¿Desconoce el principio de voluntariedad del arbitramiento, la obligación impuesta para esto en algunas de las normas demandadas? La Corte señaló que la voluntariedad en materia arbitral opera como un principio que caracteriza esta modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero que por la misma razón, no se trata de una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego. La desigualdad estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del arbitramento en materia laboral. - A diferencia de las normas laborales analizadas, la Corte encontró que el establecimiento del tribunal de arbitramento obligatorio que se impone en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 desconocer el principio de voluntariedad en el arbitramento. - La voluntad expresada en la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, de someter un conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un tribunal de arbitramento, se ajusta perfectamente a la Constitución. - El establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente en la convención colectiva se refiere a la posibilidad de que se solucionen todos los conflictos que surjan en el ámbito de una convención colectiva, por un tribunal de arbitramento que se designa para tal efecto, si así se solicita por las partes. - La amigable composición y arbitramento técnico son modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa. Demanda contra las siguientes normas: Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 432 (parcial) 444 y 445 (Mod. por la Ley 50 de 1990); Art. 448 (Mod por le Ley 584 de 2000 y la Ley 1210 de 2008; Ley 48 de 1968 (art. 3, num. 2 y 3); Ley 446 de 1998 (arts. 111, parcial, 130, 131 y 132); Decreto 2158 de 1948 (arts. 139, parcial y 143); Decreto 2279 de 1989 (art. 46); Ley 80 de 1993 (art. 74) ; (Artículos incorporados en el Decreto 1818 de 1998; Arts 115, 170, 191, 195, 223, 224, 225, 231) : Declaradas exequibles y la Ley 143 de 1994 (art. 65, Inc. 2o.) (incorporado en el Decreto 1818 de 1998; Art. 171) declarado INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: El numeral 4 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1210 de 2008, prevé otro evento en el cual procede el arbitramento obligatorio y ambas partes deben solicitar al Ministerio de la Protección Social la convocatoria de un tribunal: (iv) cuando una vez terminada la etapa de arreglo directo no se haya logrado un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, luego de ejercidos los buenos oficios por parte de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.] - [Palabras claves: partes, ley, justicia, trabajadores, conflictos, corte, código, constitucional, tribunal, árbitros, conflicto, derecho, decisión, constitución, trabajo, solución]; Art. 171) declarado INEXEQUIBLE

Competencia por razón del territorio en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Para el demandante la existencia de un trato diferente entre los funcionarios públicos y los trabajadores oficiales en relación con el lugar donde pueden demandar laboralmente a la Nación representa una situación injusta, por cuanto los primeros sólo pueden hacerlo en el lugar donde prestaron sus servicios, en tanto que los segundos gozan de la facultad de hacerlo además, en su lugar de domicilio. La argumentación planteada por el ciudadano, como se puede observar, parte del equívoco de considerar que la Ley 712 de 2001 creó un nuevo beneficio o prerrogativa a favor de los trabajadores oficiales, facultad de la cual siempre han gozado en los términos del Código Procesal Laboral. Código Contencioso Administrativo; Art. 134-D(Adic. por el art. 43 de la Ley 446 de 1998) : Fallo inhibitorio por inepta demanda - [Resumen automatizado: En cuanto a la posible existencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, la Defensora Delegada la rechaza por cuanto “los nuevos cargos que se formulan en la actual acción de inconstitucionalidad están vinculados a un aspecto que aún no ha sido resuelto: si la distinción entre el fuero general que circunscribe la competencia en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, “por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios”, y el fuero electivo que establece que la competencia en los procesos contra la Nación se determina “por el juez laboral del circuito del último lugar donde se haya prestado el servicio o el del último domicilio del demandante”, es violatorio de los derechos de la igualdad y acceso a la justicia. || Más adelante, sostiene que “la norma acusada va en contra de este derecho que se encuentra plasmado en la Constitución Política, pues a pesar de las diferentes posiciones respecto del espíritu del legislador cuando se consagró el literal C del artículo 134 D del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, con miras a que la administración de justicia se imparta de conformidad con los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, pero olvidándose de quienes deben ejercer su derecho y que por diferentes razones hayan trasladado su domicilio a un sitio diferente a donde inicialmente prestaron sus servicios, y que en este caso se les agravaría la situación si tenemos en cuenta los gastos en que deben incurrir al verse avocados a trasladarse con el fin de iniciar el proceso que les interesa”.] - [Palabras claves: lugar, inconstitucionalidad, último, corte, servicios, código, derecho, demanda, norma, trabajadores, cuanto, ley, ciudadano]; Art. 134-D(Adic. por el art. 43 de la Ley 446 de 1998) : Fallo inhibitorio por inepta demanda

Restringir el recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa a las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia, desconoce los derechos a la igualdad y al acceso a la justicia. Procesos susceptibles y no susceptibles al recurso extraordinario de revisión. Competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión promovidos contra las sentencias ejecutoriadas de primera o segunda instancia de los Juzgados Administrativos y de primera instancia de los Tribunales Administrativos. Ley 446 de 1998, "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia"; Art. 57 (Mod el Art. 187 del CCA) : INEXEQUIBLE. S.V - [Resumen automatizado: El actor solicita a la Corte "como petición principal que declare la inconstitucionalidad del artículo 57 (parcial) de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, y como petición subsidiaria la declaratoria de exequibilidad condicionada de la menciona norma para que en todo caso las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces o tribunales administrativos no apeladas, puedan ser objeto del recurso extraordinario de revisión". || En el presente caso, la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Resulta contrario a los derechos de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que en la jurisdicción contencioso administrativa una norma procesal restrinja el recurso de revisión a las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia, y excluya tal posibilidad frente a otras sentencias, a pesar de que existan las mismas razones de justicia material que justifican el recurso extraordinario de revisión? || En efecto, el artículo 185 cuestionado en el presente proceso establece que este recurso extraordinario de revisión sólo procede "contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia." ] - [Palabras claves: revisión, recurso, instancia, sentencias, sentencia, derecho, extraordinario, corte, proceso, justicia, administrativo]; Art. 57 (Mod el Art. 187 del CCA) : INEXEQUIBLE. S.V

¿Resulta contrario a los principios constitucionales, al establecer la norma demandada la autonomía de la cláusula compromisoria respecto del contrato del cual forma parte? ¿Constituye esta autonomía una contradicción al principio jurídico conforme al cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Ley 446 de 1998, "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia"; Art. 116 Par. : Cosa juzgada. C-248-99 el cual lo declaró exequible - [Resumen automatizado: Así, la ausencia de pronunciamiento del juez constitucional en la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad acerca de los efectos de esa decisión, llevaría a presumir que el precepto analizado es válido frente a la totalidad de las normas constitucionales, por lo que se genera entonces un efecto de cosa juzgada absoluta, que impide a la Corte volver a fallar sobre esa materia. || En el presente caso se pretende determinar si resulta violatorio del principio establecido en el artículo 116 superior, sobre habilitación de particulares como árbitros por una expresa decisión de las partes, que se reconozca validez al pronunciamiento arbitral en los casos en que se debate la eventual inexistencia del contrato fuente, aun cuando en efecto se concluya que dicho contrato ha de considerarse inexistente, en lo que se evidencia que existe identidad no sólo en cuanto a la norma demandada, sino también entre los cargos con respecto a los cuales la Corte decidió en esa oportunidad || El asunto que en el presente caso correspondería dilucidar a la Corte, se contrae a determinar si resulta violatorio del principio establecido en el artículo 116 superior, sobre habilitación de particulares como árbitros por una expresa decisión de las partes, que se reconozca validez al pronunciamiento arbitral en los casos en que se debate la eventual inexistencia del contrato fuente, aun cuando en efecto se concluya que dicho contrato ha de considerarse inexistente.] - [Palabras claves: corte, cosa, habilitación, sentencia, juzgada, contrato, parte, constitucional, si, partes, absoluta, entonces, ley, efectos]; Art. 116 Par. : Cosa juzgada. C-248-99 el cual lo declaró exequible

