¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital de los actores, al declararlos insubsistentes en sus cargos, sin otorgarles recursos ni una debida motivación? Negada. Necesidad de motivación de los actos administrativos como desarrollo del principio de publicidad en la función pública. En el texto de toda notificación se deben indicar los recursos que proceden contra las decisiones de la administración, salvo cuando la parte interesada se dé por suficientemente enterada y acate la orden del acto o utilice en tiempo los mismos. Si las autoridades administrativas no dan oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados pueden demandar directamente los correspondientes actos ante el juez competente. Caducidad de la Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Un acto administrativo de desvinculación se considera motivado cuando explica de manera clara, detallada y precisa las razones por las cuales prescinde de los servicios del funcionario - [Resumen automatizado: El señor Edison Vargas Ramírez interpuso acción de tutela[1] contra la Juez 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, Carmen Emilia Maldonado Navarro, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, con ocasión de la resolución No.001 del 22 de abril de 2009 mediante la cual la accionada declaró la insubsistencia del actor sin concederle los recursos legales que le permitieran defenderse de cada una de las acusaciones que motivaron el acto administrativo. || 2. Que el desempeño laboral del señor EDISON VARGAS RAMÍREZ, oficial mayor del juzgado Veinticinco Penal Municipal con Función de control de garantías de Cali, no es acorde con las necesidades del servicio del despacho para lograr una buena prestación del servicio de administrar justicia tal como lo demanda la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues sus múltiples falencias y retrasos en las labores a él encomendadas, las continuas llamadas de atención que se le efectuaron en forma escrita, su falta de voluntad laboral, su maltrato descortés e irrespetuoso para con los usuarios, la secretaria del Despacho y con la suscrita, quien por esas razones ha tenido que llamar la atención en forma comedida, su no sentido de pertenencia para con las labores propias del cargo; pues el expresa manifestaciones tales como “que no tiene porque regalarle un minuto de su tiempo a la rama judicial”, retirándose del Despacho sin terminar las labores encomendadas en el día cuando las mismas por orden Constitucional y legal son de perentorio cumplimiento, lo que necesariamente conlleva a que se retrase las labores de secretaria y se incremente la labor que desempeña la Sra. Secretaria, además que ha llegado a los extremos que cuando salen oficios, autos de sustanciación firmados por esta funcionaria, los mismo son modificados por el oficial mayor usando liquid paper y agregando el contenido que quiere con lapicero.] - [Palabras claves: tutela, acción, administrativo, juez, derecho, acto, motivación, cargo, si, recursos, actos, desvinculación, judicial]

¿Es la acción de tutela procedente para ordenar la reanudación en forma inmediata, con los correspondientes ajustes de ley, el pago de las mesadas pensionales del actor que se encuentran retenidas su empleador al enterarse este de la existencia de una pensión simultanea? Concedida. Revocatoria directa de acto administrativo en la jurisprudencia constitucional. Por regla general el pago de mesadas pensionales atrasadas no es exigible por via de tutela pues para ello existe el proceso ejecutivo laboral. Sin embargo cuando el derecho al minimo vital se encuentra vulnerado o amenazado como consecencia de la omisión de dicho pago y ante la inminencia de un perjuicio irremediable, la tutela procede para proteger dicho derecho - [Resumen automatizado: En sentencia del 30 de julio de 2009, el juzgado concedió el amparo impetrado, considerando que si bien el artículo 128 de la Carta Política señala que está prohibido recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de instituciones en las que tenga mayor parte del Estado, no puede desconocerse que el accionante ostenta un derecho pensional que no puede ser afectado por la decisión unilateral de la entidad que tiene a su cargo el pago del mismo, porque ello implica la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso que deben prevalecer tanto en las actuaciones judiciales como administrativas. || Con el fin de abordar el problema jurídico la Sala se referirá a: i) la revocatoria directa de acto administrativo en la jurisprudencia constitucional; ii) el debido proceso y el principio de confianza legítima; iii) la presunción de afectación del mínimo vital por la suspensión del pago de la mesada pensional, para finalmente establecer si existe vulneración o no en el caso concreto.] - [Palabras claves: derecho, pago, parte, social, proceso, actor, tutela, puede, debido, mínimo, corte, acto, colombia]

¿La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital del actor, al suspender en forma unilateral y de manera transitoria el pago de la mesada pensional proveniente de la pensión de jubilación que le reconoció Puertos de Colombia, al detectar el recibo simultáneo de otra pensión proveniente del ISS? Concedida. Para que se produzca la revocatoria directa de un acto administrativo de carácter particular, como el que reconoce una pensión de vejez, debe contarse previamente con el consentimiento expreso del titular del derecho que se pretende revocar, en ese caso, el pensionado. De igual forma aplica para los casos de suspensión indefinida de los actos administrativos, particularmente los que reconocen pensiones. Procedencia excepcional de la acción de tutela por violación de derechos fundamentales. Si la obtención del beneficio económico o pensional no es evidentemente ilegal, la administración asume la carga de la prueba, y no puede decretar una abstención de pagos hasta tanto haya sido acreditado en el contexto de un debido proceso administrativo el "dolo del beneficiario" - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente || Con fundamento en el artículo 128 de la Constitución Política, se dispuso suspender TRANSITORIAMENTE el pago de la pensión de Álvaro Caicedo Gamboa, a partir de mayo de 2009, teniendo en cuenta que con información cruzada con el Instituto de Seguro Social, se pudo establecer con precisión que el mencionado devenga dos pensiones a cargo del erario, una por Puertos de Colombia y otra por parte del Seguro Social, lo cual desconoce el postulado constitucional precitado. || Corresponde a esta Sala determinar si la entidad accionada vulneró al demandante sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, al suspender en forma unilateral y de manera transitoria el pago de la mesada pensional proveniente de la pensión de jubilación que le reconoció Puertos de Colombia, al detectar el recibo simultáneo de otra pensión proveniente del ISS.] - [Palabras claves: derecho, vital, administrativo, mínimo, tutela, proceso, pago, acto, manera, derechos, corte, parte, constitución, debido, acción, actos]

