¿Las autoridades accionadas vulneraron el derecho al debido proceso administrativo de una comunidad por las posibles dilaciones en el trámite de clarificación de la propiedad solicitado por dicho resguardo? La Sala encuentra en el caso sub examine que el proceso de clarificación solicitado por la comunidad indígena Mokaná del Resguardado Colonial de Tubará, Puerto Colombia, Bajo Ostión, Juarúco, Morro Hermoso, Puerto Caimán, Corral de San Luis, Cuatro Bocas y Guaimaral ha tomado un tiempo irrazonable al pasar 20 años desde que dicha comunidad radicó la documentación pertinente ante el Ministerio del Interior (asuntos indígenas) y el INCORA (ahora ANT), para iniciar la petición de los estudios de revisión de los linderos del resguardo, sin que a la fecha se le hubiera dado trámite alguno. La queja formulada por los accionantes frente al despojo que presuntamente han sufrido como consecuencia de sentencias judiciales, a través de las cuales se han otorgado títulos de propiedad sobre aquellos terrenos que presuntamente pertenecen a su resguardo, precisamente debe dilucidarse a través del proceso de clarificación, a la par de la actuación administrativa adelantada por la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo de Barranquilla, a la que se vinculó al INCODER (ahora ANT), al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Dirección General Marítima. El derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas es de carácter fundamental. Ahora bien, debido a las ya referidas complejidades sobre el territorio objeto de estudio en el presente caso, es claro que para hacer efectivo cualquier derecho, debe surtirse previamente el proceso de clarificación de los terrenos y el saneamiento de la propiedad. Por ello, esta Sala estima necesario ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que, una vez se haya culminado el proceso agrario, en los términos aquí establecidos, tramite las solicitudes de constitución y-o titulación a las que haya lugar, de manera pronta, efectiva y sin dilaciones injustificadas. Este trámite no podrá exceder del término de un (1) año a partir de la expedición de los actos administrativos que culminen el proceso de clarificación de la propiedad - [Resumen automatizado: Acción de tutela interpuesta por Julio Manuel Viloria Ujueta, como Gobernador Mayor del Resguardo Indígena Mokaná de Tubará, y Digno Santiago Gerónimo, como Gobernador Mayor de la Regional Indígena Mokaná del Atlántico, contra la Agencia Nacional de Tierras ANT, Alcaldía Municipio de Tubará, Gobernación del Atlántico, Concesión Costera Cartagena-Barranquilla, Consorcio Vía al Mar, Proyecto Urbanización "Complejo Campestre Jwaeirruko Unidad Residencial y Club el Poblado, (jurisdicción de la parcialidad indígena de Juarúco), Relleno Sanitario los Pocitos, Parque Ambiental los Pocitos, Ecosol, Horno Crematorio Tecnianza, Fabrica de Llantas "Michelin", Ladrillera Cuatro Bocas, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barraquilla y otros que resulten vinculados a las pretensiones. || Los señores Julio Manuel Viloria Ujueta y Digno Santiago Gerónimo, en representación de la comunidad indígena Mokaná del Resguardado Colonial de Tubará, Puerto Colombia, Bajo Ostión, Juarúco, Morro Hermoso, Puerto Caimán, Corral de San Luis, Cuatro Bocas y Guaimaral, instauraron acción de tutela el 18 de diciembre de 2017, en contra de la Agencia Nacional de Tierras - en adelante ANT -, Alcaldía Municipio de Tubará, Gobernación del Atlántico, Concesión Costera Cartagena-Barranquilla, Consorcio Vía al Mar, Proyecto Urbanización "Complejo Campestre Jwaeirruko Unidad Residencial y Club el Poblado, (jurisdicción de la parcialidad indígena de Juarúco), Relleno Sanitario los Pocitos, Parque Ambiental los Pocitos, Ecosol, Horno Crematorio Tecnianza, Fabrica de Llantas "Michelin", Ladrillera Cuatro Bocas, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barraquilla y "otros que resulten vinculados a las pretensiones", por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.] - [Palabras claves: indígenas, derechos, derecho, propiedad, comunidad, territorio, indígena, proceso, comunidades, tutela, cuaderno, segundo, ver, consulta]

