La Sala concluyo que tratándose de la caducidad en asuntos de reparación directa por fallas del servicio médico-sanitarios así: i) El término de caducidad es constitucional, garantiza la seguridad jurídica. ii) No existe términos de caducidad que se prolonguen indefinidamente en el tiempo. iii) Cumplir con la demanda en tiempo constituye una carga procesal del demandante, cuya desatención genera consecuencias negativas. iv) La regla general es que el cómputo del plazo de los dos años inicia a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho u omisión generadora del daño. v) El término de caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión causantes del daño cuando el paciente y sus familiares no conocen la existencia del mismo, con independencia de que ya se hubiere materializado el hecho dañoso. En estos casos, el cómputo del plazo de caducidad inicia a partir del día siguiente a la fecha en que el paciente y sus familiares conocieron la ocurrencia del daño

Tratándose de la caducidad en asuntos de reparación directa por fallas del servicio médico sanitarios, es posible concluir: i) El término de caducidad es constitucional, por cuanto garantiza la seguridad jurídica. ii) No es posible que existan términos de caducidad que se prolonguen indefinidamente en el tiempo. iii) Cumplir con la demanda en tiempo u oportuna constituye una carga procesal del demandante, cuya desatención genera consecuencias negativas. iv) La regla general de caducidad es que el cómputo del plazo de los dos años inicia a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho u omisión generadora del daño. v) No obstante, ese término de caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión causantes del daño cuando el paciente y sus familiares no conocen la existencia del mismo, con independencia de que ya se hubiere materializado el hecho dañoso (v.gr. trasfusiones de sangre contaminada, oblitos quirúrgicos, entre otros). En estos eventos, el cómputo del plazo de caducidad inicia a partir del día siguiente a la fecha en que el paciente y sus familiares conocieron la ocurrencia del daño, esto es, lo pudieron representar

El Consejo de Estado condenó a Caprecom por no haber suministrado cuidados paliativos a una comerciante de Popayán que sufría un cáncer terminal y que murió el 27 de agosto del 2007 en su lugar de domicilio. La alta corte determinó que no hay lugar a reparar a los allegados de la mujer con ocasión de su muerte, que era un hecho irresistible, pero sí a resarcirlos de los daños ocasionados por no haberle practicado los procedimientos paliativos que le permitieran morir en condiciones de dignidad. Aun cuando no hubo una omisión que se considerara como causante de la muerte, que era inevitable, sí es evidente que no se le brindó el tratamiento paliativo, lo que constituye una falla en el servicio, consistente en privarla de la posibilidad de tener mejores condiciones de vida mientras se producía su deceso. Si bien es cierto que no había lugar a reparar a los demandantes por la muerte de la afiliada la EPS demandada sí debe hacerlo por las omisiones que llevaron a que la paciente falleciera en medio de severas condiciones respiratorias

La práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de resultados, lo que lleva a entender que el galeno se encuentra en la obligación de practicar la totalidad de procedimientos adecuados para el tratamiento de las diversas patologías puestas a su conocimiento, procedimientos que, por regla general, conllevan riesgos de complicaciones, situaciones que, de llegar a presentarse, obligan al profesional de la medicina al agotamiento de todos los medios a su alcance, conforme a la lex artis, para evitar daños mayores y, de así hacerlo, en ningún momento se compromete su responsabilidad, incluso en aquellos eventos en los cuales los resultados sean negativos para la salud del paciente, a pesar de haberse intentado evitarlos. Es importante recordar que la imputación fáctica del daño y la falla del servicio no pueden ser analizadas desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del funcionamiento del servicio, sino que requieren ser estudiadas desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño

El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental no supone una obligación de resultado para el prestador del servicio, por ello la carga de la prueba recae en quien demanda, no obstante, ésta se modera con la admisión de la prueba indirecta de la falla en la prestación del servicio médico o del nexo causal. Esta Corporación ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual aquella es de naturaleza subjetiva; es la falla probada del servicio la que hace posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica y hospitalaria, de suerte que, en términos generales, es carga del demandante acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y este

Definición del oblito quirúrgico. Falla probada en la prestación del servicio de salud. La Jurisprudencia de la Sala ha considerado como "oblito quirúrgico", aquel consistente en una mala ejecución de los cuidados médicos o quirúrgicos que constituyen una culpa o falla probada en la prestación de servicios de salud, toda vez que los hechos hablan por sí solos. Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que el solo hecho de olvidar un elemento en el cuerpo de un paciente, es constitutivo de falla en la prestación del servicio médico, por cuanto ello solo denota el descuido con el que se llevó a cabo la intervención y la entidad demandada solo podría exonerarse acreditando que actuó con diligencia y que operó una causa extraña. En los casos de oblito quirúrgico, basta con demostrar que el objeto extraño no se encontraba en el cuerpo del paciente antes de ser intervenido

Daño derivado de diagnóstico tardío. Se condenó al Ministerio de Salud y Protección Social a pagarle más de 185 millones de pesos a la familia de una mujer que murió tras sufrir una peritonitis, provocada por el tratamiento irregular de un posoperatorio por parte de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento. Según el Consejo de Estado, si se hubiera realizado una valoración y un diagnóstico oportunos, se habría podido corregir con mayor prontitud el daño ocasionado por la intervención quirúrgica, lo que si bien no constituye una garantía de que no hubiera muerto, sí implica la pérdida de una expectativa con la que contaba la paciente para sanar. La pérdida de esta oportunidad da lugar a una falla en el servicio médico, y de ahí la necesidad de que la entidad demandada repare el daño causado a los familiares de la paciente fallecida. Para que la administración pueda ser declarada responsable de los daños ocasionados por el ejercicio de la actividad médica hospitalaria, el demandante tiene la carga de demostrar que el servicio no se prestó adecuadamente, bien porque no fue oportuno, o porque no cumplió con los protocolos y estándares de calidad fijados por la ciencia médica al momento de la ocurrencia del hecho dañoso, salvo en lo relativo a los deberes que tienen que ver directamente con el servicio y cuyo cumplimiento depende enteramente del prestador, al margen de la condición y evolución de la salud del paciente, como los relativos al acto médico documental y, en especial, al consentimiento informado, y al suministro de la información necesaria para que el paciente propenda por su autocuidado, caso en el que corresponde al servicio médico demandado demostrar su cumplimiento

Régimen de responsabilidad derivado de la actividad médica. La Sección ha establecido que el régimen aplicable es el de falla del servicio, realizando una transición entre los conceptos de falla presunta y falla probada, en la actualidad la posición consolidada en esta materia la constituye aquella según la cual es la falla probada del servicio el título de fundamento bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria. Cuando la falla probada en la prestación del servicio médico y hospitalario se funda en la "lesión al derecho a recibir atención oportuna y eficaz", se debe observar que está produce como efecto la vulneración de la garantía constitucional que recubre el derecho a la salud, especialmente en lo que hace referencia al respeto del principio de integridad en la prestación de dicho servicio. Frente a la atención inicial de urgencia, el Decreto 412 de 1992 refirió en su artículo 4 la responsabilidad de las entidades de salud para supeditarla al nivel de atención y grado de complejidad que a cada entidad le determinara el Ministerio de salud y la fijó desde el momento de la atención hasta que el paciente fuera dado de alta o, en el evento de remisión, hasta el momento en que el mismo ingresara a la entidad receptora

En relación con la prestación eficiente, adecuada y oportuna del servicio médico, esta Corporación ha sostenido: "Ahora bien, en jurisprudencia que se reitera, la Sala, ha considerado que son imputables al Estado los daños sufridos por los pacientes a causa de la falta de un servicio médico eficiente, adecuado y oportuno por cuanto ésta constituye un daño autónomo. Al respecto vale la pena transcribir: En síntesis, el Estado es patrimonialmente responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia, pero también es responsable del daño aún en eventos en los que no se demuestra esa relación causal, pero queda acreditado que se vulneró el derecho que tenía el paciente a recibir un servicio médico oportuno y eficaz, utilizando todos los medios técnicos y científicos de los que deben disponer las entidades médicas estatales, de acuerdo a su nivel de complejidad, o no se remite oportunamente al paciente, a un centro de mayor nivel, en tanto esa desatención constituye un daño autónomo, que debe ser reparado

