El numeral 3º del artículo 35 del Código Nacional de Policía no sanciona la no tenencia de la cedula de ciudadanía, sino la oposición a identificarse. El numeral 3º del artículo 35 establece que un comportamiento contrario a las relaciones entre las personas y las autoridades consiste en "Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía". De la definición de cada uno de los vocablos que contiene la conducta se desprende que se incurre en la medida correctiva cuando la persona imposibilita, hace difícil, se opone o se niega a ser identificada o individualizada por la autoridad policiva. Se trata de conductas evidentemente torticeras, de quien se contrapone apenas sinrazones, para evitar el trabajo policial de la identificación. La autoridad policiva puede, evidentemente, injerir en la órbita de acción del ciudadano, demandando su identificación como una forma de cumplir su labor de mantener la seguridad ciudadana. Ante la exigencia de la exhibición de la cédula de ciudadanía que realiza la autoridad policiva para efectos de identificación o individualización la persona que no la porte puede acudir, como criterio auxiliar, a los distintos medios de prueba que tenga a su alcance, que en todo caso le permitan a la autoridad, en un término razonable, verificar que se trata de la misma a la que requiere. Cuando la autoridad policiva que exija el documento de identificación se encuentre frente a una persona que no lo posee y en vista de la idoneidad de tal medio para identificar, como criterio auxiliar debe emplear todos los métodos de que disponga para lograrlo - [Resumen automatizado: 3. Así, le corresponde a la Sala de Revisión establecer, i) en primer lugar, si la tutela procede en este evento para cuestionar una sanción administrativa sancionatoria emitida en virtud de la actividad de policía y, después de ello, ii) en el caso de que se supere tal presupuesto, se entrará al fondo del asunto para resolver el interrogante consistente en si la actuación desplegada por la autoridad policiva vulneró el derecho al debido proceso administrativo del accionante al imponerle una medida correctiva (multa y actividad pedagógica) por la presunta comisión de un comportamiento contrario a la convivencia consistente en "impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización por parte de las autoridades de policía"; aun cuando existían otras formas de identificarlo y el actor propuso hacerlo en el momento en que se le realizó el requerimiento. || A partir de tal fundamento normativo expresó la Corte que dentro de una lectura sistemática del Código, las medidas correctivas se definen como "las acciones impuestas por las autoridades de policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia"[90], cuyo objeto es "disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia"[91] y para su imposición se aplica el trámite previamente expuesto o el proceso verbal abreviado, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 8º del CNPC, destacándose entre ellos los de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.] - [Palabras claves: policía, procedimiento, proceso, derechos, persona, derecho, convivencia, identificación, autoridad, autoridades]

