio de ser exceptuadas del IVA sobre las comisiones percibidas por la administración de fondos de inversión colectiva, consagrado en el numeral 23 del artículo 10 de la Ley 1943 de 2018, afecta negativamente la uniformidad regulatoria a la que se ha hecho mención, e igualmente crea desventajas considerables e injustificadas para las sociedades administradoras de inversión en el desarrollo de una de las actividades autorizadas en sus objetos sociales, cual es la administración de los referidos vehículos de inversión”. || Señala que de conformidad con el artículo 95.9 de la Constitución la norma “cumple una finalidad constitucionalmente establecida como es el deber general de contribuir mediante el pago de tributos al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad para las sociedades fiduciarias y administradoras de inversión”.] - [Palabras claves: inversión, fondos, sociedades, iva, administradoras, ley, comisiones, norma, disposición, colectiva, administración, demanda, equidad, la, concepto]

[Resumen automatizado: También resalta que, en los términos del artículo 339 de la Constitución, la ley del plan nacional de desarrollo (PND) está conformada por dos secciones: (i) la parte general, que señala los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno; y (ii) el plan de inversiones públicas, que contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. || Conforme con lo expuesto, la Sala Plena debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la norma acusada, al prorrogar la entrada en vigencia del Código General Disciplinario hasta el 1 de julio de 2021, vulnera el principio de unidad de materia al no guardar conexidad directa e inmediata con los propósitos u objetivos generales (bases de legalidad, emprendimiento y equidad) de la ley del Plan Nacional de Desarrollo?] - [Palabras claves: ley, plan, parte, materia, vigencia, general, disposición, objetivos, unidad, norma, principio, acusada, ejecución, entrada]

[Resumen automatizado: En este caso, la Corte observa que el cargo: (i) es específico, pues los accionantes exponen, de manera concreta, cómo el enunciado normativo infringe el derecho a la intimidad; (ii) es pertinente, en la medida en que se plantea un juicio de contradicción entre la norma contenida en el Código de Policía y el derecho a la intimidad; (iii) cumple con el requisito de certeza, por cuanto recae sobre el contenido normativo que podría desprenderse razonablemente del inciso 2° del artículo 237 del Código de Policía; (iv) cumple con el requisito de claridad, en la medida en que los argumentos presentados por los accionantes permiten concluir, de manera lógica, en qué sentido el enlace con la red de la Policía Nacional de los sistemas de video y medios tecnológicos de propiedad públicas o privada, a excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, afecta el derecho a la intimidad; y (v) cumple con la carga de suficiencia, pues se proporcionan las razones básicas por las que, según los actores, el mencionado enlace con la red de la Policía Nacional pone en riesgo el derecho a la intimidad.] - [Palabras claves: derecho, intimidad, público, corte, datos, vigilancia, espacio, información, ley, cámaras, privados, espacios, medida]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || Sobre el primer aspecto, refirió que el legislador cuenta con un margen de configuración legislativa, para crear mecanismos que impongan sanciones frente a determinadas conductas que son descritas "y que derivan en ciertas limitaciones a derechos o libertades en aras de garantizar las finalidades de aquella sanción"[14] y que, por tanto, el artículo 183 numeral 2º demandado sanciona los actos que contrarían la sana convivencia y la paz para que el infractor cumpla con sus deberes frente a la administración, así que la limitación al derecho de acceder a cargos públicos es una atribución del legislador para determinar qué "calidades" debe tener la persona para acceder a un cargo público, tal cual "como sucede con las inhabilidades e incompatibilidades que la misma ley consagra"[15].] - [Palabras claves: persona, constitucionalidad, sentencia, multa, ley, constitución, corte, público, cargo, nombramiento, carrera]

Las facultades extraordinarias conferidas, mediante el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, al Presidente de la República para adoptar normas dirigidas a la reestructuración de la Contraloría General de la República, no vulneraron el artículo 150.10 de la Constitución, al haber sido solicitadas estas facultades extraordinarias expresamente por el Gobierno.\ No desconoció el artículo 267 de la Constitución que define a la Contraloría como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal - Este Tribunal consideró que existe un precedente conforme al cual el Congreso puede, sin violar la autonomía de los organismos de control, otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar las normas legales que regulan su estructura.\ Tampoco vulneró el artículo 268 que le atribuye al Contralor la competencia para presentar proyectos de ley relativos a la organización y funcionamiento de la Contraloría General - La facultad de dicho funcionario en nada se opone a que el Congreso directamente reforme la estructura del referido organismo de control o que decida, previa solicitud del Gobierno Nacional, asignarle facultades extraordinarias - [Resumen automatizado: Indicó que “la Contraloría General de la República es una entidad dotada de autonomía administrativa y presupuestal, lo cual es un presupuesto democrático del ejercicio del control fiscal, el cual se ejerce sobre la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación -entre ellas toda la Rama Ejecutiva del poder público, incluyendo, por tanto, las entidades que integran el Gobierno nacional-; de modo que queda negada tal autonomía si la Contraloría General de la República es reestructurada por la vía de las facultades extraordinarias sin contar con una iniciativa que, precisamente para garantizar dicha autonomía, debe provenir del Contralor General de la República según el numeral 9º del artículo 268 de la Constitución”. || De conformidad con lo expuesto, la reestructuración de la Contraloría General no se puede adelantar por parte del Gobierno Nacional mediante el ejercicio de facultades extraordinarias, máxime cuando en el trámite legislativo no se presentaron las razones de necesidad o conveniencia pública que aconsejan su otorgamiento, ni ello guarda conexidad con los fines ni el objeto del Plan Nacional de Desarrollo.] - [Palabras claves: facultades, república, gobierno, extraordinarias, contraloría, general, ley, congreso, constitución, nacional, presidente]