Responsabilidades institucionales derivadas de la prestación de atención inicial de urgencia. Redes y empresas prestadoras del servicio médico de urgencias. Empresas públicas y privadas. Frente a la prestación del servicio de salud mediante la atención de urgencias, el Decreto 412 de 1992 reglamentó los servicios de urgencias bajo disposiciones aplicables a todas las entidades prestarías de servicios de salud, públicas y privadas, todas ellas obligadas a prestar la atención inicial de urgencia, independientemente de la persona solicitante del servicio. Entonces, frente a la atención inicial de urgencia, el mencionado Decreto refirió en su artículo 4º la responsabilidad de las entidades de salud para supeditarla al nivel de atención y grado de complejidad que a cada entidad le determinara el Ministerio de salud y la fijó desde el momento de la atención hasta que el paciente fuera dado de alta o, en el evento de remisión, hasta el momento en que el mismo ingresara a la entidad receptora

La imputación de responsabilidad se deriva de la conducta del personal médico de la Clínica del ISS, toda vez que se encuentra acreditado el comportamiento negligente y descuidado de ésta, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones respecto del análisis clínico de sangre con miras a descartar la presencia de enfermedades transmisibles, entre ellas la del VIH omisión que llevó a que el paciente fuera infectado con sangre contaminada con VIH, luego de una trasfusión sanguínea. Cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual, de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración, por el incumplimiento de dicho deber. El daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño proviene de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminada a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas. En cuanto a la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, éste consta de un componente objetivo, en el cual tiene que ver con la magnitud de la lesión y otro subjetivo, encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo

Frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños provenientes de la atención médica defectuosa, se ha retornado a la teoría clásica de la falla probada; esta Corporación ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En cuanto a la falla médica, en algún momento se prefirió el régimen objetivo, sin embargo, en la actualidad se moderó esa tesis, pues no es un régimen de tal naturaleza el que permite analizar la imputación de un caso del talante del que se estudia, sino uno subjetivo con flexibilización frente al rigor de la prueba de la falla. La posición de la Corporación en esta época, a la par que la de la doctrina autorizada, se orienta en el sentido de que la responsabilidad médica, en cada caso estudiado, debe analizarse bajo el tamiz del régimen de la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre ésta y el daño

De los indicios habrá que decirse que su naturaleza enseña que es un medio de prueba, que tiene un vehículo, un objeto de prueba y que conlleva una valoración; de igual forma, que sus elementos son: i) el hecho indicador, que debe estar probado; ii) la inferencia lógica, que es la razonabilidad del argumento y que debe estar en grado de hipótesis y tesis, mas no de sospecha o conjetura, aunado a la lógica; y iii) el hecho indicado, que es la conclusión, un hecho nuevo, claro, contundente y sin dudas, que debe valorarse armónicamente con los demás indicadores, pruebas o elementos. La Sala ha acogido el criterio según el cual, para demostrar el nexo de causalidad entre el daño y la intervención médica, los indicios se erigen en la prueba por excelencia, dada la dificultad que en la mayoría de los casos se presenta de obtener la prueba directa. Indicios para cuya construcción resulta de utilidad la aplicación de reglas de la experiencia de carácter científico, objetivo o estadístico, debidamente documentadas y controvertidas dentro del proceso

La jurisprudencia ha sido reiterada en destacar que la práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de resultados, razón por la cual los galenos están en la obligación de realizar la totalidad de procedimientos adecuados para el tratamiento de las patologías puestas a su conocimiento, procedimientos que, como es natural, implican riesgos de complicaciones, que, de llegar a presentarse, obligan al profesional de la medicina, de conformidad con la lex artis, a agotar todos los medios que estén a su alcance para evitar daños mayores y, de así hacerlo, en ningún momento se compromete su responsabilidad, incluso en aquellos eventos en los cuales los resultados sean negativos o insatisfactorios para la salud del paciente

La Jurisprudencia de la Sala ha considerado como "oblito quirúrgico", aquel consistente en una mala ejecución de los cuidados médicos o quirúrgicos que constituyen una culpa o falla probada en la prestación de servicios de salud. Entendemos por oblito quirúrgico aquellos casos en los cuales, con motivo de una intervención quirúrgica, se dejan olvidados dentro del cuerpo del paciente instrumentos o materiales utilizados por los profesionales intervinientes. Por lo común los elementos olvidados son instrumental quirúrgico (pinzas, agujas, etc.) y, más frecuentemente, gasas o compresas. Este tipo de irregularidades quirúrgicas - a veces justificadas - por lo general ocasionan un daño al paciente, quien con seguridad deberá como mínimo someterse a una nueva intervención al solo efecto de la extracción del material olvidado. Estos supuestos, en consecuencia, se han transformado en frecuente causa de responsabilidad civil médica, por lo que han sido objeto de tratamiento por la doctrina en forma reiterada

La responsabilidad del Estado por cuenta de daños derivados de intervenciones médicas se compromete bajo el régimen de la falla probada del servicio con las consecuencias probatorias que le son propias. Quien alegue que existió una falla o un defecto en la prestación del servicio médico asistencial, debe demostrar que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte vigentes en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso, o que el servicio médico no fue cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tenían al alcance, es decir, los elementos que permitan concluir que es atribuible a aquélla y no a eventos extraños. En el caso de los daños que hayan podido causarse con ocasión de una atención gineco-obstétrica, definida esta como "la rama de la medicina que se ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento, hasta la involución completa del útero", en estos eventos, la parte demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio de dicha falla

En cuanto al régimen de responsabilidad derivado de la actividad médica, la Sección ha establecido que el régimen aplicable es el de falla del servicio, realizando una transición entre los conceptos de falla presunta y falla probada, en la actualidad la posición consolidada de la Sala en esta materia la constituye aquella según la cual es la falla probada del servicio el título de fundamento bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria. En el mismo sentido, partiendo del análisis del caso en el marco de la falla probada del servicio como título de imputación, en la medida en que el demandante alega que existió una falla del servicio médico asistencial que produjo el daño antijurídico por el cual reclama indemnización. Cuando la falla probada en la prestación del servicio médico y hospitalario se funda en la "lesión al derecho a recibir atención oportuna y efica", se debe observar que está produce como efecto la vulneración de la garantía constitucional que recubre el derecho a la salud, especialmente en lo que hace referencia al respeto del principio de integridad en la prestación de dicho servicio

Dentro del ejercicio de la actividad médica existen varios escenarios en cuales resulta posible predicar la existencia de un régimen objetivo de responsabilidad, se ha precisado que éstos pueden ser entre otros, aquellos eventos que implican la manipulación de cosas peligrosas, o que el procedimiento o el tratamiento empleado entrañe peligro, pero siempre y cuando la herramienta riesgosa cause el daño de manera directa o por ella misma, pues si la lesión es producto de una ejecución irregular del acto médico, aunque medie un instrumento que represente peligro o riesgo, el caso específico estará regido por la responsabilidad subjetiva o culposa. Aun cuando no se acreditó irregularidad alguna o conducta negligente por parte del personal médico, no resulta suficiente para liberar a la institución médica demandada de responsabilidad -daños por la utilización de instrumentos potencialmente peligrosos-, bajo un régimen de responsabilidad objetivo, habida cuenta de que fue una quemadura con uno de tales instrumentos -electro bisturí-, la que le produjo el daño al paciente, y no puede resultar ajeno o externo a la prestación del servicio médico por parte de la entidad demandada. \ Para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas -actuación dolosa-, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así no lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo -actuación gravemente culposa

