Caracterización del desconocimiento del precedente constitucional. El precedente constitucional: (i) asegura la coherencia del sistema judicial, pues permite determinar de manera anticipada y con plena certeza la solución aplicada a un determinado problema jurídico, de manera que los sujetos están llamados a ajustar su actuar a las normas y reglas que los regulan, en concordancia con la interpretación que se ha determinado acorde y compatible con el contenido de la Carta Política; y (ii) garantiza la igualdad formal y la igualdad ante la ley, a través de la uniformidad en la aplicación del derecho, pues "casos iguales deben ser resueltos de la misma forma". Ahora bien, aunque el precedente constitucional tiene la fuerza de establecer interpretaciones que ciñan la aplicación del ordenamiento legal a lo consagrado por la Carta Política para garantizar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, un juez laboral tampoco debe perder de vista, so pena de incurrir en un defecto sustantivo, que, tal y como esta Corporación lo explicó en la sentencia C-836 de 2001, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene fuerza de precedente y es una garantía para que los fallos judiciales estén apoyados en una interpretación uniforme y sólida del ordenamiento jurídico, toda vez que en la jurisdicción ordinaria se establecen las pautas de interpretación y aplicación de la normatividad legal en lo que respecta a los conflictos civiles, laborales y penales - [Resumen automatizado: Solicitud de amparo constitucional: mediante acción de tutela interpuesta el 22 de noviembre de 2018, la accionante sostuvo que la providencia del Tribunal, confirmatoria del fallo de primera instancia proferido en el mismo proceso: (i) desconoció la sentencia SU-442 de 2016 y diversas decisiones que, en ese de revisión, la han reiterado; (ii) incurrió en un defecto material, pues el examen del caso concreto se debió realizar a la luz del literal a) del artículo 39 (original) de la Ley 100 de 1993, y no con base en la hipótesis del literal b) de dicha norma, ya que al momento de estructurarse su pérdida de capacidad laboral sí estaba cotizando al régimen pensional; y (iii) violó directamente la Constitución Política, pues el principio de la condición más beneficiosa se desprende del artículo 53 superior y para su interpretación, en vez de acoger la tesis expuesta por la Corte Constitucional en la referida sentencia de unificación, adoptó la postura de la Sala de Casación Laboral.] - [Palabras claves: sala, constitucional, sentencia, corte, tutela, principio, invalidez, condición, derecho, tribunal, acción, laboral]

¿Un Tribunal Administrativo vulneró los derechos fundamentales del accionante al desconocer el precedente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual es más favorable frente a la prescripción para reclamar la prima de actualización o si incurrió en la causal de violación directa de la Constitución? (…)el Tribunal Administrativo del Cauca no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento de precedente (…)la Sección Segunda del Consejo de Estado no tiene una posición pacífica y única frente al tema del fenómeno de la prescripción para reclamar dicha prestación ante los jueces competentes, sino que el tema ha sido analizado de forma distinta entre las subsecciones de dicha Corporación(…)la Subsección A considera que no se debe aplicar por segunda vez el término de prescripción si la prima de actualización se reclamó oportunamente en sede gubernativa. Por su parte, la Subsección B sí da aplicación a un segundo plazo para acudir a la jurisdicción administrativa y reclamar el pago de la prestación, considerando que la prescripción se interrumpe por un término igual al inicialmente contemplado en la norma (4 años)(…)sí desatendió principios constitucionales al resolver el caso puesto a su consideración por el actor, razón por la que se configura la causal de violación directa de la Constitución(…)el Tribunal Administrativo del Cauca ha debido tener presente que la Carta Política, en su artículo 53, plantea la aplicación del principio de favorabilidad para resolver los conflictos normativos en materia laboral. Principio que se encuentra desarrollado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador - [Resumen automatizado: Determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia de Antonio Ricaurte Sandoval López al desconocer el precedente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual, dice, es más favorable a sus intereses, frente a la prescripción para reclamar la prima de actualización o si por el contrario, el funcionario judicial acusado incurrió en la causal de violación directa de la Constitución al dar solución a la petición del actor sin tener en cuenta el principio de favorabilidad. || En la presente ocasión, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia de Antonio Ricaurte Sandoval López al desconocer el precedente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual, dice, es más favorable a sus intereses, frente a la prescripción para reclamar la prima de actualización o si por el contrario, el funcionario judicial acusado incurrió en la causal de violación directa de la Constitución al dar solución a la petición del actor sin tener en cuenta el principio de favorabilidad.] - [Palabras claves: actualización, precedente, prima, derecho, sentencia, tutela, corte, derechos, sentencias, constitución, constitucional, si, acción, en]

