¿La Corporación accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido del actor, al declarar la pérdida de su investidura como concejal? Improcedente. Defecto sustantivo. Defecto fáctico - [Resumen automatizado: Javier Alonso Lastra Fuscaldo, presentó, mediante apoderado judicial, el 6 de agosto de 2009, acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, para la protección inmediata de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, que considera vulnerados por la entidad accionada dentro del proceso por virtud del cual se declaró la pérdida de su investidura como concejal de Bogotá. || Por una parte, siguiendo las pautas trazadas desde la Sentencia SU-1159 de 2003, se ha señalado que contra las sentencias proferidas en segunda instancia por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en los procesos de pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones de elección popular de las entidades territoriales, procede el recurso extraordinario especial de revisión previsto por la Ley 144 de 1994[19], y que es preciso agotar este medio de defensa judicial antes de acudir a la acción de tutela.] - [Palabras claves: consejo, recurso, investidura, contratos, sala, tutela, propio, pérdida, interés, corte, sentencia, decisión, ley, acción, revisión]

¿Existe vía de hecho en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la pérdida de investidura del actor como diputado? Negada. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. Las causales de inhabilidad previamente establecidas son de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva, no cabe su aplicación por analogía ni por extensión, ya que tienen por consecuencia una sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad. Sin embargo, el régimen constitucional permite aplicar esa sanción a los diputados que violen el régimen de inhabilidades en virtud de la remisión que hace el artículo 299 superior al régimen de inhabilidades de los congresistas y, esa expresa remisión no implica la aplicación extensiva o analógica, sino la previsión, respecto de los diputados y para todos los efectos, de un régimen similar al de los congresistas. - [Resumen automatizado: Como ha quedado sintetizado en los antecedentes de la presente providencia, el actor estima que, al proferir la sentencia que lo privó de la investidura de diputado, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado incurrió en vía de hecho, por dos motivos principales, a saber: en primer término, porque se habría omitido la práctica de la prueba pertinente para determinar el parentesco que sirve de base a la causal invocada, habiéndose apreciado en su lugar pruebas testimoniales logradas sin las formalidades legales, e incluso la confesión de parte, y, en segundo lugar, porque el Consejo de Estado le habría dado aplicación extensiva o analógica a una disposición constitucional que prevé causales de inhabilidad sólo para congresistas mas no para diputados, fuera de lo cual, en abierta contradicción con el principio de legalidad, la Corporación habría derivado de esa causal de inhabilidad la pérdida de investidura finalmente decretada.] - [Palabras claves: pérdida, investidura, sala, inhabilidades, causal, administrativo, sentencia, tutela, régimen, consejo]

¿La prohibición contenida en el artículo 110 constitucional, relativa a las contribuciones para con candidatos, movimientos o campañas políticas resulta o no aplicable a los concejales de municipio y de distrito y, sí como consecuencia de su aplicación las agencias judiciales que lo aceptaron incurrieron en una vía de hecho? Improcedente. Vía de hecho judicial. El instituto de la pérdida de investidura y el alcance de la prohibición contenida en el artículo 110 de la Constitución. - [Resumen automatizado: En la solicitud de tutela se demanda la protección de los derechos al debido proceso y la garantía política a ser elegido, para que, en consecuencia, se dejen sin efectos las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Huila de octubre 15 de 2003 y por la Sección Primera del Consejo de Estado de 14 de octubre de 2006 respectivamente, por incurrir en una evidente vía de hecho. || Se demanda por el señor Marlio Villalba Mosquera, a través de apoderado constituido en legal forma, la protección de los derechos al debido proceso y la garantía política a ser elegido, para que, en consecuencia, se dejen sin efectos las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Huila de octubre 15 de 2003 y por la Sección Primera del Consejo de Estado de 14 de octubre de 2006 respectivamente, por incurrir en una evidente vía de hecho. || Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado en este caso, la Sala analizará: (i) la doctrina constitucional establecida por esta Corporación sobre la vía de hecho judicial; (ii) la configuración del defecto fáctico en las decisiones de la jurisdicción; (iii) el instituto de la pérdida de investidura y el alcance de la prohibición contenida en el artículo 110 de la Constitución.] - [Palabras claves: corte, investidura, tutela, sentencia, hecho, pérdida, juez, constitucional, acción, decisión, vía, judicial, consejo, proceso]

