El Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Salud no está obligado a reparar el supuesto daño causado por el pago de un impuesto a la importación de medicamentos que fue declarado nulo. A través de dos resoluciones en el 2000 y en el 2003, se estableció que importadores de medicamentos y materias primas de control especial estaban obligados a pagar un tributo del 20 % sobre su valor. El 24 de julio del 2008 el Consejo de Estado declaró la nulidad de estas disposiciones, la sociedad comercial Grunenthal Colombiana S.A. interpuso una demanda de reparación directa, con el fin de obtener un resarcimiento. El Consejo de Estado ratificó la decisión. Sostuvo que, una vez surgida la nulidad del cobro del impuesto, la sociedad demandante ha debido acudir al Ministerio de la Protección Social para solicitar la devolución del pago de lo no debido. Dado que no hay constancia de que el demandante hubiera acudido a este mecanismo y tampoco el que la entidad le hubiera negado dicho reconocimiento, no existe certeza sobre la ocurrencia de un daño que hubiese lugar a reparar

El Consejo de Estado condenó en costas al Banco Colpatria, al considerar que actuó de forma negligente al presentar una nueva demanda tendiente a obtener una reparación del Banco de la República y el Congreso por los daños ocasionados por la eliminación del UPAC, pese a que ya existe un proceso que busca ese mismo propósito. La entidad financiera deberá asumir los costos en los que debió incurrir la parte demandada por cuenta de este nuevo proceso, además obliga a la jurisdicción contenciosa administrativa a no pronunciarse sobre las pretensiones de esta demanda. El cambio de reglas en la liquidación de los créditos hipotecarios obligó a las corporaciones financieras a alterar las cláusulas que ya habían sido pactadas con los deudores, llevándolas a reliquidar esos compromisos y, según Colpatria, a tener que condonar intereses moratorios. Para esta entidad financiera, ello produjo una expropiación alrededor de un derecho adquirido en los contratos celebrados con los usuarios del sistema de crédito hipotecario y, en general, una merma en su patrimonio que debía ser reparada por el Estado. El Consejo de Estado estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no debe pronunciarse sobre ellas y que, al contrario, la accionante debe ser condenada en costas, es decir que debe asumir los costos originados por este nuevo proceso

¿La expedición de la Ley 335 de 1996 vulneró las expectativas legitimas de los concesionarios de espacios televisivos al modificar intempestivamente su derecho a ser evaluados y la oportunidad de prórroga de sus contratos? – No, el Consejo de Estado considera que no existió la creación de una base objetiva de confianza por parte del legislador que suscitará idóneamente una expectativa legítima para los concesionarios de espacios televisivos, pues en realidad se configuró una mera expectativa sin la capacidad suficiente para generar un daño antijurídico susceptible de ser reparado

Responsabilidad patrimonial del estado por efectos de ley declarada inexequible. Determinación y delimitación del daño antijurídico. Daño antijurídico. Se confirma fallo que declaró patrimonialmente responsable al Congreso de la República por los daños derivados de la expedición de los artículos 56 y 57 de la ley 633 de 2000, en virtud de los cuales se creó y reguló la Tasa Especial por Servicios Aduaneros- TESA- y que posteriormente fueron declarados inexequible mediante la sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001. Responsabilidad patrimonial del Estado- Legislador. El Estado podría responder por los daños causados en el ejercicio de su competencia reguladora, bien sea cuando éstos se deriven de la expedición de una norma ajustada al ordenamiento superior, siempre y cuando quien lo padece no tenía en principio por qué sufrirlos; o todo lo contrario, cuando se origine en una disposición que es declarada nula o inexequible según el caso, advirtiendo que en el primer evento, el daño será imputable a título de daño especial y en el segundo, de falla en el servicio. La Corte Constitucional se basó en el principio de seguridad jurídica para justificar el hecho de que las sentencias de constitucionalidad sólo puedan tener efectos hacia el futuro. Sobre el particular, considera la Sala que pese a ser ello cierto, no obsta para que pueda accederse a la reparación del perjuicio, toda vez que una cosa es la intangibilidad de la situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad y otra muy diferente, es el deber que tiene el legislador de reparar el daño que ha causado con su actuación; se trata de situaciones jurídicas autónomas e independientes entre sí. De ello se sigue una consecuencia lógica, y es que el daño no es imputable a quien ejecutó la ley, sino a quien la creó. En ese orden de ideas, se tiene que la prevención a aceptar la responsabilidad del Estado- legislador en estos eventos, obedece a una interpretación equivocada del artículo 45, que confunde la intangibilidad de la cosa juzgada, con la imposibilidad de reparar los perjuicios, cuando en realidad estas figuras no son excluyentes entre sí