Competencia por razón del territorio. Ley 446 de 1998, "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia"; ¿La expresión "del orden nacional" incluida en el Num. 2 del artículo demandado, excluye, los asuntos del orden territorial relativos a conflictos laborales?; Art. 43 (Adiciona el art. 134 D al C.C.A) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Adicionalmente, la norma de competencia en tal sentido es clara al indicar que los jueces administrativos " conocen en primera instancia de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de conflictos de carácter laboral que no excedan de 100 salarios mínimos mensuales , de aquellos de la misma naturaleza laboral derivados de una relación legal y reglamentaria o de actos de carácter legal expedidos por autoridades del orden nacional, excepto la declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga" y que en estos asuntos la competencia " se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios " . || El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en Concepto No. 4494 presentado el 27 de febrero del presente año, solicita a la Corte se declare la exequibilidad de la expresión "del orden nacional", contenida en el numeral segundo del artículo 134-D del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, bajo la condición de que las reglas contenidas en este numeral, en materia laboral, sean aplicables a las demandas ante las entidades territoriales, cuando coincidan con las competencias asignadas por la ley a los tribunales y los jueces contencioso administrativos en razón a la materia y la cuantía.] - [Palabras claves: territorial, orden, competencia, derecho, lugar, laboral, asuntos, materia, norma, restablecimiento, justicia, nacional, demanda, corte]; Art. 43 (Adiciona el art. 134 D al C.C.A) : Fallo inhibitorio

¿Vulnera el derecho de defensa el que en los procesos civiles y tratándose de liquidación de créditos, se declare improcedente la objeción a la liquidación realizada por el Secretario del juzgado, si no se efectúa dentro de los términos señalados? Vigencia de la obligación general del juez de decidir mediante auto apelable si aprueba o modifica la liquidación del crédito, e inexistencia de vulneración del derecho de defensa. Código de Procedimiento Civil Art. 51, Par. (Adicionado por el Art. 25 de la Ley 446 de 1998): Exequible - [Resumen automatizado: En su opinión, el contenido normativo de dicho precepto establece que si la liquidación del crédito, para el cumplimiento de la sentencia del proceso ejecutivo, no es presentada dentro del término señalado en el Código de Procedimiento Civil por parte del demandante o del demandado, de ello se desprende la consecuencia jurídica consistente en que dicha liquidación la realizara el Secretario del Juez correspondiente, sin que exista la posibilidad de que esta liquidación sea objetada. || De dicha interpretación se concluye, contrario a lo que afirma el demandante, que “…la única limitación que consagra el precepto demandado es la de correr el término de traslado al que hace referencia el numeral 2° del artículo 521 (…) [del C.P.C], para que las partes formulen ´objeciones´ que estimen procedentes contra la liquidación del crédito, pues la necesidad de su aprobación por parte del juez, así como la posibilidad de controvertir su contenido mediante los recursos de reposición y apelación, (…), se mantienen incólumes (…), sin importar que el origen de la liquidación sea la actuación del secretario del despacho judicial”.] - [Palabras claves: liquidación, derecho, proceso, juez, defensa, si, partes, debido, contenido, crédito, debe, parte, corte]

¿La facultad oficiosa que se le designa a la Superintendencia de Sociedades, y la de Valores y la Bancaria (hoy unidas en la Superintendencia Financiera) para efectuar el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia para las sociedades comerciales previstos en el Código de Comercio, vulnera principio constitucionales? Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 de la Ley 446 de 1998. Fallo inhibitorio. Artículo incorporado en el EOSF - [Resumen automatizado: El actor expone un cargo de inconstitucionalidad aduciendo la necesidad de asegurar la prestación del servicio público de justicia de manera desconcentrada, omisión que presuntamente permitiría a las superintendencias aludidas concentrar el trámite de los diversos procesos y asuntos en Bogotá; pero a la Corte no se le posibilita entrar en otras consideraciones, pues debió el demandante acusar el articulado normativo actualmente causante de la hipotética omisión y no otro que ya no se encuentra vigente. || Aduce el actor que “las superintendencias especialmente las de sociedades, se prevalen de la omisión parcial de la ley en materia de regulación específica, clara y suficiente sobre competencia territorial que asegure la prestación del servicio público de justicia de manera eficiente, igualitaria y sin discriminaciones, para concentrar en la ciudad de Bogotá el conocimiento, trámite y solución de los diversos procesos y asuntos a que han dado lugar las facultades o funciones jurisdiccionales atribuida por el articulo 133 de la ley 446 de 1998 a las superintendencias de valores, bancaria y de sociedades; con violación de la desconcentración, eficiencia e igualdad sin discriminaciones que esencial y constitucionalmente supone la aplicación del servicio público de justicia y el acceso real a la justicia.” Así, asegura que con ello se viola en forma manifiesta los alcances de la cosa juzgada de la sentencia de inexequibilidad C-594 de 1998 y las imposiciones de los artículos 21 y 23 del Decreto 2067 de 1991.] - [Palabras claves: justicia, ley, funciones, superintendencias, omisión, norma, constitución, desconcentración, legislador, corte, artículos, función]

¿La asignación a la Superintendencia de Sociedades para que cumpla la función de conocer la impugnaciones de actos o decisiones de Asambleas de Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de sociedades vigiladas por la misma entidad, sin exigir su funcionamiento desconcentrado, configura una omisión legislativa que vulnera el acceso de los habitantes del país a la administración de justicia en condiciones de igualdad? La descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Ley 446 de 1998, Art. 137 - Exequible por los cargos analizados - [Resumen automatizado: 2. Corresponde a la Corte determinar si la asignación a la Superintendencia de Sociedades de la función de conocer de la impugnación de actos o decisiones de Asambleas de Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de sociedades vigiladas por la misma entidad, sin exigir su funcionamiento desconcentrado, configura una omisión legislativa que vulnera el acceso de los habitantes del país a la administración de justicia en condiciones de igualdad (Art. 229 C. || Por lo anterior, la competencia atribuida por la norma demandada a la Superintendencia de Sociedades en relación con los referidos asuntos es adicional a la que tienen los jueces civiles, y no sustitutiva de esta última, lo cual significa que dicha disposición amplía las posibilidades de acceso a la jurisdicción para la solución de los mismos, esto es, expande el campo de la desconcentración judicial del Estado para ese efecto, en vez de excluirla como se afirma en la demanda. || Por lo anterior, la competencia atribuida por la norma demandada a la Superintendencia de Sociedades en relación con los referidos asuntos es adicional a la que tienen los jueces civiles, y no sustitutiva de esta última, lo cual significa que dicha disposición amplía las posibilidades de acceso a la jurisdicción para la solución de los mismos, esto es, expande el campo de la desconcentración judicial del Estado para ese efecto, en vez de excluirla como se afirma en la demanda.] - [Palabras claves: funciones, corte, ley, superintendencia, función, constitución, art, justicia, omisión, norma, administración, dicha]