El manejo dado por la jurisprudencia contencioso administrativa a los asuntos relativos a la responsabilidad médica, deben ser tratados como una responsabilidad extracontractual, con base en el artículo 49 de la C. Política, el cual planteó que la atención de la salud es un servicio público a cargo del aparato estatal, y además a la circunstancia de que se estima que los pacientes de los hospitales son usuarios de un servicio del Estado. Se ha sostenido que en la responsabilidad médica se aplica jurisprudencialmente la falla probada del servicio, sistema considerado inicialmente tanto para los errores hospitalarios como para los yerros médicos, y pese a los cambios de las posiciones del Consejo de Estado, ha retomado el régimen en cita, inclusive en los casos obstétricos, que venían tratándose bajo una responsabilidad de resultado. El fundamento principal consistió en que la teoría de la carga dinámica de la prueba para decidir los casos de responsabilidad administrativa por la actividad médica traía mayores dificultades que soluciones y que con la aplicación de la falla presunta se marginaba del debate probatorio cuestiones de especial relevancia, por ende, la responsabilidad médica sería estudiada nuevamente con fundamento en la regla de prueba de la falla probada, para lo cual tomaría gran importancia la prueba indiciaria

Se condena a EPS por caso de anticoncepción fallida - Programa de planificación familiar. Deber de información y riesgo previsto. La historia clínica de la paciente no revela, en algún momento de las atenciones con fines de planificación familiar, que a la demandante se le hubieran puesto de presente las ventajas, riesgos y eficacia de los distintos métodos anticonceptivos, lo que respalda sin duda la negación indefinida contenida en la demanda y el recurso, de acuerdo con la cual no recibió ninguna información y que se limitó el prestador del servicio a administrarle el medicamento, sin advertirle sobre su porcentaje de efectividad y el margen de error inherente a este, información que también negó conocer \ Considera que en casos de afectación a la libertad reproductiva, el daño moral ha de presumirse. La Sala estima que en el presente caso la afectación moral no solo se desprende de la vulneración a la información a que tiene derecho el paciente, sino también, genera una importante repercusión en el proyecto de vida con sus consecuenciales repercusiones psicológicas y sociales, por lo que amerita una indemnización superior a la reconocida en los referidos eventos \ Se concluye, bajo la anterior perspectiva, que en casos de anticoncepción fallida el responsable no puede ser cargado con los gastos materiales inherentes al nuevo ser, (i) salvo que se haya garantizado al paciente la total eficacia del método ofrecido o (ii) se demuestre que los gastos a asumir son superiores a los que por naturaleza se imponen este tipo de eventos, toda vez que la libertad reproductiva no entraña la garantía de la no reproducción; una conclusión contraria atentaría contra los más básicos principios naturales y biológicos, por lo menos en el estado actual de la ciencia en el que no se ha dotado de una eficiencia del 100% a los métodos anticonceptivos

Aunque no se pueda probar que de haberse iniciado el tratamiento de manera más temprana el paciente no hubiese perdido el ojo, procede la sala a declarar la falla médica, pues la accionada incurrió en una omisión al no haber remitido al paciente inmediatamente al especialista. A juicio de la corporación, está probado el daño, independientemente de que la decisión del médico tratante de no atender el caso de inmediato haya sido la que ocasionó o no el triste desenlace. Según la Sala, se trata de una nueva perspectiva respecto a este tipo de conductas, pues no es necesario probar el nexo causal "entre el daño y el hecho dañino como presupuesto del juicio de responsabilidad para que la víctima pueda acceder al débito resarcitorio"

La falla en el servicio de salud se materializa en la falta de un diagnóstico temprano que permite la evolución de enfermedades de fácil tratamiento \ Aun cuando los pacientes abandonen los centros hospitalarios y se pueda pensar en una concurrencia de culpas, el diagnóstico correcto podría cambiar la decisión que desencadena el daño

A pesar de que los medios de prueba que militan en el plenario no permiten tener plena certeza de que si el demandado se hubiera ceñido estrictamente al protocolo dispuesto para la atención de traumas craneoencefálicos la víctima hubiera recuperado su salud, es claro que la actuación del cuerpo médico durante la permanencia de la víctima en el centro asistencial demandado excluyen la diligencia y cuidado con que debió actuar y, por lo mismo, es evidente que el paciente perdió la oportunidad de recuperarse y de salir con vida de la situación que padeció

¿Existió falla en la prestación del servicio médico al no informa al paciente los riesgos que presentaba la respectiva cirugía y con ocasión de la cual le causaron una perforación intestinal? Sí puede hablarse de una falla en la prestación del servicio médico al haberle dado salida a la paciente sin valorar su evolución y, por tanto, sin percatarse de la perforación intestinal que habían ocasionado en el procedimiento, así como, en el hipotético caso de que la perforación intestinal no hubiera ocurrido en el centro asistencial sino horas después, por no dejarla en observación. En consecuencia, habrá lugar a revocar la sentencia recurrida, para declarar la responsabilidad de la entidad demandada por las lesiones ocasionadas a la demandante durante el procedimiento quirúrgico (laparoscopia diagnóstica con liberación de bridas) que le realizaron el 25 de septiembre de 2002, en el Dispensario de la Tercera Brigada del Ejército Nacional

¿Cuando se pretende la indemnización de los daños derivados de la omisión o tardanza de las entidades obligadas a prestar los servicios médicos debe quedar acreditado la existencia de la probabilidad que tenía el paciente de recuperar su salud o preservar su vida? Resulta de gran relevancia distinguir entre el daño que consiste en la pérdida de la ganancia o la materialización del perjuicio que se pretendía evitar (en el caso de la responsabilidad médica, la muerte del paciente o el desmejoramiento de sus condiciones de salud), y el daño que se produce por la pérdida de la probabilidad de obtener ese provecho o de eludir el detrimento. (…) En síntesis, cuando se pretende la indemnización de los daños derivados de la omisión o tardanza de las entidades obligadas a prestar los servicios médicos, debe quedar acreditado no el resultado final de la lesión o enfermedad que originó la solicitud de atención, sino la existencia de la probabilidad que tenía el paciente de recuperar su salud o preservar su vida y que esa expectativa se perdió en forma definitiva como consecuencia de la actuación imputable a la entidad

Se imputa de responsabilidad al hospital por falla del servicio médico al dejar morir un paciente por no proporcionarle los tratamientos necesarios - La Sala Tercera del Consejo de Estado, advierte que si bien, en el caso concreto, no existe una absoluta certeza acerca de si la ausencia de tratamiento oportuno de la patología gástrica del paciente pudiere corresponder a la causa determinante de su deceso, no es menos verídico que dicha omisión excluye la diligencia y cuidado con que debió actuar la entidad para dispensar una eficaz prestación del servicio público y, aunque tampoco existe certeza de que aún si la Administración hubiere actuado con la mencionada diligencia la víctima hubiere recuperado su salud, sí resulta ajustado concluir que si el hospital demandado hubiese obrado de esa manera, no le habría hecho perder al paciente el chance de ser sometido al tratamiento médico indicado para tratar esa patología en procura de su recuperación. En consecuencia, teniendo en cuenta que la actuación de la entidad le mermó oportunidades de sobrevivir a dicho paciente, la Sala declarará la responsabilidad del Hospital por la pérdida de la oportunidad de curación y de continuar con vida

Recae sobre las instituciones prestadoras de salud toda las responsabilidad patrimonial cuando omiten brindar a los pacientes el cuidado que estos requieran en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de su estado de salud - El deber de seguridad no sólo se manifiesta en la necesidad de evitar que el paciente sufra accidentes o eventos traumáticos en el curso de la atención médica u hospitalaria, sino también en garantizar que los distintos aparatos, elementos, instrumentos, insumos, fármacos o materiales que son utilizados para la atención de la enfermedad no causen daños a las personas que son beneficiarias de los servicios de las clínicas u hospitales. En especial que las transfusiones de sangre resulten compatibles

La falla del servicio médico reviste con una mayor gravedad cuando se trata de pacientes de menores de edad - Cabe resaltar que la falla del servicio en este reviste una mayor gravedad por tratarse la paciente, de una niña menor de edad, es decir sujeto de especial protección por parte del Estado, toda vez que la Constitución Política de 1991 establece la prelación de los derechos de los niños. La Corte Constitucional en sentencia T-760-08 enfatizó en las medidas de protección especial que se debe a los menores, las cuales deben tener por finalidad garantizar a los niños su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Así se pronunció la Corte frente al derecho a la salud de los menores