¿Es procedente conceder el amparo transitorio al alcalde de un municipio que solicita su reintegro, previa suspensión de los decretos del respectivo gobernador que lo desvinculan de su cargo, dado que la decisión fue tomada con base en el fallo del Consejo de Estado que le decretó la pérdida de investidura como diputado que ejercía anteriormente? Suspensión provisional. Es procedente la tutela, como mecanismo transitorio, aunque dentro de un proceso administrativo exista la posibilidad de pedir la mencionada suspensión del acto acusado. Concedida - [Resumen automatizado: Indica que la manifestación anterior debía hacerla dentro de los 10 días siguientes del fallo, decisión que fue aclarada el 09 de septiembre de 2005, comentando que “el día 4 de octubre de 2005 no obstante conocer tan sólo las noticias sobre el fallo informé al gobernador encargado del departamento del Tolima que no me encontraba inhabilitado porque así lo había dispuesto la Procuraduría General de la Nación en fallo del 11 de abril de 2005, esto en virtud de que el fallo de la Procuraduría debía ser analizado conjuntamente con el posible pronunciamiento de la acción de cumplimiento quien como autoridad que califica las inhabilidades sobrevinientes CONCLUYÓ NO estar incurso en ella, solicitando se iniciara la ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA correspondiente para que en la misma, en garantía del debido proceso, se estudiara y analizara el alcance del fallo de la Procuraduría informé además que los términos se encontraban interrumpidos y que la sentencia ni si quiera había llegado al juez de primera instancia, esto es, el Tribunal Administrativo del Tolima, para su efectivo cumplimiento en concordancia con las normas procesales”.] - [Palabras claves: acción, cumplimiento, proceso, actos, cargo, derecho, sentencia, consejo, alcalde, ibagué, tutela, decisión, fallo, debido, ley, parte, dentro, pues]

¿Procede la tutela para quien estima que en el fallo que decidió sobre su pérdida de investidura por vía de hecho, a pesar de aducir que la vía de hecho se constituye en la sentencia de primera instancia? Acción de tutela contra sentencia que decide recurso de revisión de pérdida de investidura. Improcedencia de la acción. Negada - [Resumen automatizado: Tanto la sentencia que decretó la pérdida de investidura del demandante, como la que resolvió el recurso extraordinario de revisión, en cuanto no accedió a invalidar la primera, constituyen vías de hecho porque, introduciendo un cambio abrupto de jurisprudencia y exponiendo argumentos manifiestamente irrazonables que no justificaban objetivamente dicho cambio, desconocieron de manera ostensible los preceptos contenidos en los artículos 179 numerales 2 y 3, y 181 inciso 2° de la C.P., con violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la honra y el buen nombre, al trabajo, y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, en conexión con los principios de la buena fe y la confianza debida. || Que con la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que desató el recurso extraordinario de revisión contra el fallo que decretó la pérdida de investidura, se encuentran agotados todos los medios e instrumentos judiciales ordinarios de defensa, circunstancia que, en criterio del demandante, abre la posibilidad de la tutela como único mecanismo subsistente para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales que se invocan. || (ii) Cuando el defecto que estructura la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial ocurriere durante el proceso de pérdida de investidura, y siendo invocada en el recurso extraordinario especial de revisión, el análisis que efectúa el Consejo de Estado acerca de la violación del derecho fundamental contradice la Constitución o la jurisprudencia constitucional aplicable.] - [Palabras claves: revisión, tutela, acción, investidura, sentencia, decisión, recurso, proceso, pérdida, extraordinario, judiciales, consejo, sala]

