Los demandantes no sustentaron la solicitud de revisión eventual, por cuanto no identificaron ni una sola providencia proferida por el Consejo de Estado, de la que pudieran afirmar que existen criterios disímiles respecto de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa cuando una autoridad administrativa desconoce la ley, o que el Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera desconocido abiertamente alguna postura unificada del órgano de cierre al momento de proferir la sentencia. Pese a que la jurisprudencia no exige para el interesado la necesidad de expresar de manera detallada o absoluta las distintas posiciones jurídicas respecto de determinada materia y sobre las cuales se sustenta la contradicción jurisprudencial, en este caso no se hace ni siquiera mención a una providencia, por ello, se infiere que lo que se pretende es que la Corporación realice un análisis de fondo sobre la presunta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa. Así las cosas, la petición de revisión eventual que presentaron los demandantes del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos no cumple con el requisito relativo a la sustentación de la solicitud y lo que pretende es que el mecanismo se utilice como una tercera instancia

En los términos de los artículos 248 y 249 de la Ley 1437 de 2011, este recurso de carácter extraordinario, denominado de revisión procede contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por las autoridades judiciales que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las causales de revisión extraordinario se restringen a atacar el fallo, en razón a que es de esa decisión de la que se deriva la configuración de la causal y no de otra, pues entiende que los aspectos anteriores a su expedición pudieron ser alegados y controvertidos oportunamente. Este medio judicial extraordinario no responde al ejercicio propio de una instancia ordinaria sino a la necesidad del restablecimiento de la justicia, que por lo mismo, restringe que su acción se supedite únicamente a sentencias ejecutoriadas, pues la oposición que se permite a través de este mecanismo es controvertir la inmutabilidad que se deriva del efecto que confiere la institución de la cosa juzgada a estas decisiones