¿La acción de repetición contra el agente estatal, proveniente de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto, desconoce los derechos de éste al debido proceso y a la defensa? ¿Está la acción de repetición circunscrita a que exista una sentencia condenatoria, para establecer una vulneración de los textos demandados? La responsabilidad patrimonial del Estado y la acción de repetición. Código Contencioso Administrativo; Art. 86 (modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998) - Exequible por el cargo analizado. Ley 678 de 2001; Arts. 2 y 8 (parciales) - Exequible por el cargo analizado - [Resumen automatizado: Señala así que “Es en virtud de i) la intervención de las autoridades judiciales, ii) el rigor probatorio: exigencia de pruebas idóneas y auténticas y iii) la tramitación con todas las garantías para las partes, que el legislador, en aplicación de las facultades constitucionales ha hecho extensiva la conciliación y demás formas alternativas de solución de conflictos la posibilidad para efectos de materializar la acción de repetición del artículo 90 de la Constitución, en aras de la adecuada defensa del patrimonio público…El legislador al promulgar las normas que se cuestionan..., utilizó el criterio de razonabilidad, pues no tendría una explicación lógica que en los eventos en que se ha producido una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra el Estado que genera detrimento patrimonial imputable al actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus agentes resulte viable repetir contra éste, mientras que en los eventos en los cuales tal detrimento proviene del pago de una conciliación lograda para evitar la posterior condena o de la solución del conflicto lograda a través de otro medio legal utilizado con la misma finalidad, no proceda hacer efectiva la responsabilidad del servidor, ex servidor o del particular que ha realizado la conducta reprochable en ejercicio de funciones públicas.”] - [Palabras claves: repetición, acción, servidor, corte, responsabilidad, proceso, constitución, agente, ley, patrimonial, público, judicial, forma]; Art. 86 (modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998) - Exequible por el cargo analizado. Ley 678 de 2001; Arts. 2 y 8 (parciales) - Exequible por el cargo analizado

¿La supresión del recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo desconoció la reserva de ley estatutaria? Ley 954 de 2005; Art. 2 (deroga el Art. 194 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998) - Exequible por el cargo analizado. Salas Transitorias especiales de decisión. Art. 3 (Adiciona Art. Transitorio al CCA) - estarse a lo resuelto en el C-1233-05. Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 2º y 3º de la Ley 954 de 2005 - [Resumen automatizado: La norma demandada no regula la estructura de la administración de justicia ni los principios generales para su funcionamiento y sólo suprime el recurso extraordinario de súplica previsto en el Art. 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Art. 57 de la Ley 446 de 1998, lo cual es materia propia de la ley ordinaria, conforme a lo dispuesto en el Art. 150, Num. 2, de la Constitución, en virtud del cual al Congreso de la República por medio de leyes corresponde expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. || “Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las Secciones.” Por estas razones, la Corte concluye que la norma demandada no vulnera los derechos a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y los principios de unidad del ordenamiento jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima.] - [Palabras claves: art, recurso, sala, ley, corte, administración, justicia, jurisprudencia, extraordinario, legislador, parte, constitución, principios, consejo]; Art. 2 (deroga el Art. 194 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998) - Exequible por el cargo analizado. Salas Transitorias especiales de decisión. Art. 3 (Adiciona Art. Transitorio al CCA) - estarse a lo resuelto en el C-1233-05. Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 2º y 3º de la Ley 954 de 2005

¿La supresión del recurso extraordinario de súplica previsto en el Artículo 194 del Código Contencioso Administrativo por el Artículo 2 de la Ley 954 de 2005, desconoce el debido proceso y de acceso a la administración de justicia? ¿Debió la Ley 954 de 2005 tramitarse como ley estatutaria? L. 954 de 2005; Art. 2 (Deroga Art. 194 del Código Contencioso Administrativo) - Exequible. Ley exequible por los cargos analizados. Arts. 1 y 3 - Estarse a lo resuelto. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 (parcial), de la Ley 954 de 2005 - [Resumen automatizado: El artículo segundo al eliminar el recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción contenciosa administrativa limita ostensiblemente el derecho de defensa y, por ende vulnera el debido proceso porque el peticionario no tendrá las garantías propias para adelantar una defensa adecuada, como quiera que el fin último del mencionado recurso era corregir los yerros que hubieren podido incurrir los jueces de menor jerarquía o secciones que modificaran la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de un punto en concreto. || Luego de referirse a los razonamientos de la Corte en esa oportunidad, cita apartes de la sentencia C-040 de 2002, para deducir que la exclusión por parte de la ley de la regla de la doble instancia para algunos asuntos contencioso administrativos, no debe ser caprichosa o irrazonable, pues en todo caso deben ser observadas las garantías a los derechos de igualdad y debido proceso. || Como se dijo en el numeral anterior, la Corte Constitucional se pronunció respecto de la constitucionalidad del artículo 3, parcial, de la Ley 954 de 2005, que crea las Salas Especiales Transitorias de Decisión en el Consejo de Estado encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica.] - [Palabras claves: ley, justicia, recurso, administración, instancia, constitución, leyes, administrativo, proceso, derecho, legislador, corte, contencioso, política]; Art. 2 (Deroga Art. 194 del Código Contencioso Administrativo) - Exequible. Ley exequible por los cargos analizados. Arts. 1 y 3 - Estarse a lo resuelto. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 (parcial), de la Ley 954 de 2005

¿La competencia de los tribunales administrativos por razón de la cuantía, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, el derecho de defensa y el principio de doble instancia? Ley 954 de 2005; Art. 1 (parcial) (Adiciona el Art. 164, Par. de la Ley 446 de 1998) - Estarse a lo resuelto en la C-046-06 y fallo inhibitorio respecto al resto del parágrafo. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley 954 de 2005 - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Javier Giraldo Manrique demandó el artículo 1 de la Ley 954 de 2005 "Por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia". || por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia. || Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-046 de primero (1) de febrero de 2006, que declaró Exequible las expresiones"única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de "500", y "salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso", contenidas en el parágrafo del artículo 1 inciso primero de la ley 954 de 2005 "Por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia".] - [Palabras claves: instancia, única, procesos, ley, tal, artículos, norma, justicia, corte, demanda, jurisdicción, constitución, competencias, administración]; Art. 1 (parcial) (Adiciona el Art. 164, Par. de la Ley 446 de 1998) - Estarse a lo resuelto en la C-046-06 y fallo inhibitorio respecto al resto del parágrafo. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley 954 de 2005

