¿Se vulneran los derechos fundamentales de una mujer cabeza de familia que alega ser víctima del conflicto armado, cuando se niega su inscripción en el Registro Único de Víctimas con fundamento en que los hechos victimizantes de homicidio, amenazas y desplazamiento forzado que ha padecido supuestamente no sucedieron con ocasión del conflicto armado toda vez que, presuntamente, fueron cometidos por una banda criminal y por tanto, ejecutados por un actor armado sin móviles ideológicos o políticos? Desde su misma definición, la Ley 387 de 1997 no restringe ni circunscribe la condición de desplazamiento a la existencia de un conflicto armado interno; (ii) la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del concepto de víctima contenido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y sus distintos componentes, según la cual se debe atender a una noción amplia de la expresión "con ocasión del conflicto armado interno"; (iii) las víctimas de desplazamiento forzado son titulares de un derecho fundamental a ser reconocidas como tales mediante el registro y, por consiguiente, a acceder al RUV cuando cumplan las condiciones previstas por la ley; (iv) las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional que tienen derecho a medidas particulares de salvaguarda, retorno, reasentamiento y reubicación así como a un trato urgente, preferente, distinto y excepcional; (v) el RUV tiene una gran importancia para el goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado; y (vi) la diferencia de trato entre víctimas por razón de la naturaleza del victimario constituye una discriminación prohibida en la Constitución - [Resumen automatizado: Además, la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para que las personas en situación de desplazamiento soliciten su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), en aquellos casos en los cuales su petición fue denegada con fundamento en que los hechos victimizantes se originaban en actos de delincuencia común[31]. || De manera reiterada, la Corte Constitucional ha amparado los derechos fundamentales de personas víctimas de desplazamiento forzado a quienes la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas --UARIV- les ha negado su derecho a la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), con fundamento en que los hechos victimizantes: (i) fueron perpetrados por las denominadas Bandas Criminales Organizadas (BACRIM); (ii) se originaron en actos de delincuencia común; (iii) no ocurrieron con ocasión del conflicto armado interno; o (iv) el peticionario no logró probar su relación con dicho fenómeno.] - [Palabras claves: armado, conflicto, víctimas, desplazamiento, ley, único, derechos, registro, hechos, relación, tutela, víctima, interno, ocasión, inscripción, forzado]

¿La UARIV desconoció los derechos fundamentales de un indígena en un trámite administrativo de reparación por secuestro, en el cual la víctima falleció, al determinar que uno de los criterios para para determinar sus beneficiarios -en este caso pertenecientes a una comunidad indígena-, consiste en aportar una sentencia o escritura pública de sucesión? (…)cuando una persona fallece y posteriormente es reconocida como destinataria, dentro de un trámite de reparación por vía administrativa, las autoridades no pueden exigir para el reconocimiento del porcentaje asignado al causante, que sus parientes cercanos aporten la sentencia o escritura pública de sucesión, en cuanto a los miembros de las comunidades indígenas se refiere. (…)Lo anterior, se constituye en un requisito excesivo para miembros de comunidades indígenas, toda vez que desconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, la jurisdicción especial indígena, el debido proceso y el pluralismo, principios axiológicos de la Constitución de 1991. Evidentemente, frente al reconocimiento de los beneficiarios de una indemnización administrativa, constituida en favor de una víctima del conflicto, pertenecientes a una comunidad indígena, las autoridades administrativas y\o judiciales no pueden imponer a los miembros de los pueblos indígenas un requisito imposible de cumplir, toda vez que su jurisdicción especial difiere de la común; lo cual se traduce en que no se compone de un cuerpo de operadores judiciales que emiten providencias judiciales (jueces) ni de otro cuerpo de funcionarios públicos que dan fe de las escrituras públicas (notarios). El enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas - [Resumen automatizado: La Sala debe precisar que cuando una persona fallece y posteriormente es reconocida como destinataria, dentro de un trámite de reparación por vía administrativa, las autoridades no pueden exigir para el reconocimiento del porcentaje asignado al causante, que sus parientes cercanos aporten la sentencia o escritura pública de sucesión, en cuanto a los miembros de las comunidades indígenas se refiere. || Luzmila Cabrera Guerrero interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la reparación integral, a la jurisdicción indígena, a la diversidad étnica y cultural, así como a la autonomía indígena, ante la negativa en el reconocimiento y pago de la reparación administrativa que considera tiene derecho como destinataria, en calidad de compañera permanente de Maximiliano Veloz García, víctima del conflicto armado interno. || En este evento, le corresponderá a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional analizar y resolver el problema jurídico planteado de la siguiente forma: primero, el alcance de la jurisdicción especial indígena; segundo, el enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y; por último, se analizará el caso concreto.] - [Palabras claves: indígenas, pueblos, indígena, reparación, jurisdicción, comunidades, especial, reconocimiento, derecho, derechos, víctima, indemnización, cultural]

¿La Unidad de Víctimas vulneró los derechos fundamentales del actor y su familia al negar la inscripción en el Registro Único de Víctimas en calidad de personas desplazadas por situaciones de violencia generalizada? Concede - Al momento de analizar las solicitudes de inscripción de las víctimas del desplazamiento forzado por situaciones de violencia generalizada, debe atenderse a los siguientes presupuestos: (i) la condición de desplazamiento forzado no se limita a situaciones de conflicto armado; (ii) es independiente de los motivos de la violencia, de la calidad del actor (política, ideológica, común o legítima), o de su modo de operar; (iii) la violencia generalizada puede tener lugar a nivel rural o urbano, en una localidad, un municipio, o una región; (iv) para que una persona adquiera la condición de desplazada por la violencia basta un temor fundado, aunque es usual que la violencia generalizada se acompañe de amenazas, hostigamientos o ataques tanto a la población civil como a la fuerza pública; en este último caso con repercusiones en la primera. La negativa de la Unidad a reconocer la calidad de personas en situación de desplazamiento forzado del accionante y su grupo familiar, fundada en el tipo de actor que provocó su desplazamiento, desconoce los derechos fundamentales, el registro debe realizarse con independencia de si el desplazamiento forzado tiene lugar con ocasión del conflicto armado y sin distingos por calidad o motivos del actor (política, ideológica o común) y de su modo de operar, a efecto de garantizar su asistencia y atención desde el momento mismo del desarraigo hasta la estabilización socio-económica - [Resumen automatizado: En la revisión del fallo proferido por el Juzgado 23 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Nelson Humberto Restrepo Londoño, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante Unidad de Víctimas, procurando amparar los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la protección especial de las personas en condición de desplazamiento forzado. || 3. Señaló que en diciembre 29 de 2009, rindió declaración sobre los hechos del desplazamiento ante la Personería de Medellín; de la valoración de dicha declaración, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas emitió en enero 22 de 2010 la Resolución N° 5001122548, por la que negó la inscripción de su grupo familiar en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD- (f. || Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Unidad de Víctimas vulneró los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del señor Nelson Humberto Restrepo Londoño, al negar la inscripción de él y su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas en calidad de personas desplazadas por situaciones de violencia generalizada, producidas por actores como las BACRIM, en acciones que no se presentan dentro del conflicto armado.] - [Palabras claves: desplazamiento, víctimas, violencia, situación, derechos, corte, forzado, unidad, registro, lugar, único, inscripción, condición]