¿Cuáles son la naturaleza jurídica, el rango normativo, la fuerza vinculante, el alcance y los límites de las competencias que en materia de administración y específicamente de la contratación en el Senado de la República le asisten a los siguientes órganos: Presidente de la Mesa, Directiva del Senado, Mesa Directiva del Senado de la República, Comisión de Administración, Director Administrativo? ¿La atribución contenida en el numeral 1 del artículo 41 de la ley 5 de 1992 "para una mejor organización interna, en orden a una eficiente labor legislativa y administrativa", tiene prevalencia, subordina o qué otro efecto jurídico vinculante produce frente a las funciones tanto de la comisión de administración como del director administrativo? ¿Puede, eventualmente, la Mesa Directiva o el Presidente de la misma, afectar, subrogar, derogar, revocar, o producir algún otro efecto sobre decisiones típicamente administrativas de la Comisión de Administración y del Director Administrativo? En cuanto a las potestades que asisten a cada uno de los órganos de eficacia, moralidad, economía, celeridad, y tomando en cuenta la extensión y los límites que se establezcan en el ejercicio de las competencias, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a cada uno de los órganos mencionados en el ejercicio de las funciones, atribuciones o competencias de que sean titulares y cuál la consecuencia sobre actos o contratos producidos con pretermisión o trasgresión de los límites y alcances que a cada uno corresponde? ¿La ordenación del Gasto en el Honorable Senado de la República corresponde al Presidente de dicha Corporación, de conformidad con la Ley 179 de 1994, o debe ejercerla el Director General Administrativo del Senado, según lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992? Los servidores que desempeñan funciones administrativas en cada uno de los órganos del Senado de la República, son susceptibles de responder en una o varias de las modalidades descritas en forma genérica, teniendo en cuenta la distribución de funciones de la Ley 5ª de 1992

¿La reglamentación del tema de pasajes y viáticos tanto de los H. Representantes como de sus funcionarios, corresponde a la Mesa Directiva en desarrollo de sus funciones contenidas en la ley 5a. de 1992, o al señor Presidente de la Mesa en su condición de ordenador del gasto? Teniendo en cuenta que el artículo 4o. del Decreto 870 de 1989, no sólo contempla el procedimiento para la solicitud y ordenación del reconocimiento y pago de pasajes aéreos, sino que dispone que cada congresista tendrá derecho a un pasaje por cada semana, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y un pasaje mensual en el período de receso, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, y que esta prestación no está contemplada en ninguna otra norma legal, se pregunta. ¿ Puede la Mesa Directiva en desarrollo de sus funciones legales adoptarla mediante acto administrativo en caso de que el decreto 870 de 1989 no se encuentre vigente?. ¿En caso contrario a quién corresponde tal facultad? ¿Los estudios de seguridad debidamente soportados elaborados por los organismos competentes que califiquen de alto riesgo la integridad personal de un H. Representante, le permiten a la Mesa Directiva en el suministro de tiquetes aéreos, conceder tratamiento preferencial en relación con la empresa escogida para su desplazamiento? Aunque en el régimen ordinario los viáticos constituyen salario únicamente en el evento de percibirse por un término no menor a 180 días en el último año de servicios -art.45, decreto 1045 de 1978-, el artículo 17 de la ley 4ª de 1992 establece que el régimen de pensiones de los representantes y senadores no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista, razón por la cual los viáticos pagados a estos servidores constituyen factor salarial