Se condena al Estado por la muerte de niño que cayó en una alcantarilla cuando montaba bicicleta y uno de los obreros de la construcción que trató de salvarlo, pero ambos fallecieron por la inhalación de gases tóxicos. Los municipios tienen a su cargo la vigilancia y control de las actividades de construcción de acuerdo con el artículo 313.7 de la C. Política. Los consejos municipales deben definir la estancia administrativa encargada de vigilar y controlar las actividades de construcción, artículo 109 de la Ley 388 de 1997. La omisión de la designación de dicha entidad no releva al municipio de la obligación constitucional y legal de vigilar y controlar las obras que se desarrollen en su jurisdicción. El artículo 104 de la Ley 80 de 1993 otorga a los alcaldes municipales la competencia para sancionar el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas, como herramienta para garantizar el cumplimiento de las normas de construcción. Cuando se presente un daño como resultado de un incumplimiento de los deberes de licenciamiento, vigilancia y control de las actividades de construcción, el municipio tiene la obligación de indemnizar. Los municipios son responsables por las actividades sometidas a licencias de construcción hasta la conclusión de la obra, siempre y cuando los daños creados sean o debieran ser conocidos por la entidad

Muerte de menor con falla en calentador de gas en su residencia - Demanda de reparación directa contra la Nación-SIC, Gas Natural S.A \ Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de los litigios generados por la actividad de una sociedad anónima prestadora de servicios públicos cuyo grado de participación estatal se desconoce\ La responsabilidad de las superintendencias por el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que les son asignadas, se compromete por la vía del régimen subjetivo de responsabilidad edificado sobre la falla del servicio. Lo anterior por cuanto el propósito de dichas funciones es procurar que ciertos campos de actividad, relevantes para garantizar el cumplimiento de los cometidos estatales constitucionalmente consagrados y dirigidos básicamente a la satisfacción del interés general, se ajusten a las disposiciones que los rigen y se orienten, efectivamente, a la realización de sus fines, para lo cual las entidades que las ejercen tienen obligaciones de medio, pero no de resultado. Así pues, para que las superintendencias demandadas puedan ser declaradas responsables por el daño acreditado en el sub examine se requiere acreditar que, por acción o por omisión, incurrieron en fallas en el servicio de inspección, vigilancia y control que tenían a su cargo y que, de no haber incurrido en dichas fallas, dicho daño no se hubiere producido\ Falla contra Gas Natural por incumplir marco normativo de la instalación y revisión del servicio de gas natural

¿El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES son responsables por incumplir con el deber constitucional y legal de inspección y vigilancia sobre un programa académico ofertado por una Universidad sin la observancia de los requisitos legales? Es claro entonces que tanto el ICFES como el Ministerio de Educación Nacional, incumplieron sus obligaciones de vigilancia y control propiciando que la Universidad Antonio Nariño incumpliera las normas de educación superior, en detrimento de los derechos de las estudiantes inscritas en dicho programa, quiénes luego de haber cursado todos los semestres se vieron en la imposibilidad de obtener el título profesional ofrecido, todo lo cual configura una falla en el servicio imputable a dichos entes estatales. También debe resaltarse que, aunque las falencias hasta este punto resaltadas son predicables de la actividad o inactividad del ICFES como institución encargada de efectuar el registro del programa académico en el sistema SNIES, ello no salva la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, pues la constitución, la ley y los decretos atribuyen a este último la función de ejercer la suprema inspección y vigilancia de la calidad de la educación superior, y en el proceso no se observa que la mencionada entidad haya efectuado gestión alguna con miras a controlar o impedir que la Universidad Antonio Nariño ofertara y desarrollara varios programas sin el correspondiente registro ante el ICFES, entre ellos el denominado programa de "terapia de cuidados paliativos"

Se llama la atención a los municipios del país para que ejerzan control y vigilancia de rifas y juegos de suerte y azar en su jurisdicción - Si bien la Sala no se adentrará con mayor detalle en la conducta de la administración porque, en todo caso, el daño ha cesado con el pago de lo debido -y así desaparece el primer elemento de la responsabilidad del Estado-, sí desea llamar la atención al Municipio de Nobsa en el sentido de recordar que a todos los Municipios del país les corresponde el control y la vigilancia de las rifas y los demás juegos de suerte y azar que se organicen en sus respectivas jurisdicciones. En el cumplimiento de esta función deben siempre revisar que se satisfagan los requisitos legales de la autorización para la realización de tales juegos, el pago de derechos de explotación de los mismos, la suscripción de las garantías respectivas y, en general, todas las reglas previstas hoy en el Decreto 1968 de 2001, que reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001, "por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar"