¿La Inspección de Policía y la Subsecretaría de Gobierno vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante al aplicar al proceso policivo iniciado en su contra por querella por ocupación de hecho de un bien inmueble objeto de extinción del derecho de dominio a favor del Estado, el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, normatividad subrogada y modificada por el Decreto Ley 1355 de 1970? Niega - Si bien el Código Nacional de Policía no derogó expresamente el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, sí operó una subrogación y modificación de los alcances de la norma, dado que el Decreto Ley 1355 de 1970, reguló integralmente la materia a que se refería la disposición acusada, ampliando su objeto a todo tipo de perturbación sobre la posesión y la tenencia y autorizando la defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración de la tenencia sino también de la constatación de cualquier otro título que justifique válidamente la ocupación. La Corte también ha precisado que el régimen jurídico aplicable a los procesos policivos por perturbación de la posesión en bienes urbanos, comprende: (i) el Código Nacional de Policía, en especial el artículo 125 y siguientes, al respecto"indica que corresponde al Jefe de Policía verificar los actos de perturbación a través de una inspección ocular con participación de peritos y que en dicha diligencia se oirán tanto al querellado como al querellante, único momento que tienen las partes para probar sus derechos. Los demás aspectos procesales podrán cubrirse mediante la regulación general prevista en el Código en materia de la presentación de la querella, los recursos, las notificaciones, la prescripción de la acción policiva y los demás aspectos propios de estos trámite",(ii) subsidiariamente, los códigos departamentales y distritales de policía, toda vez que no existe un trámite específico para este procedimiento en el Decreto Ley 1355 de 1970. La competencia para la expedición de estos estatutos está sustentada en el numeral 8º del artículo 300 de la carta política y en la equivalencia en la autonomía de los distritos y los departamentos. De hecho, tal potestad no excluye la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República. Es probable que aparentemente el caso sub-examine se refiere a una posible irregularidad procesal, que para este caso no tiene un efecto decisivo o determinante en todo el proceso policivo iniciado por la querellante,en razón a que si bien es cierto que la entidad accionada manifestó que en algún momento aplicó una normatividad que no se encontraba vigente lo que podría afectar los derechos del actor-, no es menos cierto que no se apartó del precedente jurisprudencial y del control abstracto contenido en el fallo C-241 de 2010, pues aplicó en primera medida el Código Nacional de Policía y subsidiariamente el procedimiento consagrado en la Ordenanza 343 de 2012, que remite a la normatividad subrogada por el Código Nacional de Policía - [Resumen automatizado: El abogado John Harold Ramírez Flórez, actuando en causa propia, presentó acción de tutela para proteger su derecho fundamental al debido proceso que, según afirmó, fue vulnerado por la Inspección 4ª (sic) y la Subsecretaría de Gobierno de Santiago de Cali, mediante la Resolución 4161.2.9.6.02, proferida dentro del proceso policivo por ocupación de hecho adelantado en su contra, donde se decretó su lanzamiento del inmueble ubicado en la carrera 110 # 15 B-00,lote 1,manzana "S", urbanización Ciudad Jardín. || El representante legal de dicha sociedad se opuso a las pretensiones del demandante, indicando que no son ciertos los hechos narrados, pues la querella cumplió con todos los requisitos legales para ser admitida, al igual que el respectivo poder respectivo se ajustó al "artículo 70 CC", como quiera que allí "se identificaba contra quien se encaminaba el proceso y la identificación del predio, copia de la existencia de la representación legal de S.A.E., copia de la resolución donde se identifica el inmueble, declaraciones extrajuicio, folio de matrícula inmobiliaria N° 37018834 donde igualmente está plenamente identificado el inmueble", por lo tanto, en su sentir, no hay quebrantamiento de derecho fundamental algún en el proceso policivo adelantado en contra del señor Jhon Harold Ramírez Flórez (fs.] - [Palabras claves: acción, tutela, proceso, derechos, hecho, policía, ley, código, ocupación, juez, derecho, judiciales, fundamentales]

¿Se vulnera el derecho al debido proceso, de la sociedad accionante por parte del Jefe de la Oficina de Inspección y Comisaría del Distrito, al revocar un amparo policivo declarando la nulidad del proceso policivo por defecto procedimental que había hecho tránsito a cosa juzgada y que tan solo podía ser decidido definitivamente por el juez competente para definir la titularidad de los derechos reales en controversia? Los actos que expiden las autoridades de policía al actuar en procesos policivos tiene naturaleza jurisdiccional, el procedimiento aplicado por parte de las autoridades de Policía al decretar la nulidad de un proceso policivo en el que se revocó una providencia ejecutoriada del superior, se ajusta a lo preceptuado en las normas legales por tratarse de una nulidad no saneable que vicia el proceso, no constituyéndose en un defecto procedimental que haga procedente el amparo constitucional al debido proceso. Procedencia de la acción de tutela contra actos de las autoridades de policía que ejercen funciones jurisdiccionales. Caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales. Defecto procedimental en la revocatoria de la orden de Policía y la declaratoria de nulidad del proceso policivo - [Resumen automatizado: La Sociedad C.I. Lubriven S.A.S. interpuso acción de tutela contra el jefe de la Oficina de Inspección y Comisaria del Distrito de Barranquilla, alegando la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, al revivir un proceso que había concluido con fallo de primera y segunda instancia, dando trámite a un recurso de apelación inexistente y a una revocatoria improcedente. || El 17 de junio /09, el Jefe de la oficina de Inspectores de Policía y Comisarías[9] del Distrito de Barranquilla, ante reiteradas solicitudes del señor Ramírez Cano y de las peticiones elevadas por la Personería Distrital, entre otras, revocó el fallo citado y declaró la nulidad de todo el proceso policivo, al considerar que estuvo viciado desde su escisión, i) al no haberse iniciado a través de querella conforme a los artículos 224 y ss de la ordenanza 00018/04, ii) haber revocado un amparo policivo que había hecho tránsito a cosa juzgada y que tan solo podía ser decidido definitivamente por el juez competente para definir la titularidad de los derechos reales en controversia, iii) considerar que el funcionario que conoció del mismo carecía de competencia por encontrarse en un predio distinto al cual le había sido delegada su función y iv) por fundar la posesión de la Sociedad Lubriven S.A., en unos derechos posesorios que adquirió a los querellados vencidos en el proceso policivo de 2006.] - [Palabras claves: tutela, proceso, barranquilla, policía, policivo, acción, corte, derechos, posesión, oficina, amparo, derecho]