Tutela contra providencia que declaró la improsperidad del recurso extraordinario de revisión en proceso de pérdida de investidura de Senador de la República por desempeñar cargos o empleo público o privado. Alcance de la causal de pérdida de investidura contemplada en el Inciso 1o. del Artículo 180 de la Constitución: la prohibición a los congresistas de desempeñar cargos o empleos públicos o privados no les impide desarrollar cualquier oficio o actividad. ¿Procede la acción de tutela cuando una primera tutela fue negada por existencia de otro medio de defensa y la nueva tutela se interpone después de haber agotado la vía gubernativa? Una vez agotados los mecanismos ordinarios de defensa y si la violación persiste la tutela es procedente. Concedida. Se abstiene de reintegro ante la imposibilidad material de su cumplimiento, habida cuenta de que el período constitucional para el cual fue elegido se encuentra expirado - [Resumen automatizado: Manifiesta que acude a la acción de tutela, no obstante haberla ejercido en anterior oportunidad, contra la providencia que decretó la pérdida de su investidura de Senador de la República; por cuanto, de una parte, debía agotar esa vía para la defensa de sus derechos básicos, como se lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU 858 de 2001, y de otra, dirigir ahora su solicitud de protección judicial contra la sentencia que denegó la revisión del primer fallo, razón por la que ahora estamos ante un nuevo y diferente hecho que no fue considerado por los jueces cuando presentó su primera demanda de tutela. || 4.- Antes de entrar en el análisis de los anteriores temas, esta Sala, deberá analizar si en el presente caso se está haciendo uso adecuado de la acción de tutela, toda vez que el señor Perea Arias interpuso, en distinta ocasión, otra acción de tutela contra la providencia del 18 de julio de 2000 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que lo despojó de su investidura, y que fue revisada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU 858 de 2001, en la cual se consideró que el demandante contaba con otro mecanismo de defensa judicial.] - [Palabras claves: tutela, investidura, constitución, acción, pérdida, sala, proceso, vía, consejo, derechos, derecho, cargo, empleo, hecho, revisión]

Congresista. Pérdida de investidura por votación positiva en proyecto de ley que lo favorece en tema sobre enriquecimiento ilícito. Inviolabilidad de opiniones de los congresistas y el régimen de conflicto de intereses. Aplicación en proceso regulado mediante la Ley 144 de 1994, el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, que autoriza a la Sala a practicar pruebas "en la oportunidad procesal de decidir". Análisis derecho de igualdad por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado. Confirma fallo - [Resumen automatizado: El demandante señala que en los casos mencionados, los senadores conocían conforme certificación de la Corte Suprema de Justicia-, al momento de votar el proyecto de ley el día 13 de diciembre de 1995, de la existencia de procesos penales en su contra, unos en investigación previa y otros con apertura de instrucción, en los cuales se discutía la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de particulares. || Esta situación obliga a considerar el siguiente problema jurídico: ¿Es posible predicar conflicto de intereses de un parlamentario, cuando es sometido a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que (i) incorpora la rationes decidendii de sentencias dictadas en procesos de control de constitucionalidad de leyes de la República, (ii) que tiene por consecuencia reiterar la obligación de todo juez de observar la jurisprudencia constitucional (la ratio decidendi) en aquellos puntos que hacen tránsito a cosa juzgada con fuerza erga omnes y, además, (iii) lo cual podría implicar un beneficio para un parlamentario, habida consideración de la existencia de sentencias de la Corte Constitucional, que han hecho tránsito a cosa juzgada, que acogen o fijan cierta interpretación sobre una disposición relacionada con un hecho punible?] - [Palabras claves: corte, sentencia, consejo, derecho, si, proceso, tutela, enriquecimiento, juez, constitución, pues, igualdad, ilícito, constitucional, hecho]