¿La sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo desconoce el derecho fundamental a la consulta previa de una comunidad indígena ya que por medio de una sentencia se restringió tránsito de cualquier tipo de vehículo en la vía que comunica a su Maloka y a la escuela del resguardo y que se encuentra al interior del parque arqueológico de San Agustín sin que se realizará la consulta previa? La Sala no evidencia una afectación de la integridad étnica de la comunidad Yanakuna y tampoco un desconocimiento del derecho a la consulta previa. Recuérdese que a través de la sentencia T-129 de 2011 se concretaron los niveles de participación de esos pueblos de la siguiente manera: "(i) la simple participación, asociada a la intervención de las comunidades en los órganos decisorios de carácter nacional, así como en la incidencia que a través de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen; (ii) la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente; y (iii) el consentimiento previo, libre e informado cuando esa medida (norma, programa, proyecto, plan o política) produzca una afectación intensa de sus derechos, principalmente aquellos de carácter territorial."(…)a este caso es aplicable la primera de esas directrices lo que, por tanto, lleva a que no opere la consulta previa sino la "simple participación e intervención de la comunidad". La naturaleza del predio afectado, su valor arqueológico, el nacimiento de la carretera en discusión y el origen de la comunidad Yanakuna en las inmediaciones del parque San Agustín, permiten inferir que el cierre de la vía en el sector además de ser una medida razonable y necesaria, solo implicaba interés por parte de esa agrupación, más no una afectación directa y, menos, un menoscabo intenso de sus derechos - [Resumen automatizado: Lo descrito lleva a que esta Sala de Revisión se plantee los siguientes problemas jurídicos: ¿el amparo de derechos fundamentales presentado por el líder del resguardo Yanakuna cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?; si es así deberá definir si ¿la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo desconoce el derecho fundamental a la consulta previa? || Así, en la sentencia C-543 de 1992, se sostuvo que “tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (…) Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales(…) tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso…” Decisión que, entre otras, fue reiterada en la sentencia SU-622 de 2001 y posteriormente en la sentencia C-590 de 2005, donde se señaló que la acción de tutela es un medio de defensa judicial subsidiario y residual, y que las acciones judiciales ordinarias constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves: acción, tutela, sentencia, derechos, judicial, comunidad, previa, constitucional, judiciales, consulta, protección, proceso, derecho, corte, sala]

¿La Sala Laboral de un Tribunal Superior vulneró los derechos fundamentales del accionante al no tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, al momento de estudiar la pensión de jubilación por aportes solicitada? Concede - Los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando éstas constituyan precedentes, y-o sus propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin embargo, pueden apartarse de dicho precedente, siempre que cumplan la carga argumentativa construyendo una mejor respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en la causal de procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros. La Sala Laboral del Tribunal Superior incurrió en un defecto sustantivo al no condenar al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada y ordenarle que reclamara la cuota parte correspondiente al tiempo no cotizado por el empleador durante los períodos comprendido entre el 15 de abril de 1991 y el 30 de junio de 1995 - [Resumen automatizado: En ese proveído, el Tribunal, con base en un pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,[2] absolvió al ISS, basando su decisión en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 “que indica que los presupuestos exigidos para acceder a la prestación solicitada es haber efectuado aportes por un mínimo de 20 años en entidades de previsión social o que hagan sus veces, con las del Instituto de Seguros Sociales, como lo dispone el Decreto 2709 de 1994 reglamentario de la Ley 71 de 1988, requisito que considera, no cumple el demandante”. || En la presente ocasión, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de Alberto Alejandro Rodríguez Gutiérrez al no tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, al momento de estudiar la pensión de jubilación por aportes solicitada por el ahora accionante.] - [Palabras claves: ley, derecho, años, tiempo, corte, sentencia, seguridad, social, sala, precedente, aportes, entidades, tutela, si, pago]

¿Viola el juez disciplinario el derecho al debido proceso y la autonomía judicial, cuando sanciona a una persona que se desempeña como juez, por resolver un caso de tutela sin seguir un determinado precedente constitucional, conocido y citado dentro del proceso, pero que, a juicio del funcionario sancionado, no era aplicable al caso concreto (sentencia T-897 de 2007)? Niega - El juez disciplinario no viola el derecho al debido proceso y la autonomía judicial, cuando sanciona a una persona que se desempeña como juez, por resolver un caso de tutela sin seguir las normas constitucionales y legales aplicables y desconociendo la jurisprudencia constitucional aplicable, cuando (i) la autoridad judicial conocía las reglas jurídicas aplicables y (ii) las deja de aplicar sin dar razones ni sustento jurídico a su decisión, esto es, sin asumir la carga argumentativa que le daría la facultad de hacerlo. No es cierto, como lo afirman las accionantes en su tutela, que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura fundará su sanción en el hecho de que las accionantes no hubiesen seguido lo decidido expresamente en la sentencia T-897 de dos mil siete (2007). Es verdad que el Consejo Superior insiste en que esa decisión sí es aplicable al caso concreto y que sólo una presentación limitada, estratégica o irrazonable del mismo, puede llevar a la conclusión contraria. No obstante, es claro que el reproche del Consejo Superior de la Judicatura se fundó en que las accionantes hubiesen desconocido las reglas y la jurisprudencia constitucional, consolidada y reiterada, sobre la subsidiariedad de la acción de tutela. La sentencia del Consejo Superior hace énfasis en que las accionantes, en cualquier caso, podrían haber justificado adecuadamente una determinada interpretación de las normas, cumpliendo la carga argumentativa mínima para darle razonabilidad a tal decisión. El Consejo Superior de la Judicatura consideró que las accionantes podrían haberse apartado de la rigurosa regla aplicable, o de cierta interpretación, si hubiesen ofrecido razones para ello - [Resumen automatizado: Las señoras Marirraquel Rodelo Navarro y Elvia Marina Acevedo promovieron acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por considerar que, al haberlas sancionado con la “suspensión en ejercicio de sus cargos por un término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo lapso” mediante sentencia disciplinaria del seis (6) de junio de dos mil trece (2013), se vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la defensa. || En el año dos mil nueve (2009), un Magistrado de Tribunal Superior sancionado disciplinariamente, cuestionó la tesis según la cual las decisiones sancionatorias de única instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no son objeto de recursos judiciales.[39] La Corte decidió en aquella ocasión que la aplicación del ordenamiento jurídico hecha por el Consejo Superior de la Judicatura, no constituía una violación al derecho al debido proceso.[40] Esta decisión de ha sido reiterada en otros casos de tutela similares y posteriores.] - [Palabras claves: tutela, sentencia, sala, proceso, constitucional, acción, corte, judicatura, consejo, superior, decisión, juez, judicial]

¿Se configura la casual de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento del precedente constitucional, atribuida por el accionante al fallo emitido por el Tribunal Administrativo que revocó la providencia proferida por el Juzgado Contencioso Administrativo del Circuito que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República? Niega - Se configura la causal especial de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento del precedente constitucional, cuando el Juez de la República en el caso concreto: (i) aplica disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad o (ii) aplica disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; así mismo, (iii) cuando contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y, por