¿La falta de respuesta de la solicitud de reparación administrativa, por encontrarse el caso en estado de "reserva técnica", vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital invocados por la solicitante? La Sala considera que (1) la UARIV, vulnera los derechos de las víctimas cuando no da respuesta de fondo y eficaz a las solicitudes por ellas elevadas. Al respecto, la correcta interpretación del tiempo que puede durar un caso en reserva técnica, no puede ser contrario a la celeridad, eficacia y eficiencia, principios que rigen a la población desplazada; (2) los tres casos cumplen con las reglas jurisprudenciales de la sentencia SU-254 de 2013, porque tienen la calidad de víctimas del desplazamiento, solicitaron la indemnización y se les debe aplicar el régimen de transición previsto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011; y (3) cuando la autoridad competente incumple el deber legal de aportar y resolver las dudas existentes frente a un caso determinado, se debe aplicar el principio de veracidad y no se puede generar más carga a la parte débil o vulnerada en sus derechos - [Resumen automatizado: Por el contrario, deben ser brindadas de manera prioritaria a los desplazados por tratarse de personas en estado de desigualdad y vulnerabilidad; (iii) Es obligación de la UARIV ofrecer asesoría a las víctimas y a sus beneficiarios; (iv) Es procedente la indemnización en abstracto en el trámite de la acción de tutela, con base en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, solamente: a) de manera excepcional, b) debe cumplir el requisito de la subsidiariedad de la medida, c) no debe existir otra vía para obtenerla, d) debe ser necesaria para la protección efectiva del derecho, e) debe existir el nexo causal entre el daño y el agente accionado, f) el fallo de tutela solo cubre el daño emergente, y g) el juez competente es quien debe fijar los criterios para que proceda la liquidación.] - [Palabras claves: decreto, víctimas, derechos, reparación, tutela, indemnización, administrativa, corte, desplazamiento, sentencia, ley, respuesta, sala, derecho, debe, entidad, solicitud]

¿Constituye una violación de los derechos fundamentales de petición, igualdad, trabajo, debido proceso y conformación, ejercicio y control del poder político, que las entidades accionadas se abstengan de reconocer al apoderado de las víctimas de desplazamiento como su representante para que adelante el trámite de reparación administrativa, con el argumento de que dicho procedimiento es sencillo, gratuito y no requiere abogado, por lo que el deber institucional es desarrollarlo de forma directa con los beneficiarios? El amparo mediante acción de tutela de los derechos fundamentales de los desplazados se puede agenciar a través de apoderados o por medio de la conformación de asociaciones. Descripción de algunas disposiciones del Decreto 1290 de 2008. La situación de riesgo y vulnerabilidad de las personas objeto de desplazamiento constituye una justa causa para que se acepte que realicen sus actuaciones a través de apoderados. La intermediación en el trámite de la reparación administrativa sólo será admisible cuando la entidad se cerciora del conocimiento de los solicitantes sobre la sencillez y la gratuidad de éste. - [Resumen automatizado: Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que resolvió la acción de tutela promovida por Manuel Hernández Zapata y Francisco Miguel Cuestas Cuestas contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Defensoría del Pueblo. || Los señores Manuel Hernández Zapata y Francisco Miguel Cuestas Cuestas interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Defensoría del Pueblo, por considerar que con la actuación de las entidades demandadas se vulneraron sus derechos de petición, igualdad, trabajo, debido proceso y conformación, ejercicio y control del poder político. || La representante del Ministerio del Interior y de Justicia considera que la entidad que apodera carece de competencia en la materia demandada por los accionantes, comoquiera que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1290 de 2008, es la Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional la dependencia a la cual le corresponde adelantar el trámite relacionado con la reparación administrativa de las víctimas.] - [Palabras claves: reparación, administrativa, víctimas, tutela, decreto, acción, justicia, nacional, derechos, entidades, social, trámite, proceso, pueblo, través]