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-089-2020

[Resumen automatizado: La demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal “tal como fue interpretado en la Sentencia C-355 de 2006”, por cuanto, a su juicio, dicha norma vulnera los artículos 1, 2 inciso 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 42, 43, 44, 45, 47, 49 incisos 2 y 6, 67, 76, 86, 93, 94 incisos 1 y 2, 95 numerales 1, 2, 4 y 7 de la Constitución de 1991; así como el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer[23], los artículos 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de “Belém do Pará”, y la Convención sobre los Derechos del Niño. || Primero, los cargos carecen de certeza, pues las consecuencias deducidas por la accionante son subjetivas y no se desprenden de la norma acusada; especificidad, en tanto no hay claridad acerca de la presunta violación al principio de igualdad ya que la accionante omitió presentar consideraciones más allá de la Sentencia C-355 de 2006; y suficiencia, pues la demanda “no tiene el bagaje teórico suficiente para despertar una duda mínima de inconstitucionalidad sobre el artículo 122 del Código Penal”[134].] - [Palabras claves: principal, sentencia, salud, demanda, mujeres, vida, derecho, derechos, corte, constitución]

[Resumen automatizado: En consideración a lo expuesto, para el ciudadano resulta evidente que “(…) el establecimiento de un término de 18 meses para la prestación del servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes que no han concluido estudios de educación básica y media, no constituye una medida necesaria ni mucho menos indispensable para garantizar su acceso a la formación laboral productiva.”[25] Insistió en que los fragmentos acusados no superan el test integrado y estricto de igualdad y, por lo tanto, deben declararse inexequibles por desconocer el artículo 13 de la Constitución. || La autoridad intervino y solicitó declarar EXEQUIBLE la disposición jurídica censurada, con fundamento en que, si bien la norma acusada diferencia el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio con base en la formación académica, no vulnera el principio de igualdad porque el tratamiento diferenciado atiende las particulares condiciones de los conscriptos y pretende garantizar una mayor formación laboral productiva a través del SENA, dirigida a quienes no han tenido la posibilidad de acceder a la oferta educativa, lo que les permitirá obtener una mayor competencia “(…) para enfrentar los retos laborales que se les presenten luego de haber cumplido con este deber.”[52] ] - [Palabras claves: servicio, militar, meses, formación, obligatorio, igualdad, prestación, tal, norma, educación, sentencia, laboral, corte]

[Resumen automatizado: Mediante auto del veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), esta Corporación procedió a: (i) admitir la demanda en relación al cargo por la presunta vulneración del artículo 72 de la Constitución Política; (ii) disponer la fijación en lista; (iii) comunicarla al Presidente de la República, al Congreso de la República, a los ministerios de Justicia y del Derecho, de Hacienda y Crédito Público y Cultura, al Departamento Nacional de Planeación y al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural; (iv) invitar al Archivo General de la Nación, a la UNESCO Colombia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las Facultades de Derecho de las universidades de Los Andes, Rosario, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Externado, Nacional, de Antioquia, del Cauca y la Fundación Universitaria de San Gil, al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI, al Director de Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Felipe Arbouin Gómez; y v) correr traslado de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede la ley.] - [Palabras claves: bienes, constitución, cultural, interés, corte, patrimonio, ley, constitucional, política, identidad, nacional, culturales, entidades]

[Resumen automatizado: Contrario a lo señalado por el Procurador, el actor: (i) cuestiona, de manera clara y comprensible, la constitucionalidad del aparte normativo “excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de las entidades públicas”, previsto por el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, por lo que sí es posible identificar el objeto del cargo; (ii) fundamenta su argumentación en que dicho enunciado normativo permite enajenar bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, con lo cual resulta evidente que su cuestionamiento no recae sobre interpretaciones subjetivas o irrazonables del artículo demandado, sino sobre el contenido normativo que razonablemente se adscribe al mismo; (iii) presenta dicha argumentación en términos concretos y específicos, que no vagos o abstractos; (iv) formula un auténtico problema de constitucionalidad, en tanto señala que la expresión normativa demandada es incompatible con el artículo 72 de la Constitución Política, según el cual “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional (…) son inalienables”, y, por último, (v) hace referencia a jurisprudencia constitucional por medio de la cual la Corte ha reiterado que “un bien que integra el patrimonio (…) cultural de la Nación, al ser inalienable, no puede ser negociado ni vendido (C-553/2014)”, con lo cual la argumentación del actor resulta suficiente para generar dudas, siquiera prima facie, sobre la constitucionalidad del enunciado normativo demandado.] - [Palabras claves: cultural, bienes, ley, patrimonio, artículos, nacional, nación, entidades, interés, constitución, corte, identidad, protección]

[Resumen automatizado: Inicialmente por auto de 17 de junio se inadmitió la demanda para posteriormente admitirse el 11 de julio disponiendo: i) la práctica de pruebas; ii) la comunicación al Presidente del Congreso, al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Comercio; iii) la fijación en lista del asunto para la intervención ciudadana y simultáneamente el traslado al Procurador General de la Nación; iv) la invitación a la DIAN, al ICDT, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a FENALCO, a la ANDI, a CONFECÁMARAS y a las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín y Barranquilla para que emitieran su opinión. || La Sala Plena en tal decisión encontró que las normas acusadas son inexequibles al vaciar de contenido una competencia privativa del ejecutivo para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, por razones de política comercial; así mismo, determinó que distan de fijar pautas generales o directrices para que el Gobierno complete y determine la reglamentación específica, atendiendo la dinámica propia que hace necesaria una regulación de manera ágil y oportuna.] - [Palabras claves: normas, gobierno, constitución, corte, congreso, constitucional, materia, disposiciones, ley, artículos, aranceles, república, juzgada]