último, (iv) cuando desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijados por la Corte Constitucional en la ratio decidendi de sus sentencias de tutela. La demanda no asume la carga argumentativa y demostrativa exigida para una censura de esta naturaleza en el sentido de identificar la ratio decidendi de esas sentencias invocadas, su identidad o semejanza entre sí, y su capacidad para resolver el problema jurídico planteado en la presente oportunidad. Ninguna referencia se hace a la situación fáctica o normativa que fue enfrentada en aquellas sentencias que invoca el demandante, y menos a su similitud con los hechos y los problemas jurídicos específicos que resolvió la sentencia cuestionada, en lo que se esbozó, como pilar de su ratio decidendi que como adquirió su derecho pensional estando al servicio del Congreso de la República el régimen aplicable a su caso era el que regía para esa corporación y no el de la Contraloría General de la República y que en todo caso ambos regímenes no pueden aplicarse simultáneamente.En consecuencia, en modo alguno queda evidenciada la presunta violación del precedente constitucional, dado que no se satisfacen los presupuestos metodológicos, ni los requerimientos demostrativos y de argumentación que al efecto se exigen - [Resumen automatizado: Los obiter dicta o 'dichos de paso', no tienen poder vinculante, sino una 'fuerza persuasiva' que depende del prestigio y jerarquía del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de interpretación” En ese orden de ideas, cabe señalar que se configura la causal especial de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento del precedente constitucional, cuando el Juez de la República en el caso concreto: (i) aplica disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad o (ii) aplica disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; así mismo, (iii) cuando contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y, por último, (iv) cuando desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijados por la Corte Constitucional en la ratio decidendi de sus sentencias de tutela.] - [Palabras claves: tutela, acción, judicial, juez, sentencia, república, proceso, decisión, derecho, administrativo, derechos, constitucional, judiciales]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de una persona que sufrió un accidente de transito debido a la falta de iluminación y de mal estado en la vía, en un proceso de reparación directa al incurrir en varios defectos como valorar inadecuadamente el dictamen pericial realizado, omitir valoración de pruebas y desconocer el precedente?. Negada. Valor del dictamen pericial como medios de prueba. Cuando el juzgador aprecia razonadamente el valor de la experticia dentro del conjunto de pruebas obrantes en el expediente sin llegar a conclusiones contraevidentes, no es posible imputar al fallo un defecto fáctico por errada valoración de la prueba, pues los resultados de este ejercicio derivan de la potestad constitucionalmente protegida que tiene el juez para dirigir el proceso y apreciar libremente las pruebas, siempre que garantice el debido proceso. Caracterización del defecto por desconocimiento del precedente de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Al igual que ocurre con el precedente constitucional, también es claro frente a los pronunciamientos de las otras Cortes que un juez puede distanciarse del precedente, siempre que exponga de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición. De acuerdo con todo lo anterior, un fallo judicial incurre en defecto por desconocimiento del precedente cuandoquiera que se aparta injustificadamente del contenido constitucionalmente vinculante de un derecho fundamental o del precedente sentado por los órganos de cierre de su respectiva jurisdicción, o cuando desconoce o limita el alcance de estos pronunciamientos - [Resumen automatizado: La Sala observa que la Aseguradora Confianza, vinculada al trámite de tutela por el juez de primera instancia por haber sido llamada en garantía dentro de la acción de reparación directa, aprovechó su intervención para aseverar que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca había vulnerado su derecho al debido proceso, al cometer irregularidades en la notificación del llamamiento en garantía, condenarla al pago del lucro cesante y desconocer la prueba en relación con el monto asegurado. || En el presente asunto corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró el derecho al debido proceso de la UTDVVCC al proferir fallo de segunda instancia desfavorable a la accionante, dentro del trámite de una acción de reparación directa, como consecuencia de haber incurrido en los siguientes defectos: (i) defecto fáctico por valorar inadecuadamente el dictamen pericial, al restarle valor a las fotografías y los testimonios en los que este se fundó; (ii) defecto fáctico por omitir la valoración de una prueba determinante para descartar la negligencia de la Unión Temporal; y (iii) desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en cuanto a los elementos que deben demostrarse para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio.] - [Palabras claves: juez, tutela, dictamen, prueba, tribunal, proceso, sentencia, acción, defecto, precedente, dentro, pruebas, pericial, sala, fáctico]