¿Una entidad pública vulnera los derechos fundamentales a la diversidad e identidad étnica y cultural y a la autodeterminación y la efectivización de los mismos de un resguardo indígena al negar la suscripción de convenios interadministrativos por considerar que los resguardos indígenas no son entidades territoriales ni tampoco personas jurídicas de derecho público? Desde una interpretación sistemática e integral del ordenamiento jurídico colombiano, esta Sala reconocerá el derecho del Resguardo Indígena Dachi Agore Drua a suscribir convenios interadministrativos con entidades públicas teniendo presente que: i) la Constitución Política establece en los artículos 1, 7, 8, 10, 63, 70 y 246 prerrogativas y derechos para las comunidades indígenas, en el artículo 286 que los territorios indígenas son entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, en el artículo 330 que los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercen funciones que están definidas en la misma carta constitucional, y que de forma prioritaria en los artículos 63 y 329 superiores dispone que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles, inembargables, de propiedad colectiva y no enajenables y que, en ese contexto la conformación de las entidades territoriales indígenas se sujetará a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial ; ii) actualmente la Ley de Ordenamiento Territorial vigente, no ha previsto aún la definición de los resguardos indígenas como entidades territoriales, pese a que la Constitución Política si previó que deben constituirse como tales, razón por la cual existe hoy una omisión legislativa en la materia, reconocida por la Corte Constitucional en el sentencia C-489 de 2012; iii) que existen en el ordenamiento jurídico vigente disposiciones como las contenidas en el Decreto 1953 de 2014, que reconocen a los resguardos indígenas como entidades territoriales y, v) que el Resguardo Indígena Dachí Agore Drua fue constituido legalmente por el INCODER, mediante Acuerdo No. 226 del 26 de octubre de 2010 - [Resumen automatizado: Con base en lo expuesto, la Sala considera que las acciones del Estado, en sus diferentes niveles nacional y territorial, deben asegurar la garantía y protección de la diversidad étnica y cultural y de la autonomía de los pueblos indígenas, a que definan en forma libre su propio desarrollo, y para ello es indispensable que estas comunidades, específicamente los resguardos indígenas cuenten con recursos como lo ha dicho la Corte Constitucional en anteriores oportunidades[75].. || De tal modo, la disposición de recursos al Resguardo Indígena Dachi Agore Drua mediante un convenio interadministrativo suscrito con el Departamento del Quindío es viable jurídicamente, en el marco del bloque de constitucionalidad, los artículos 1, 7, 8, 10, 63, 70, 246, 286, 329, 330 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT[81] y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues los resguardos indígenas han sido reconocidos como entidades con prerrogativas en el ordenamiento jurídico, sin que a la fecha exista una regulación en la Ley de Ordenamiento territorial sobre territorios indígenas, lo que requiere de protecciones constitucionales en aplicación de la primacía del derecho sustancial, de acuerdo con el artículo 228 superior.] - [Palabras claves: indígenas, derechos, corte, protección, recursos, pueblos, entidades, comunidades, derecho, ley, constitucional, sentencia, resguardos]

¿La UARIV desconoció los derechos fundamentales de un indígena en un trámite administrativo de reparación por secuestro, en el cual la víctima falleció, al determinar que uno de los criterios para para determinar sus beneficiarios -en este caso pertenecientes a una comunidad indígena-, consiste en aportar una sentencia o escritura pública de sucesión? (…)cuando una persona fallece y posteriormente es reconocida como destinataria, dentro de un trámite de reparación por vía administrativa, las autoridades no pueden exigir para el reconocimiento del porcentaje asignado al causante, que sus parientes cercanos aporten la sentencia o escritura pública de sucesión, en cuanto a los miembros de las comunidades indígenas se refiere. (…)Lo anterior, se constituye en un requisito excesivo para miembros de comunidades indígenas, toda vez que desconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, la jurisdicción especial indígena, el debido proceso y el pluralismo, principios axiológicos de la Constitución de 1991. Evidentemente, frente