¿La competencia de los tribunales administrativos por razón de la cuantía, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, el derecho de defensa y el principio de doble instancia? Ley 954 de 2005; Art. 1 (parcial) (Adiciona el Art. 164, Par. de la Ley 446 de 1998) - Exequible por los cargos analizados. Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta, 500 y salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso, contenidas en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 - [Resumen automatizado: Destaca al respecto que i) lo que están haciendo las expresiones acusadas es dar aplicación a la modificación de cuantías prevista en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 norma que el actor no demandó ii) el actor desconoce que el artículo 31 superior no tiene carácter absoluto y que el principio de doble instancia no hace parte del núcleo esencial del debido proceso ; iii) como se desprende de la exposición de motivos y del trámite legislativo la norma tiene una clara justificación constitucional en la voluntad de descongestionar la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo y en particular el Consejo de Estado, finalidad que atiende a un objetivo igualmente valioso cual es el de asegurar el derecho al acceso a la administración de justicia para todos iv) que la norma acude a un criterio objetivo cual es el de la cuantía para establecer una competencia por lo que en manera alguna puede considerarse vulnerado el principio de igualdad en tanto quienes se encuentren en la misma situación recibirán igual tratamiento.] - [Palabras claves: instancia, ley, procesos, cuantía, única, derecho, doble, justicia, consejo, corte, principio, administrativos, sentencia]; Art. 1 (parcial) (Adiciona el Art. 164, Par. de la Ley 446 de 1998) - Exequible por los cargos analizados. Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta, 500 y salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso, contenidas en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005

¿Incurrió en una omisión legislativa relativa que desconocería el Artículo 90 de la Constitución Política, al no contemplar expresamente entre los supuestos contemplados para la acción de reparación directa, los hechos y omisiones imputables a la actividad del Estado Legislador, esto es, la posibilidad de reclamar por los daños antijurídicos que tengan origen en la expedición de normas con fuerza material de ley? ¿El término administrativo empleado en el enunciado normativo acusado restringe el alcance de los supuestos de procedencia de la acción de reparación directa a los hechos administrativos, las omisiones administrativas y las operaciones administrativas? Código Contencioso Administrativo; Art. 86 (parcial) (modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998) - Exequible. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 86 (parcial) del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998. - [Resumen automatizado: Consideran que el artículo 86 del C.C.A. esta viciado de una omisión legislativa inconstitucional, pues desconoce el mandato contenido en el artículo 90 de la Carta según el cual el Estado ha de responder por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades pública ya que la redacción de la disposición acusada excluye la procedencia de la acción de reparación directa cuando el daño tenga origen en la ley, y por lo tanto el legislador limitó de manera injustificada el alcance del precepto constitucional. || La mayoría de las intervenciones apoyan los cargos formulados en la demanda, no obstante, uno de los intervinientes y el Ministerio Público consideran que el inciso demandado es susceptible de diversas interpretaciones, y de conformidad con al menos una de ellas resulta ajustado a la Constitución, por tal razón solicitan a la Corte Constitucional profiera una sentencia interpretativa que declare la exequibilidad condicionada del precepto acusado, o incluso declare su exequibilidad sin ningún condicionamiento, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado máxima autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa y por lo tanto el órgano judicial encargado de fijar el contenido normativo del precepto acusado- ha acogido precisamente la interpretación ajustada a la Constitución.] - [Palabras claves: responsabilidad, corte, legislador, constitucional, ley, disposición, derecho, constitución, omisión, sentencia, interpretación, daño, acción, sentencias, consejo]; Art. 86 (parcial) (modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998) - Exequible. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 86 (parcial) del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998

¿Desconoce el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política la disposición acusada, al disponer que la celebración de los contratos estatales haga cesar la posibilidad de demandar los actos precontractuales por vía del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho? El sentido y la justificación de la disposición que se acusa, de conformidad con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del Art. 87 del C.C.A - Exequible por el cargo analizado; estarse a lo resuelto en C-1048-01 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la acción y la oportunidad para demandar la ilegalidad de los actos precontractuales, en la sentencia C-1048 de 2001; las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte en tal oportunidad resultan plenamente aplicables al caso de la referencia, “toda vez que las mismas expresiones se encuentran contenidas en el aparte ahora demandado y que los cargos formulados también se relacionan con la limitación de acceso a la administración de justicia por la supuesta imposibilidad de demandar mediante las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos previos a la celebración del contrato y de saber con certeza cuándo vencerá el plazo para instaurar las demandas correspondientes”. || Luego de este recuento, indica que no asiste razón al demandante cuando afirma que la disposición acusada otorga efectos trascendentales a la firma del contrato en tanto acto privado, puesto que “la firma hace parte de la etapa de perfeccionamiento del contrato, y en el pliego de condiciones se debe establecer con claridad cuál debe ser el término para que esto se lleve a cabo, luego todos los licitantes conocen en qué tiempo se surtirá el perfeccionamiento.” Agrega, así mismo, que “la fijación de esta etapa de la firma, no viola los derechos de los interesados, ni de la sociedad en general, pues esta última se ve salvaguardada por el ejercicio de la acción de nulidad simple, que puede ejercer cualquier ciudadano contra los actos separables, pero con la particularidad de tener una caducidad de treinta días.] - [Palabras claves: nulidad, contrato, actos, previos, acciones, derecho, corte, proceso, término, celebración, acción, norma, restablecimiento, ley]

¿Vulnera la cláusula del Estado social de derecho, los fines estatales y los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, el que las normas demandadas establezcan un término de caducidad para el cuestionamiento, ante la jurisdicción contenciosa, de la legalidad de los actos administrativos que niegan prestaciones periódicas? Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, parcial, de la Ley 446 de 1998 (Modifica el Art. 136 del CCA). Exequible por el cargo analizado, sobre algunos apartes y Estarse a lo resuelto respecto a otros apartes - [Resumen automatizado: El Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el Pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no sólo hace parte de ésta como sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. || En estas circunstancias se considera que, más bien la igualdad se configura en el sentido de establecer un tratamiento idéntico en relación con los actos de la administración que niega el reconocimiento de derechos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran, los que versan sobre prestaciones periódicas, a través del ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes, contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, una vez agotada la vía gubernativa correspondiente, como lo señala el inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01/84, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304/89, en razón de que el inciso tercero demandado se refiere a las acciones que tiene la entidad que reconozca prestaciones periódicas, no ajustadas a los ordenamientos superiores y en general a actos que reconozcan prestaciones periódicas, que pueden demandarse en cualquier tiempo.] - [Palabras claves: prestaciones, actos, tiempo, derecho, corte, administración, cualquier, juzgada, acto, cosa, cargos]

Caducidad de la acción de restablecimiento del derecho. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 136 (parcial) del Código Contencioso Administrativo (tal y como fue subrogado por el Artículo 44 de la Ley 446 de 1998). Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano José Ignacio Arango Bernal solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. || Argumenta el interviniente que respecto de la disposición demandada existe cosa juzgada constitucional pues esta Corporación, por medio de la sentencia C-1049 de 2004, declaró exequible la expresión en cualquier tiempo, contenida en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo por los mismos cargos que en esta oportunidad se aducen contra dicho enunciado normativo. || Efectuado el estudio de constitucionalidad planteado en el expediente de la referencia, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia C-1049 de 2004, declaró la exequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. || ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1049 de 2004 que declaró la exequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo”, del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.] - [Palabras claves: corte, prestaciones, administración, sentencia, expresión, cualquier, derecho, tiempo, constitución, magistrado, acusada, acciones, derechos, constitucional, demanda]