¿Una autoridad judicial vulnera los derechos al debido proceso y a la igualdad, al condenar al ICFES, por haber omitido el deber de vigilancia y control sobre la implementación y el desarrollo de un programa profesional sin el debido registro ante el SNIES, al pago del máximo tope de perjuicios morales, como consecuencia de la acción de reparación directa presentada por un estudiante de un programa profesional que previamente no había obtenido el registro correspondiente y que lo obligó a presentar un examen final de idoneidad? La responsabilidad patrimonial del Estado, la entidad del daño antijurídico, la reparación integral y la equidad. La Corte ha insistido en que la amplitud o indeterminación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 no puede conducir a decisiones que riñan con otros mandatos de la Carta y, por supuesto, con los derechos fundamentales de quienes participan de un proceso. Como consecuencia, es evidente que una herramienta básica para evitar la arbitrariedad, la constituye el deber de justificación de la decisión judicial y la atención de los precedentes aplicables al caso. La ausencia de argumentos que expliquen por qué a las acciones de reparación directa invocadas le es aplicable el monto máximo del perjuicio moral, llevan a que la Sala considere tal determinación como arbitraria y, por tanto, vulneradora de los derechos a la igualdad y al debido proceso - [Resumen automatizado: El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), a través de apoderado judicial, presentó escritos de acción de tutela el 20 de agosto de 2010 (expediente T-3174715) y el 23 de noviembre del mismo año (T-3181389), contra las providencias judiciales dictadas por los Juzgados Tercero y Sexto Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación directa iniciado por Édgar Ernesto Astudillo y otros (expediente T-3174715) y Janio Fernando Ruiz Burbano y otros (expediente T-3181389) contra el Icfes, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Libre de Colombia. || Señala que las acciones de reparación directa contra la Nación Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y la Universidad Libre de Colombia, fueron presentadas por Janio Fernando Ruiz Burbano y su familia el 17 de diciembre de 2003 (expediente T-3181389) y por el señor Édgar Ernesto Astudillo López y otros el 05 de mayo de ese mismo año (expediente T-3174715), con el objetivo de definir la responsabilidad inferida de la “omisión de la función de vigilancia y control” respecto al funcionamiento sin registro del programa de “Derecho y Ciencias Políticas y Sociales” por parte de la Universidad Libre de Colombia, sede Popayán.] - [Palabras claves: sentencia, decisión, tutela, daño, administrativo, proceso, judiciales, derecho, acción, judicial, programa, reparación, nacional, derechos, juez, perjuicios, popayán]

¿Es la acción de tutela procedente contra sentencias judiciales por desconocer el precedente judicial frente al tema del requisito de fidelidad como requisito en la pensión de sobrevivientes, generando la vulneración de los derechos fundamentales del accionante?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional. La Corte ha considerado que una decisión judicial que desconozca los pronunciamientos que emite la Corte en el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad, tanto en las decisiones de inexequibilidad como en la ratio decidendi de las decisiones de exequibilidad, adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte Constitucional. Así, el desconocimiento del precedente puede derivar en un defecto sustantivo cuando se irrespeta la cosa juzgada constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o en la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Inconstitucionalidad del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 - [Resumen automatizado: Por tales razones, la Sala Novena de Revisión protegerá los derechos fundamentales vulnerados a la peticionaria y, en consecuencia, dejará sin efecto la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2010 por el Tribunal Superior de Neiva en su Sala Civil Familia Laboral, y ordenará a esa autoridad judicial que dicte un nuevo fallo dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ana Francisca Rubiano de Vargas contra el Instituto de Seguros Sociales en el que siga estrictamente el precedente constitucional sobre fidelidad para con el sistema en materia de pensión de sobrevivientes.] - [Palabras claves: corte, sentencia, constitucional, derechos, tutela, sentencias, sala, requisito, fidelidad, ley, sobrevivientes, precedente]