¿Las autoridades demandadas han vulnerado el derecho a la seguridad social en pensiones, en conexidad con el mínimo vital y la vida digna del peticionario, al haber negado el reconocimiento a la indemnización sustitutiva del actor, a pesar de existir un reconocimiento previo de la prestación, por presentar un problema de múltiple afiliación al sistema de seguridad social en pensiones? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela para la exigencia del derecho a la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos. Improcedencia de la revocatoria directa de actos de carácter particular y concreto. Principio de equidad en la definición de derechos pensionales. - [Resumen automatizado: Para resolver este problema, la Sala (i) reiterará su jurisprudencia en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar derechos pensionales; (ii) efectuará una breve referencia al alcance normativo y jurisprudencial de la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos; (iii) recordará su jurisprudencia en cuanto a la irrevocabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto (iv) se referirá al alcance del principio de equidad en relación con los derechos pensionales; y, (v) analizará el caso concreto. || 1.5 La Corte ha señalado como requisitos mínimos para acceder a la protección del derecho pensional por parte de la jurisdicción constitucional, que: (i) se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que aparezcan acreditadas siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.[15] ] - [Palabras claves: derecho, corte, derechos, sustitutiva, carácter, indemnización, peticionario, protección, acto, acción, sala, tutela, mínimo, sistema, aportes, social]

¿El ISS vulneró los derechos fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital y debido proceso de la peticionaria al aplazar el pago de la pensión ya reconocida a la accionante y posteriormente dejar sin efecto dicho reconocimiento negando la pensión, argumentando no tener competencia en virtud de una múltiple vinculación entre el ISS y la administradora de fondo privado de pensiones, a la cual se trasladó con posterioridad a la radicación de la solicitud de pensión? Concedida. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de mesadas pensionales decretadas y no pagadas. Principio de la buena fe, la confianza legítima, el respeto del acto propio y revocatoria de los actos administrativos. - [Resumen automatizado: La Sala considera que al desconocer su propia actuación el ISS vulneró los principios de la buena fe, la confianza legítima y el respeto al acto propio, en tanto que con el reconocimiento de la pensión de vejez, la accionante creyó gozar de la condición de pensionada y por tanto no podía ser revocado ni desconocido unilateralmente por la misma entidad sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos adquiridos, los cuales se encuentran plenamente garantizados por el artículo 58 de la Carta Política. || El desconocimiento injustificado de los plazos por parte del ISS - 4 meses para resolver de fondo siguientes a la presentación de la solicitud del 20 de diciembre de 1999 y 6 meses para el pago efectivo a partir del reconocimiento el 10 de marzo de 2006 -, resulta inaceptable, en tanto que el reconocimiento de la pensión de vejez, es un asunto que involucra además del derecho de petición, derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital, toda vez que desde la perspectiva constitucional es evidente que quien cumple con los requisitos de Ley para obtener la pensión tiene derecho a disfrutar de esa prestación en cuyo trámite se debe dar plena aplicación a los principios de celeridad y eficacia que consagra el artículo 209 de la Constitución Política en las actuaciones administrativas que adelanten para tal efecto.] - [Palabras claves: reconocimiento, derecho, mediante, pago, acto, tutela, marzo, entidad, solicitud, acción, seccional, derechos, petición]

¿Incurre en violación del derecho al debido proceso y a la libertad de empresa así como el derecho al trabajo y al mínimo vital, de una empresa de transportadores y sus trabajadores, la decisión de la Secretaría de la Secretaría de Tránsito y Transporte de disminuir el número de cupos de vehículos para prestar el servicio de transporte, fundamentada en la expedición de las resoluciones 1211 de 2003 y 82 de 2005 por parte de la STT y de la alegada ausencia de comunicación de la administración de la entrada en funcionamiento de las nuevas troncales del sistema Transmilenio? Agencia oficiosa de personas indeterminadas. La revocatoria de los actos administrativos que modifican la capacidad transportadora de las empresas no requiere el consentimiento del particular afectado. El accionante alega la vulneración del derecho al debido proceso por parte de la STT en la actuación administrativa surtida, pero, en este caso, la tutela no reúne las condiciones para proceder de manera excepcional. Negada - [Resumen automatizado: El señor Juan Carlos Martínez actuando en calidad de representante legal de Transportes Carros del Sur (TRANSCARD S.A.) [11] y a nombre de ésta última, por medio de escrito radicado el 23 de diciembre de 2005, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá con el objetivo de evitar un perjuicio irremediable, al estimar que esta entidad ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de empresa de TRANSCARD S.A., así como el derecho al trabajo y al mínimo vital de los trabajadores de TRANSCARD S.A., con base en las siguientes consideraciones: || Con base en las anteriores consideraciones, el juez de segunda instancia resolvió confirmar la tutela del derecho al debido proceso pero de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable "mientras se surte la apelación de la sentencia por medio de la cual se declaró la nulidad parcial del Decreto 115 de 2003 expedido por el señor Alcalde Mayor de Bogotá y se deciden de fondo las acciones contencioso administrativas que la accionante puede intentar contra los actos que considera fuente de agravio a sus derechos constitucionales fundamentales", y en consecuencia se ordenó "restituir la capacidad transportadora a la empresa Transportes Carros del Sur S.A. en los términos de la situación a 30 de junio de 2005" y aclara que "el efecto protector de la tutela que se concede supone que con la entrada en vigor de las Troncales de Transmilenio, la ruta C-107 y la capacidad transportadora asignada a la empresa accionante mantienen su vigencia, sin perjuicio de que pueda modificarse su recorrido o trazo con arreglo a lo dispuesto en las Resoluciones 82 de 2005 y 1211 de 2003".] - [Palabras claves: vehículos, tutela, derechos, empresa, acción, capacidad, perjuicio, operación, transporte, corte, empresas, servicio, derecho]