Caducidad de las acciones. Excepción a la regla: los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo. Demanda de inconstitucionalidad contra el Numeral 2o. del Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo - [Resumen automatizado: Dispuso el legislador en el artículo 136, como regla general, un término de caducidad de cuatro meses para las acciones de restablecimiento del derecho; y una excepción consistente en que para los actos que reconocen prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo, tanto por la administración como por los interesados, sin que haya lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. || La Corte considera que la intemporalidad que el legislador estableció en beneficio de la administración para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo su propio acto de reconocimiento de prestaciones períodicas, no desconoce los deberes de protección del Estado por cuanto, (i) el Congreso cuenta con un amplio margen de discrecionalidad al momento de establecer los procedimientos judiciales; (ii) si bien la regla general es el establecimiento de términos de caducidad para el ejercicio de las acciones judiciales, nada obsta para que, en determinados casos específicos, se pueda consagrar excepciones en defensa del interés general; (iii) el ordenamiento jurídico no ampara derechos adquiridos en contra de la Constitución y la ley; (iv) la administración no puede directamente revocar el acto; y, (v) el afectado cuenta con todas las garantías procesales para defender su derecho.] - [Palabras claves: derecho, administración, actos, tiempo, derechos, principio, corte, cualquier, buena, prestaciones, acción, acto, general]

Acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios por parte de la Administración y transferir el derecho de propiedad privada a ésta en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 86 (parcial), 136 (parcial) y 220 del Código Contencioso Administrativo - [Resumen automatizado: 31 y 44 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, el inciso final del Art. 219 y el Art. 220, todos del Código Contencioso Administrativo, en el entendido de que " la ocupación permanente de inmuebles de propiedad ajena por causa de trabajos públicos y demás debe proceder excepcionalmente en eventos de urgencia manifiesta o necesidad inminente o imprevista, fuerza mayor o caso fortuito, cuando resultare imposible o gravemente inconveniente acudir a la contratación o expropiación, y sólo por motivos de utilidad pública o interés social debidamente comprobados en el proceso de reparación directa que se adelante, para que se pueda dictar sentencia traslaticia de dominio". || 2. Corresponde a la Corte determinar si el Art. 86, modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998 (parcial), el Art. 136, modificado por el Art. 44 de la misma ley (parcial) y el Art. 220, todos del Código Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984), quebrantan el Art. 58 de la Constitución, en cuanto contemplan la acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios por parte de la Administración y transferir el derecho de propiedad privada a ésta en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, desconociendo los procedimientos de enajenación voluntaria y de expropiación establecidos en la ley.] - [Palabras claves: art, derecho, propiedad, permanente, ley, mismo, causa, pública, inmueble, constitución, privada, públicas, inmuebles, código, corte, contencioso, administrativo, responsabilidad]

Condena en costas. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 171 (parcial) del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Artículo 55 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Para resolver el problema jurídico que plantea la demanda, el Ministerio público estima que es necesario precisar “que la responsabilidad patrimonial o civil del Estado es objetiva y diferente al derecho de accionar mediante el cual se busca el resarcimiento del daño causado con la actividad administrativa de la persona moral.” Agrega que “el origen y la naturaleza de la condena en costas en materia contencioso administrativa tal y como ha sido objeto de demanda es diferente al motivo y naturaleza que impele al perjudicado a ejercer su derecho de acceder a la administración de justicia, esto es el daño antijurídico, ya que tal condena es de tipo subjetivo puesto que depende de la actuación de las partes dentro del proceso y no tiene ningún nexo causal con el daño cuya reparación persigue; y porque es potestativa su imposición por el juez, independientemente de la condena que al Estado se le haya impuesto por sus actuaciones administrativas” || 2. Como se relató en el acápite de Antecedentes, el demandante aduce que el artículo 90 de la Constitución consagra la responsabilidad objetiva del Estado por todos los daños antijurídicos que cause, norma que a su parecer resulta desconocida por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo (en adelante C.C.A), pues esta disposición condiciona la condena en costas al Estado al resultado de una evaluación discrecional que el juez administrativo puede hacer de la conducta de las partes involucradas en el proceso.] - [Palabras claves: condena, derecho, proceso, norma, parte, responsabilidad, daño, conducta, juez, debe, partes]

Acción de repetición por indemnizaciones que deban pagar las entidades estatales como consecuencia de la actividad contractual - Mantenimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del objeto contratado - Reestablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato - Ecuación contractual - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el Artículo 19 de la Ley 678 de 2001 y los Artículos 4o., 5o., 14 y 27 de la Ley 80 de 1993 - [Resumen automatizado: Sobre el punto, en algunos apartes de la Sentencia C-188 de 1999, sostuvo la Corte que el patrimonio de los particulares goza de una clara protección constitucional; razón por la cual, para efectos de los conflictos patrimoniales que se puedan suceder, el principio de igualdad y la equidad imponen que las dos partes reciban un mismo trato, de manera que si el Estado cobra a los particulares intereses bancarios y moratorios por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones, también aquél debe asumir esas mismas cargas cuando no paga en tiempo. || En la medida en que el instituto de la mora en el régimen de la contratación estatal se encuentra plenamente legitimado, el cargo contra el aparte acusado del inciso 2° del numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que su texto impone una doble sanción para el Estado en detrimento del patrimonio público, también debe ser desechado, en cuanto la norma se limita a regular la forma como deben reconocerse los intereses moratorios cuando éstos no han sido pactados por las partes contratantes, fijándole así un límite cuantitativo a la tasa aplicable de mora.] - [Palabras claves: ley, responsabilidad, intereses, corte, reparación, garantía, entidad, inciso, interés, sentencia, constitucional, debe, derecho, daño]

Derogatoria de la institución de la perención como forma anormal de terminación del proceso civil. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el literal a) del Artículo 70 de la Ley 794 de 2003. Derogatoria de los Artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil - [Resumen automatizado: No extingue la acción, sino que hace nulo el procedimiento..., esto es, extingue el proceso con todos sus efectos procesales y sustanciales.”[14] Es decir, la perención no extingue el derecho sustancial ni la acción correspondiente, la cual, en principio, una vez declarada la caducidad puede ser intentada ex novo después de cierto tiempo.[15] En este sentido el derogado artículo 346 del Código de Procedimiento Civil decía que la perención ponía fin al proceso e impedía al demandante iniciar uno nuevo durante los dos años siguientes, contados a partir de la notificación del auto que la decretara, o de la del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si fuere el caso. || Facultades que le permiten, entre otros asuntos, establecer recursos y medios de defensa que procedan contra los actos que profieren las autoridades[27], fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir[28], radicar las competencias en una determinada autoridad judicial[29], regular lo concerniente a los medios de prueba[30] y “establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos”.] - [Palabras claves: proceso, juez, procesal, derecho, procesos, partes, puede, código, parte, procesales, si, debe, corte, debido]