¿Es el trámite del proceso policivo adelantado por la Inspección Única de Policía del Peñón , Bolívar, por medio del cual se amparan los derechos a la posesión o mera tenencia, vulnerador de los derechos fundamentales a la población en situación de desplazamiento, la cual ejerció los actos de posesión del predio por casi 11 Años?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones de autoridades de policía. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. El defecto sustantivo en la jurisprudencia constitucional. La situación del desplazado no implica solamente el ir de un lugar a otro", encierra además una vulneración masiva de los derechos fundamentales, en tanto se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad - [Resumen automatizado: El Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de Loba Bolívar- determinó oficiar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER- para que informara sobre el resultado de las actuaciones administrativas relacionadas con la extinción del dominio sobre el predio rural denominado Las Pavas, ubicado en el Municipio de El Peñón, distinguido con folio de matrícula inmobiliaria No 0640000395 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Magangue, a través de auto del 14 de abril de 2009, en el que destacó que "del líbelo de tutela y sus anexos, se extrae que ante la extinta Unidad Nacional de Tierras Rurales UNAT- (La ley 1152 de 2007, que dispuso su creación fue declarada inexequible en su integridad por la Sentencia C-175/2009), se tramitaba un procedimiento administrativo 'tendiente a establecer la procedencia, legal de declarar o no extinguido, en todo o en parte el derecho de dominio sobre los predios rurales denominados LAS PAVAS...] - [Palabras claves: proceso, tutela, extinción, dominio, acción, derecho, hecho, juez, posesión, predio, derechos, corte, situación]

¿Es procedente la acción de tutela dentro de un proceso policivo que busca la demolición de una construcción, sin licencia, realizada en un lote propiedad del accionante vulnerando así el derecho al debido proceso?. Negada. Procedencia de la acción de tutela frente a actuaciones de las inspecciones de policía, especialmente relacionadas con protección de la posesión. Los trámites policivos que se refieren a asuntos de propiedad, posesión, o tenencia, no involucran derechos fundamentales y por ende la tutela no es procedente, a menos que se detecte una flagrante violación del debido proceso, que no pueda ventilarse por una vía ordinaria. - [Resumen automatizado: A folio 49 del expediente hay una comunicación de abril 15 de 2010, en la que el Inspector Primero Municipal de Policía de Bello informa al Juzgado de Instancia que “al señor IVAN DARIO RESTREPO, en ningún momento se le ha desconocido información, igualdad, al debido proceso (sic), vivienda digna o atentado contra la integridad física; ya que desde el momento que se hizo presente se le ha atendido todas y cada una de sus peticiones, lo que pasa es que él no se presenta en ningún momento ante este despacho en razón de que no se puede dejar ver en el barrio según el mismo lo manifiesta, y todos los medios ávidos y posibles se le ha hecho saber todas y cada una de las actuaciones de esta oficina; de los cuales anexo copia de todos los derechos de petición, oficios de fiscalía, juzgado y demás respuestas solicitadas por él”.] - [Palabras claves: tutela, actor, derecho, posesión, derechos, inspección, propiedad, protección, proceso, documento, debido, acción, petición]

