¿Acción Social vulneró el derecho de petición del accionante, relacionado con el ejercicio de los recursos de la vía gubernativa, pues no hay prueba de que las decisiones tomadas frente a los mismos hubieran sido comunicadas en debida forma al administrado? Concedida. La falta de notificación adecuada de los actos administrativos por medio de los cuales se resuelven los recursos de la vía gubernativa implica una vulneración al derecho de petición por desconocimiento de uno de los elementos de su núcleo esencial, como es el de poner en conocimiento del administrado la decisión tomada. Cuando las circunstancias que generan el traslado de una persona de su lugar de origen a otro dentro del territorio nacional tienen origen en circunstancias de orden común, es decir que no encuadran en aquellas contempladas en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, lo procedente es negar la inscripción en el RUPD - [Resumen automatizado: Argumentó el accionante que sus derechos están siendo vulnerados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social, ante su negativa de incluirlo en el Registro Único de Población Desplazada (en adelante RUPD), por cuanto dicha entidad sostuvo que "se establece de manera objetiva y atendiendo rigurosamente al relato del declarante, que el traslado al que fue expuesto no se ocasionó por las circunstancias previstas en el artículo 1 de la ley 387 de 1997"[1], al no enmarcar en las circunstancias descritas por la norma atrás citada[2]. || En este sentido manifestó el Tribunal que la protección a la población desplazada "no se aplica a desplazamientos generados por problemas de índole personal como se puede constatar en la declaración rendida por el accionante ante la procuraduría de Bogotá"[19], por lo que "le asiste razón a ACCIÓN SOCIAL, para no inscribir al señor JUAN CARLOS GAMBOA y a su familia en el Registro Único de Población Desplazada, como lo manifestó en la Resolución No. 110011078 del 11 de febrero de 2009, en la decisión del recurso de reposición del 9 de junio de 2009 y en la Resolución No. 04928 del 24 de julio de 2009, por el cual se decide el recurso de apelación [...] por no reunir los requisitos del artículo 1 de la ley 397 de 1997"] - [Palabras claves: derecho, entidad, petición, tutela, inscripción, social, recursos, circunstancias, manera, apelación, derechos, frente, hechos, declaración, decisión, ley]

¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital de los actores, al declararlos insubsistentes en sus cargos, sin otorgarles recursos ni una debida motivación? Negada. Necesidad de motivación de los actos administrativos como desarrollo del principio de publicidad en la función pública. En el texto de toda notificación se deben indicar los recursos que proceden contra las decisiones de la administración, salvo cuando la parte interesada se dé por suficientemente enterada y acate la orden del acto o utilice en tiempo los mismos. Si las autoridades administrativas no dan oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados pueden demandar directamente los correspondientes actos ante el juez competente. Caducidad de la Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Un acto administrativo de desvinculación se considera motivado cuando explica de manera clara, detallada y precisa las razones por las cuales prescinde de los servicios del funcionario - [Resumen automatizado: El señor Edison Vargas Ramírez interpuso acción de tutela[1] contra la Juez 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, Carmen Emilia Maldonado Navarro, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, con ocasión de la resolución No.001 del 22 de abril de 2009 mediante la cual la accionada declaró la insubsistencia del actor sin concederle los recursos legales que le permitieran defenderse de cada una de las acusaciones que motivaron el acto administrativo. || 2. Que el desempeño laboral del señor EDISON VARGAS RAMÍREZ, oficial mayor del juzgado Veinticinco Penal Municipal con Función de control de garantías de Cali, no es acorde con las necesidades del servicio del despacho para lograr una buena prestación del servicio de administrar justicia tal como lo demanda la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues sus múltiples falencias y retrasos en las labores a él encomendadas, las continuas llamadas de atención que se le efectuaron en forma escrita, su falta de voluntad laboral, su maltrato descortés e irrespetuoso para con los usuarios, la secretaria del Despacho y con la suscrita, quien por esas razones ha tenido que llamar la atención en forma comedida, su no sentido de pertenencia para con las labores propias del cargo; pues el expresa manifestaciones tales como “que no tiene porque regalarle un minuto de su tiempo a la rama judicial”, retirándose del Despacho sin terminar las labores encomendadas en el día cuando las mismas por orden Constitucional y legal son de perentorio cumplimiento, lo que necesariamente conlleva a que se retrase las labores de secretaria y se incremente la labor que desempeña la Sra. Secretaria, además que ha llegado a los extremos que cuando salen oficios, autos de sustanciación firmados por esta funcionaria, los mismo son modificados por el oficial mayor usando liquid paper y agregando el contenido que quiere con lapicero.] - [Palabras claves: tutela, acción, administrativo, juez, derecho, acto, motivación, cargo, si, recursos, actos, desvinculación, judicial]