Tutela contra sentencia judicial. Programa profesional ofrecido por ente universitario público intervenido por el ICFES y el MEN , sin el debido registro ante el SNIES. ¿El que las autoridades judiciales al condenar al ICFES, por haber omitido el deber de vigilancia y control sobre la implementación y el desarrollo de un programa profesional sin el debido registro ante el SNIES, tasaran el perjuicio moral en el valor máximo concedido por el Concejo de Estado, incurrieron en un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en la tasación de los perjuicios morales? Breve caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional. Línea jurisprudencial consolidada en el Consejo de Estado en materia de daño moral y tasación de perjuicios morales. A juicio de la Sala, la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de daño y perjuicios morales sí establece parámetros vinculantes para los jueces administrativos. El hecho de que en el caso objeto de estudio se establezca el monto máximo previsto por el Consejo de Estado (aún a manera indicativa) como condena por perjuicios morales, sin dar ninguna razón para ello diferente al ejercicio del arbitrio judicis y, más aún, sin establecer por qué este caso produce una aflicción emocional de similar intensidad a la que se produce en aquellos eventos en que la alta Corporación citada ha aplicado la presunción de intensa aflicción, resulta abiertamente irrazonable. La Sala concede el amparo al debido proceso del ICFES, únicamente, en tanto las sentencias controvertidas adolecen de una ausencia de motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y constitucional del fallo; amenaza el principio de igualdad de trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos, y puede llevar a un grave detrimento del erario - [Resumen automatizado: Corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca incurrieron en (i) defecto sustantivo al declarar responsable al ICFES por los perjuicios ocasionados a Álvaro Pérez Ordóñez a raíz de la suspensión del programa de derecho que cursaba en la sede Popayán de la Universidad Libre de Colombia, tomando en cuenta las funciones del Instituto y la autonomía universitaria; (ii) defecto fáctico al considerar comprobado el daño con base en prueba testimonial; y (iii) desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en materia de tasación de perjuicios morales. || “… una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador[23], (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente[24] (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[25] (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva] - [Palabras claves: tutela, derecho, constitucional, judiciales, decisión, juez, daño, precedente, sentencia, acción, judicial, corte, defecto, sentencias, perjuicios, sala, programa]

¿La decisión del Tribunal accionado vulneró el principio de igualdad de los actores, al no aplicar el precedente establecido por el mismo Tribunal en un caso pasado con similares supuestos de hecho? Improcedente. El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. Este apego a las decisiones anteriormente proferidas no debe entenderse como un principio de carácter absoluto en la administración de justicia, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto, simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. El funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente resuelto por el superior jerárquico, siempre y cuando exponga de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición - [Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: || Tanto el a quo como ad quem (Salas Quinta y Primera del Consejo de Estado) argumentaron que la jurisprudencia uniforme del Consejo de Estado ha sostenido que no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales cuando éstas han sido producto del agotamiento de todos los recursos propios de un proceso; los cuales pretenden garantizar el derecho de defensa, y así la posibilidad de presentar los argumentos para controvertir las distintas posiciones. || 12.- Dijo la Corte recientemente sobre la vulneración directa de la Constitución por parte de los jueces al decidir: “[e]stos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”[11].] - [Palabras claves: judicial, precedente, sentencia, juez, derecho, ley, tribunal, tutela, indemnización, hecho, sólo, corte, si, decisión, anterior]