[Resumen automatizado: En primer lugar el demandante aduce que los artículos atacados vulneran las normas constitucionales por "exceso de la potestad de regulación del Congreso de la República en materia aduanera, desconocimiento del principio de separación de poderes y de la prohibición al Congreso de la Republica de inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autoridades".[1] Establece que acorde con lo dispuesto en los artículos 150 y 189 de la Constitución Política, le corresponde al legislador únicamente regular a través de leyes marco, y de forma general, todo lo relacionado con el comercio exterior, la política comercial y lo ateniente al régimen de aduanas.] - [Palabras claves: nacional, artículos, normas, aranceles, ley, materia, congreso, corte, plan, objetivos, desarrollo, política, demanda]

[Resumen automatizado: EN ATENCIÓN A QUE LA NORMA DEMANDADA FORMABA PARTE DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO FISCAL DE 2019, CUYA VIGENCIA YA CONCLUYÓ Y SE AGOTARON SUS EFECTOS, LA CORTE SE INHIBIÓ DE EMITIR UNA DECISIÓN DE FONDO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD || Los magistrados LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, CRISTINA PARDO SCHLESINGER y JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS salvaron el voto debido a que, en su criterio, la Corte no debió inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, sino que, por el contrario, debió resolver la controversia de constitucionalidad planteada, porque la disposición demandada, por un lado, en la medida en que versaba sobre cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019, podía continuar produciendo efectos, y por otro, su contenido había sido replicado de manera idéntica en la Ley 2008 de 2019, “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.”, razón por la que procedía hacer la integración de la unidad normativa, como se proponía en la ponencia que fue puesta a consideración de la sala y que no fue acogida.] - [Palabras claves: pagar, reservas, cuentas, norma, vigencia, requisito, presupuestales, presupuesto, ley, diciembre, corte, decisión, presupuestal]

INEXEQUIBLE el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997 -modificado por el artículo 3º de la Ley 1941de 2018 "Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014"-, que establecía que la declaración del cumplimiento de los requisitos y la calificación como grupo armado organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional en cada caso concreto eran requisitos para que el gobierno pudiera "examinar la posibilidad de decidir" si adelantaba diálogos de paz con grupos armados\ Desconocía el carácter de suprema autoridad nacional en materia de orden público del presidente de la República. \L a Corte consideró que la definición de grupo armado organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho internacional humanitario, en particular en el artículo 1.1 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Este cuerpo normativo, que resulta directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisitos que deben cumplir las organizaciones armadas para considerarse grupos armados organizados.\ Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que una organización armada cumple materialmente los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II, el Consejo de Seguridad no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica\ Jerarquía del derecho internacional humanitario en nuestro sistema jurídico - [Resumen automatizado: De manera subsidiaria, los demandantes instan a la Corte para que, en caso de no declarar la inconstitucionalidad de la disposición demandada, se declare su exequibilidad, condicionada a que las facultades para “iniciar, dirigir, y suscribir documentos producto de negociaciones con grupos armados es exclusiva del presidente de la República” y que éste “no podrá, bajo ninguna circunstancia, delegar dichas funciones, por lo que la posibilidad de iniciar diálogos no puede estar supeditada a la calificación que realice el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.” || En segundo lugar, y en estrecha relación con el argumento anterior, sostiene la intervención que la participación del Ministerio en este tipo de decisiones, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional, contribuye a garantizar que el presidente reconozca como grupos organizados al margen de la ley sólo a aquellos que, en el caso concreto, cumplan los requisitos objetivos conforme a lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario, y de conformidad con la jurisprudencia establecida en la Sentencia C-291 de 2007. || Por lo tanto, la norma que supedita el inicio de los diálogos con una organización armada al cumplimiento de las condiciones y a su calificación previa como grupo armado organizado por parte del consejo de seguridad nacional vulnera el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución, ya que es contrario a la estructura de la rama ejecutiva en materia de orden público.] - [Palabras claves: presidente, paz, derecho, consejo, internacional, orden, seguridad, armados, corte, nacional, constitución, armado, grupos]

INEXEQUIBLE el artículo 244 - Ingreso base de cotización (IBC) de los independientes- de la Ley 1955 de 2019 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", por infracción al principio de unidad de materia. Fallo diferido hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes - [Resumen automatizado: En consecuencia, cuando la norma demandada determina el ingreso base de cotización de los afiliados independientes, está procurando dotar al sistema de los recursos necesarios para financiar las prestaciones mencionadas: “Por lo anterior el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 no quebranta el principio de unidad de materia como lo plantea el actor, pues se ajusta a los pilares de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Pacto por la equidad), sino que además se aviene a las estrategias y políticas que deben orientar las acciones gubernamentales en materia social y que exigen la sostenibilidad fiscal de las prestaciones que reconoce el Sistema de Seguridad Social.” || En virtud de lo expuesto, corresponde a la Corte: ¿definir si el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, que dispone el Ingreso Base de Cotización para los trabajadores independientes, independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contrato diferente al de prestación de servicios vulnera el principio de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Constitución Política, a partir delas reglas que ha fijado la jurisprudencia sobre la existencia de un vínculo directo e inmediato entre la parte general del Plan y las disposiciones instrumentales que lo componen, y no una conexión que sea solo eventual o mediata?.] - [Palabras claves: ley, plan, nacional, trabajadores, materia, desarrollo, unidad, objetivos, norma, independientes, parte]