¿Se configura falla en el servicio médico cuando la muerte de un paciente es causada por la omisión de registro de información de atención médica primaria de éste? No puede compartir en este caso la Sala el argumento del médico tratante vertido en el recurso de apelación, relativo a que era de mayor importancia atender al paciente que llenar la historia, por cuanto el diligenciamiento completo de ese documento legal constituye una obligación inexcusable para el personal médico, de vital importancia en este caso particular como quiera que lo allí plasmado determinaría el manejo del paciente por parte de la entidad de destino, que recibió al paciente en buenas condiciones, sin signos aparentes de infección y con una herida cerrada de la que no se indicó la necesidad de ser explorada a fondo, ni las condiciones en que se encontraba antes de ser tratada, que permitieran suponerlas o advertirlas a quienes quedaron a cargo de su atención en el Hospital de Caldas. Era previsible para el tratante inicial, que las condiciones de contaminación de la herida podían generar graves consecuencias para el paciente y, sin embargo, no adoptó las medidas a su alcance para prevenirlas, como consecuencia, se presentaron los nefastos resultados para el paciente

¿Cuál es el cómputo para la caducidad de la acción de reparación directa médico-hospitalaria, paramédico o extramédico? El cómputo del término inicia a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, omisión u operación que desencadena el daño, lo cierto es que existen dos supuestos en los cuales el citado principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal hace que se aligere o aliviane la disposición del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.; estos dos hipótesis son: i) hasta tanto la persona no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en que se establece la existencia de la lesión antijurídica y ii) cuando existe un tratamiento médico que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le genera al paciente una expectativa de recuperación. En el segundo escenario el paciente tiene pleno conocimiento del daño pero el servicio médico le brinda esperanzas de recuperación al someterlo a un tratamiento que se prolonga en el tiempo. En este tipo de circunstancias, el conteo de la caducidad no inicia hasta tanto no se haya proferido el diagnóstico definitivo del paciente. \El fenómeno de la caducidad en el C.C.A. y en el C.P.A.C.A

La falta de remisión oportuna al especialista configuró una falla en la prestación del servicio de salud

Criterios para establecer el valor de la pérdida de la oportunidad cercenada por parte de la institución médico hospitalaria - La pérdida de la oportunidad, además de constituir un perjuicio independiente, se estudia y se define desde la imputación fáctica, como el elemento que permite imputar daños, a partir de la aplicación concreta de estadísticas y probabilidades en cuanto a las potencialidades de mejoramiento que tenía la persona frente a un determinado procedimiento u obligación médica que fue omitida o ejecutada tardíamente. En conclusión, la probabilidad que establezca el juez como el valor de la pérdida de la oportunidad cercenada por parte de la institución médico - hospitalaria, será correlativo al valor a indemnizar frente a cada uno de los perjuicios reconocidos por la jurisprudencia, y con base en los montos y criterios fijados por la misma

Consideraciones a fin de garantizar el cumplimiento de los procesos judiciales relacionados con la responsabilidad del ISS en liquidación, derivados de la prestación del servicio público esencial de salud. Corresponderá a la entidad demandada (directamente o por conducto de su agente liquidador) dar cumplimiento pronto y efectivo de la condena acá decretada, de modo que deberá privilegiar la satisfacción de los derechos de las víctimas demandantes en el presente caso de acuerdo a como corresponde a los créditos de primera clase. Los artículos sobre la prevalencia y clasificación de los créditos (arts. 2494 y s.s. del Código Civil) no pueden ser aplicados a los derechos que surgen como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que, por el contrario, han de ser entendidos como obligaciones privilegiadas que, junto con las laborales y las tributarias, se encuentran en primer nivel de prevalencia crediticia y, en consecuencia, su pago se debe efectuar con prioridad sobre las acreencias restantes. Se ordena al Presidente activar los mecanismos propios a efectos de determinar la persona jurídica que asumirá la posición de sucesor procesal del ISS en liquidación

Unificación jurisprudencial respecto de la liquidación del perjuicio inmaterial en la modalidad de daño a la salud de carácter temporal, con base en una valoración cualitativa del mismo. Igualmente, respecto de la procedencia oficiosa de la declaración de medidas de reparación integral en los casos que evidencian la invisibilidad del trato requerido por la mujer en materia médico asistencial. \Daño a la salud - naturaleza - criterios de conocimiento - prueba de los mismos. Resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de incapacidad. Se cambia de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el criterio de tasación consiste en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño objetivo, en la que lo que predomina es la noción de gravedad de la alteración psicofísica, frente a la cual existe libertad probatoria \Daño temporal a la salud - Se aclara que el carácter permanente de la alteración o la secuela no es requisito esencial para el reconocimiento del perjuicio a la salud. - La Sala abandona definitivamente la tesis de que solo se ha de indemnizar lo que constituya una alteración grave de las condiciones de existencia. En efecto, dado que no es razonable suponer que alguien tenga el deber de soportar la alteración psicofísica de menor entidad, no existe razón para desestimar su antijuridicidad y, por tanto, su mérito indemnizatorio. En conclusión se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma. \Daño a la salud : aspecto probatorio \Cesárea - su realización innecesaria o su práctica en situaciones en las que la necesidad sobreviene por una causa evitable e imputable a la entidad médica, supone siempre una vulneración al derecho a la salud \Protección de mujer en embarazo -bienes constitucionales protegidos. Reparación integral

¿Es válido el consentimiento otorgado por los familiares del paciente que se encuentre bajo los efectos de la anestesia para que le practique una cirugía adicional a la que ha aceptado someterse? Sí, a juicio de la Sala no resulta sano extremar la exigencia del consentimiento informado a aquellos casos en los que en medio de una intervención quirúrgica de emergencia, en la que el paciente se encuentra anestesiado o inconsciente, y el galeno encuentra que debe hacer un procedimiento adicional para salvar la vida del paciente, tenga que abstenerse de actuar por falta del consentimiento sobre específicamente el procedimiento adicional no previsto en el preoperatorio. Lo anterior por cuanto de radicalizar así la relación medico-paciente se estaría partiendo de la mala fe del profesional de la salud, con el efecto práctico, perjudicial al usuario, de verse involucrado en dos cirugías en vez de una. Lo anterior no obsta para que de ser posible en cada caso los familiares del paciente bajo anestesia o inconsciente, puedan, si están presentes brindar las autorizaciones del caso

¿Las infecciones hospitalarias pueden constituir un eximente de responsabilidad patrimonial de la administración por ser hechos irresistibles? - No, es cierto que los hechos irresistibles, por regla general, no comprometen la responsabilidad patrimonial de la administración en razón a que pueden ser calificados como "casos fortuitos". No obstante, tratándose de las infecciones nosocomiales, la Sala considera, junto con un sector de la doctrina, que no pueden ser calificadas como casos fortuitos porque no son ajenas a la prestación del servicio público de salud. Las infecciones intrahospitalarias, si bien pueden llegar a ser irresistibles, no son imprevisibles pues constituyen un riesgo conocido por la ciencia médica y, además, son prevenibles y controlables, al punto de que la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales en los pacientes de un establecimiento determinado es un indicador de la calidad y seguridad de la atención. En suma, en criterio de la Sala, el riesgo puede servir como factor para atribuir jurídicamente responsabilidad a la administración por los daños causados como consecuencia de una infección de carácter intrahospitalario, entendida como aquella que se contrae por el paciente en el hospital o centro asistencial. En estos eventos la responsabilidad es de carácter objetivo, por lo que la parte demandada, para liberarse de la obligación de indemnizar los perjuicios, tendrá que demostrar que el paciente ya portaba el cuadro infeccioso antes de ingresar al nosocomio