¿Es procedente ordenar, por vía de tutela, el reconocimiento de una pensión de invalidez, cuando el accionante no agotó la vía gubernativa contra el acto administrativo que negó la misma? Negada. El agotamiento de los recursos ordinarios es un requisito indispensable para poder acudir a la acción de tutela - [Resumen automatizado: “Primero: ordenar que por la Secretaria General, se oficie a la Dra. Francy del Pilar López Toro apoderada judicial del señor Guillermo Hernán Zapata Olaya-, cuya dirección es carrera 65 No. 8 B-91, Oficina 346 de la terminal de Trasportes del Sur de la ciudad de Medellín, para que dentro del término de tres (3) días siguientes a la recepción de la comunicación que se le dirija, informe a este despacho, si contra la Resolución No. 031155 del 31 de octubre de 2008 por medio del cual se negó la pensión de invalidez solicitada, su representado presentó los recursos de reposición y apelación de que trata el artículo 2º del acto administrativo en mención, en caso afirmativo enviar copia del correspondiente escrito. || Esta Sala analizará, en el caso bajo estudio, si es procedente ordenar, por vía de tutela, el reconocimiento de una pensión de invalidez, cuando el accionante no agotó la vía gubernativa contra el acto administrativo que negó la misma.] - [Palabras claves: tutela, invalidez, recursos, sala, ley, acción, si, fecha, años, corte, pues, laboral, vía]

¿Un juzgado administrativo al proferir una sentencia, (a) incurrió en vía de hecho por defecto fáctico al valorar el acto expreso que negó la sustitución pensional inicialmente y no el acto ficto producto del silencio administrativo negativo, y (b) incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo al fundamentar la decisión inhibitoria en la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con los artículos 136-2 y 72 del C.C.A., éste último referente a la legalidad de actos administrativos resultantes de una solicitud de revocatoria directa? ¿Un Tribunal Administrativo, incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, al concluir que la accionante (a) debió haber agotado la vía gubernativa frente al acto ficto producto del silencio administrativo negativo, y (b) permitió con su proceder descuidado la caducidad de la acción y estaba tratando de revivir términos para el ejercicio de las acciones contenciosas que ya estaban vencidos? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. Naturaleza y finalidad de la sustitución pensional. Protección constitucional de la familia y el derecho a la igualdad de las uniones maritales de hecho en materia prestacional. El derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional es imprescriptible. El silencio administrativo negativo permite el agotamiento opcional de la vía gubernativa. Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los actos que aprueban y niegan prestaciones periódicas. - [Resumen automatizado: De manera específica el Juzgado al rehacer la sentencia que reemplazará la dejada sin efectos por esta Corporación, deberá considerar los seguimientos lineamientos: i) el reconocimiento que ha efectuado la Constitución, el legislador y la jurisprudencia constitucional de los derechos de la compañera permanente; ii) el carácter imprescriptible del derecho a la sustitución pensional, específicamente de las prestaciones periódicas o mesadas futuras; iii) la finalidad del silencio administrativo negativo que no exige el agotamiento de la vía gubernativa por parte del administrado; y iv) la no operancia de los términos de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los actos fictos que niegan prestaciones periódicas.] - [Palabras claves: derecho, acción, administrativo, puede, silencio, decisión, vía, tutela, reconocimiento, acto, sentencia, caducidad, hecho, derechos, sustitución, negativo]