[Resumen automatizado: Por medio de Auto del dos de julio de 2019, el magistrado sustanciador resolvió admitir la demanda contra la norma prevista en la expresión: "o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta", contenida en el numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, en adelante CNPC. || En este contexto, el uso de armas de protección no letales, como aquellas cuyo porte se califica como comportamiento contrario a la convivencia por la norma demandada, es necesario para proteger los antedichos derechos y para salvaguardar a las personas que, como puede ser el caso de las mujeres, están sometidas a graves riesgos de seguridad. || En cuanto al objeto que se porta, el concepto de la violación respeta el contenido objetivo de la norma demandada, pues en realidad se califica como un comportamiento que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas y, por ello, como contrario a la convivencia, el portar, entre otros objetos, sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta. || Como se acaba de decir, la demanda asume de manera objetiva que la norma demandada prevé que portar sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta es una conducta contraria a la convivencia, en tanto y en cuanto pone en riesgo la vida y la integridad de las personas.] - [Palabras claves: demanda, norma, personas, vida, medio, convivencia, principal, porte, portar, concepto, si, integridad]

Inexequible la expresión "relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno" contenida en el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 "por medio de la cual se adoptan reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz", que al limitar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz desconoció la reserva de ley estatutaria. Para la Corte el resto del parágrafo reitera las previsiones superiores - [Resumen automatizado: La JEP será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas delictivas cometidas por causa con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a esta, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno." ] - [Palabras claves: competencia, jep, ley, conflicto, armado, conductas, norma, estatutaria, relación, directa]

[Resumen automatizado: La Sentencia C-484 de 2000 declaró la exequibilidad del inciso primero del artículo 101 de la Ley 42 de 1993 -en donde se ubican las normas demandadas en el presente trámite- al considerar que la multa (i) es una medida de carácter coercitivo fundamentada en el poder correccional del Estado, cuya finalidad principal “se dirige a vencer los obstáculos para el éxito del control fiscal” y, por consiguiente, puede ser impuesta directamente por los contralores en ejercicio del control fiscal; y (ii) no tiene la misma naturaleza que la multa disciplinaria debido a que esta última se impone como consecuencia del incumplimiento de los deberes propios del servidor público, por lo que no vulnera el principio de non bis in ídem ni el artículo 29 superior. || Sin embargo, en la medida en que los aquí accionantes demandaron la norma que fija el tope de la multa; la que señala como conducta que da lugar a la multa aquella de entorpecer o impedir, de cualquier manera, el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías; y la que establece como conducta coercible la de no suministrar oportunamente a las contralorías las informaciones solicitadas, la Sala pasará a estudiar si los demás pronunciamientos de esta Corporación sobre el inciso primero del artículo 101 de la Ley 43 de 1993 impiden el estudio de fondo por configurar cosa juzgada.] - [Palabras claves: sentencia, ley, cargo, normas, corte, juzgada, norma, multa, cosa, cargos, sala, contralores, demanda]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || En consecuencia, mediante Auto del 2 de agosto de 2019[2], se ordenó: (i) fijar en lista la norma parcialmente acusada para garantizar la intervención ciudadana; (ii) correr traslado al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio del proceso a las Ministras del Interior y de Justicia y al Ministro de Salud y Protección Social, y al Consejo Nacional de Discapacidad; (iv) invitar a las facultades de Derecho de las Universidades Libre de Bogotá, Javeriana, Externado de Colombia, del Rosario, de Nariño, de Antioquia, de Ibagué y al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS- de la Universidad de los Andes, a la Dirección de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, a las Fundaciones Saldarriaga Concha y Asdown Colombia, al Instituto Nacional de Sordos INSOR, al Instituto Nacional para Ciegos INCI, a la Liga Colombiana de Autismo LICA, para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad de la disposición demandada; e (v) invitar al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia, a la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, para que, explicaran los conceptos de perros guía y de asistencia.] - [Palabras claves: personas, asistencia, situación, omisión, ley, corte, norma, igualdad, sentencia, legislativa]

Fallo inhibitorio sobre el artículo 141 - Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz- de la Ley 1955 de 2019, por carencia actual de objeto, al haber sido derogada orgánicamente por la Ley 1957 de 2019\ La Corporación encontró que aunque no existe incompatibilidad entre el artículo acusado y las disposiciones de la Ley 1957 de 2019 en punto de la autonomía administrativa de la UIA, la ley nueva reguló los elementos de esa autonomía y, por tanto, que los preceptos del artículo 141 de la Ley 1955 de 2019 que aluden a la misma han sido objeto de derogatoria orgánica en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 86 a 89 de la Ley 1957 de 2019, que regulan de manera integral esta materia. Adicionalmente, la Corte verificó que, en la actualidad, el artículo 141 de la Ley 1955 de 2019 no produce efectos jurídicos comprobados, ni tiene la potencialidad ni la vocación de producirlos - [Resumen automatizado: 3. Añade que para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final), en el parágrafo 2 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 se dispuso que «el Secretario Ejecutivo y el Presidente o la instancia de gobierno de la JEP que los magistrados de la misma definan, ejercerán de manera exclusiva, y solo durante el tiempo de vigencia de la misma, todas las funciones asignadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecidas en el Acto Legislativo número 02 de 2015 y en la Ley 270 de 1996 respecto al gobierno y administración de esta Jurisdicción» (negrilla de la demanda). || En este orden, la accionante estima conveniente destacar que al tenor de lo preceptuado en el inciso 5 del artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017, la UIA tiene por función principal realizar las investigaciones correspondientes y adelantar el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz. En este sentido, la misma norma prevé que «los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director de la Unidad, quien tendrá plena autonomía para seleccionarlos y nombrarlos, así como a los demás profesionales que requiera para hacer parte de la Unidad».] - [Palabras claves: autonomía, jep, ley, funciones, corte, norma, acto, legislativo, paz, sala, presupuestal, jurisdicción]