¿Se configura una falla en el servicio por complicaciones en el parto cuando el embarazo ha tenido un normal devenir? Sí, la Sala ha venido sosteniendo que el daño causado durante el parto de un embarazo normal constituye un indicio de falla del servicio, siempre que dicho embarazo hubiera transcurrido en términos de normalidad y que el daño hubiera ocurrido una vez producida la actuación médica dirigida a atender el alumbramiento. En consecuencia la falla podría sustentarse en indicios, es decir, en el solo hecho de que la evolución y proceso de embarazo se hubiera desarrollado en términos normales hasta el momento del parto. Lo anterior, como quiera que el solo indicio de falla del servicio, aunado a la prueba de la imputación fáctica que vincula la conducta con el daño, daría lugar a encontrar acreditada la responsabilidad. Por consiguiente, a la parte actora -en estos supuestos-, le corresponde acreditar el daño antijurídico, la imputación fáctica -que puede ser demostrada mediante indicios igualmente-, así como el indicio de falla, esto es, que el embarazo se desarrolló en términos normales hasta el momento del parto

¿La falta de consentimiento del paciente ante una operación médica es por sí misma un elemento generador de responsabilidad? - Sí, se puede decir que lo que hace jurídicamente relevante a la operación (hecho físico) radica en la finalidad del agente en concurrencia consentimiento del paciente. Únicamente, en virtud de esta conjunción se puede decir que el acto físico de la intervención en el cuerpo cuenta para el derecho como un acto médico-quirúrgico, que permite diferenciarlo del acto criminal o simplemente del abusivo o antijurídico y en virtud del cual se puede decir que el paciente, al consentir la operación, asume como suyo el riesgo, dentro de los límites de la buena fe. Por el contrario, allí donde fallan estos dos requisitos, la intervención médico-quirúrgica se torna total o parcialmente antijurídica y no se produce asunción alguna del riesgo por parte del paciente, recayendo íntegramente en el agente que la realiza. Por esta razón, se puede decir que la ausencia de consentimiento es per se generadora de responsabilidad en cabeza del tratante, aun cuando los resultados negativos que de la operación se sigan no sean otra cosa que la realización de un riesgo inherente o, incluso, una consecuencia inevitable. En otras palabras, se puede decir que el paciente asume los riesgos consentidos (y previamente informados), mientras que por lo que vaya más allá de tal consentimiento responde el médico, según el régimen de la responsabilidad objetiva

¿Se configura responsabilidad del estado por falla en el servicio al incumplir la obligación de elaborar y mantener la historia clínica? - Sí, el daño a establecer debe partir del análisis del acto médico como una actividad compleja que no se agota en un solo momento, abarca también las obligaciones consagradas en la ley 23 de 1981, especialmente aquellas referidas a la apertura, manejo, custodia, archivo y conservación de la historia clínica, como elemento esencial en la documentación de la actividad médica prestada en un caso concreto. Para el cumplimiento de la obligación de elaborar una historia clínica conforme al deber normativo, deben satisfacerse ciertos criterios: a) claridad en la información (relativa al ingreso, evolución, pruebas diagnósticas, intervenciones, curaciones o profilaxis, tratamientos, etc.); b) fidelidad en la información que se refleje y que corresponda con la situación médica del paciente y, con el período en el que se presta la atención médica; c) que sea completa tanto en el iter prestacional, como en la existencia de todo el material que debe reposar en los archivos de la entidad de prestación de la salud; d) debe dejarse consignado dentro de la historia clínica de manera ordenada, cronológica y secuencial toda la información de diagnóstico, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y demás datos indispensables que reflejen el estado de salud del paciente; e) debe orientar y permitir la continuidad en la atención y proporcionar al médico la mejor información, posible, para adoptar decisiones sin improvisación para así ofrecer las mejores alternativas médicas, terapéuticas y-o quirúrgicas, siempre con el objetivo de resguardar la eficacia del derecho a la salud

¿A quién le corresponde probar la falla en el servicio por daños derivados del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades? - En los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, la parte actora tiene la carga de demostrar la falla del servicio atribuible a la entidad. Toda vez que la falla del servicio se deriva de la omisión de utilizar los medios diagnósticos o terapéuticos aconsejados por los protocolos médicos; por no prever siendo previsible, los efectos secundarios de un tratamiento; por no hacer el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, bien para modificar el diagnóstico o el tratamiento, y en fin de todas aquellas actuaciones que demuestren que el servicio fue prestado de manera deficiente

¿Puede configurarse responsabilidad del Estado por pérdida de oportunidad y de ser así cómo se indemniza? Sí, la pérdida de oportunidad ha sido entendida como un daño autónomo, distinto e independiente del daño final; que cuando una falla del servicio ha cercenado una oportunidad cierta y razonable de obtener un resultado favorable o evitar un perjuicio hay lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, no por el daño final, sino por la oportunidad pérdida, que debe ser cuantificada económicamente de acuerdo con los medios probatorios y circunstancias propias de los hechos. En ese orden, la forma cómo se indemniza, que constituye el problema fundamental en lo que tiene que ver con este tema, ha sido direccionada a la concesión de sumas genéricas por un rubro llamado "pérdida de oportunidad". Adicional a esto, en algunas decisiones, se ha estimado procedente la condena por perjuicios morales, con la aclaración de que no se conceden por el dolor, angustia y congoja sufrida por los demandantes por el daño final (especialmente cuando se trata de familiares de una persona que murió), sino por la pérdida de las probabilidades de recuperarse. De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, no es procedente una condena en razón de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) ni daño a la salud, comoquiera que esos perjuicios tienen causa directa en el daño final, el cual no se indemniza en los eventos planteados

¿Qué incluye la obligación de seguridad? - La obligación de seguridad es una sola y, por consiguiente, es comprehensiva de diversas actividades como las de: protección, cuidado, vigilancia y custodia, circunstancia por la que todas las instituciones de prestación de servicios de salud deberán contar con la infraestructura necesaria en lo que se refiere a iluminación, señalización, accesos, ventanas, techos, paredes, muros, zonas verdes y demás instalaciones relacionadas con el servicio público de salud. De otra parte, los establecimientos hospitalarios deberán adoptar todas las medidas que minimicen los riesgos de robo de menores y de agresiones a los pacientes por terceros (arts. 3º y 4º Resolución 741 de 1997). La obligación de seguridad permite entenderla como un concepto unívoco al que están obligados legal y reglamentariamente todas las instituciones de salud sin distinción alguna, y cuya inobservancia genera la imposición de sanciones y, consecuencialmente, la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los prestadores del servicio, lo que presupone un juicioso y estricto análisis de imputación fáctica, especialmente la ocurrencia o no de una causa extraña como quiera que la mayoría de esos daños tienen su génesis en circunstancias que, por lo general, resultaban previsibles y resistibles para las instituciones de salud (v.gr. el hecho de un tercero o el hecho exclusivo y determinante de la víctima), en cuyo caso se impondrá la declaratoria de responsabilidad de la administración sanitaria y hospitalaria. -No exigibilidad del registro civil como prueba -Evento adverso

Recurso de apelación. Segunda instancia. Límites. Análisis. Se declaró administrativamente responsable al Hospital de la Misericordia del municipio de Yalí E.S.E., por la tardía remisión al Hospital General de Medellín de un paciente que presentaba herida abdominal ocasionada por bala perdida, la entidad médica con su omisión impidió que se suministrara el adecuado e idóneo tratamiento que se requería, lo que produjo el deceso por sepsis generalizada. Se reitera la jurisprudencia -acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual el daño moral al hacer referencia a la órbita interna del sujeto, no puede ser tasado a partir de criterios objetivos o tablas de punto, razón por la que para su liquidación se ha optado por la aplicación del arbitrio juris. No se presentó una pérdida de oportunidad para el paciente, sino una falla del servicio integral que afectó -por completo- la prestación del servicio médico asistencial. Legitimación en la causa pasiva y activa - Noción. Definición. Concepto