¿El Tribunal Administrativo accionado vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad del actor, al defender dos interpretaciones distintas de la misma norma y, en consecuencia, resolver de forma diferente casos que presentaron identidad en la situación fáctica sometida a consideración, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor en contra de la DIAN? Improcedente. Vinculación del precedente judicial horizontal y vertical en el ordenamiento colombiano. Seguridad jurídica y coherencia del sistema jurídico. El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. Principio de autonomía judicial. Significado y alcance de la ampliación del término para realizar el requerimiento especial previsto en el artículo 706 del Estatuto Tributario. Frente a la inspección tributaria, se ha señalado que el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de la notificación del auto que la decrete por un lapso fijo de 3 meses, no prorrogable pero tampoco sujeto a disminución. No es la simple notificación del auto que ordena la inspección tributaria la que permite que opere la mencionada suspensión, pues es necesario que la práctica de la prueba sea real, es decir que durante el término en cuestión los funcionarios comisionados efectivamente realicen el levantamiento de al menos una diligencia acorde con lo establecido en el artículo 779 E.T. No es posible entender que el precedente consiste en la necesidad de modificar fallos ejecutoriados con base en el cambio de criterio judicial que se presente en un caso posterior - [Resumen automatizado: En sentencia de 5 de agosto de 2009 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió rechazar la solicitud presentada por el señor Guío Páez argumentando que la acción de tutela y, en ese sentido, al juez constitucional no le compete cuestionar la labor interpretativa del juez de conocimiento cuando esta se encuentra debidamente sustentada; a esta conclusión se llega por el principio de independencia de las jurisdicciones, competencia de cada jurisdicción para conocer de determinados temas y seguridad jurídica f. || La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado ratificó su posición respecto de la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando ésta se dirige a variar el sentido de fondo de la controversia dirimida, “[p]orque aceptar tal pretensión implicaría desconocer los principios de cosa juzgada, de seguridad jurídica e incluso de independencia y autonomía de los jueces, consagrados en el artículo 228 de la Carta Política, y representaría la equivocación de admitir que en el lapso de 10 días es posible modificar el sentido de una decisión cuyo examen y conclusión reportó un estudio complejo llevado a cabo dentro de un término mucho mayor” f.] - [Palabras claves: judicial, tribunal, administrativo, acción, tutela, precedente, providencias, decisión, sentencia, juez, sentencias, corte, término, actor, consejo]

¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos al debido proceso y a la igualdad de los accionantes, al negarles el reconocimiento de los perjuicios morales que solicitaron mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, por la muerte de su hermano, quien era soldado? Concedida. Desconocimiento del precedente. La autonomía de los jueces de la República no tiene carácter absoluto. Los jueces deben fallar determinando las disposiciones de ley aplicables y las reglas interpretativas fijadas por los superiores en casos similares. Doctrina probable. El precedente asegura el respeto del derecho a la igualdad. Variación de la posición jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la indemnización de perjuicios morales de los hermanos mayores. Actualmente se presume el daño de los hermanos, por lo que únicamente se requiere acreditar el parentesco - [Resumen automatizado: En las condiciones anotadas, resulta fácil concluir que la tesis adoptada en la sentencia cuestionada mediante el ejercicio de la acción de tutela corresponde a la posición abandonada por el Consejo de Estado y que, debido a ello, el Tribunal Administrativo de Nariño desconoció la jurisprudencia vigente, pues sólo ordenó la indemnización por perjuicios morales a favor de la madre del soldado profesional, mas no a favor de sus hermanos, a quienes descartó por ser mayores de edad y no haber probado especiales lazos de afecto con la víctima. || Los demandantes en tutela estiman que, en su calidad de hermanos de la víctima, tienen derecho al reconocimiento de perjuicios morales y que, al denegar sus pretensiones, el Tribunal Administrativo de Nariño les desconoció el derecho al debido proceso, pues no valoró las pruebas mediante las cuales buscaron demostrar la existencia de lazos de afecto con el hermano fallecido y que, a su vez, violó el precedente, ya que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha prohijado una jurisprudencia de conformidad con la cual "basta la demostración del parentesco para que se concluya el daño".] - [Palabras claves: administrativo, proceso, precedente, sala, consejo, sentencia, jurisprudencia, tutela, tribunal, corte, acción]

