¿Vulnera una autoridad judicial el derecho fundamental a la defensa de una persona al no haberla notificado personalmente del auto admisorio de una demanda en la que se discutía la titularidad de una pensión de sobrevivientes que disfrutaba? Concede. La Corte Constitucional ha considerado que el derecho a la defensa es un elemento esencial del derecho al debido proceso. Al respecto, ha sostenido que aquellas situaciones en las que una persona está en imposibilidad absoluta de conocer de un proceso cuyo resultado pueda afectar sus intereses, constituye una irregularidad procesal que puede dar lugar a la protección del derecho al debido proceso por medio de la acción de tutela. El análisis de los hechos de la presente acción de tutela, lleva a la Corte Constitucional a concluir que no se incurrió en una actuación irregular en el trámite llevado a cabo para notificar a la accionante. Sin embargo al emplazársele y designársele un curador ad litem que no intervino en el proceso laboral para defenderla, se le vulneró el derecho de defensa. \La notificación personal es la forma de garantizar el derecho a la defensa de una persona con interés legítimo en el resultado de un proceso judicial. En este caso, está claro el interés que tenía la accionante en el resultado del proceso, ya que ella era la titular, en ese momento, de la pensión de sobrevivientes reclamada al momento de la interposición de la demanda. Por lo tanto, debe concluirse que era necesario que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá la notificara personalmente del auto admisorio de la demanda, para que esta ejerciera su derecho a la defensa, controvirtiera los argumentos y pruebas expuestos por la parte demandante, e hiciera valer los propios - [Resumen automatizado: En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos, en segunda instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 13 de noviembre de 2013, y en primera instancia, por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de septiembre de 2013, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Carmen Moreno de Saldaña en contra del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,[1] con vinculación de la señora Azucena Parra de Saldaña. || La señora Carmen Moreno de Saldaña interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y la UGPP, por considerar que esas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, al revocar el acto administrativo por medio del cual se le reconoció la pensión de sobrevivientes, con fundamento en una sentencia que se profirió dentro de un proceso del cual no fue notificada personalmente.] - [Palabras claves: proceso, bogotá, derecho, tutela, acción, corte, sala, defensa, debido, derechos, juzgado, sentencia]

¿Una Alcaldía Municipal vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes durante el desarrollo del proceso de amparo administrativo interpuesto, al realizar una indebida notificación de los actos que culminaron con el desalojo y decomiso de los elementos de trabajo de los accionantes? Concede - Se vulnera el derecho al debido proceso en el trámite del amparo administrativo cuando se omite notificarles a los presuntos perturbadores, de manera personal en el domicilio o en el lugar de trabajo, cuando la administración, teniendo conocimiento del lugar de trabajo, no realiza la respectiva notificación y se limita a notificar por edicto. La Alcaldía Municipal vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, y de las personas que se encontraban en idéntica situación a la de ellos, al omitir notificar a los presuntos perturbadores la admisión de la querella y las resoluciones en los lugares donde ejercían la minería de manera, presuntamente, informal - [Resumen automatizado: El ejercicio de los derechos de exploración y explotación incorporados en un título minero puede verse entorpecido por actos o hechos de terceros, bien se trate de particulares o de servidores públicos, motivo por el cual la legislación ha dispuesto un proceso de amparo administrativo, regulado en el capítulo XXVII del Código de Minas, con el objeto de otorgar protección estatal a los derechos del explorador o explotador, no sólo para salvaguardar el ejercicio lícito de una actividad económica, sino en consideración al alto interés público vinculado al aprovechamiento racional de las riquezas mineras del país. || Uno de los presupuestos fácticos del amparo administrativo y de los procesos policivos, es el despojo, ocupación o perturbación, entendido como acto ilegítimo sobre un área objeto de título minero, realizado sin consentimiento de la persona que tiene el derecho de ejercer las actividades relacionadas con la actividad minera, siendo ésta la legitimada para interponer la querella correspondiente. || Uno de los presupuestos fácticos del amparo administrativo y de los procesos policivos, es el despojo, ocupación o perturbación, entendido como acto ilegítimo sobre un área objeto de título minero, realizado sin consentimiento de la persona que tiene el derecho de ejercer las actividades relacionadas con la actividad minera, siendo ésta la legitimada para interponer la querella correspondiente.] - [Palabras claves: título, amparo, administrativo, código, proceso, minero, empresa, notificación, tutela, cuaderno, no, derecho, si, accionantes]