¿La actuación administrativa que decidió la revocatoria directa de la inscripción del acta de fundación del sindicato al que pertenecen los actores y de su junta directiva en el registro sindical se erige en una vía de hecho administrativa vulneratoria del derecho al debido proceso de los demandantes?¿El subsiguiente despido del tesorero de esta agremiación sindical, sin autorización judicial previa, desconoció los derechos fundamentales que se consideran vulnerados? Revocatoria de actos administrativos. El respeto del debido proceso y del principio de buena fe. La circunstancia de no poder conocer el expediente se debió a la culpa del mismo Sindicato. Negada - [Resumen automatizado: El señor Hermes Prada Valbuena, actuando en calidad de presidente y representante legal de la organización sindical denominada SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAL DE GASEOSAS., “SINTRAINDU”, y el señor William Alfredo Navas Salguero, actuando a nombre propio, solicitan al juez de tutela que proteja sus derechos fundamentales “al debido proceso, igualdad, asociación sindical, conexo con el fuero sindical, a la imparcialidad y a la moralidad en las actuaciones administrativas”, presuntamente vulnerados el Ministerio de la Protección Social, representado por el señor ministro Diego Palacios Betancurt o por quien haga sus veces, y la empresa PANAMCO COLOMBIA S.A., representada por el señor Juan Carlos Jaramillo Muñoz. || Al respecto la sociedad demanda afirma que quien aquí actúa como presidente del Sindicato demandante carece actualmente de la representación legal del mismo, pues “tal representación no es unilateral ya que conforme lo estipula el artículo 25 de los estatutos, debe contar con la autorización previa de la Junta Directiva Nacional, la cual brilla por su ausencia dentro de la presente demanda.” Además, sostiene que el nombramiento de personas en cargos de dirección, confianza y manejo es una situación de carácter individual que sólo puede ser alegada por el directamente interesado y no por la organización sindical.] - [Palabras claves: revocatoria, sindical, actuación, directa, en, inscripción, acto, acción, ministerio, administrativa, si, sala, derecho, organización, actos, mismo, administrativo]

¿Los derechos fundamentales a ser elegido y al debido proceso de los actores, fueron vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al convocar a nuevas elecciones de alcalde en sus municipios, con fundamento en el artículo 7o. del Acto Legislativo 02 de 2002, sin que existiera un previo pronunciamiento judicial que declarara la nulidad parcial - en cuanto al periodo - de las actas que declararon su elección? Para haber revocado dicho acto de manera legal, la Registraduría debía haber obtenido el consentimiento del titular del derecho reconocido, es decir, de los accionantes, o demandar el acto administrativo que declaraba la elección de los mismos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Concedida - [Resumen automatizado: Con fundamento en lo anterior, el actor solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y a ser elegido y que, en consecuencia, como medida cautelar, se decrete la suspensión temporal de los efectos del oficio RDE - 001311 del 20 de septiembre de 2004, proferido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, se suspendan las elecciones convocadas. || Copia del oficio No. 006/2005 del 17 de enero de 2005, mediante el cual el Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado informó al apoderado del peticionario: (i) Que la Procuraduría General de la Nación , luego de efectuar el análisis jurídico del caso de los alcaldes con periodos atípicos y la expedición por parte de las comisiones escrutadoras de actos de elección que desconocen el mandato del Acto Legislativo 02 de 2002, procedió a presentar varias demandas de nulidad electoral en contra de tales actos. || Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales a ser elegido y al debido proceso de los peticionarios, fueron vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al convocar a nuevas elecciones de alcalde en sus municipios, con fundamento en el artículo 7° del Acto Legislativo 02 de 2002, sin que existiera un previo pronunciamiento judicial que declarara la nulidad parcial en cuanto al periodo de las actas que declararon su elección.] - [Palabras claves: periodo, registraduría, alcalde, derecho, diciembre, nulidad, acto, derechos, manera, elección, elecciones, proceso, acción, debido]

¿Procede la acción de tutela interpuesta por transportadores de la ciudad de Cali para debatir unas decisiones de carácter administrativo adoptadas por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cali, en las que la Administración fija la capacidad transportadora de las empresas de servicio público colectivo de esa ciudad, en relación con los cupos mínimos y máximos de vehículos? Para los demandantes la disminución de los cupos inicialmente otorgados por resolución debió efectuarse a través de revocatoria directa en la que mediara previamente el consentimiento de las empresas afectadas, y no mediante expedición de nuevas resoluciones. El servicio de transporte colectivo es un servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legítimas de las que puede hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de transporte. Los actos administrativos que expiden las autoridades de tránsito, directamente relacionados con las funciones que desempeñan, aun cuando creen situaciones particulares y concretas, no siempre requieren el consentimiento previo del interesado para ser revocados. Negada - [Resumen automatizado: en el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali, de fechas 19 y 24 de julio 2005, en las acciones de tutela identificadas así : T- 1178940 presentada por la Empresa de Buses Amarillo Crema S.A.; y, T- 1180572 presentada por la Cooperativa Especializada de Motoristas y Transportadores, Coomoepal Ltda., ambas contra la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal de Cali. || Señala el representante legal de la Empresa que la expedición de la última Resolución 519 del 23 de febrero de 2005 viola los derechos fundamentales del debido proceso y a la igualdad, pues la decisión de la Secretaría de Tránsito constituye una revocatoria directa de otras Resoluciones que constituían actos administrativos de carácter individual y concreto y, como no se contó con el consentimiento expreso de Buses Amarillo Crema, se produce la violación de los derechos en mención. || Lo que se debate en estas acciones de tutela consiste en examinar su procedencia contra unas decisiones de carácter administrativo adoptadas por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cali, en las que la Administración fija la capacidad transportadora de las empresas de servicio público colectivo de esa ciudad, en relación con los cupos mínimos y máximos de vehículos.] - [Palabras claves: cali, tutela, vehículos, servicio, público, transporte, derecho, empresas, secretaría, proceso, acción, capacidad]