al reconocimiento de los beneficiarios de una indemnización administrativa, constituida en favor de una víctima del conflicto, pertenecientes a una comunidad indígena, las autoridades administrativas y\o judiciales no pueden imponer a los miembros de los pueblos indígenas un requisito imposible de cumplir, toda vez que su jurisdicción especial difiere de la común; lo cual se traduce en que no se compone de un cuerpo de operadores judiciales que emiten providencias judiciales (jueces) ni de otro cuerpo de funcionarios públicos que dan fe de las escrituras públicas (notarios). El enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas - [Resumen automatizado: La Sala debe precisar que cuando una persona fallece y posteriormente es reconocida como destinataria, dentro de un trámite de reparación por vía administrativa, las autoridades no pueden exigir para el reconocimiento del porcentaje asignado al causante, que sus parientes cercanos aporten la sentencia o escritura pública de sucesión, en cuanto a los miembros de las comunidades indígenas se refiere. || Luzmila Cabrera Guerrero interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la reparación integral, a la jurisdicción indígena, a la diversidad étnica y cultural, así como a la autonomía indígena, ante la negativa en el reconocimiento y pago de la reparación administrativa que considera tiene derecho como destinataria, en calidad de compañera permanente de Maximiliano Veloz García, víctima del conflicto armado interno. || En este evento, le corresponderá a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional analizar y resolver el problema jurídico planteado de la siguiente forma: primero, el alcance de la jurisdicción especial indígena; segundo, el enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y; por último, se analizará el caso concreto.] - [Palabras claves: indígenas, pueblos, indígena, reparación, jurisdicción, comunidades, especial, reconocimiento, derecho, derechos, víctima, indemnización, cultural]

Disputa entre miembros de comunidad indígena en relación con la propiedad o posesión de un bien inmueble ubicado dentro del mismo resguardo indígena. ¿Las autoridades indígenas poseen facultades para fallar sobre la base de criterios de equidad, o si ello desconoce el referido principio de legalidad o previsibilidad de las actuaciones de la Jurisdicción Especial Indígena?. Equidad como fuente auxiliar de derecho. El hecho que ninguno de los presuntos titulares del bien haya participado en el procedimiento de deslinde de predios de propiedad privada del territorio colectivo adelantado por el Incora en 2003, implica que las decisiones sobre el usufructo de mejoras, o tenencia de parcelas, está sometido a la normatividad interna del resguardo. Alcances del fuero indígena - [Resumen automatizado: 8. En atención a los hechos y argumentos expuestos, la accionante solicitó al juez de tutela el amparo a los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Consejo Mayor y el Cabildo Gobernador de la Organización Indígena Kankuama y, en consecuencia, ordenar al Cabildo Gobernador y el Consejo de Mayores: (i) dar respuesta definitiva al derecho de petición mencionado previamente; (ii) reconocer el acto administrativo emanado por el municipio de Valledupar que la acredita como propietaria del bien inmueble en disputa; (iii) valorar las pruebas presentadas por la accionante; (iv) no adoptar decisiones que se encuentran en oposición a la Ley y la Constitución Política en el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena; y (v) no imponer sanciones a los miembros de la comunidad por perseguir la protección de sus derechos ante las instancias que consideren pertinentes. || Corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Cabildo Gobernador y/o el Consejo de Mayores del Resguardo Indígena Kankuamo vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a elevar peticiones respetuosas, y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Indira Mendiola Montero, al decidir sobre la controversia planteada entre la actora y la señora Mercedes Daza Luque, por la propiedad, posesión o tenencia de un bien inmueble ubicado en el municipio de Atánquez.] - [Palabras claves: derechos, indígena, indígenas, comunidades, autoridades, decisión, autonomía, derecho, comunidad, proceso, corte, bien, cultural]