Suspensión licencia para proyecto hotelero otorgada con anterioridad a declaratoria de parque natural en la zona del proyecto. Violaron las autoridades judiciales que conocieron en diferentes instancias el proceso administrativo que terminó con la suspensión del proyecto inmobiliario al omitir notificar a la Fiduciaria como administradora del patrimonio autónomo del que hacía parte el predio objeto de la licencia? Niega- A pesar de que no se había notificado personalmente a la accionada la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre suspensión del proyecto inmobiliario, si fur notificado personalmente el fiducomitente, en calidad de representante de la saciedad, y posteriormente por edicto, de tal manera que el fiducomitente -quien debió notificar a la fiduciaria- hizo parte en el proceso administrativo y posteriormente inició el proceso contencioso administrativo - [Resumen automatizado: Alianza Fiduciaria S.A. interpuso acción de tutela contra las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, por considerar que en ellas se incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, al haberse violado el “principio de consonancia”, que condujo a que “en las sentencias cuya revisión constitucional se solicita se plasmaran apreciaciones que no se adecuan a la realidad procesal acreditada en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dando como resultado la incongruencia entre los supuestos fácticos y las consideraciones jurídicas, por ausencia de apreciación en la valoración probatoria.” La solicitud de tutela se apoya en los siguientes: || José Gregorio Hernández Galindo), estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y declaró inexequibles las disposiciones acusadas por considerar que desvirtuaban las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política, lo cierto es que la providencia que se cita también matizó su decisión de inexequibilidad en su parte motiva, al prever en la ratio decidendi de la sentencia, que la acción de tutela podía llegar a ser procedente contra actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales, cuando ellas resultarán ser una vía de hecho.] - [Palabras claves: corte, tutela, acción, proceso, constitucional, derecho, sentencia, administrativo, sala, hecho, proyecto, judicial, vía, judiciales, derechos]

¿Resulta vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso y a la vivienda cuando la Administración sanciona a un ciudadano, sin que hubiera vinculado -a través de la notificación personal- a las personas que habitan el bien y que, si bien no ostentan la calidad de propietarios actuales, están obligados a salir al saneamiento de los vicios jurídicos del inmueble y, a su vez, residen en el mismo? Negada. Publicidad de las actuaciones judiciales y administrativas como componente central del derecho al debido proceso. Los procedimientos policivos deben contar con instrumentos idóneos para la publicidad de los actos administrativos. - [Resumen automatizado: Para sustentar esta conclusión, expresa que la identificación del bien fue realizada a través de instrumentos técnicos de georreferenciación, adelantados por la Subsecretaría de Control de Vivienda del DAMA (actualmente adscrito a la Secretaría Distrital de Hábitat), los cuales concluyeron que el predio era de propiedad de Santiago Pardo Ramírez, quien, a su vez, se hizo parte en la actuación administrativa y ejerció las acciones correspondientes, en su doble condición de propietario y responsable de la obra. || La actora considera que las entidades demandadas vulneraron su derecho de defensa, puesto que (i) pretermitieron la notificación personal del inicio del trámite policivo por infracción al régimen urbanístico y de obras, a pesar que tenía la condición de tercera interesada en el proceso administrativo, debido a que habita el inmueble junto con sus menores hijos y fue la anterior propietaria del predio, siendo responsable ante el nuevo dueño de los vicios jurídicos del bien transferido; y (ii) adelantó la actuación en contra de Santiago Pardo Ramírez, quien no es el propietario del predio en que se ubica la construcción objeto de la sanción.] - [Palabras claves: predio, actuación, proceso, administrativa, derecho, inmueble, notificación, corte, defensa, local, construcción, obras]