¿Puede descontar el antiguo empleador del actor la proporción pagada en exceso correspondiente a la pensión de vejez, en razón de la pensión de jubilación reconocida por una AFP, bajo el argumento de considerar que las dos pensiones no eran compatibles sino compartibles? El respeto al acto propio. La entidad que tenga derecho a exigir su devolución deberá hacer uso de los mecanismos legales y judiciales existentes. Revocatoria de acto administrativo de carácter particular y concreto en el que se reconoce pensión. Concedida - [Resumen automatizado: En virtud de la sentencia emitida el 2 de septiembre de 2004 por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, se dejó claro que las pensiones otorgada al actor por el Banco Cafetero y el ISS no son compatibles sino compartibles, y con esto se genera un derecho para BANCAFE a obtener el reintegro de los mayores valores cancelados al pensionado, en razón a la orden emitida por la sentencia de la Corte Constitucional de fecha 4 de mayo de 1999, en donde se tutelaron los derechos fundamentales del actor, ordenándole a BANCAFE que como mecanismo transitorio pagara a Alberto Revollo Bravo la totalidad de la pensión de jubilación, sin descontar el valor recibido por el ISS por concepto de pensión de jubilación, pago éste que debería extenderse hasta la ejecutoria del fallo que pusiera fin al proceso ante la jurisdicción ordinaria.] - [Palabras claves: derecho, tutela, corte, sentencia, si, valores, banco, diciembre, derechos, actor, mínimo, decisión, sala, vital, proceso]

¿Vulneró la Registraduría Nacional del Estado Civil los derechos fundamentales del demandante, al convocar a elección de alcalde sin tener en cuenta el período previamente reconocido para el actor por motivo de su elección? Derechos políticos, desempeño de cargos de elección popular. Períodos atípicos de alcaldes. Modificación unilateral del período de gobierno. Revocación del acta de escrutinio y la credencial de alcalde. Concedida - [Resumen automatizado: La Sala de Revisión concluye que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró el derecho fundamental del demandante Bustos a gozar de un debido proceso, puesto que modificó de manera unilateral el período de gobierno que le había sido otorgado en los actos administrativos de alcance particular expedidos a raíz de su elección como alcalde del municipio de Sibundoy, Putumayo, el día 26 de octubre de 2003. || El día 14 de febrero de 2005, el señor Luis Alexander Mejía Bustos instauró una acción de tutela[1] contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la consideración de que al convocar elecciones para la alcaldía del municipio de Sibundoy (Putumayo), el día 6 de noviembre de 2005, vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido, por cuanto el período para el cual él fue elegido alcalde de ese municipio concluye el 31 de diciembre de 2007. || “DÉCIMO.- La notificación de la nulidad de la elección del alcalde del Municipio de Sibundoy, señor Mauricio Guerrero García, quien había sido elegido el día 29 de octubre de 2000 para el período constitucional, fue recibida por la Gobernación del Departamento del Putumayo en forma legal el día 14 de agosto de 2002 en el Despacho del Gobernador (...), fecha en la cual ya estaba en vigencia el Acto legislativo Nº 02 de 2002, norma que establece la forma de llenar vacancias en caso de darse falta absoluta de los alcaldes.] - [Palabras claves: período, alcalde, registraduría, nacional, elecciones, elección, decisión, día, civil, noviembre, alcaldes, municipio, sala, períodos, gobierno, derecho]

¿Se viola algún derecho fundamental, en el evento del IDU hacer una redistribución de áreas gravadas de los predios de los accionantes, quedando por esta razón con una asignación que supera el doble de la anterior; y los demandantes aducir la falta de respuesta de fondo y sustancial a la solicitud de revocatoria directa interpuesta? La actuación administrativa se hizo acorde con las reglas de tal procedimiento. Existe respuesta a las revocatorias directas solicitadas. Negada - [Resumen automatizado: No procede para este caso la acción de tutela, pues de la actuación desplegada por la administración y de las pruebas arrimadas no se evidencia una vulneración a los derechos aludidos, teniendo en cuenta que la actuación administrativa se hizo con observancia de las reglas propias de tales procedimientos, y de otro lado, el fallo producido por el Juez de tutela fue acatado en estricto sentido por la Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales del IDU, dando respuesta a las revocatorias directas solicitadas. || La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: || Anotan los peticionarios que en virtud de las arbitrariedades desplegadas por el IDU, fue necesario incoar acción de tutela, y mediante sentencia de 28 de abril de 2004, proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, se ordenó el amparo al derecho de petición porque la entidad accionada no dio respuesta a las peticiones contenidas en los escritos radicados Nos. 104120-104121 del 2 de diciembre de 2003, para que en el término de 48 horas "RESUELVA Y DE RESPUESTA A LAS CITADAS PETICIONES DE REVOCATORIA DIRECTA EN LA FORMA QUE LEGALMENTE CORRESPONDE."] - [Palabras claves: tutela, revocatoria, directa, derecho, fondo, petición, acto, directas, acción, no, administración, solicitudes, accionantes]

