Se absolvió al concejal de Pamplona, Gélvez Suárez de la demanda de pérdida de investidura. La alta corte sostuvo que, si bien incurrió en la prohibición que tienen los servidores públicos para celebrar contratos con entidades estatales, lo hizo sin que tuviera conocimiento de que esta actuación daba lugar a la pérdida de investidura. La Sala revocó el fallo del Tribunal y mantuvo la investidura del concejal, ya que, si bien esta prohibición de los servidores para celebrar contratos con entidades estatales se extiende a los concejales, el demandado no estaba en condiciones de conocer la ilicitud de su actuación. El fallo señala que el concejal, que señaló tener un nivel de educación formal básica primaria, trató de indagar si al celebrar este contrato incurría en una incompatibilidad que condujera a su pérdida de investidura. Para el Consejo de Estado, es evidente que el demandado incurrió en la falta sin tener certeza sobre la prohibición que tenía para celebrar el contrato mientras fungiera como cabildante. No se encontró acreditada la configuración del elemento subjetivo de la causal de desinvestidura por violación del régimen de incompatibilidades establecido en el inciso 1 del artículo 127 de la C. Política, en la medida en que la conducta no se realizó en forma dolosa o gravemente culposa

¿Celebrar un contrato de arrendamiento por interpuesta persona con el municipio de respecto del cual es concejal es causal de pérdida de investidura? Las pruebas válidamente recaudadas, evidencian que existió un contrato de arriendo celebrado por el señor Antonio Cardona Cardona y luego por el señor Rodrigo Arias Castaño, con el municipio de Norcasia para que funcionara la Casa de la Cultura del Municipio. Sin embargo, de los documentos y los testimonios rendidos, la Sala por vía indirecta puede válidamente inferir que el contrato de arrendamiento fue celebrado por el concejal demandado por interpuesta persona, pues pese a que el señor Cardona Cardona en un principio negó haber suscrito algún contrato con el municipio de Norcasia, posteriormente reconoció la existencia de su firma en el contrato de arriendo, las cuentas de cobro, las órdenes de pago y el acta de liquidación del contrato, documentos que prueban la solemnidad y la existencia del mismo. En efecto, el análisis en conjunto de las pruebas allegadas y conforme a las reglas de la sana crítica, condujo a la Sala a tener por demostrados los hechos configurativos de la causal, al comprobar inequívocamente que el concejal demandado celebró contrato con el municipio respecto del cual es concejal, por interpuesta persona, lo cual lo hace incurso en la incompatibilidad prevista en la norma