Procedimiento que utilizarán las Superintendencias en el trámite de los asuntos sobre materias comercial y financiera - Demanda de inconstitucionalidad en contra del Artículo 52, parcial, de la Ley 510 de 1999, por el cual se modifica el Artículo 148 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: De manera que para conservar el principio de la unidad de materia, la Ley 510 podía modificar los títulos correspondientes a las Superintendencias de Valores y Bancaria, pero no al título general, del cual forma parte el art. || 2.1 Para el demandante, el hecho de que el artículo 52, incisos primero y segundo, de la Ley 550 de 1999 se refiera al procedimiento de Superintendencias distintas a la Bancaria y a la de Valores, rompe el principio de la unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución, pues, el objeto de la mencionada Ley corresponde, como el propio título lo dice : "Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades", sólo a esta clase de Superintendencias, y no a las demás. || Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 52, parcial, de la Ley 510 de 1999 "Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.] - [Palabras claves: ley, materia, corte, unidad, sentencia, valores, parte, principio, si, magistrado, constitucional, relación]

Pérdida de investidura de congresistas. recurso extraordinario especial de revisión. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 17 de la Ley 144 de 1994 - [Resumen automatizado: El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, actuando en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, y dentro de la oportunidad procesal prevista, presentó escrito de intervención para señalar que en el caso sub examine existe cosa juzgada absoluta, pues la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-247de 1995, declaró la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 144 de 1994, con excepción de su literal c), que fue declarado inexequible, sin limitar los efectos de la decisión y, por ende, ha de entenderse que el estudio de la norma demandada se hizo con referencia a todos los preceptos constitucionales. || La demanda se orienta a establecer si el contenido normativo que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, en el sentido de que el recurso de revisión allí previsto sólo procede contra las Sentencias de pérdida de investidura que se hayan ejecutoriado con posterioridad al 19 de julio de 1994, resulta contrario a las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad.] - [Palabras claves: corte, recurso, ley, norma, investidura, sentencias, consejo, principio, pérdida, proceso, constitución, derecho, revisión]

Superintendencia de Industria y Comercio, atribuciones en materia de protección del consumidor: Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las sanciones que corresponda. Ley 446 de 1998, artículo 145, d. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 145 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: En cuanto a la presunta violación del derecho al debido proceso, el ciudadano dice que no existe relación jerárquica o funcional entre el Superintendente de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor pues, de acuerdo con la ley 489 de 1998, la orientación, control y evaluación general de las actividades de los organismos y entidades administrativas corresponde al Presidente de la República, pues el Superintendente de Industria y Comercio sólo ejerce sobre los superintendentes delegados un control de tutela, el cual es un control meramente administrativo cuyo alcance ha sido explicado por la Corte en la sentencia C-727 de 2000. || Si la Corte concluye que dichas atribuciones son judiciales, como lo indica el actor, entonces esta Corporación recordará brevemente los principios constitucionales que regulan el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas, para luego examinar si la disposición acusada se ajusta o no a esos requerimientos normativos, y en especial a la exigencia de que cualquier entidad habilitada por la ley para ejercer funciones judiciales debe gozar de independencia e imparcialidad.] - [Palabras claves: judiciales, funciones, administrativas, superintendencia, corte, imparcialidad, independencia, protección, control, jurisdiccionales, vigilancia, ejercicio]

Atribuciones de los centros de arbitraje en la llamada "etapa prearbitral". Artículo 13 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998; contra el artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyos numerales 3º y 4º fueron modificados por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998; y contra los artículos 119, 121 y 122 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Y por ello considera que "la función judicial no solo se cumple con la decisión final, sino con el adelantamiento del procedimiento que constituye uno de los elementos estructurales del proceso", por lo que "las actuaciones de admisión, inadmisión, rechazo de una demanda arbitral no pueden de ninguna manera ser de la competencia del director del centro de arbitraje ni mucho menos que este pueda delegar en otros funcionarios tal facultad." Con base en esas consideraciones, el ciudadano concluye que las disposiciones acusadas son inexequibles, pues otorgan al director del centro de arbitraje atribuciones judiciales, mientras que la Constitución reservó esa función judicial transitoria a los árbitros, pero no a los directores de los centros. || La Corte ya había destacado que esta etapa prearbitral es de gran trascendencia, pues no sólo incluye actos procesales y materiales necesarios "para la conformación ulterior del Tribunal", sino que además en esa fase, "al director del Centro de Arbitraje incumbe ejercer poderes procesales que traslucen una clara e indubitable función pública como son los relacionados con las diligencias de notificación, admisión y rechazo de la solicitud de convocatoria, decisión de los recursos de reposición, conducción de la audiencia de conciliación etc".] - [Palabras claves: partes, corte, ley, árbitros, si, juzgada, cosa, judicial, sentencia, función, designación, funciones]

Representación de la Nación en los procesos contencioso administrativos - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 49, parcial, de la Ley 446 de 1998, modificatorio del Artículo 149 del Código Contencioso Administrativo - [Resumen automatizado: La Carta Política contempla la existencia de leyes de carácter estatutario encargadas de la regulación de materias específicas de acuerdo con el artículo 152 Superior; estas disposiciones se caracterizan por estar sometidas a un trámite de aprobación más riguroso al corriente que (i.) exige la mayoría absoluta de los miembros del Congreso; (ii.) requiere ser aprobada dentro de una sola legislatura; y, (iii.) precisa de la revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: ley, nación, general, administración, legislador, judicial, corte, constitución, justicia, leyes, fiscalía]

Término de la Cesación de causación de intereses por falta de presentación de los beneficiarios. No causación de intereses cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 60 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: De acuerdo con los cargos de la demanda, y lo expuesto en las distintas intervenciones, el problema jurídico que en esta oportunidad le corresponde resolver a la Corte se concreta en establecer si el legislador, al ordenar la suspensión del pago de todo tipo de intereses a favor de los beneficiarios de una condena judicial o acuerdo conciliatorio, cuando éstos no presentan la reclamación ante la entidad estatal responsable dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, viola las siguientes garantías constitucionales: || En torno al tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, cabe precisar que los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, relativos al presupuesto, consagran lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado el principio de legalidad del gasto público, en virtud del cual, el recaudo y aplicación de los dineros estatales deben manejarse de conformidad con reglas y procedimientos predeterminados y contables, de manera que, para que una erogación pueda ser efectivamente realizada, tiene que haber sido previamente decretada por ley, ordenanza o acuerdo, e incluida dentro del respectivo presupuesto[4].] - [Palabras claves: norma, intereses, derecho, principio, pago, corte, ley, dentro, ejercicio, entidades, condena, público, cuanto, cumplimiento, públicas, ejecución, judicial, meses, condenas, parte]

Acciones o recursos de los procedimientos que utilizarán las Superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte será el previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de petición. Ley 446 de 1998, Art. 148; Inc. 3 - [Resumen automatizado: Para poder llegar a una conclusión al respecto, y debido a que sobre la norma han sido expuestas comprensiones distintas por parte de los intervinientes y la demandante, esta Corte deberá precisar también si en este caso en concreto, debe aclarar y especificar cuál es el alcance de la disposición demandada. || De igual forma, tal comprensión del artículo acusado, respeta el principio constitucional de excepcionalidad en la atribución de facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas y evita efectos traumáticos para el aparato judicial, que se producirían cuando existen dos interpretaciones contrarias sobre una misma disposición. || De igual forma, tal comprensión del artículo acusado, respeta el principio constitucional de excepcionalidad en la atribución de facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas y evita efectos traumáticos para el aparato judicial, que se producirían cuando existen dos interpretaciones contrarias sobre una misma disposición. || Sin embargo, dada la dificultad en la comprensión de la norma, la Sala estima conveniente condicionar el articulo parcialmente acusado bajo el entendido que el recurso de apelación contra la decisión en la cual se declara incompetente, o el fallo definitivo que dicten las superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, debe surtirse ante las autoridades judiciales en la forma como ha sido precisado en esta sentencia.] - [Palabras claves: jurisdiccionales, apelación, recurso, norma, debe, corte, interpretación, autoridades, superintendencias, ley, facultades, puede, debido, judiciales, proceso]