¿Se vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y al mínimo vital, al haberse presentado la revocatoria unilateral de la resolución que había concedido y ordenado el pago de la pensión vitalicia de jubilación a la actora, el cual es su único medio de subsistencia? Los actos administrativos creadores o modificadores de situaciones concretas y particulares, no son susceptibles de ser revocados sin el previo consentimiento del particular, consentimiento que deberá ser dado de forma expresa y por escrito. Concedida - [Resumen automatizado: Se ordenará al Alcalde del Municipio, o a quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, garantice que los derechos de la actora permanecerán intactos, pues es la administración municipal y no la actora, quien tiene la obligación de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a demandar su propio acto, no siendo procedente la revocatoria directa de los mismos, menos aún por medio de un acto administrativo de inferior jerarquía. || La sentencia T-276 de 2000, hace un recuento jurisprudencial concluyendo que el juez constitucional debe proteger el debido proceso, pues el camino que tiene la administración, cuando un acto administrativo resulta contrario a la Constitución y la ley, es demandar su propio acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin desconocer los derechos fundamentales de quien acude a esta instancia judicial. || La sentencia T-276 de 2000, hace un recuento jurisprudencial concluyendo que el juez constitucional debe proteger el debido proceso, pues el camino que tiene la administración, cuando un acto administrativo resulta contrario a la Constitución y la ley, es demandar su propio acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin desconocer los derechos fundamentales de quien acude a esta instancia judicial.] - [Palabras claves: acto, particular, derechos, administración, derecho, administrativo, sentencia, actos, debe, carácter, pago, corte]

¿Incurrió la administración distrital en violación al debido proceso al revocar unilateralmente y sin motivación acto administrativo que reconocía un beneficio laboral? Concedida. Revocatoria directa por parte de la Administración de los actos particulares y concretos. Eventos en los que la Administración puede revocar unilateralmente sus actos sin el consentimiento del administrado - [Resumen automatizado: Añade que la administración ante el silencio de obtener el consentimiento expreso y escrito para la revocatoria de la mencionada recompensa por servicios prestados, debió demandar su propio acto, empero de manera ilegal decidió revocar el acto administrativo desconociendo los principios de seguridad jurídica y legalidad del mismo, vulnerando así el derecho de defensa y el debido proceso. || Enuncia que la Dirección de Gestión Humana por medio del oficio de radicación número 03744 del 12 de febrero de 2002, dirigido al demandante, le solicitó consentimiento expreso y escrito según lo establece el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo para proceder así a declarar la revocatoria directa de la resolución número 0522 de 2001, en la cual se le constituyó un derecho económico y le creó una situación jurídica de carácter particular y concreto. || El 25 de febrero de 2004 la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. impugnó el fallo de primera instancia, exponiendo que respecto a la violación del derecho al debido proceso del demandante, como tal no existió, teniendo en cuenta el procedimiento seguido por la Administración Distrital, dando en reiteradas oportunidades al señor Rojas Guzmán, la facilidad de contradecir legalmente y hacerse parte de la actuación administrativa iniciada para proceder a revocar el beneficio laboral del quinquenio, tal y como lo disponen los artículos 28 y 74 del Código Contencioso Administrativo.] - [Palabras claves: administración, gobierno, derecho, bogotá, número, acto, consentimiento, secretaría, tutela, acción, proceso, administrativo, expreso, revocatoria, debido]

¿Se viola el debido proceso al no notificar debidamente acto que modifica resolución que ordenó la sustitución pensional? Concedida. La resolución modificatoria mencionada es ineficaz e inoponible, por falta de notificación - artículo 48 del Código Contencioso Administrativo. Revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto-Consentimiento expreso y escrito del titular - [Resumen automatizado: Sostuvo el Despacho Judicial, que existe una clara vulneración al derecho a la igualdad frente a las personas favorecidas con la prestación de la sustitución pensional, a raíz de la expedición de la Ley 100 de 1993, por cuanto son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez. || Como se desprende de los antecedentes, la demandante considera que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le está vulnerando los derechos fundamentales a sus hijos, ante la suspensión de la pensión de sobrevivientes reconocida por la mencionada entidad, mediante Resolución 00583 del 12 de agosto de 1999. || La sentencia T-276 de 2000, hace un recuento jurisprudencial concluyendo que el juez constitucional debe proteger el debido proceso, pues el camino que tiene la administración, cuando un acto administrativo resulta contrario a la Constitución y la ley, es demandar su propio acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin desconocer los derechos fundamentales de quien acude a esta instancia judicial.] - [Palabras claves: derecho, derechos, acto, administrativo, proceso, años, la, particular, corte, actos, hijos, administración, menores, notificación, debido, sobrevivientes, sentencia]

¿Puede revocarse unilateralmente resolución que reconocía pensión de vejez por no haberse producido su notificación antes de la expedición de la resolución revocatoria, o esta debe considerarse en firme por el hecho de que el pensionado se dio por notificado en carta enviada a la entidad en la cual informó que conocía la resolución y estaba de acuerdo con ella (artículo 48 del C.C.A) y además de ello le fueron canceladas 2 mesadas pensionales, y por ende solamente podía revocarse el reconocimiento mediante el consentimiento expreso y escrito del titular del mismo? Concedida. "...No cabe la revocatoria de actos administrativos de contenido particular, cuando la administración ha incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación alguna el titular del derecho reconocido" "...la entidad para invalidar su propio acto, deberá acudir ante la Jurisdicción competente de conformidad con lo establecido en la ley" - [Resumen automatizado: A través de apoderado judicial, el señor Manuel Dionisio Baena Heroza, instaura acción de tutela para que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa, al pago oportuno de las pensiones legales, y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados, pues no obstante que la entidad accionada mediante la Resolución Nº 1197 de fecha 24 de junio de 2002, le había reconocido una pensión especial por vejez, posteriormente y de manera unilateral y arbitraria mediante la Resolución Nº 1763 de septiembre 12 de 2002, el ISS revoca la decisión sin que el actor hubiese prestado su consentimiento para ello, lo cual además de violar los derechos fundamentales invocados, resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual, no es posible que de manera unilateral se revoquen los actos administrativos después de haber creado una situación concreta y definida. || En el caso sometido a revisión, esta Sala debe establecer si el Instituto de los Seguros Sociales -Seccional Bolívar-, podía sin desconocer los derechos fundamentales del señor Manuel Dionisio Baena Heroza, tomar la decisión de dejar sin efecto la Resolución Nº 1197 de fecha 24 de junio de 2002, por medio de la cual se le había reconocido una pensión especial de vejez al actor, aduciendo que como dicha prestación fue ilegalmente reconocida y que además el acto administrativo no había sido notificado, podía revocarse unilateralmente.] - [Palabras claves: derecho, acto, particular, notificación, actos, administrativo, administración, decisión, derechos, no, administrativos, especial, jurídica, entidad]