¿Es la acción de tutela procedente para proteger los derechos fundamentales de una persona, la cual fue desalojada, por medio de un proceso policivo que tomó esta decisión la cual no fue controvertida, de un bien de su propiedad donde su familia tenía el ánimo señor y dueño desde 1927, debido a que se presume que es un bien de propiedad del Estado?. Improcedente. La acción de tutela no puede revivir los términos de los mecanismos jurídicos que el afectado tenía a su alcance para obtener la protección de sus derechos - [Resumen automatizado: "...los argumentos reseñados en la defensa del apoderado de la Corporación Nacional de Turismo, el cual hace referencia a las características de los bienes fiscales, situación esta que no es la discutida por las partes, porque mal podría tomarse la normatividad que por analogía (Ley 153 de 1887) se aplica a los procesos de restitución de bienes fiscales como soporte al proceso de lanzamiento por ocupación de hecho que nos ocupa y sobre el que consta una especificación normativa como es la Ley 57 de abril 29 de 1905 y el decreto 992 de 1930, por lo que este despacho no puede continuar conociendo con la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, cuando una de las partes es una entidad estatal y donde sobre el predio objeto de esta querella existe pronunciamiento por parte de la registradora principal de instrumentos públicos de Cartagena mediante resolución No. 295 de mayo 27 de 1998 y donde rechazó la petición formulada por la Corporación Nacional de Turismo sobre el inmueble objeto del presente proceso y que se solicitaba una corrección sobre el inmueble ubicado en el corregimiento de Santa Ana Isla de Barú, identificado con folio de matrícula No. 060-0016963 por considerar que existe una falsa tradición sobre el inmueble antes señalado (...) || no obstante haberse utilizado como mampara la supuesta violación al debido proceso dentro del trámite policivo, el propósito perseguido es otro, específicamente el dejar sin efectos unas resoluciones administrativas, para que recobren vigencia otras, lo cual tampoco es por tutela por cuanto para ello existen mecanismos especiales distintos a la tutela."[5] En consecuencia, en la parte resolutiva dispuso: "Se deniegan las pretensiones demandadas por el accionante Alfonso Pineda Julio en su acción de tutela contra la Alcaldía Menor de la Localidad Histórica del Caribe Norte de Cartagena."] - [Palabras claves: restitución, acción, proceso, cartagena, tutela, perjuicio, derecho, actor, bien, uso, mediante, bienes, corporación, sala]

¿Violaron las autoridades encargadas de adelantar el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, el derecho al debido proceso del querellado por haberle aplicado a una normatividad subrogada y modificada por el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), en lugar de la normatividad vigente y aplicable al caso?. Concedida. Asunto previo. El caso constitucionalmente relevante no fue presentado en debida forma por el peticionario, pero la Sala debe exponerlo, examinarlo y decidirlo de fondo porque proyecta un desconocimiento de sus derechos fundamentales y merece una reacción adecuada del juez constitucional. Procedencia de la acción de tutela contra los actos de las autoridades de policía que ejercen funciones jurisdiccionales - [Resumen automatizado: 1. José María Chaparro Bonilla instauró acción de tutela contra el Alcalde de Maní Casanare- y la Inspectora Urbana de Policía de ese mismo municipio, porque en su concepto le violaron el derecho al debido proceso al adelantar en su contra un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de un bien inmueble rural, con cinco irregularidades: (i) pretermitiendo la etapa para presentar pruebas, como la relativa a que era propietario del bien, (ii) desoyendo las declaraciones de tres personas, y haciendo caso de un documento, que demostraban que él el desahuciado- era poseedor regular del predio, (iii) rechazando los recursos y las solicitudes de nulidad presentadas mediante su apoderado - contra la diligencia misma y contra algunos de los actos individuales adoptados en ella, (iv) asumiendo competencia para llevar a cabo un proceso que debe ser de competencia exclusiva de los jueces agrarios, y no de los inspectores de policía, y por último (v) tramitando el asunto por un procedimiento como el de lanzamiento por ocupación de hecho, aun cuando en realidad el conflicto demandaba un proceso policivo por perturbación de la posesión.] - [Palabras claves: lanzamiento, proceso, hecho, diligencia, ocupación, decreto, si, corte, dos, tutela, lugar, acción, derecho, policía, predio]