¿Cómo se prueba la falla en el servicio en un caso de responsabilidad patrimonial del Estado por falla en el servicio médico? - En el caso de responsabilidad del Estado por falla en el servicio médico, el nexo de causalidad dada la ausencia de pruebas directas respecto de dicha relación en el presente caso, se puede afirmar sin duda alguna que la Historia Clínica se constituye en uno de los documentos fundamentales que permiten establecer, dentro del proceso, la verdad de lo ocurrido en el curso del tratamiento médico-asistencial prodigado a una persona que alega haber sufrido un perjuicio con ocasión de dicho tratamiento. De tal manera que es vital como prueba indiciaria

Se demanda la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL por la falla en la prestación médica. Caducidad de la acción. Noción. Definición. Sanción. Pérdida de una oportunidad procesal. Regulación normativa. Cómputo. Falla de la actividad medica. Caducidad de la acción. Falla del servicio médico hospitalario. Responsabilidad medica. Oblito quirúrgico. Régimen de responsabilidad objetivo

Acción de reparación directa. Responsabilidad extracontractual del estado. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Responsabilidad del estado. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Responsabilidad del estado. Constitucionalización. Mecanismo de protección de los administrados. Responsabilidad del estado. Daño antijurídico. Principio de solidaridad. Principio de igualdad. Principio de imputabilidad. Imputación objetiva. Falla medica. Falla probada del servicio. Falla del servicio médico asistencial. Falla probada. Falla medica. Atención no oportuna. Atención ineficaz. Perjuicio moral. Amputación de extremidad. Reconocimiento a familiares. Daño moral. Reglas de la experiencia. Tasación. Intensidad del daño

Acción de reparación directa por deficiencia en la prestación del servicio médico que ocasionó la muerte del paciente. Responsabilidad extracontractual del estado. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Responsabilidad del estado. Constitucionalización. Mecanismo de protección de los administrados. Daño antijurídico. Principio de solidaridad. Principio de igualdad. Imputación. Principio de imputabilidad. Falla medica. Falla probada del servicio. Falla del servicio medico asistencial. Responsabilidad medica. Atención no oportuna. Atención ineficaz. Atención inapropiada. Atención incompleta. Dilación trámite administrativo. Deficiencias presupuestales. Acto médico. Complejo. Iter continuado

Declaró responsable al Hospital Departamental de Buenaventura, por la deficiente prestación del servicio médico suministrado a un paciente a quien se le infectaron sus heridas, haciendo necesario la amputación de una de sus extremidades inferiores. El daño antijurídico, por amputación de una de las extremidades inferiores realizada a un paciente. Renuencia de entidad hospitalaria para que aporte historia clínica, constituye una falta de lealtad y configura un indicio en contra. Omisión en la atención médica del paciente configura una falla del servicio médico. Las entidades hospitalarias cumplen una labor social, su actuación compromete el interés general en la medida que prestan un servicio público, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad

Falla del servicio médico en la atención medica de dos menores que padecieron isoinmunización por factor RH. Caducidad de la acción. Configuración. Término. Demanda. Presentada en término. Conflicto de competencia. Conflicto de jurisdicción. Incertidumbre. Jurisprudencia del Consejo de Estado. Acceso a la administración de justicia. Vulneración. Responsabilidad del estado. Prestación del servicio de salud. Naturaleza subjetiva. Titulo de imputación. Falla probada del servicio. Responsabilidad por falla medica. Acreditación de la falla, el daño antijurídico y el nexo de causalidad. Carga de la prueba del nexo causal. Corresponde al demandante. Prueba indirecta. Indicios. Historia clínica. Prueba idónea. Perjuicios morales. Acreditación. Presunción del perjuicio. Sin importar si es leve o grave. Cambio jurisprudencial. Llamamiento en garantía. Conducta dolosa o gravemente culposa

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al Hospital Carlos Carmona Montoya de Cali, por la deficiente prestación del servicio médico y hospitalario en el área de gineco obstetricia, que ocasionó la muerte del bebé que esperaba una materna. Acreditación del daño antijurídico y la imputabilidad a la entidad demandada. La entidad hospitalaria incurrió en una falla del servicio médico hospitalario. Caducidad de la acción. Solicitud audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Excepción de inepta demanda. Liquidación de perjuicios. Perjuicio moral. Tasación. Pauta jurisprudencial. Se fija en salarios mínimos legales mensuales vigentes

Falla en el servicio del ISS se analiza bajo la tesis de la pérdida de un chance u oportunidad. Pérdida de obtener una atención oportuna ocasionada por la demora en la reintervención del paciente. No se accedió al pago de los perjuicios materiales a favor de cónyuge supérstite, al considerar que la responsabilidad de la entidad demandada se concretó en la pérdida de oportunidad de lograr sobrevivir o recuperar la salud y no en el fallecimiento del paciente. Falla probada del servicio

Se condena al Instituto de Seguros Sociales por la deficiente prestación del servicio médico al informar a una paciente que era portadora de VIH, basado en un examen erróneo y sin confirmar, omitiendo el protocolo establecido y la atención integral que se debe dar a los pacientes diagnosticados con VIH o con sospecha. Responsabilidad del Estado, al encontrarse acreditado que la información, suministrada a la demandante fue prematura, precipitada, sin confirmación y violatoria de los protocolos establecidos, acerca de un diagnóstico de infección con el virus del SIDA, que a la postre no resultó correcto y el comportamiento negligente de la entidad en el manejo de la paciente sospechosa de ser portadora del VIH. Responsabilidad extracontractual del Estado. Error en el diagnóstico. Falla del servicio. Decreto 559 de 1991. Prevención, control y vigilancia del VIH y SIDA. Liquidación de perjuicios. Perjuicios materiales. Lucro cesante. Nexo causal entre el daño y la actuación de la administración. Principio de reparación integral del daño

Acción de reparación directa. Responsabilidad extrapatrimonial del estado. Falla en el servicio de salud. Régimen aplicable. Carga de la prueba. Antecedentes jurisprudenciales. Falla del servicio probada. Régimen aplicable. Falla del servicio presunta. Régimen excepcional. Causalidad probabilística. Noción. Reconocimiento de la innegable realidad que se ha descrito en punto de los límites del conocimiento científico en virtud de la cual el juez puede válidamente dar por demostrada la relación de causalidad en un supuesto específico sin necesidad de exigir plena prueba o certeza absoluta de la misma. Falla relacionada en grado de probabilidad suficiente con la muerte cerebral de la paciente y su posterior defunción. Inexistencia de documento en el que conste valoración preanestésica de la paciente. Perjuicio moral. Noción. Naturaleza compensatoria. Daños inmateriales. Acreditación del parentesco. Daño emergente. Reconocimiento de servicios de transporte

Responsabilidad patrimonial del Estado por muerte de paciente en centro hospitalario, reparación del daño antijurídico a través de la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad y la modalidad de daño autónomo. La pérdida de oportunidad, la clase autónoma de daño y la incertidumbre causal. Definición de la probabilidad preponderante o probabilidad determinante. La oportunidad desaparecida y el monto de la indemnización por la pérdida de la oportunidad. El recurso de estadística es fundamental para la cuantificación de la indemnización a reconocer por concepto de pérdida de oportunidad

Responsabilidad extracontractual del estado. Acción de reparación directa. Falla del servicio médico. Legitimación en la causa por activa. Acreditación. Prueba. Registro civil. Responsabilidad de naturaleza subjetiva. Título de imputación. Falla probada del servicio. Incumplimiento de los protocolos médicos exigidos para la atención del paciente. Llamamiento en garantía. Culpa grave. Debe probarse. Repetición. Llamados en garantía. Acreditación de la responsabilidad. Perjuicios. Morales y materiales. Lucro cesante. Daño emergente

Acción de reparación directa. Falla del servicio médico. Responsabilidad del Estado. Configuración. Falla probada del servicio. Daño. Acreditación. Prueba indiciaria. Falla del servicio. Daño. Nexo de causalidad. Configuración. Liquidación de perjuicios morales. Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Principio de la no reformatio in pejus. Aplicación

Responsabilidad médica. Prueba de la falla en el servicio. Prueba directa. Prueba indiciaria. Accidente quirúrgico. No era previsible ni resistible

Responsabilidad medica estatal - Falla probada del servicio. la ciencia médica es susceptible de emitir diferentes juicios respecto de una misma situación clínica y, en consecuencia, puede haber equivocaciones en el diagnóstico y tratamiento correspondientes que no generen responsabilidad en la entidad prestadora del servicio médico. Demanda en ejercicio de la acción de reparación directa

Inexistencia de falla del servicio médico. Aun cuando la Sala entiende que las indicaciones de un médico tratante en principio no deben ser modificadas, también aprecia que en atención a las circunstancias del caso concreto, es decir, de la toxoplasmosis cerebral del paciente con SIDA, que comprometía su vida, y de la imposibilidad de contactar al especialista, hubo de tomarse una decisión con el debido argumento científico.

Jurisdicción competente para conocer de de la responsabilidad hospitalaria por falla del servicio médico. Daño antijurídico a causa de la hidrocefalia que se generó al momento del nacimiento de la menor. Ante la inobservancia o desconocimiento que se trataba de un embarazo de alto riesgo. Se incurre en una clara pretermisión de los deberes inherentes a una correcta prestación del servicio médico asistencial, que no es ninguna dádiva, sino por el contrario, un derecho incuestionable dentro de la concepción de un Estado Social de Derecho. Reconocimiento del daño a la vida en relación.

Cláusula general de competencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el criterio orgánico establecido en la Ley 1107 de 2006. Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad hospitalaria por falla del servicio médico. Naturaleza jurídica del Instituto de los Seguros Sociales.

Si bien en principio, la salud es un derecho social, lo cierto es que, cuando se trata de menores de edad y en los eventos en que se torna en una extensión del derecho a la vida, la salud adquiere el carácter de fundamental. Falla del servicio médico. En este caso, si bien se demostró el daño, consistente en la muerte de la menor, también se acreditó la pericia, diligencia y cuidado en la prestación del servicio médico, de acuerdo con las obligaciones que le eran exigibles a la entidad de salud. Cabe precisar que en los casos en que se debate la responsabilidad del Estado por una presunta falla médica, deben evaluarse las circunstancias y el momento en que se empieza a tratar el paciente, el cuadro que presenta y las obligaciones exigibles al momento de la atención.

Carga de la prueba en falla del servicio de salud. Noción y oportunidad del litisconsorcio necesario. En aquellos casos en los cuales se logre establecer que un menor de edad lesionado presentó como secuelas una disminución que posteriormente llegaría a afectar su capacidad laboral en determinado porcentaje, se debe reconocer la indemnización correspondiente al perjuicio material que dicho daño ocasionaría en el futuro, esto es cuando aquel estuviere en edad legal suficiente para ejercer una actividad productiva. Noción del perjuicio fisiológico.

El diagnóstico del SIDA corresponde a un acto propio de la medicina, mientras que las pruebas de laboratorio son de apoyo de ese acto médico, pero no las pruebas conclusivas del diagnóstico de la enfermedad. No desconoce la Sala el dolor moral que debieron sufrir tanto el paciente como su madre y hermanas por la enfermedad y muerte del señor Eduardo Villegas Calle, acrecentado por la connotación de "enfermedad cultural" del SIDA, por lo que resulta comprensible que ese diagnóstico generara para ellos una actitud de rechazo razonable, y que insistieran en su exigencia de que el diagnóstico fuera indubitable, en tanto estuviera confirmado con las pruebas de laboratorio. Sin embargo, a juicio de la Sala, la ausencia de dicha confirmación no puede calificarse como una falla en la prestación del servicio médico, dado que, como se expuso, el resultado negativo de la prueba tenía su justificación científica y lo relevante era el criterio del médico, que en este caso fue unánime entre los especialistas, en razón de las graves manifestaciones clínicas de la enfermedad.

La empresa promotora de salud, al margen del servicio que presta, se trata de una entidad descentralizada por servicios que integra la administración pública, y en ese sentido, la competencia para conocer de los procesos de reparación directa para endilgar la responsabilidad de las entidades públicas -de cualquier orden- que prestan los servicios de salud, en las cuales se juzga la responsabilidad patrimonial por la prestación del servicio médico - hospitalario, corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Evolución jurisprudencia respecto de la responsabilidad médico asistencial. Naturaleza y valor probatorio de la historia clínica. Falta de diligencia y cuidado que se registró en la preparación de la paciente para la cirugía a la cual habría de sometérsele, especialmente en cuanto atañe a la práctica de los exámenes pre-anestésicos de rigor y a la puesta a disposición de los mismos a los médicos que practicaron la intervención quirúrgica, quienes carecían de la información mínima imperativa que debía obrar en la respectiva historia clínica con el propósito de contar con todos los elementos de juicio necesarios para evitar, al máximo posible, cualquier tipo de compromiso previsible para la salud de la paciente.

Naturaleza y características de la historia clínica. Falla en el servicio médico. El hecho de tomarse la actividad de diagnóstico médico a la ligera, olvidando prácticas elementales, es lo que en más de una oportunidad ha llevado a una condena por daños y perjuicios. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha explicado en qué consiste la falla en el servicio médico con ocasión de un diagnóstico al decir que "lo que debe evaluarse, en cada caso, es si se utilizaron todos los recursos, esto es, si se practicaron los procedimientos adecuados para llegar a un diagnóstico acertado. Al médico no le es cuestionable el error en sí mismo, sino el comportamiento inexcusable que lo llevó a cometerlo. La ausencia de diagnóstico y tratamiento oportunos, constituye una clara falla del servicio. Existencia de un nexo de causalidad directo e indiscutible entre la falla en el servicio médico consistente en el diagnóstico incompleto o errado y el daño Si bien no se puede garantizar que de haberse prestado la atención médica adecuada al paciente, éste no habría fallecido, sí se puede afirmar, que el diagnóstico incompleto o errado constituyó una falla del servicio y contribuyó al empeoramiento del paciente y a su deceso. La entidad demandada, a pesar de que tuvo la oportunidad de intervenir y de cumplir con sus obligaciones de proveer atención médica, con su indebida atención del paciente y, con su tremenda omisión respecto de la neumonía, hizo todo lo contrario: posibilitó que la enfermedad siguiera su curso hasta llegar a la muerte.

Oportunidad para solicitar la ampliación del dictamen pericial. Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad hospitalaria por falla del servicio médico. Concepto de fuerza mayor como causal eximente de imputación. La consecuencia del fallecimiento se presenta, claramente, como un típico evento de fuerza mayor, ya que resultó imprevisible e irresistible para el conjunto de personas vinculadas al servicio médico del Hospital. El deceso se puede enmarcar dentro de los casos de muerte súbita y, por consiguiente, no es imputable a una determinada acción u omisión de los agentes de la administración que lo atendieron en el Hospital.

Ese derecho a la prestación del servicio de atención en salud ostenta una dimensión programática: su plena garantía constituye, más que una realidad actual, un objetivo político y un compromiso derivado de la estructura del Estado Social de Derecho. Es un propósito del Estado por el cual éste busca totalizar la efectiva atención de los usuarios, de acuerdo con las posibilidades técnicas, económicas, geográficas e históricas de la realidad nacional. El servicio médico debe prestarse diligentemente, con el concurso de todos los medios humanos, técnicos, farmacéuticos, científicos, etc., entre otras razones, porque la dignidad de la persona humana exige que al paciente se le preste la condigna atención. Naturaleza de la historia clínica. Noción y naturaleza del consentimiento informado del paciente. Noción de alteración de las condiciones de la existencia. Rectificación jurisprudencial respecto de la liquidación del lucro cesante.

Valor probatorio de la copia simple aportada por la parte contra quien se opone. Elementos y prueba de la responsabilidad médica. Falla del servicio médico. Concausa del daño entre entidad hospitalaria y paciente.

Generalidades de la conciliación y requisitos para la aprobación del acuerdo conciliatorio. Presunción de la falla médica.