Consulta; demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 57 de la Ley 446 de 1998, Art. 184 CCA - Procedencia de la consulta; demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 69 del Decreto Ley 2158 de 1948 - [Resumen automatizado: Tal situación la identifica el actor en los presupuestos de procedibilidad establecidos para el proceso de consulta en las jurisdicciones laboral y administrativa, en donde de manera distinta tienen que acudir los trabajadores oficiales y los empleados públicos. || "La disposición establece un nuevo criterio para la consulta de las decisiones que dicte la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que envuelva asuntos de carácter laboral: este criterio es que en tales eventos no se haya ejercido el derecho de defensa por parte de la demandada; pero aquí es conveniente anotar que aunque en estricto sentido esta circunstancia puede constituir una discriminación, pues en la jurisdicción ordinaria la consulta no se sujeta a ésta condición, en este último evento se garantiza que opera la consulta también cuando la sentencia sea totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, lo que no ocurre en materia contenciosa." || Considera discriminatorio que mientras el código contencioso administrativo prevé la consulta a favor del Estado cuando el monto de la condena ha excedido los 300 salarios mínimos mensuales y en los casos en los que la entidad no ha ejercido defensa alguna de sus intereses, el código de procedimiento laboral la estipule para todas las sentencias de primera instancia adversas a la nación.] - [Palabras claves: consulta, si, normas, trabajadores, puede, ley, oficiales, código, igualdad, públicos, procedimiento, laboral, empleados, hecho, legislador]

Recurso Extraordinario de Súplica; Ley 446 de 1998, Art. 57. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 446 de 1998. - [Resumen automatizado: En segundo lugar, para respaldar su apreciación sobre la identidad entre el recurso extraordinario de súplica y la casación penal, lo cual constituye su tercera afirmación, los actores se limitan a transcribir apartes de jurisprudencia y de doctrina sobre la casación penal, pero sin atender los requisitos mínimos de la acción que ejercen en tanto no señalan los motivos por los cuales estiman que la norma demandada vulnera las normas constitucionales por ellos indicadas. || 5. Los actores no formulan el más mínimo argumento que permita a la Corte deducir los fundamentos de inconstitucionalidad de la norma acusada pues si bien es válida la invocación del contenido de la sentencia C-262 de 2000, no se insinúa siquiera cómo los fundamentos de la decisión que se tomó en relación con la procedencia de la casación en materia penal son aplicables para revisar la constitucionalidad del recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en atención a la particularidad específica de la jurisdicción especial y del recurso mencionado.] - [Palabras claves: recurso, corte, casación, normas, demanda, acción, extraordinario, inconstitucionalidad, sentencia, norma, requisitos, penal]

Competencia de los tribunales administrativos en única instancia; Ley 446 de 1998, Art. 39. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Concluye el ciudadano que la norma demandada no desconoce el derecho al debido proceso, pues es simplemente un desarrollo del artículo 31 constitucional, que admite que la ley establezca excepciones a la doble instancia, tal y como expresamente lo señaló esta Corte en las sentencias C-153 de 1995 y C-345 de 1993, de las cuales el interviniente transcribe los apartes pertinentes. || Sin embargo, la posibilidad de apelar una sentencia adversa no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el Legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual toda sentencia es apelable o consultable. || Sin embargo, la posibilidad de apelar una sentencia adversa no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el Legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual toda sentencia es apelable o consultable.] - [Palabras claves: instancia, proceso, sentencia, doble, única, debido, corte, excepciones, derecho, procesos, constitución, principio]

Competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado - De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los Decretos de carácter general. Ley 446 de 1998, Art. 33, Num 7. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Por último, el demandante enuncia la violación del artículo 29- inciso segundo- constitucional ya que con la norma acusada, a su juicio, se modificó el juez natural de los decretos en mención y se trasladó la competencia de su control a las secciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual, conforme a la Constitución misma y a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, estaba en cabeza de la Sala Plena del Consejo de Estado. || Para el efecto glosa de manera pormenorizada los cargos planteados en la demanda y recuerda que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en forma explícita dispone que el legislador ordinario puede asignar diversas atribuciones a la Sala Plena del Consejo de Estado, que el control de constitucionalidad sobre los actos de contenido particular expedidos por el Gobierno hace parte de la tarea ordinaria del juez de lo contencioso administrativo y que es impropio argüir violación indirecta de la Constitución cuando las normas transgredidas se encuentran contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos y, finalmente, que la Ley 5ª de 1992 en los aspectos a que se refiere la demanda no se proyecta sobre los decretos del Presidente de la República sino respecto de la formación de las leyes.] - [Palabras claves: constitución, corte, consejo, ley, decretos, control, norma, constitucional, gobierno, competencia, contencioso, inconstitucionalidad, general, legislador]

Perención. Ley 446 de 1998, Art. 19. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Complementa el anterior concepto con las siguientes afirmaciones: i) no constituye una actuación, sino un hecho, "un acaecimiento procesal que consiste en el no actuar de la parte interesada durante cierto y determinado lapso de tiempo"; ii) la omisión en la actuación proviene de quien ejerció su derecho de acudir a la justicia, esto es, del demandante, iii) corresponde a todos los sujetos procesales "darle al proceso el impulso procesal requerido", sin embargo algunas actuaciones deben se adelantas por las partes, como la notificación del auto admisorio, para la cual el demandante debe proveer los emolumentos necesarios, iv) para decretar la perención procesal se requiere que la inercia procesal "(..) sea estrictamente imputable a la parte demandante", y v) para que proceda la medida debe haber permanecido el proceso sin actuación durante el término previsto en la Ley seis meses en los procesos civiles- artículo 346 C.P.C.-.] - [Palabras claves: proceso, derecho, procesal, partes, si, justicia, puede, sido, legislador, parte, procesales, juez, derechos]

Controversias contractuales, ilegalidad de los actos previos a la celebración del contrato, acción aplicable - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 87 (parcial) del Código Contencioso Administrativo (modificado por el Artículo 32 de la Ley 446 de 1998) - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados doctores Alfredo Beltrán Sierra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Gálvis y Clara Inés Várgas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || No obstante lo anterior, el Procurador hace la precisión según la cual lo que prevé la disposición acusada de la Ley 446 de 1998, es que los actos separables del contrato estatal, es decir, aquellos que se producen antes de la celebración del mismo, pueden ser controvertidos mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta días siguientes a su proferimiento, pero que transcurrido ese término, sólo podrán serlo mediante la acción de nulidad absoluta.] - [Palabras claves: contrato, nulidad, actos, previos, acción, absoluta, derecho, interés, acciones, celebración, directo]