¿Está obligada una empresa a aplicar la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad que en abstracto declaró inexequibles normas legales que consagraban cláusulas extintivas de derechos pensionales por nuevas nupcias, por ser éstas contrarias a la Constitución de 1991? El carácter vinculante de la interpretación normativa efectuada por la Corte Constitucional en sus sentencias. Concepto y valor jurídico de la ratio decidendi y del precedente constitucional. La coherencia del orden jurídico colombiano y la preeminencia de la Constitución de 1991. El carácter vinculante de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional y el fundamento constitucional de su fuerza obligatoria. Elementos específicos de la parte motiva de las sentencias de control abstracto de la Corte Constitucional que son jurídicamente vinculantes para los operadores jurídicos y criterios. Tipos de sentencias que profiere la Corte Constitucional y su ratio decidendi. El precedente constitucional. Concedida - [Resumen automatizado: La ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional. || En efecto, la sentencia C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) que estudió la constitucionalidad del artículo 23 del Decreto Ley 2067 de 1991[19], concluyó en materia de cosa juzgada constitucional, que los fallos de control abstracto tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen efectos erga omnes y no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la Carta; ii) tales efectos resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque no necesariamente, porque depende de la Corte, como se dijo, fijar autónomamente tales efectos; iii) que frente a las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la misma norma nuevamente por los mismos motivos, a fin de respetar la seguridad jurídica; iv) que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en especial las de inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de controversia por las mismas razones, y v) que todos los operadores jurídicos están obligados a respetar el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: sentencia, corte, constitucional, sentencias, derecho, constitucionales, vinculante, parte, constitución, tutela, precedente, carta, interpretación]

Tutela contra providencia judicial. Proceso ordinario laboral. Reintegro - Fuero sindical. Violación al debido Proceso. Reglamento Tribunales Superiores. Acuerdo 108 de 1997. Cambio de magistrado ponente - Rechazo proyecto de sentencia y asumir nuevamente el conocimiento del proceso. No se tuvo en cuenta existencia de cosa juzgada. Concedida. Trámite procesal. Cosa juzgada no se limita a la parte resolutiva, sino que se extiende a aquellos elementos de la motivación que explican y justifican de manera directa la resolución del caso. Alcance Sentencias C-131-93 y C-037-96. Principio de igualdad es extensible a toda la jurisdicción ordinaria, así como a la contenciosa administrativa - [Resumen automatizado: El demandante considera que la Sala Octava de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla violó sus derechos fundamentales, por las siguientes razones: (i) violación al debido proceso por haberse devuelto el proyecto al Magistrado ponente, cuando éste había dictado auto en el cual se indicaba que su ponencia había sido rechazada; (ii) violación del debido proceso en la sentencia definitiva, por haber estudiado asuntos que no son objeto del proceso; esto es, si la separación del cargo fue voluntaria o un despido; (iii) violación del debido proceso por indebida valoración probatoria. || Lo anterior no afecta la ratio decidendi de las sentencias de la Corte, pues aunque la resolución sólo tiene efectos interpartes, la ratio está definida en la parte motiva y, en la medida en que es la razón por la cual se unifica jurisprudencia (además de resolver el caso concreto), se torna en precedente. || Lo anterior no afecta la ratio decidendi de las sentencias de la Corte, pues aunque la resolución sólo tiene efectos interpartes, la ratio está definida en la parte motiva y, en la medida en que es la razón por la cual se unifica jurisprudencia (además de resolver el caso concreto), se torna en precedente.] - [Palabras claves: proceso, decisión, corte, sentencia, magistrado, mayoría, ponente, sala, proyecto, posición, judicial, si]