¿Es la acción de tutela procedente para exigir el pago de acreencias contractuales cedidas, frente a entidades en proceso de reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999? Ordena resolver de fondo recurso de reposición. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias contractuales frente a entidades en reestructuración de pasivos. Derecho de petición y recursos de vía gubernativa. - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Claudio León Frieri Uribe interpone acción de tutela en contra del Municipio de Santiago de Tolú, entidad territorial en proceso de reestructuración de pasivos de conformidad con la Ley 550 de 1999, por considerar que su renuencia a pagar una obligación pecuniaria vulnera sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso, y que su silencio frente a un recurso de reposición interpuesto por él, vulnera su derecho de petición. || Sólo excepcionalmente puede invocarse en el marco de una relación contractual, cuando del cumplimiento del contrato depende la satisfacción de un derecho fundamental y, además, se utilice la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues de lo contrario las competencias de las autoridades judiciales establecidas para dirimir esta clase de litigios resultarían invadidas por el juez constitucional. || Por consiguiente, de manera excepcional puede el juez constitucional conceder la tutela para exigir el pago de prestaciones contractuales, cuando estén debidamente acreditadas la vulneración o amenaza de un derecho fundamental en razón del incumplimiento contractual, y la existencia de un perjuicio irremediable (un daño grave e inminente, que amerita una medida urgente e impostergable).] - [Palabras claves: tutela, pago, derecho, derechos, corte, proceso, petición, entidad, contractuales, acuerdo, respuesta, condiciones]

¿Se vulnera el derecho de petición cuando se han interpuesto recursos para agotar la vía gubernativa y la autoridad pública a quien le han sido presentados los recursos omite resolverlos y no cumple con los términos legales? Concedida. También se incurre en violación del derecho de petición por falta de respuesta (o términos) a un trámite vía gubernativa. El silencio administrativo negativo no protege el mencionado derecho. - [Resumen automatizado: Ello es así, por cuanto el uso de los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, busca la revisión de la decisión que resolvió la petición inicial, pues es a través de éste que el administrado puede elevar ante la autoridad pública una solicitud, cuya finalidad es obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto administrativo y el hecho de que el administrado puede acudir una vez vencido el término de dos (2) meses de que trata el artículo 60 del C.C.A.,[13] ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que a través de las acciones previstas en la ley se resuelva de fondo sobre sus pretensiones, no implica que el solicitante pierda el derecho a que sea la propia Administración, quien le resuelva las peticiones ante ella formuladas.] - [Palabras claves: petición, derecho, tutela, corte, demandante, fondo, barranquilla, recursos, acción, respuesta, reconocimiento, administrativo, derechos, pues, sentencia]

¿Viola el debido proceso de arrendataria de parqueadero y lavadero de carros, a quien entidad prestadora de servicios públicos, al pretender el cobro de 33 períodos de facturación (períodos por fuera de su contrato de arrendamiento), procedió a la suspensión del servicio de alcantarillado? Negada: A diferencia de otros casos, en este caso tanto la propietaria del bien como el usuario de los servicios conocían de la obligación contractual existente entre ellos y las empresas prestadoras de servicios públicos. La acción de tutela no puede ser utilizada como medio para sustituir la vía gubernativa y el proceso contencioso administrativo que pueden iniciar contra las empresas demandadas. Terminación del trámite administrativo por reconexión fraudulenta - [Resumen automatizado: 4. El juzgado segundo civil municipal de Montería, mediante sentencia del 29 de julio de 2003, resolvió negar el amparo solicitado, por considerar que los accionantes tuvieron conocimiento permanente de la deuda, es decir que, a diferencia de otros casos, en este caso tanto la propietaria del bien como el usuario de los servicios conocían de la obligación contractual existente entre ellos y las empresas prestadoras de servicios públicos. || 6.- Consideran los accionantes que las empresas demandadas violaron el derecho al debido proceso por cuanto han cobrado solidariamente las obligaciones derivadas del contrato de servicios públicos, tanto a la propietaria del inmueble, señora Beatriz Inés Uribe Berrocal, como al arrendatario, señor Jaime Uribe Carriazo, por cuanto, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando el propietario no conoce la existencia de la obligación, debe ser exonerado del respectivo cobro. || 11.- El análisis del material probatorio permite a la Sala de Revisión establecer que en el presente caso la acción de tutela ha sido utilizada por la propietaria del inmueble y su arrendatario, como medio para sustituir la vía gubernativa y el proceso contencioso administrativo que pueden iniciar contra las empresas demandadas.] - [Palabras claves: servicios, derechos, públicos, corte, sala, servicio, accionantes, empresas, acción, inmueble, tutela, arrendatario, propietario, constitucional, mecanismo, empresa]