Suspensión unilateral del pago de pensión de jubilación por supuestos errores en la documentación al momento de ser concedida. Violación al debido proceso. Falta de consentimiento, no probado que el reconocimiento de la pensión fue obtenida por medios fraudulentos. ¿Es violatorio del debido proceso y de la buena fe, la revocatoria directa del acto administrativo que reconocía pensión de invalidez, sin el consentimiento previo de la titular del derecho? Confirma sentencia que amparaba los derechos de la actora. CCA Art. 73 - [Resumen automatizado: En el caso sujeto a revisión se advierte que la Administración Distrital del Atlántico faltó al debido proceso y al principio de buena fe consagrados en los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, respectivamente, al revocar directamente y sin el consentimiento previo de la titular del derecho comprometido una situación particular y concreta, como era el goce de su pensión de invalidez, no habiéndose probado que fue obtenida por medios fraudulentos. || La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9o. || En el caso sujeto a revisión se advierte que la Administración Distrital del Atlántico faltó al debido proceso y al principio de buena fe consagrados en los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, respectivamente, al revocar directamente y sin el consentimiento previo de la titular del derecho comprometido una situación particular y concreta, como era el goce de su pensión de invalidez, no habiéndose probado que fue obtenida por medios fraudulentos.[5] Es claro, como lo advirtió el fallador de segunda instancia, que la entidad accionada debió tener en cuenta la aquiescencia de la accionante antes de revocar el acto que le concedía la pensión, y no suponer ni presumir que existieron ilícitos en el reconocimiento de un derecho prestacional ocurrido desde el año 1985.] - [Palabras claves: acto, pago, barranquilla, administrativo, medios, particular, corte, administración, cuenta, constitucional, revocar, artículos, derechos]

Procuraduría - Régimen disciplinario. Solicitud de revocatoria directa de acto administrativo emitido por la Procuraduría. Sujetos procesales. En ningún caso la tutela puede utilizarse como recurso procesal suplementario - [Resumen automatizado: 7) Precisa la tutelante que el 5 de Septiembre de 2002 el despacho del Procurador General de la Nación, expidió la decisión objeto de esta acción de tutela, mediante la cual negó el estudio de la revocatoria solicitada, por considerar que según las normas que regulan la revocatoria directa de los fallos sancionatorios, el Procurador sólo puede revisar este tipo de fallos a petición del sancionado, cuando se infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deba fundarse, o cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales, pero para el caso concreto, estimó que la misma no era procedente en razón de que la denunciante no tiene la calidad de disciplinaria, ni de parte dentro del proceso disciplinario. || El establecimiento de los recursos en la vía gubernativa y de la figura de la revocatoria directa en la ley, tiene su fundamento y razón de ser en el hecho que la administración pública en ejercicio de sus funciones no está exenta de producir actos irregulares o injustos que, además de generar una vulneración del ordenamiento jurídico vigente, pueden llegar a afectar los derechos subjetivos de los particulares y por ello, el Código Contencioso Administrativo vigente (Decreto 01 de 1984), prevé recursos ante la misma administración, dentro de la vía gubernativa, así como la revocatoria directa de los actos administrativos de oficio o a petición de parte de conformidad con los requisitos establecidos por el legislador.] - [Palabras claves: derecho, disciplinario, parte, revocatoria, derechos, tutela, proceso, dentro, directa, actos, penal, general, nación, corte, ley, acción]

Elección de presidente de mesa directiva de consejo. Acto administrativo que nombra diferente presidente. Inexistencia de consentimiento por parte del titular del derecho - Art. 73 CCA - [Resumen automatizado: Señala que evidentemente el camino ordinario en este caso es la demanda de nulidad ante el contencioso contra la decisión del Concejo de revocar la elección de la mesa directiva, sin embargo, es claro que el pronunciamiento de tal jurisdicción no podría evitar el perjuicio que significa la imposibilidad de ejercer y desempeñarse como Presidente de la Corporación para el año de 2003, dado que el procedimiento toma un período de tiempo. || El presente asunto radica en determinar si existió violación del derecho fundamental invocado por el actor, el debido proceso, porque el Concejo municipal de Acacías no obstante haberlo elegido y posesionado como Presidente de la Corporación para el año 2003, en sesión posterior eligió una nueva mesa directiva para el mismo año, de la que el actor ya no hace parte, sin que hubiera existido su consentimiento para tal revocatoria. || La exigencia del consentimiento del titular del derecho para la revocación directa de un acto administrativo que creó una situación de carácter particular y concreta, ha sido objeto de pronunciamientos de la Corte en varias oportunidades y, de acuerdo con las circunstancias que han rodeado el caso concreto y no obstante la existencia de otro medio de defensa judicial, se ha protegido el derecho al debido proceso, por las razones expuestas en las sentencias T-347 de 1994, T-355 de 1995, T-276 de 2000; y, recientemente, la T-1162 de 2001, entre otras muchas.] - [Palabras claves: tutela, proceso, derecho, elección, directiva, noviembre, acto, proposición, actos, acción, sentencia, día, actor, debido, derechos, si]