¿La Alcaldía y la Inspección de policía accionadas vulneraron el derecho al debido proceso del actor, al notificar por edicto un acto administrativo, mediante el cual se ordena el desalojo de un inmueble de uso público, sin antes haber intentado su notificación personal; y al expedir un acto administrativo, dirigido contra personas indeterminadas, y no publicar la parte resolutiva de la decisión en el Diario Oficial o en un periódico de amplia circulación en la zona? ¿Se puede alegar la consolidación de la confianza legítima en el caso de la ocupación de un bien de uso público, cuando la Administración la ha permitido durante un lapso considerable de tiempo? Concedida. Alcance del derecho al debido proceso y el principio de confianza legítima como límites al ejercicio del deber de la Administración de proteger el espacio público. Importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter particular. Proceso policivo de restitución de bien de uso público. Restitución y desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente - [Resumen automatizado: La Sala estima necesario aclarar que, aunque el peticionario haya iniciado la posesión de un inmueble que era de propiedad privada y haya creído ejercer actos de señor y dueño sobre el mismo por más de diez y siete (17) años, no tiene derecho a adquirir el predio mediante el modo prescripción adquisitiva en virtud del artículo 42 de la Ley 153 de 1887.Así, este artículo se puede aplicar analógicamente al caso estudiado pues: i) no existe una norma exactamente aplicable al caso en cuestión; ii) el caso previsto en dicho artículo es similar al asunto objeto de estudio en la presente sentencia, pues la única diferencia que se presenta entre ellos es que, mientras que en la norma es la ley la que declara el bien imprescriptible, en nuestro caso, es un contrato de cesión lo que vuelve el bien imprescriptible, al adquirir la calidad de bien de uso público y; iii) existe el mismo motivo para aplicar al caso no previsto el precepto normativo, en la medida en la que en ambas hipótesis lo que se pretende es proteger los bienes imprescriptibles, y en últimas, los bienes de la Nación cuyo uso y disfrute está en cabeza de la comunidad.] - [Palabras claves: no, público, proceso, bien, peticionario, parte, uso, derecho, notificación, policivo, mediante, tutela, manera, debido]

¿Existe violación al debido proceso cuando se notifica por edicto un acto administrativo, mediante el cual se ordena el desalojo de un inmueble de uso público, sin antes haber intentado su notificación personal, y es la acción de tutela el mecanismo procedente para pedir el amparo de derechos fundamentales vulnerados debido a la actuación de la entidad de no cumplir con el debido proceso?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas en procesos policivos de restitución de bienes públicos. Debido Proceso administrativo. Importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter particular - [Resumen automatizado: En la respuesta manifestaron que, a su juicio, los entes universitarios no tenían la obligación jurídica de programar acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas en el acceso a la educación superior, al menos por las siguientes razones: (a) porque ni la Ley 115 de 1994, ni la Ley 21 de 1991 contemplan una obligación, para las universidades, de implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso a la educación superior de los miembros de pueblos indígenas y tribales, sino que simplemente consagran el deber de que, una vez admitidos, tengan acceso a una educación con "elementos especiales" determinados en atención a las condiciones de vida y cultura de esos pueblos.[3] (b) Porque según su interpretación, la Corte Constitucional en la sentencia T-002 de 1994 prohibió cualquier clase de discriminación por motivos raciales, sexuales y religiosos entre otros- en los criterios de acceso a la educación superior.[4] (c) Porque la Universidad Industrial de Santander, si bien en algún momento tuvo una reglamentación sobre cupos especiales para miembros indígenas, fue posteriormente derogada en dos mil uno (2001).[5] Por tanto, les respondió a los peticionarios, de forma concreta (i) que la Universidad no está dispuesta a contemplar un sistema de acceso especial para estudiantes indígenas, (ii) que el acceso a la Universidad de los miembros indígenas, candidatizados por las Autoridades Tradicionales Públicas Especiales sólo era posible si se sometían a las reglas generales de admisión, y (iii) que si los candidatos superaban esas exigencias, no iban a ser discriminados en la Universidad.] - [Palabras claves: indígenas, especiales, educación, derecho, comunidades, corte, acceso, pueblos, miembros, superior, especial, sistema]