Vulneración del derecho de petición por falta de respuesta a recursos interpuestos en la vía gubernativa - [Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, en el trámite de la acción de tutela iniciada por Teresa Franco Zuluaga contra la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-, ha proferido la siguiente, || Así, sobre este último aspecto, en la Sentencia T-304 de 1994, M.P: Jorge Arango Mejía, se dijo que la interposición de recursos frente a los actos administrativos es una forma de ejercer este derecho por cuanto "a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto". || En el campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela." (Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).] - [Palabras claves: petición, recurso, administrativo, administración, derecho, tutela, silencio, acción, recursos, autoridad, en]

Violación del derecho de petición por falta de respuesta a recursos en vía gubernativa. El término de cuatro meses del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 no es aplicable cuando se trata de resolver los recursos - [Resumen automatizado: Las condiciones que autorizan la agencia oficiosa para la interposición de la acción de tutela, han de ser apreciadas por el juez constitucional, en cada caso y de manera concreta, no sólo para garantizar la adecuada y oportuna protección de los derechos fundamentales, sino también para evitar que se acuda a este mecanismo cuando ello no resulta indispensable, o el presuntamente afectado no considera vulnerado o amenazado su derecho, o considerándolo así, no quiere libremente reclamarlo, salvo, que se trate de menores, pues en ese evento corresponde a la familia, la sociedad y el Estado, la obligación de asistirlo y protegerlo "para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos" (art. || La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente :] - [Palabras claves: tutela, derechos, acción, tal, salud, corte, sala, derecho, encuentra, social, decreto, constitucional, nombre, seguridad]

Efecto en que se deben conceder los recursos - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y Martha Sáchica de Moncaleano (e), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente : || La Corporación Club Los Lagartos, por intermedio de su apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, con el objeto de solicitar el amparo de su derecho constitucional al debido proceso administrativo garantizado por el artículo 29 inciso 1º de la Constitución Política, en consecuencia, solicita que se ordene a la entidad demandada la aceptación expresa y por escrito de la revocatoria directa de cualquier acto administrativo de carácter particular, cuyo contenido la afecte por ser destinataria de dichos actos. || Finalmente, señala el apoderado de la Corporación Club Los Lagartos en el escrito de impugnación, que lo pretendido con la acción de tutela consiste en que la administración no revoque de manera unilateral un acto administrativo por ella proferido, sin seguir el debido proceso administrativo, pues la efectividad de las acciones judiciales contencioso administrativo, depende de que la administración permita que sus propios actos tengan un mínimo de estabilidad, de manera que las personas puedan aceptarlos o demandarlos, circunstancia que no ha ocurrido en el caso que se estudia, toda vez, que el IDU declaró agotada la vía gubernativa y "luego de manera unilateral la desagotó para volver a abrir otra vía gubernativa", por ello, en últimas, lo que solicita es que se mantenga en firme la Resolución No. 0170 de 1999, dotada de carácter particular y concreto por el propio Instituto de Desarrollo Urbano.] - [Palabras claves: acción, recursos, administrativo, tutela, apelación, vía, acto, entidad, corporación, reposición]