[Resumen automatizado: Por medio de auto del 26 de julio de 2019, el magistrado sustanciador admitió la demanda de la referencia, dirigida contra la expresión: "y los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los siguientes: Combustible fósil Unidad - Tarifa/unidad // Gas Natural - Metro cúbico - $29 // Gas Licuado de Petróleo Galón - $95 // Gasolina Galón - $135 // Kerosene y Jet Fuel Galón - $148 /

[Resumen automatizado: De manera oportuna los accionantes presentaron sendos escritos de corrección y mediante Auto de 28 de junio de 2017, en aplicación del principio pro actione el magistrado sustanciador admitió la demanda acumulada y dispuso (i) suspender términos de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena mediante Auto 305 de 2017; (ii) fijar en lista; (iii) comunicar el inicio del proceso al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; (iv) comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso y, con fundamento en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (v) a efectos de rendir concepto, invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Academia Colombiana de Abogacía, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Instituto de Derecho Administrativo del Magdalena -IDAMAG, a DeJusticia, a la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, del Rosario, de los Andes, del Norte, Distrital Francisco José de Caldas, Externado de Colombia, Libre, Militar, Nacional de Colombia, Javeriana, Industrial de Santander, Sergio Arboleda y Autónoma de Bucaramanga.] - [Palabras claves: ley, carrera, disposiciones, administrativa, artículos, empleos, derecho, empleados, normas, públicos, sistema, administración, comisión, requisitos]

La Corte decidió condicionar el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, "por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 11006 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014" (Adic. Art. 6 de la Ley 418 de 1997), en el entendido de que los planes, medidas y recursos a ejecutar en las ZEII para la prestación de servicios sociales, deberán ser formulados e implementados conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación. Igualmente, en el sentido de que las actuaciones de las autoridades públicas previstas en la disposición deben guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto - [Resumen automatizado: Respecto del segundo problema jurídico, el concepto sostiene que en el evento en que el Consejo de Seguridad Nacional defina declarar una ZEII en un área con presencia de comunidades étnicas o de territorios ancestrales "tal decisión necesariamente deberá estar precedida de un proceso de consulta previa"[58], lo anterior, debido a que se trataría del ejercicio de una función administrativa que tendría efectos directos sobre el desarrollo de las comunidades étnicas, en desmedro de las competencias de sus autoridades propias, Igualmente, frente a la petición subsidiaria de la demanda de condicionar la norma advirtiendo la obligatoriedad de la consulta en zonas que afecten territorios étnicos, la Defensoría del Pueblo considera que no es necesario tal condicionamiento, en cuanto "debe entenderse incorporado de forma intrínseca al ejercicio de la función administrativa regulada por el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, en aplicación de los principios de legalidad, de participación democrática y de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, así como de la normatividad internacional aplicable a la consulta previa; y por las mismas razones, estima que las razones expuestas por los demandantes, concretamente en lo que tiene que ver con este cargo, no vician de inconstitucionalidad la disposición demandada".] - [Palabras claves: autoridades, participación, acuerdo, ley, constitución, nacional, corte, medidas, planes, disposición, derecho, zonas, territoriales, comunidades, entidades, consulta]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución, los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Luis Alejando Ramírez Álvarez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 15 (parciales) de la Ley 397 de 1997 “[p]or la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”. || De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para decidir la demanda de inconstitucionalidad de la referencia pues la disposición hace parte de la Ley 397 de 1997 “[P]or la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.] - [Palabras claves: patrimonio, bienes, artículos, cultural, ley, normas, arqueológico, demanda, constitución, política, ministerio]

INEXEQUIBLE el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, "por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones", por vulnerar el debido proceso, al establecer una responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor, por las contravenciones de tránsito detectadas por el sistema de ayudas tecnológicas, sin exigir que en el proceso contravencional se establezca que el propietario del vehículo participó en la comisión de la infracción y que la realizó de manera culpable. \ La declaratoria de inexequibilidad de la responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor, prevista en la norma demandada, por las infracciones captadas por medios tecnológicos (fotomultas), no implica que este sistema de detección de infracciones sea inconstitucional y, por lo tanto, puede seguir en funcionamiento. Igualmente advirtió que la solidaridad sigue vigente en lo que respecta a vehículos vinculados a empresas de transporte

[Resumen automatizado: De manera oportuna los accionantes presentaron escrito de corrección y mediante Auto de 23 de julio de 2019, en aplicación del principio pro actione, el magistrado sustanciador admitió la demanda en lo relativo al cargo por violación del derecho a la igualdad, y dispuso (i) fijar en lista; (ii) comunicar el inicio del proceso al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; (iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso y, con fundamento en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y (iv) a efectos de rendir concepto, invitó a la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, al Consejo Nacional de Protección al Consumidor, a los Decanos de las facultades de Derecho de las universidades de Antioquia, del Rosario, de los Andes, del Norte, del Externado de Colombia, de la Sabana, de la Libre, de la Militar, de la Nacional, de la Pontificia Javeriana, de la Industrial de Santander, de la Santo Tomás, de la Autónoma de Bucaramanga y de la de Cali, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Academia Colombiana de Abogacía, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, al Colegio de Abogados Comercialistas, a la Federación Nacional de Comerciantes, a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Confederación Colombiana de Consumidores.] - [Palabras claves: norma, demanda, cargo, consumidores, relaciones, código, disposición, corte, acusada, política, cuales, decreto, respecto, normas, ley, constitución, consumo]