¿Acción Social y la Alcaldía Municipal accionada vulneró los derechos de una mujer desplazada, y su hija, al iniciar un proceso policivo de lanzamiento por ocupación en contra de ellas, por haber penetrado ilegítimamente en un bien inmueble que no era de su propiedad? Parcialmente concedida. La población desplazada como sujeto de especial protección constitucional. El derecho a la vivienda digna para la población desplazada. No es posible impedir el adelantamiento del lanzamiento en el proceso policivo en curso, pues si así procediera un juez de tutela, tendería un manto de aparente legitimidad sobre una conducta ilegal. Conducta que no deja de ser contraria a derecho, por más apremiantes que resulten circunstancias calamitosas e inconstitucionales como la de ser víctima del delito de desplazamiento forzado. La condición de desplazada de la demandante no la autoriza per se para la comisión de comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Pero esto no quiere decir que no se deba garantizar el derecho a una vivienda digna de una manera diferente - [Resumen automatizado: De otra parte, sostuvo que la ayuda otorgada a esta población debe ser entregada a partir de una serie de lineamientos y procedimientos legales, siendo inadmisible la forma en la que la actora ocupó un inmueble de propiedad del municipio en tanto no medió solicitud alguna, razón por la que consideró no es posible permitir este tipo de situaciones así sea de manera temporal hasta tanto sea encontrada una solución, pues sería tanto como “dilatar en el tiempo las acciones policivas y/o judiciales que se encuentran establecidas legalmente y bajo los términos de ley para asumir la competencia y recuperar los bienes que son objeto de ocupación indebida y respetando como usted puede observar el debido proceso”.[6]] - [Palabras claves: vivienda, derecho, derechos, población, corte, personas, desplazamiento, hecho, protección, tutela, proceso]

Proceso Policivo, naturaleza y alcance. Proceso policivo para amparar la posesión. Violación al debido proceso en la diligencia de entrega de un bien inmueble - Cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son jurisdiccionales, excluidas de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos administrativos - [Resumen automatizado: Además, cuando se encontraban en trámite las actuaciones de entrega del inmueble, el señor Alcalde Mayor de Cartagena presentó renuncia, habiendo sido designada por el Presidente de la República para dicho cargo, la Dra. Gina Benedetti de Velez, quien a su vez, se declara impedida para conocer de los procesos policivos relacionados con predios ubicados en la zona Norte de Cartagena; circunstancia que es expuesta ante el Señor Gobernador de Bolívar, procediendo a designar como alcaldesa ad-hoc para los asuntos policivos a la doctora Ana Delma Eljaiek Ospino, según Decreto 629 del 7 de noviembre de 2000, quien mediante Resolución 0188 de marzo 16 de 2001, declara la nulidad de la diligencia de entrega realizada el 1 de noviembre de 2000 por la Corregidora de Punta Canoa. || Resaltan las diferentes acciones de tutela incoadas por los señores Raúl Castilla y Alfonso Olier Castilla, con la finalidad de tornar más demorado el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional, destacando en este orden la acción de amparo en contra de la Alcaldía Mayor y la Juez 7 Civil Municipal de Cartagena, de la cual conoció el Juez 5 Penal del Circuito de esa ciudad, concediendo la tutela mediante sentencia de enero 24 de 2000 y dejando en firme las diligencias de entrega realizadas el 19 y 22 de noviembre de 1999, los afectados impugnaron la sentencia y la Sala Penal del Tribunal de Cartagena la revocó, mediante providencia del 6 de marzo de 2000 ordenando cumplir en debida forma el fallo de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: cartagena, proceso, diligencia, civil, tutela, debido, corte, entrega, no, nulidad, código, noviembre, fallo]

Debido proceso policivo, ejercio de función jurisdiccional; querella de lanzamiento - [Resumen automatizado: Como en la practica de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho pueden verse afectados no solo los adultos que durante algún tiempo considerable allí se encuentren, sino también sus familias entre los cuales puede ocurrir que existan ancianos o niños de grupos que ordinariamente constituyen sectores marginados de la sociedad, ha de reiterarse por la Corte que ellos, aún en esas circunstancias, merecen la protección del Estado. || La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || en el proceso de revisión del fallo adoptado el treinta (30) de marzo de dos mil uno (2001), por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Cartagena, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pablo Enrique Macías Correa contra la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.] - [Palabras claves: cartagena, derecho, tutela, actor, derechos, lanzamiento, propiedad, proceso, si, corte]