Para que se libre el mandamiento de pago, el ejecutante debe allegar los documentos y pruebas que den certeza sobre el monto de los dineros presuntamente adeudados. El Tribunal fundamentó su decisión en las normas que rigen la controversia, esto es, el artículo 422 del Código General del Proceso sobre las obligaciones que se pueden demandarse ejecutivamente, los artículos 297, 298 y 299 del CPACA, relacionados con las sentencias judiciales como títulos ejecutivos y en la jurisprudencia relacionada con el asunto como se destacó. Por otra parte, en cuanto a la violación de la Constitución, esta Sala de Decisión considera que no configuró pues la decisión del Tribunal de solicitar el certificado de salarios con el propósito de tener certeza sobre la suma ejecutada no es desproporcionado y corresponde a la necesidad de conocer cuáles eran los valores devengados por el accionante por concepto de gastos de representación a fin de establecer si la suma que ya había reconocido el municipio de Villavicencio no correspondía a la que se le debió reconocer y por el cual se ejecutaría a la entidad territorial. Sostener lo contrario, que no era necesario el certificado solicitado, seria aceptar que el funcionario judicial podía librar mandamiento de pago sin tener certeza sobre la suma que se ejecutaría, circunstancia que sí es contraria a la Constitución, porque no se puede exigir una obligación respecto de la que no se tiene certeza si se cumplió o no

Requisitos del título ejecutivo. El título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución. Una vez analizada la decisión objetada, se observa que en aplicación del marco legal que rige la acción escogida por el apelante para ejecutar las sumas que le fueron reconocidas por vía judicial, el tribunal demandado encontró que no existía certeza respecto de la obligación a ejecutar, pues el demandante estaba inconforme con la manera que la entidad dio cumplimiento a las órdenes de tutela, hecho que justifica plenamente la decisión objeto de apelación, pues de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley, el documento que se aporta como título ejecutivo debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del demandado, condiciones que razonablemente no encontró cumplidas el Tribunal

¿Puede ser demandado el acto administrativo de liquidación de una sentencia judicial? Sí, cuando el acto de liquidación expedido por la entidad efectivamente muta la orden judicial contenida en la sentencia base de la ejecución; éste no es un mero acto de ejecución, sino una nueva decisión administrativa que creó una situación jurídica determinada para la ejecutante. Se trata de un acto administrativo pleno constitutivo de una obligación y, por lo mismo, integrador del título ejecutivo; vale decir, en este caso estamos frente a un título ejecutivo complejo, integrado por la sentencia de condena y el acto administrativo de liquidación en firme. En razón de ello, la ejecutante debió controvertir oportunamente el acto administrativo de liquidación, ejerciendo la correspondiente acción de nulidad con restablecimiento del derecho \Proceso ejecutivo derivado de condena impuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa - Regulación legal