[Resumen automatizado: En efecto, el numeral 2 del artículo 103 del Código Sustantivo del Trabajo establecía el requisito del preaviso de la terminación unilateral del contrato de trabajo con el servicio doméstico y con los choferes de servicio familiar. || Para tal efecto, remitía al artículo 48 del CST que regulaba una cláusula de reserva en los contratos de trabajo a término indefinido, lo cual permitía al empleador pactar la finalización del vínculo laboral tras un preaviso. || del Decreto 2351 de 1965 modificó el artículo 62 del CST y dispuso que para finalizar el contrato de trabajo por justa causa se debe realizar un preaviso pero solamente en casos taxativos. || Señaló que si bien la decisión es inhibitoria, por cuanto no se satisfacen los requisitos jurisprudenciales de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en la medida en que se atribuyen a la norma unos efectos que la misma no tiene, al diferenciar el término de preaviso de relaciones laborales con contratos disimiles, que no son equiparables, aunado que no se indicaron elementos mínimos requeridos para el patrón de comparación que se exige en el juicio de igualdad, lo cierto es que no comparte que la mayoría de la Sala Plena hubiese considerado que la norma demandada está derogada.] - [Palabras claves: término, trabajo, contratos, efectos, servicio, norma, contrato, terminación, juicio, reserva, código, decreto]

Fallo inhibitorio sobre el artículo 136 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda - [Resumen automatizado: Solicitaron declarar la exequibilidad del aparte acusado en tanto no transgrede el principio constitucional a la información pública pues lo que busca es proteger ciertos derechos que tienen los ciudadanos por su condición de víctimas como lo establece el artículo 11 literal e) de la Ley 906 de 2004, a saber: “e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas”, por lo que la norma no pretende excluirlas de la información. || Finalmente, sobre la garantía reforzada del derecho a la información, adujo que no toda persona ajena a los procedimientos penales puede ser reconocida como víctima, pues según el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, es claro que solamente quien ha sufrido un daño está legitimado para intervenir en tal calidad. || De acuerdo con lo anterior, la accionante, al considerar que la disposición demandada limita el acceso a la información general y pública a todos los ciudadanos, ignoró que se trata de una previsión dirigida a garantizar el derecho de las víctimas de un injusto a recibir información, la cual, en caso de estarse surtiendo la etapa de investigación penal, está protegida por la reserva judicial.] - [Palabras claves: información, proceso, derecho, víctima, penal, víctimas, puede, pública, calidad, investigación, corte, acceso, demanda, ley]

[Resumen automatizado: De conformidad con el debate planteado por el demandante y los intervinientes en este juicio, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿el literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 quebranta las disposiciones 13 y 44 de la Constitución de 1991, así como el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al no incluir como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los hermanos menores de edad del causante que carecen de una condición de discapacidad y que dependían económicamente de éste ante la ausencia de los padres omisión que, según el actor, desconoce que esos sujetos están en la misma situación de vulnerabilidad económica que los hermanos inválidos (mayores o menores de edad), quienes son reconocidos como titulares de la mencionada prestación?] - [Palabras claves: pensión, edad, seguridad, social, legislador, norma, sujetos, menores, niños, derecho, derechos, corte, niñas, condición, ley]

[Resumen automatizado: Puntualmente, refiere que la Corte Constitucional mediante sentencia C- 451 de 2016[2] se pronunció sobre este punto considerando que "(...) el lenguaje al no ser un instrumento neutral de comunicación, debe estar acorde con los principios y valores constitucionales, sobre todo cuando refiere a las situaciones jurídicas de inclusión o exclusión frente a ciertas prerrogativas o derechos, por lo cual expresiones legales degradantes y discriminatorias atentan contra el principio de la dignidad humana y el derecho a la igualdad , tal como acontece en el presente asunto, porque establecer un criterio de consanguinidad legítima para que se habiliten los derechos y obligaciones de los hijos, termina excluyendo y estigmatizando a los hijos que se identifican históricamente con el parentesco ilegítimo". || Tomando en consideración que el actor también plantea una posible derogatoria tácita de las expresiones acusadas, derivada de la expedición de la Carta Política de 1991 y concretamente de su artículo 42 que consagra la igualdad de los hijos, sin importar su origen familiar, conviene precisar que mediante reiterada jurisprudencia esta Corte ha reconocido que: "(...) si el objeto de la demanda de constitucionalidad recae sobre una disposición que fue promulgada durante la vigencia de la Constitución de 1886, ello no implica que la norma bajo estudio deba desaparecer del ordenamiento jurídico sin consideración a su contenido normativo, sino que es preciso analizarla a la luz del nuevo diseño constitucional con el fin de establecer si existe una incompatibilidad material o sustancial entre esta disposición y los principios que orientan el nuevo modelo fijado por la Constitución de 1991"[19].] - [Palabras claves: hijos, corte, civil, código, derechos, igualdad, origen, artículos, legítimo, constitución, familiar, donación]