¿Precede la Acción de Reparación Directa para reclamar la indemnización de perjuicios materiales, morales y a la vida de relación causados a una trabajadora oficial con ocasión de la expedición del Decreto 1065 de 1999 que ordenó la disolución y liquidación de la entidad pública a la cual estaba vinculada, decreto declarado inexequible por la Corte Constitucional, con efectos retroactivos? Teniendo en cuenta que la controversia planteada no deviene de una relación laboral, sino del presunto daño antijurídico causado por los entes demandados es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y no de la jurisdicción laboral y la acción es la adecuada. Sin embargo, al momento de su retiro del servicio, la actora -en tanto no pudo acogerse el plan de retiro voluntario- recibió una bonificación equivalente al valor de la indemnización correspondiente por despido injustificado. Por ello, no puede afirmarse válidamente que persiste un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado puesto que, en este caso la administración ya adoptó medidas tendientes a compensar o indemnizar la afectación sufrida por la actora \Daño ocasionado por la expedición de decretos con fuerza material del ley declarados inexequibles por la Corte Constitucional \Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador - en qué casos y bajo qué condiciones cabe declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador y, concretamente, por la expedición y aplicación de leyes que luego son declaradas inexequibles por la Corte Constitucional \La representación judicial de la Nación en los procesos contencioso administrativos solo puede recaer sobre el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando la controversia versa sobre actos administrativos que han sido suscritos exclusivamente por el Presidente, pues de lo contrario, serán los ministros o directores de los departamentos administrativos, según el caso, los llamados a ejercer esta labor

¿Se configura responsabilidad del Estado en cabeza del legislador cuando una norma que es declarada inexequible le ocasiona perjuicios a un ciudadano? Sí, pero debe probarse dicho daño. La regla general es que las decisiones sobre el control de constitucionalidad tienen efectos ex nunc, esto es, que tienen aplicación inmediata, hacia el futuro y vinculantes para todas las situaciones jurídicas originadas en el pasado y en curso, a menos que la misma Corte "de manera expresa" resuelva lo contrario, es decir, considere dar efectos retroactivos a las sentencias de constitucionalidad. Razón por la cual es inviable tipificar los eventos en los cuales hay lugar a la responsabilidad del Estado Legislador, puesto que la responsabilidad patrimonial del Estado y el artículo 90 no excluyen ningún evento o autoridad pública como causante o agente del daño, pues si así fuera, se suprimiría el derecho a la indemnización de todas las víctimas de hechos imputables a las actuaciones (activas u omisivas) de la administración del poder público. Ahora bien de lo expuesto, para la Sala es claro que puede existir responsabilidad del Estado derivada de una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero para que esta se configure, deben estar plenamente acreditados sus dos elementos constitutivos, esto es la ocurrencia del daño antijurídico y la imputación al ente demandado

¿Puede configurarse responsabilidad del Estado por violación al derecho a la administración de justicia emanada de una norma que ya ha sido declarada inexequible? - Sí, es uno de aquellos eventos de responsabilidad por el hecho del legislador. Es claro que puede existir responsabilidad el Estado derivada de una norma declarada inexequible por el tribunal constitucional, pero para que se configure la misma, deben estar plenamente acreditados sus dos elementos constitutivos, esto es el daño antijurídico y la imputación al ente demandado

Si sólo es procedente conocer en sede de reparación directa -bajo el régimen de responsabilidad por daño especial- de demandas contra actos administrativos cuya legalidad no se discute, o lo que es igual, frente a una actividad estatal legítima, completamente regular o conforme a derecho, no es factible interponer esta acción si se controvierte la validez de un Acuerdo municipal. Acción de reparación directa. Proceso de reparación directa - Daño especial. Entidad territorial - Supresión de cargo de contralor. Acto administrativo - Legalidad. Responsabilidad extracontractual del Estado. Principio de igualdad frente a las cargas públicas