Revocatoria de acto administrativo que reconocía pensión de sobreviviente; Aplicación de lo preceptuado por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. Alcance de la revocatoria directa - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Aduce la actora que mediante resolución No. 030 de 1995, el ISS reconoció la sustitución de la pensión de jubilación que devengaba el señor Gustavo Colina de la Hoz (fallecido) a favor de su cónyuge Mercedes Martínez de Colina y de su menor hija Lizbeth Colina Martínez; dicha pensión de sobrevivientes se canceló hasta el 13 de febrero de 1997, día en la que falleció la señora Mercedes Maria Martínez Hernández, puesto que a partir de esa fecha el ISS exigió, para seguir cancelando la correspondiente pensión de la menor Lizbeth Colina Martínez, que estuviera representada por curador, tutor o representante legal. || 2. De acuerdo con los hechos narrados corresponde a la Corte determinar si el Instituto de Seguros Sociales podía suspender el pago de la pensión de sobrevivientes a la menor Lizbeth Colina Martínez, reconocida previamente por la misma entidad mediante Resolución No. 030 de 1995, basado en las diligencias administrativas que adelantó, conforme a las cuales no estaba plenamente establecido el grado de parentesco entre las menores y los causantes. || En efecto, conforme a los hechos narrados aparece que son dos las pensiones cuya sustitución fue reclamada al Instituto de Seguros Sociales (ISS) por las menores Lizbeth y Mageth Colina Martínez.] - [Palabras claves: menor, menores, sobrevivientes, favor, no, derechos, derecho, administrativo, entidad, mediante, reconocimiento, actos, corte, civil]

Revocatoria directa y acción de tutela - [Resumen automatizado: "En cuanto hace a la revocación directa de un acto administrativo por medio del cual se creó una situación jurídica particular y concreta o se reconoció un derecho de igual categoría, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada[1] que la autoridad que expidió tal acto debe obtener el consentimiento expreso y escrito del titular de esa situación o ese derecho para poder proceder a revocarlo válidamente, salvo en los casos en los que la situación o derecho resulten del silencio administrativo positivo, se den las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o fuere evidente que el acto se produjo por medios ilegales. || Por otra parte, esta Corporación, ha manifestado : "En cuanto a la revocación que la administración haga de sus propios actos, la Corte reitera que no puede tener cabida cuando mediante ellos se han creado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto o se han reconocido derechos de la misma categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del mismo titular. || "Dentro de este contexto, si la administración revoca directamente un acto de carácter particular y concreto generador de derechos, sin agotar uno de los requisitos señalados, vulnera los derechos de defensa y debido proceso del particular, derechos que, por mandato del artículo 29 de la Constitución, deben regir en las actuaciones administrativas.] - [Palabras claves: actos, acto, administración, particular, proceso, carácter, derechos, administrativo, revocación, debido, concreto, consentimiento, ley, en]

Derecho de petición para solicitar revocatoria directa - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || El Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 22 de marzo de 2001, decidió negar la presente acción de tutela por considerar que la solicitud de la actora, se basa en la revocatoria directa de la resolución No. 001 del 8 de agosto de 2000, proferida por el liquidador de la Caja Agraria, procedimiento que es propio de la vía contencioso administrativa. || El Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral, por medio de sentencia del 19 de abril de 2001, confirmó la decisión del a quo argumentando que la actora pude promover los recursos de reposición y apelación, contra la resolución No. 001 del 8 de agosto de 2000 y si éstos le fueran negados, acudir al proceso contencioso administrativo o ante los jueces ordinarios civil o laboral, si fuere el caso. || Con relación al derecho de petición, en reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional se ha pronunciado para decir que es procedente mediante tutela y que, solicitar se resuelva en tiempo una petición de revocatoria directa que se haya presentado ante la administración; tal como se menciona en la siguiente sentencia: ] - [Palabras claves: derecho, petición, sala, corte, tutela, recursos, cartagena, administración, directa, revocatoria]

Vulneración del derecho de petición cuando la administración no responde la solicitud de revocatoria directa de un acto administrativo - [Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, JAIME ARAUJO RENTERIA y ALFREDO BELTRAN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, concretamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el decreto 2591 de 1991, dicta la siguiente || Al respecto, la Sala Novena de Revisión citará a continuación apartes pertinentes de providencias sobre el tema, tomando en cuenta que en el presente caso el actor, además de solicitar que la entidad accionada le responda su petición, alude a la figura del silencio administrativo y pretende que el juez de tutela obligue al Instituto de Seguro Social a que dentro de un término perentorio le pague las mesadas a las que, según él, tiene derecho. || Se impone, por consiguiente, revocar el fallo objeto de revisión, para en su lugar tutelar el derecho fundamental de petición vulnerado al accionante, ordenándole al Instituto de Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, que dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación personal de la presente sentencia, si es que aún no lo ha hecho, resuelva la solicitud de revocatoria directa (parcial), formulada por el ciudadano JUAN ANTONIO CARVAJAL contra la Resolución No. 004337, de 26 de mayo de 2000.] - [Palabras claves: petición, derecho, solicitud, respuesta, término, tutela, corte, revocatoria, autoridad, acción, instituto, directa, decisión, administrativo, social]

Revocatoria directa - Pago de pensión de vejez, improcedencia - [Resumen automatizado: La suspensión unilateral del pago de la pensión de jubilación del peticionario, constituye una clara violación del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no se utilizaron los medios judiciales idóneos para coaccionar al pensionado a realizar lo pretendido por la demandada. || Esta Sala entra a analizar si la suspensión unilateral de una pensión de jubilación, constituye una violación al debido proceso, teniendo en cuenta que la entidad demandada se ha negado a autorizar la cancelación de mesadas porque el pensionado no ha querido efectuar ciertos trámites para que empiece a operar la pensión compartida con el Seguro Social. || La Sala considera que la entidad demandada ha debido acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, para lograr que se ordenara al pensionado adelantar los trámites tendientes a que el Seguro Social le reconociera la pensión de vejez al actor. || Es por ello que la suspensión unilateral del pago de la pensión de jubilación del peticionario, constituye una clara violación del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no se utilizaron los medios judiciales idóneos para coaccionar al pensionado a realizar lo pretendido por la demandada.] - [Palabras claves: derecho, pago, actor, debido, social, demandada, la, entidad, medellín, sala, prestación, proceso, corte]