[Resumen automatizado: Lo anterior, por cuanto, en dicha oportunidad, la Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el encabezado del Título XII del Libro I del Código Civil que establecía "De los derechos y obligaciones entre padres y los hijos legítimos" y en la cual el demandante adujó que la expresión subrayada desconocía los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, al consagrar un trato discriminatorio por el origen familiar de los hijos, pues excluía a los descendientes extramatrimoniales y adoptivos. || De conformidad con lo expuesto, esta Corporación, previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, deberá determinar: (i) si el artículo 1165 del Código Civil se encuentra vigente, pues algunos intervinientes, plantean la discusión de que pudo haber sido derogado por el artículo 10 de la Ley 29 de 1982; (ii) si es competente para decidir sobre la solicitud de la Defensoría del Pueblo de incluir a los hijos de crianza en el supuesto que prevé la norma; (iii) si resulta procedente efectuar la integración de la unidad normativa del vocablo "Cónyuge", contenido en la disposición acusada y, por último, (iv) sí tiene lugar la existencia de cosa juzgada, en razón de lo decidido en la Sentencia C-451 de 2016.] - [Palabras claves: hijos, civil, corte, código, expresión, derechos, legítimo, cosa, norma, igualdad, origen, sentencia, familiar, anterior]

Fallo inhibitorio en relación con los artículos 143 y 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ineptitud sustantiva de la demanda.\ Para el demandante los artículos demandados al regular la pérdida de investidura, el primero, y los términos de caducidad, el segundo, incurrieron en una omisión legislativa relativa, al no prever un término para iniciar el proceso; lo que a juicio del actor, desconoce el derecho fundamental al debido proceso, en particular, su componente de seguridad jurídica. Para la Sala carece de certeza afirmar tal omisión al constatar que el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018 previó un término de caducidad para el ejercicio de la acción de pérdida de investidura, que se predica de los procesos contra los congresistas, diputados y concejales y que es aplicable retroactivamente respecto de los procesos en curso, por hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la Ley, en virtud del principio de favorabilidad \ Advirtió la Corte que el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 no hizo extensivo este término de caducidad a los procesos de pérdida de investidura contra ediles por lo que, respecto de ellos, es cierto que no existe término de caducidad. Sin embargo, encontró la Corte que la demanda no es específica ni suficiente para provocar un pronunciamiento de fondo respecto de la pérdida de investidura de los ediles, por lo que, frente a la ineptitud sustantiva de la demanda, decidió inhibirse de proferir un pronunciamiento de fondo - [Resumen automatizado: Explica que el artículo 28 de la Constitución prohíbe las penas y medidas de seguridad imprescriptibles, razón por la cual los artículos 143 y 164 del CPACA, al regular la pérdida de investidura, la primera, y los términos de caducidad, la segunda, incurrieron en una omisión legislativa relativa, al no prever un término para iniciar el proceso. || A juicio del demandante, de un análisis sistemático de las normas demandadas, es posible concluir que la iniciación del proceso de pérdida de investidura puede realizarse en cualquier momento, independientemente de la fecha de ocurrencia de los hechos que la motivan, tal como lo ha concluido en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado, en razón del carácter público y popular de la acción, aun si el implicado ya ha terminado su período o se separaron del cargo por cualquier causa o si han pasado muchos años entre el hecho reprochable y la sanción. || Así las cosas, en la actualidad carece de certeza sostener que el Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, al no prever un término para presentar la demanda de pérdida de investidura de congresistas, diputados y concejales, en consideración de la Ley 1881 de 2018 y de su aplicación favorable a los procesos en curso, por hechos anteriores a la vigencia de dicha Ley. En consecuencia, respecto de dichos miembros de corporaciones públicas, la demanda no es apta para que la Corte Constitucional profiera un pronunciamiento de fondo.] - [Palabras claves: pérdida, investidura, término, omisión, sentencia, constitución, proceso, ley, demanda, acción]

[Resumen automatizado: Esto, con base en las siguientes razones: (i) el numeral 19 del artículo 150 Superior hace referencia a leyes marco, como normas generales que señalan los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para reglamentar materias específicas, como el comercio exterior, o la modificación de aranceles, tarifas y demás disposiciones aduaneras[11]; (ii) el numeral 25 del artículo 189 de la Carta Política señala que le corresponde al Presidente de la República, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones del régimen de aduanas; (iii) la fijación caso a caso de los aranceles debe surtirse a través de decretos expedidos por el ejecutivo, por lo que, el legislador no puede ordenar al ejecutivo el establecimiento de aranceles sobre determinados productos; (iv) el establecimiento de aranceles por el legislador resulta contrario a los compromisos adquiridos por el Estado en el marco de los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia; (v) las medidas adoptadas por el legislador, pueden impactar la economía mediante un aumento del contrabando, pérdidas en el bienestar de la sociedad debido al aumento del precio en dichos bienes, pérdidas de empleos, cierres de fábricas, entre otros; (vi) la justificación de la imposición de la medidas arancelarias cuestionadas obedece a razones de conveniencia y de interés de un sector específico, el cual puede ser garantizado a través de otros mecanismos, tales como las medidas de defensa comercial, las normas de valoración de aduanas de las mercancías y el ejercicio de las facultades de fiscalización de la DIAN; (vii) y no existe una relación entre las disposiciones demandadas y los fundamentos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.] - [Palabras claves: normas, corte, plan, sentencia, ley, disposiciones, materia, política, aranceles, comercial, leyes, objetivos, nacional, parte, generales]

