Jurisprudencia Unificación. Se unificó la jurisprudencia en relación con los elementos esenciales del impuesto sobre el alumbrado público para adoptar las siguientes reglas: 1. El sujeto activo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público son los municipios. 2. El hecho generador del tributo es ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público. 3. Fórmulas o referentes utilizados por las autoridades municipales para determinar los elementos esenciales del impuesto. a. Ser usuario del servicio. b. La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal. c. El impuesto de industria y comercio no es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto. d. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables, las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica y las empresas del sector de las telecomunicaciones son sujetos pasivos del impuesto siempre que tengan un establecimiento físico en el municipio. e. Empresas con activos en el municipio, este debe acreditar la existencia de establecimiento físico y calidad de sujeto pasivo del impuesto. 4. Base gravable f. El consumo de energía eléctrica. g. La capacidad instalada de las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica. h. En los asuntos particulares, en que el sujeto pasivo encuadra en varias hipótesis para tenerlo como tal, solo está obligado a pagar el impuesto por una sola condición. 5. Tarifa. i. Las tarifas deben ser razonables y proporcionales. j. La carga de probar la no razonabilidad y-o no proporcionalidad de la tarifa es del sujeto pasivo

Jurisprudencia Unificación. Rectificación y unificación de la tesis actual sobre la intervención de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras en los procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanción por devolución improcedente y de cobro coactivo. Las reglas jurisprudenciales que se adoptan son las siguientes: La obligación de los garantes y aseguradoras de pagar la suma devuelta por la administración surge cuando se configura el siniestro. El siniestro ocurre cuando se tiene determinada la suma a favor de la administración tributaria que puede ser cobrada al asegurador o garante. Los deudores solidarios, garantes y aseguradoras tienen el derecho de controvertir, vía administrativa o judicial, los documentos que conforman un título ejecutivo en su contra, por lo que la administración (artículo 37 del CPACA o 28 del CCA), está en la obligación de vincularlos al procedimiento de determinación tributaria. En el procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria, que culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la resolución de sanción, es necesario individualizar los sujetos solidariamente responsables y las circunstancias de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de hecho a que se refieren los artículos 793 y ss del ET. De conformidad con los artículos 828-1 y 860 del ET, el título ejecutivo contra el deudor principal lo será también contra el deudor solidario, garante o asegurador, siempre que se le vincule al procedimiento administrativo de liquidación oficial del gravamen y al proceso de imposición de la sanción

La Sección unificó su postura en relación con las conductas incurridas antes de la expedición de la Ley 1819 del 2016, cuyo artículo 289 modificó el artículo 651 del ET, que establece la sanción por no enviar información o enviarla con errores. Entre otras cosas, determinó que: cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, el término para notificar el pliego de cargos comienza a correr desde el día en que se presentó o debió presentar la declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio correspondiente al año gravable en el que se cometió la infracción; para lo cual se entiende que esta se cometió el día en que venció el plazo para suministrar la información sin que así ocurriera, o en el que se entregó la información de manera incompleta o con errores técnicos o de contenido. Las autoliquidaciones tributarias presentadas por el obligado tributario tienen mérito probatorio para determinar si se encuentra sujeto al deber formal de suministrar información en medios magnéticos. Cuando la información asociada a la conducta infractora carezca de cuantía se calculará la multa tomando como base los ingresos netos del periodo al que corresponda la información requerida. Además, en la providencia también se establecen algunos criterios para graduar las multas imponibles cuando se incurre en la infracción objeto de unificación

Jurisprudencia Unificación. Se profirió sentencia de unificación, con el fin de sentar jurisprudencia, en el sentido de señalar que las operaciones de venta de bienes fabricados o almacenados por usuarios industriales de zonas francas, con destino al Territorio Aduanero Nacional, son importaciones en las que el derecho a reclamar impuestos descontables recae en el adquirente importador, quien asume el pago del IVA generado con la introducción de dichos bienes. La Sala advirtió que en situaciones particulares y concretas creadas por actos administrativos objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionadas con la existencia de un eventual derecho de los usuarios industriales de bienes y de servicios de zonas francas de descontar el impuesto sobre las ventas originado en importaciones al Territorio Aduanero Nacional (TAN), no existían pronunciamientos de la Corporación, por lo que estimó necesario sentar jurisprudencia sobre la procedencia de tal derecho, a partir de la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas. La Sala procede a sentar jurisprudencia en el sentido de señalar que las operaciones de venta de bienes fabricados o almacenados por usuarios industriales de zonas francas, con destino al TAN, son importaciones, en las que el derecho a reclamar impuestos descontables recae en el adquirente - importador, quien asume el pago del IVA generado con la introducción de dichos bienes