Revocatoria directa - Reconocimiento de pensión de sobreviviente - [Resumen automatizado: La suspensión por parte del ente demandado del derecho a recibir las mesadas por concepto de pensión de sobreviviente, constituye una revocación directa del acto de carácter particular que concedió dicha prestación, pues tal interrupción representa un hecho administrativo que produce efectos jurídicos. || De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la suspensión por parte del ente demandado del derecho a recibir las mesadas por concepto de pensión de sobreviviente, constituye una revocación directa del acto de carácter particular que concedió dicha prestación, pues tal interrupción representa un hecho administrativo que produce efectos jurídicos. || En consecuencia, la Corte Constitucional encuentra que se ha violado el derecho fundamental al debido proceso administrativo del afectado, por lo que se revocará el fallo del Juzgado 6 Laboral del Circuito de Medellín, y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado, ordenándole a la entidad demandada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, incluya de nuevo en la nómina de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a William Andrés Alvarez Alvarez, con retroactividad a la fecha en que le fue suspendido el pago de la correspondiente mesada, y que siga pagando la pensión hasta los 25 años, mientras el beneficiario acredite que continúa estudiando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.] - [Palabras claves: corte, años, administrativo, edad, sala, social, constitucional, sobreviviente, derecho, derechos, si, hijo, tutela, en]

Revocatoria directa de acto administrativo particular y concreto, consentimiento expreso del titular - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra y Eduardo Cifuentes Muñoz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || 1. Por guardar estrecha similitud con el caso decidido en la sentencia T-441/98[1], la Corte reitera su jurisprudencia en relación con la imposibilidad de la revocación directa de los actos del ISS que han reconocido pensiones de vejez a favor de un afiliado. || 73 en referencia es posible la revocación de los actos administrativos de contenido subjetivo o particular y concreto "cuando resulten del silencio positivo, si se dan las causales previstas en el art. || En la sentencia T-347/94 antes citada, en la cual se analizó una situación similar, dado que el ISS revocó directamente una pensión que había sido reconocida, se expresó luego de hacer una distinción entre la suspensión y la revocación del acto administrativo, que dicha entidad no podía llevar a cabo ésta sin el consentimiento expreso del titular del derecho, sino que debía acudir al juez laboral para desligarse de las obligaciones que hubiera adquirido en favor del beneficiario.] - [Palabras claves: derecho, actos, revocación, acto, sentencia, administrativo, jurisdicción, administrativos, proceso, jurídica, persona, laboral, situaciones, derechos, tutela, reconocido]

Revocatoria directa de acto administrativo particular y concreto, consentimiento expreso del titular - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso correspondiente a la acción de tutela instaurada por María Elsy Guzmán, contra el Instituto de los Seguros Sociales, con fundamento en la competencia que le otorgan los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. || La Comisión de Prestaciones del ISS expidió la resolución No. 4111 de 30 de octubre de 1989 por la cual reconoció, a partir de 21 de enero de 1989, la sustitución pensional a María Elsy Guzmán, dándole la calidad de cónyuge supérstite, y a los hijos José Lucas Carvajal Guzmán y Ruth Bella Carvajal Murillo. || Ruth Bella Carvajal Murillo, interpuso recurso de reposición contra la mencionada providencia, con el fin de excluir a la demandante de la sustitución pensional, alegando que a ésta no le asistía ningún derecho por no haber convivido con su padre en los últimos cinco años, dado que en este lapso había hecho vida marital con otra persona.] - [Palabras claves: derecho, acto, sustitución, comisión, revocación, actos, administrativo, sentencia, si, administrativos, situación, nacional, jurídica, jurisdicción, situaciones]

Acto administrativo, ejecutoriedad - Revocatoria de acto administrativo - [Resumen automatizado: Si un decreto reglamentario posterior permite suspender las situaciones jurídicas resultado de actos administrativos que no fueron debidamente impugnados, tal decreto se constituye en abiertamente violatorio de los derechos subjetivos, adquiridos por el administrador. || La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra autoridad del Estado. || La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra autoridad del Estado. || 238 que adscribe en la jurisdicción de lo Contencioso-adminsitrativo la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo (para el caso de esta tutela: el pago de la pensión) y el art.] - [Palabras claves: acto, administrativo, derecho, administración, tal, decreto, puede, administrativa, principio, sustitución, en, mismo, años, actos, la]

Revocación de acto administrativo - Ejecutividad, obligatoriedad y eficacia del acto administrativo - La ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos - [Resumen automatizado: Por consiguiente, no es justo que en 1995, veinte años después de decretada una sustitución pensional, venga a tomarse la decisión unilateral de suspenderla con la disculpa, muy discutible, de que en 1973, el cónyuge supérstite no tenía derecho a ella y con invocación de un decreto reglamentario al cual se le aplican las excepciones de inconstitucionalidad y de legalidad; y con el desconocimiento de los principios, caracteres y consecuencias de todo acto administrativo. || Se ratificarán estas jurisprudencias de la Corte Constitucional: la pensión como derecho subjetivo, la caracterización del perjuicio irremediable, la avanzada edad como factor para tener en cuenta en la tutela como mecanismo transitorio; y se profundizará respecto a este tema: se estudiará la vigencia del literal b-, artículo 42 del decreto 2665 de 1988, frente a la Constitución y la ley, teniendo en cuenta la evolución del derecho administrativo desde la regla de la revocabilidad a la institución de la cosa juzgada administrativa, y la oportunidad que tienen las entidades públicas para demandar la nulidad y el restablecimiento del derecho (acción de lesividad).] - [Palabras claves: acto, administrativo, derecho, administración, tutela, derechos, puede, jurídica, principio, si, en, debe, decreto, acción, la, perjuicio, tal]