[Resumen automatizado: Uno de sus miembros designado para esos efectos presentó concepto, por medio del cual solicitó se emita un fallo inhibitorio, por cuanto advierte que la demanda no cumplió con el requisito de suficiencia dado que los argumentos no tienen alcance persuasivo para despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma. || Inicialmente el Ministerio Público destacó que el demandante plantea que el contacto físico para realizar el procedimiento de registro de personas vulnera el derecho a la intimidad, pero no explica las razones por las cuales se afecta tal contenido fundamental, pues se limita a trascribir apartes genéricos de fallos de la Corte, razón por la cual el cargo carece del requisito de suficiencia. || Dicho de otro modo, la Corte “no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma (…) el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad”.] - [Palabras claves: corte, demanda, derecho, constitucional, ley, puede, inconstitucionalidad, constitución, norma, registro, debe, cargo, proceso]

[Resumen automatizado: Procurador General de la Nación

[Resumen automatizado: El interviniente señaló que el artículo 121 del Código General del Proceso ha sido demandado en dos oportunidades mediante acciones de inconstitucionalidad que cursan actualmente en la Corte Constitucional (expedientes D-12981 y D-13072), por ende, reitera su concepto, según el cual la disposición demandada es constitucional, en razón de la libertad de configuración legislativa; la finalidad que se busca; y la importancia de los plazos perentorios para la garantía de la tutela judicial efectiva. || Sobre la expresión “nulidad de pleno derecho”, el instituto señaló que resulta inconstitucional interpretarla como una causal de nulidad insaneable dado que, primero, no se encuentra incorporada en la lista taxativa de nulidades insaneables consignadas en el artículo 136 del CGP; segundo, la aplicación silogística de la norma puede conducir a excesos con graves consecuencias negativas para la administración de justicia y el derecho sustancial; tercero, esa interpretación puede ocasionar dilaciones injustificadas, inseguridad jurídica y atentar contra la paz social que garantiza la terminación oportuna de las actuaciones; y, cuarto, conduce a un tratamiento disímil y discriminatorio en razón de que otro tipo de proceso como los arbitrales sí permiten el saneamiento “luego del vencimiento del término que los árbitros tienen para fallar”.] - [Palabras claves: derecho, nulidad, norma, competencia, juez, judicial, proceso, término, demanda, términos, sentencia, pleno, disposición, corte, general]

[Resumen automatizado: Acuden a la sentencia T-729 de 2002 para significar que “la finalidad de publicar los datos de los donantes se desdibuja al chocar con el principio que tienen los individuos de mantener en reserva su información financiera, permitiendo que se realice un uso indebido y hasta criminal por parte de quienes conozcan los montos que las personas naturales o jurídicas entregan en donación a las entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial, en detrimento de quienes poseen recursos y su seguridad se vea afectada”, continúan con la cita de la decisión C-981 de 2005 y destacan que siendo las donaciones actos jurídicos sustentados en la ley civil, los actos que se celebren al interior de las entidades sin ánimo de lucro tienen protección prevalente del derecho a la intimidad, lo que implica, entre otros, que no estén obligadas a entregar los detalles de sus actos jurídicos a la sociedad, de allí que no sea posible que la autoridad tributaria los ponga en manos de terceros.] - [Palabras claves: derecho, información, entidades, intimidad, datos, donación, registro, norma, identificación, ley, si, debe, parte, régimen, tributario, monto]

Fallo inhibitorio por carencia de objeto contra los artículos 3, 8, 11, 27, 56 y 57 (parciales) del Decreto 1056 de 1953, "[p]or el cual se expide el Código de Petróleos". Las normas sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos de naturaleza técnica, aplicables a los contratos estatales en la materia fueron objeto de derogatoria orgánica por el Decreto 1818 de 1998 (Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos). Esta normatividad contempló el dictamen técnico a voluntad de las partes (Art. 231) y se ocupó integralmente del arbitraje (Arts. 115 a 222), incluido el de carácter técnico (Art. 170). Las anteriores disposiciones del Decreto 1818 de 1998 fueron expresamente derogadas por la Ley 1563 de 2012 (Art. 118), Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el cual, desde entonces, regula orgánicamente todas las clases de arbitraje, comprendido el de índole técnica (Art. 1) - [Resumen automatizado: Luego, el 9 de julio del año en curso, admitió el cargo contra las mismas disposiciones legales, por violación del principio de habilitación voluntaria del arbitraje (Art. 116 de la C.P.) Además, en esta última providencia se dispuso la fijación en lista de las normas acusadas, se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y se comunicó el inicio del proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como a los ministros de Minas y Energía, Interior, Justicia y del Derecho y Hacienda y Crédito Público, para los fines del artículo 244 de la Constitución. || Argumenta que en el marco de las competencia de la ANH, respecto de asuntos como la administración de los recursos hidrocarburíferos del país, la supervisión de la gestión productiva de hidrocarburos y la fijación tanto de volúmenes de producción, así como de tarifas de la misma, no opera el mecanismo de resolución de conflictos contenido en los artículos demandados, sino que se aplican las disposiciones de la Ley 1563 de 2012, mediante la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e internacional.] - [Palabras claves: disposiciones, decreto, normas, ley, técnico, partes, contratos, mecanismo, código, materia, corte, manera]

[Resumen automatizado: La suspensión provisional como medida cautelar o preventiva no afecta de manera directa el núcleo esencial de alguno de los derechos políticos del ciudadano consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, pues dicha restricción o limitación para desempeñar cargos de elección popular obedece a conductas derivadas del ejercicio mismo de la función y no a la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de elección popular, materia que sí se encuentra sujeto a trámite especial de Ley estatutaria. || "corresponde a este tribunal establecer si la norma contenida en los artículos 157 de la Ley 734 de 2002 y 217 de la Ley 1952 de 2019, en tanto faculta al operador que adelanta el proceso disciplinario para suspender provisionalmente al servidor público, incluso si es de elección popular, es compatible con la norma superior prevista en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos"