¿La Contraloría Departamental accionada vulneró el derecho al debido proceso del actor, al no habérsele nombrado defensor de oficio después de que se dictó en su contra auto de imputación de cargos dentro de un procedimiento de responsabilidad fiscal? Negada. Artículos 42 y 43 de la Ley 610 de 2002 . El carácter facultativo de la defensa técnica no puede mantenerse durante todas las etapas del proceso; por lo que después de proferido el auto de imputación de cargos, se debe entender que la expectativa de afectación del imputado es tal que resultaría desproporcionado que enfrentara el proceso sin defensa jurídica técnica. Sin embargo, esto no significa que en todos los casos se genere la obligación del ente de control fiscal de designar defensor de oficio en supuestos distintos al del artículo 43 de la misma ley 610 de 2000, según el cual si el implicado no puede ser localizado o citado o no comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del proceso. Dicha obligación resulta una carga en principio del imputado y no de la administración - [Resumen automatizado: Alega que por lo anterior, le fue vulnerado su derecho al debido proceso, e interpone acción de tutela y solicita que sea anulado el proceso desde el auto de imputación de cargos, con base en que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que en desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal, la implementación de la defensa técnica no puede ser de carácter facultativo después de dictado el auto de imputación de cargos, sino que resulta obligatoria (C-131 de 2002). || Mientras que el juez de segunda instancia revocó el fallo anterior y concedió el amparo, declarando la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal en lo que al actor corresponde, bajo el argumento de que la jurisprudencia de la Corte (fundamento jurídico número 10 de la sentencia C-131 de 2002) ha señalado claramente que es obligatoria la defensa técnica en los procesos de responsabilidad fiscal, luego de dictado el auto de imputación de cargos. || 3.- De conformidad con lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión, determinar si se ha vulnerado el derecho al debido proceso del señor Jhon Harold Alape Orozco, al no habérsele nombrado defensor de oficio después de que se dictó en su contra auto de imputación de cargos dentro de un procedimiento de responsabilidad fiscal, en observación del criterio jurisprudencial en dicho sentido establecido en sentencia C-131 de 2002.] - [Palabras claves: fiscal, proceso, auto, tutela, defensa, responsabilidad, imputación, mediante, cargos, no, técnica, puede]

Tutela contra providencia judicial. Vía de hecho. Proceso de responsabilidad fiscal a título de culpa leve, fallo no tuvo en cuenta la inexequibilidad declarada por la sentencia C-619-02 sobre el artículo 53 de la ley 610 de 2000 que surte efectos erga omnes. En segunda instancia se cambia la gradualidad de la pena de leve a grave - violación al principio de reformatio in pejus. Concedida - [Resumen automatizado: La vía de hecho consistente en el desconocimiento de lo resuelto en la sentencia C-619 de 2002 que surte efectos erga omnes, implica, por lo expuesto la violación del principio de reformatio in pejus consagrado constitucionalmente y hace procedente el amparo solicitado, en el sentido de decretar la nulidad del fallo 002 de enero 14 de 2003, por medio del cual se decidió en primera instancia el proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del demandante, debido a que la garantía constitucional que prohíbe la reformatio in pejus, cuando se trata de apelante único, no admite excepciones, pues sólo así se garantiza la efectividad del artículo 31 de la Carta y del principio de certeza jurídica en el fallo. || No puede aducirse para mantener la decisión de la Contraloría General de Antioquia en el proceso de responsabilidad fiscal de que se trata que existen otros mecanismos de defensa judicial, pues la vía de hecho consistente en el desconocimiento de lo resuelto en la sentencia C-619 de 2002 que surte efectos erga omnes, implica, por lo expuesto la violación del principio de reformatio in pejus consagrado constitucionalmente y hace procedente el amparo solicitado, en el sentido de decretar la nulidad del fallo 002 de enero 14 de 2003, por medio del cual se decidió en primera instancia el proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del señor Tobón Orrego, debido a que la garantía constitucional que prohíbe la reformatio in pejus, cuando se trata de apelante único, no admite excepciones, pues sólo así se garantiza la efectividad del artículo 31 de la Carta y del principio de certeza jurídica en el fallo.] - [Palabras claves: responsabilidad, fiscal, proceso, culpa, pues, sentencia, corte, ley, acción, actor, decisión, principio, contraloría, fallo, patrimonial]

Tutela como mecanismo transitorio. Proceso de responsabilidad fiscal. Negada - [Resumen automatizado: No puede pensarse que se estaría ante un caso de tutela como mecanismo transitorio por dos razones: i) está demostrado que no existe el perjuicio irremediable porque el proceso ejecutivo está suspendido hasta tanto no decida la jurisdicción contenciosa; ii) el hecho de que el tutelante presente la acción casi tres años después de proferidos los actos administrativos y dos después de instaurar la acción de nulidad, es un indicio de comportamiento que demuestra que ocurrido el hecho objeto de la tutela no era impostergable ésta porque de lo contrario, la hubiere presentado con anterioridad.] - [Palabras claves: tutela, acción, perjuicio, mecanismo, transitorio, contraloría, judicial, civil, tribunal, corte, proceso, sala, puede]

Debido proceso - Responsabilidad fiscal - Inclusión en Boletín de responsables fiscales. Existencia de mecanismo de nulidad y reestablecimiento del derecho. Tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable - demostración del perjuicio. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente || Reseña el peticionario que el 5 de enero de 1999 presentó recurso de reposición contra el auto 031 de 1998 (que dispuso el cierre y calificación de la investigación y abrió juicio fiscal en su contra), por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, obteniendo respuesta solamente 2 años y 8 meses después, previo el fallo de una tutela en el que no se accedió a las peticiones del recurso en los términos planteados. || En razón de lo anterior, el demandante solicita que se anule toda la actuación surtida desde el auto de apertura de investigación fiscal, o que en su defecto se ordene la suspensión del fallo proferido, con el fin de presentar dentro de los 4 meses siguientes a la sentencia de tutela, demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || A juicio de esa Corporación, el señor Rendón López contó con otro mecanismo de defensa judicial para cuestionar tanto el fallo de responsabilidad fiscal, como el auto que resolvió los recursos interpuestos, concretamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.] - [Palabras claves: fiscal, responsabilidad, tutela, fallo, auto, acción, derechos, contraloría, proceso, general, mecanismo, corte, debido]

Efectos hacia futuro de los fallos de control de constitucionalidad, momento a partir del cual se producen los efectos (a partir del día siguiente de la fecha de la sentencia, es decir de aquella en que la Sala Plena de la Corte tomó la decisión) - [Resumen automatizado: El de igualdad, porque los supuestos fácticos y jurídicos de los casos referidos por los actores son diferentes al punto que en ellos no han prosperado las tutelas interpuestas con la finalidad de suspenderlos; el debido proceso, porque los fenecimientos tácitos tienen fundamento legal y han sido admitidos por la Corte Constitucional y la honra y el buen nombre, el trabajo, los derechos políticos y la propiedad, porque la afección que sobre ellos pueda presentarse es una consecuencia de la declaratoria de responsabilidad fiscal. || En suma, con base en las circunstancias que hasta este momento se han examinado no había lugar a conceder el amparo constitucional invocado por los actores, como bien lo consideraron los jueces de instancia, pues en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra ellos no se vulneraron sus derechos fundamentales. || La Contraloría de Cundinamarca manifiesta que la Sentencia C-619, pese a haber sido proferida el 8 de agosto de 2002, fue publicada por la Secretaría de la Corporación en el mes de noviembre de ese año y que por éste motivo no le dio aplicación en el proceso promovido contra los actores, optando, en lugar de ello, por confirmar, mediante resolución del 11 de septiembre de 2002, la declaratoria de responsabilidad fiscal de primera instancia.] - [Palabras claves: fiscal, responsabilidad, proceso, constitucional, si, fallo, derechos, actores, efectos, protección, pues, término, fecha]

Naturaleza jurídica del proceso de responsabilidad fiscal. Caducidad de la acción, derecho al debido proceso - [Resumen automatizado: Dentro del expediente objeto de la investigación fiscal, se citaron los conceptos rendidos por los Magistrados Javier Henao Hidrón y Roberto Suárez Franco, miembros de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quienes indicaron que efectivamente el término para que operara la caducidad de la Acción Fiscal era de dos (2) años, de conformidad con lo estipulado por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma a la cual se acude dado el vacío de norma expresa sobre el particular en la Ley 42 de 1993, y por expresa remisión de esta última a las normas del C.C.A. y del C.P.P., según el caso. || Este argumento halló justificación en la interpretación y aplicación que se hiciera del artículo 89 de la ley 42 de 1993, el cual de manera expresa señaló que "en los aspectos no previstos en este capítulo se aplicarán las disposiciones contenidas en el código contencioso administrativo o de procedimiento penal, según el caso."[2] De esta manera, se precisó que la acción fiscal podía iniciarse dentro de los dos (2) años siguientes al acaecimiento de los hechos, de la omisión u operación administrativa.] - [Palabras claves: fiscal, caducidad, acción, proceso, término, responsabilidad, contraloría, si, años, debe, bogotá]