¿Las lesiones que sufre un paciente al caer de una camilla, cuando se encontraba en la sala de yesos de un hospital se pueden reclamar por acción de reparación directa? Acción de reparación directa - Término de caducidad. Falla del servicio médico. Estado - Responsabilidad patrimonial. Proceso de reparación directa - Conciliación judicial

Jurisdicción competente el responsabilidad médico hospitalaria. Falla del servicio médico. Principio de improrrogabilidad de la competencia. Principio de confianza legítima. Daño antijurídico.

Legitimación en la causa por pasiva en materia de responsabilidad médico hospitalaria. En cada caso concreto, deberá existir certeza en relación con la persona jurídica que prestó el servicio, su nivel de complejidad, competencias, limitaciones y obligaciones.

Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la responsabilidad médico hospitalaria. Principio de especialidad. Principio de improrrogabilidad de la competencia. Inoponibilidad a terceros de la cláusula de exoneración de responsabilidad. Falla en el servicio médico por omisión en el deber de vigilancia. Lucro cesante de un ama de casa. Requisitos para la prosperidad del llamamiento en garantía.

Falla del servicios médico quirúrgico. Valoración previa a la intervención quirúrgica. Características del consentimiento informado. Responsabilidad personal del agente.

Para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifiquen en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativamente de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar ese perjuicio, se requiere que el mismo tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece. Acción de reparación directa. Daño moral. Daño material. Responsabilidad médica

Falla del servicio médico de anestesiología. Protocolos para anestesiología.

La cuantía de un proceso se determina por la mayor condena impuesta? Proceso de reparación directa - Cuantía

Generalidades de la conciliación. Requisitos para la aprobación del acuerdo conciliatorio. En materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso.

Jurisdicción competente en caso de responsabilidad médica. La pretensión de perjuicios morales presentada por el padre, no prospera cuando se evidencia la orfandad económica, espiritual y afectiva en que mantuvo a su hijo. Principio de confianza legítima. Responsabilidad solidaria. Daño a la vida en relación por ceguera producida en un menor por haberle suministrado gotas de formol en los ojos.

El juez no está atado a la concepción del perito; su deber es someterla a un concienzudo examen y sólo deberá aceptarla si lo convence plenamente". Instituto de Seguros Sociales - Responsabilidad médica. Proceso de responsabilidad médica - Régimen probatorio. Consejo de Estado - Competencia en materia de ISS. Prestación de servicios de salud. Acción de reparación directa - Término de prescripción. Falla del servicio médico. Consentimiento informado del paciente

Se radicó en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria Laboral el conocimiento de todo lo relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral, concretamente en cuanto se refiere a las posibles controversias que se presenten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Jurisdicción laboral - Competencia. Responsabilidad médica. Responsabilidad hospitalaria. Sistema de Seguridad Social Integral - Solución de controversias. Falla en la prestación de servicio médico. Servicio público de salud. Acción de reparación directa - Término de caducidad. Proceso de reparación direca - Culpa de la víctima

¿En materia de lo contencioso administrativo el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud deberá hacerse por medio de abogado titulado quien deberá concurrir, en todo caso, a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación?¿Es una constante que en los pacientes diabéticos se tenga que acudir a amputaciones por infecciones y gangrenas causados por trastornos circulatorios con el fin de evitar la muerte del paciente? Acción de reparación directa - Término de caducidad. Conciliación. Instituto de Seguros Sociales - Responsabilidad médica

¿La demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial es carga de la parte demandante, a menos que aquélla resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne excesiva? Acción de reparación directa. Proceso de reparación directa - Competencia por cuantía. Responsabilidad patrimonial del Estado. Falla del servicio médico asistencial. Responsabilidad médica. Principio de las cargas probatorias dinámicas

Se trata de definir un recurso de apelación contra demanda que deniega las pretensiones de una acción de reparación directa contra la Nación, cuando a una ciudadana le aplicaron sangre contaminada de SIDA a raíz de una transfusión de sangre efectuada en una clínica privada. La sangre utilizada por la Clínica fue suministrada por un laboratorio que había obtenido la licencia de la Secretaría de Salud correspondiente. Adicionalmente esta sangre tenía el sello nacional de calidad de sangre ordenado por un programa oficial de prevención y lucha contra el SIDA. Acción de reparación directa - Término de caducidad. . Responsabilidad del Estado - Falla del servicio. Inactividad material y formal de la administración. Daño material. Daño moral. Ministerio de Salud - Competencia respecto de bancos de sangre. Donación de sangre - Régimen aplicable

¿Dejar un fragmento de aguja quirúrgica, en el organismo de un paciente, genera responsabilidad por falla del servicio y conlleva a la indemnización de perjuicios? Estado - Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad médica. Instituto de Seguros Sociales - Responsabilidad por falla del servicio. Convenios con otras entidades prestadoras del servicio de salud. Accidentes quirúrgicos. Profamilia - Responsabilidad por falla del servicio. Convenio de prestación de servicios de salud con el I.S.S. Accidentes quirúrgicos. Proceso contenciosos de responsabilidad - Principio de la no reformatio in pejus. Valoración de los perjuicios causados por agentes del Estado

ISS - Controversias por falla del servicio médico son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No aplica criterio de que corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria por tratarse de una diferencia surgida entre "...las entidades públicas y privadas, del régimen de seguridad social integral y sus afiliados. Errónea interpretación de la Ley 362 de 1997 (Modificatoria del Artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

Falla del servicio médico. Error en el diagnóstico - Error médico en diagnostico. Responsabilidad administrativa del ISS. Reconocimiento de perjuicios morales y de daño

Falla en atención médica. Reconocimientos de perjuicios. Responsabilidad administrativa entidad médica

Perjuicios materiales; deducción del 50 o\o como gastos de manutención cuando no existen hijos. Ingresos, presunción judicial del salario mínimo

Falla del servicio medico asistencial. Ahorcamiento de menor con trastornos mentales en centro asistencial

Responsabilidad del estado por la prestación del servicio de salud. La atención médica y hospitalaria frente a complicaciones post quirúrgicas, la atención fue inadecuada y colocó en estado crítico la salud del menor

Falla del servicio médico. Negligencia. Falta de atención oportuna. Reconocimientos de perjuicios. Responsabilidad administrativa entidad médica

Falla del servicio médico asistencial. Lesión producida en intervención quirúrgica. Responsabilidad administrativa del ISS. Reconocimiento de perjuicios morales y de daño

Servicio médico asistencial, responsabilidad del Estado

Falla del servicio médico, evolución jurisprudencial; error en el diagnóstico, inexistencia; prueba de la falla médica y de la relación causal

Omisión de hospitalización - Llamamiento en garantía a IPS

Error en el diagnóstico de tuberculosis - Monto por lesiones corporales

Responsabilidad del estado por la prestación del servicio de salud

Falla del servicio medico asistencial. Inexistencia de pruebas sobre la responsabilidad de la entidad demandada en cirugía de catarata en los ojos

Reparación directa - Caducidad de la acción

Responsabilidad médica, aspectos probatorios

Falla del servicio médico

Responsabilidad del Estado por falla en el servicio médico

Responsabilidad médica, evolución jurisprudencial

Reparación directa - Falla en el servicio de salud

Responsabilidad por no suministro de medicamentos en oportunidad

Responsabilidad por perdida anatómica del órgano

Traslado de pruebas - Requisitos - Inobservancia - Efectos

Responsabilidad extracontractual del estado. Servicio público de asistencia social

Deberes y obligaciones de los médicos

Responsabilidad médica, elementos de la responsabilidad

Atención inadecuada - No práctica de tratamiento de diálisis

Ambulancia - Atropellamiento de peaton

Responsabilidad médica - Carga de la prueba

Recién nacido, rapto - Responsabilidad de Hospital Público

Responsabilidad médica, responsabilidad estatal, inexistencia

Responsabilidad médica, carga de la prueba - Falla del servicio

Responsabilidad médica, cesarea, dejan compresa en el vientre

ISS, ineficiencia en la prestación de servicios administrativos

Responsabilidad médica, instituciones privadas, competencia