¿Se configura falla en el servicio por omisión en cabeza del Estado por no realizar la vigilancia y el control estatal sobre las actividades de una urbanizadora registrada como tal ante la Superintendencia Bancaria? - Sí, mediante el Decreto 78 de 1987, artículo 1º, se asignó a las entidades territoriales las funciones de intervención que ejercía entonces la Superintendencia Bancaria, funciones que debían desarrollar en los mismos términos de la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979. Así, las entidades territoriales ejercerían, entre otras, las funciones de llevar el registro de las personas dedicadas a las actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y otorgar los permisos correspondientes para anunciar y desarrollar tales actividades. Así como "entre otras facultades, la de examinar los negocios de las entidades bajo su control por los medios y sistemas que juzgara más convenientes, para cerciorarse de que estaban funcionando de conformidad con las disposiciones legales vigentes, por así disponerlo de manera expresa el literal c) del artículo 35 de la ley 66 de 1968. Esta normatividad otorgó competencia a las entidades territoriales para imponer sanciones en procura de impedir que se desarrollen proyectos de urbanización que no cumplan con las anteriores disposiciones legales. Las sanciones a las que se hace alusión, encuentran su fundamento en la necesidad de protección de la comunidad, que puede ser afectada, como en incontables ocasiones lo ha sido, por personas inescrupulosas que, so pretexto de adelantar programas de vivienda, recaudan, sin ningún control y de manera masiva, grandes sumas de dinero, generalmente aportadas por quienes, de buena fe, pretenden solucionar sus necesidades de vivienda. Así, en el caso en concreto, para la Sala no queda duda en cuanto a que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla incurrió en una omisión por no adoptar las medidas preventivas y sancionatorias que el marco legal en cita le imponía, toda vez que dentro del contenido obligacional que se denuncia como incumplido, aparecía contemplada una obligación de inspección oficiosa a los negocios de las entidades sometidas a su registro para cerciorarse de que estaban funcionando de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el cual, además estaba obligado en el caso de que estas se contravinieran, a ejercer su facultad sancionadora

Es responsable patrimonialmente tanto la autoridad competente que otorga el permiso como el tenedor del animal fiero que lo utiliza como espectáculo público en caso de accidente - Con el fin de obtener permiso para la promoción de un espectáculo público con animales fieros, el interesado debe presentar la respectiva solicitud cumpliendo con los requisitos enlistados en la norma, dentro de los cuales está la obligación de describir la clase de espectáculo que se pretende difundir. Radicada la solicitud, será inmediatamente devuelta en caso de hallarse incompleta, situación en la que la autoridad deberá indicar los requisitos que faltan por cumplir de manera tal que pueda ajustarse la solicitud y otorgarse el correspondiente permiso, previa liquidación de los impuestos debidos, de esta forma, la autoridad competente tiene el deber de protección, vigilancia y la obligación de asegurar que los eventos abiertos al público no pongan en riesgo a sus asistentes, obligándose a ser en extremo riguroso al momento de otorgar el permiso de funcionamiento

¿Se configura una violación flagrante a los derechos de los niños cuando la actuación negligente de una entidad estatal como la Policía Nacional no permite garantizar un goce sano del espacio, seguridad y tranquilidad públicos al permitir el funcionamiento de un establecimiento en el que se expenden bebidas alcohólicas y se departe hasta altas horas de la noche? Sí, no puede resultar ajena a la acción popular e indiferente o discrecional para el juez al que se le ha encomendado la eficacia de este mecanismo, la protección prevalente que la normatividad supranacional y nacional demanda para los derechos colectivos al uso del espacio, la seguridad, la tranquilidad públicos y al ambiente sano, en todas las dimensiones relacionadas con el descanso, la recreación, el juego y las demás manifestaciones culturales, residenciales y escolares, en cuanto su goce interesa a los menores de edad. En ese orden, considera la Sala que, contrario a las razones en que la recurrente apoya la alzada, las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional son ineficaces para proteger los derechos colectivos en la dimensión de las comunidades residencial y escolar de los menores de edad afectados, como se ha establecido en el sub lite, razón por la que, lejos del fallo desestimatorio solicitado, lo procedente tiene que ver con la complementación de las medidas adoptadas por el tribunal a quo, de cara a la protección efectiva de los intereses que le asisten a la comunidad de niños del barrio El Cristal y que vienen siendo vulnerados por el anormal funcionamiento del Estadero Tragos y Sabor y las omisiones de las autoridades locales de policía. Es que no encuentra la Sala razón alguna que le permita afirmar que esta comunidad de menores de edad efectivamente goza de un ambiente sano y de tranquilidad, en las condiciones de violación de los niveles del ruido máximo permitido, durante el funcionamiento diario del Estadero Tragos y Sabor, que se mantiene desde las 10:00 a. m. hasta pasadas las 11:00 p. m., aunadas a la afectación de los derechos colectivos al goce del espacio, la salubridad, la seguridad públicos que se ha acreditado en este proceso