Caducidad de la acción de repetición; C.C.A., Art. 136, numeral 9. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. || En lo concerniente a la acción de repetición, la caducidad, aparte de las características y elementos anotados, tiene como propósito fundamental propender por la eficiencia de la administración, al señalarle un plazo perentorio para que pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar a sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro de los pagos que haya debido realizar como resultado de su conducta dolosa o gravemente culposa. || El legislador, en desarrollo del anterior mandato constitucional, consagró en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo la acción de repetición, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón a una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario suyo, pueda solicitar a éste el reintegro de lo que ha pagado al particular beneficiario de la sentencia.] - [Palabras claves: acción, entidad, término, si, público, derecho, puede, repetición, constitución, responsabilidad, condena, funcionario, pago, derechos]

Recurso extraordinario de revisión, causales de revisión, sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada; C.C.A., Art. 188, numeral 8. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7del Decreto ley 1819 de 1964; 140 y 380 parciales del Código de Procedimiento Civil y 188 parcial del Código Contencioso Administrativo - [Resumen automatizado: No sólo los fallos emitidos para decidir las acciones públicas de constitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad, con alcance de cosa juzgada abstracta y por ende con efectos generales, y otras declaraciones con igual contenido y naturaleza -revisión previa y control automático-; sino también las decisiones con efectos inter partes emitidas ya sea por esta Corporación, en ejercicio de la revisión constitucional de las decisiones de instancia que resuelven las peticiones de amparo, o por los jueces y corporaciones judiciales en todas sus decisiones, en especial cuando deciden inaplicar normas por contrariar disposiciones constitucionales, son los mecanismos constitucionalmente habilitados para hacer efectiva la supremacía constitucional y hacer extensivos sus preceptos en todos los ámbitos del acontecer nacional. || De tal manera que, como lo que se deriva del estricto y preciso contenido del control confiado por la Constitución Política a esta Corporación, en los términos de los artículos 241 superior y 2º del Decreto 2067 de 1991, es que no puede haber fallo de fondo cuando se plantea la inexistencia de disposición y, en el caso que ocupa a la Corte, el actor sustenta sus cargos en normas existentes, porque el legislador habría omitido relacionar, entre las previstas, como causales de nulidad, casación y revisión la cosa juzgada y la doctrina constitucional, la petición de inhibición no procede.] - [Palabras claves: constitucional, corte, juzgada, constitucionalidad, constitución, código, nulidad, decisión, proceso, cosa, decisiones, si, revisión, sentencia, ley]

Caducidad de la acción contractual, fecha a partir de la cual se cuenta cuando se producen modificaciones o adiciones al contrato - [Resumen automatizado: El Congreso al desarrollar su competencia y establecer la titularidad para incoar la acción contractual y los términos de caducidad en la ley cuestionada, tendientes a obtener la declaratoria de nulidad absoluta, no ha negado el imperio de la legalidad ni de la supremacía de las disposiciones constitucionales, sino por el contrario, ha tenido como presupuestos esenciales en ese evento, su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados en el marco del Estado de Derecho, por cuanto, el agotamiento de la vía jurídico-procesal que permite la materialización y la protección de un derecho o interés jurídicamente tutelado, pretende asegurar la estabilidad y seguridad jurídica a que todos los asociados tienen derecho. || De ahí, que la ley al desarrollar dicha competencia, determinando quiénes, como y cuando deben ejercer la acción contractual para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de un contrato de la administración, no implica negar el imperio de la legalidad y de la supremacía de la Constitución, sino que por el contrario, busca materializar el Estado de Derecho, que se traduce en el gobierno de las leyes, esto es, en el sometimiento tanto de los particulares como de los servidores públicos a la Constitución y las leyes; en ese orden de ideas, la figura de la caducidad de la acción pretende asegurar la vigencia plena del Estado Social de Derecho.] - [Palabras claves: acción, nulidad, absoluta, derecho, término, ley, contrato, interés, normas, si, constitución, ejercicio, legalidad]

Superintendencia de Industria y Comercio, funciones y facultades sobre competencia desleal; Ley 446 de 1998, Arts. 143 y 144. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1.998 - [Resumen automatizado: Los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, explica el demandante, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones de tipo administrativo en materia de competencia desleal; ello, por cuanto el artículo 143 establece que en relación con los actos que constituyen ésta última conducta, la Superintendencia tendrá las mismas atribuciones que le asisten en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, las cuales son netamente administrativas; el artículo 144 del mismo ordenamiento, asimismo, prevé la aplicación de un mismo procedimiento y de una misma normatividad, para ambos tipos de funciones. || De conformidad con este procedimiento, si se determina que el sujeto pasivo efectivamente incurrió en actos de competencia desleal, el Superintendente podrá imponer algunas multas al infractor; y frente a esa decisión, sólo cabe el recurso de reposición, por tratarse de un fallo definitivo; es decir, que tal y como lo ha establecido la misma Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 12835 de 2000, contra dicha decisión no procede el recurso de apelación que prevé el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, de conformidad con el cual "los actos que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales.] - [Palabras claves: competencia, superintendencia, funciones, ley, normas, administrativas, jurisdiccionales, prácticas, jurisdiccional, mismo, actos]

Competencia desleal, liquidación de perjuicios; Ley 446 de 1998, Art. 148, Parágrafo 3o. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3 del artículo 148 de la ley 446 de 1998, reformado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999 - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano CARLOS ANDRES PERILLA CASTRO, demandó el parágrafo 3 del artículo 148 de la ley 446 de 1998, reformado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999 "Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades." || b) La ley 510 se refiere a la intervención del Estado en la economía, en particular la regulación de las actividades financiera y bursátil, mientras que la norma acusada versa sobre la competencia jurisdiccional de un organismo administrativo para declarar indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de conductas de competencia desleal. || No se viola, entonces, el principio de unidad de materia pues el artículo acusado consagra el trámite de liquidación de perjuicios dentro del procedimiento de competencia desleal, que por expresa disposición de la ley 446 corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio desde tiempo atrás, "sino el establecimiento de un trámite dentro de esa misma actuación para cuando quiera que las partes enfrentadas en el litigio pertenezcan a los sectores financiero o bursátil".] - [Palabras claves: ley, corte, norma, superintendencia, competencia, hombre, relación, materia, disposición, derecho, jurisdiccionales, magistrado, unidad, financiero]

Defensor del cliente de las instituciones financieras. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 (parcial), 105, 106, 108, 111, 119 y 120 de la Ley 510 de 1999. La declaratoria de inexequibilidad de una norma implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella derogadas siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental. Una ley derogada no revivirá por las solas referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva - [Resumen automatizado: Por lo anterior, solicita a la Corte que luego de verificados los argumentos expuestos por el demandante, declare la inconstitucionalidad de las normas demandadas y adicionalmente, por existir unidad de materia entre este precepto y las expresiones demandadas, solicita declarar la inconstitucionalidad del inciso cuarto del artículo 52 de la Ley 510 de 1999 por cuanto éste tampoco surtió el trámite previsto en la Constitución Política al no haber sido aprobado en primer y segundo debate por el Senado de la República ni en primer debate por la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. || Para efectos de la motivación de este pronunciamiento la Corte tendrá en cuenta si en razón de la existencia de varios fallos de constitucionalidad referidos a la Ley 510 de 1999 existe cosa juzgada constitucional en relación con las normas demandadas; establecerá si se encuentra vigente y si hay lugar a considerar la demanda interpuesta contra el parágrafo tercero del artículo 52 de esa ley; determinará, de acuerdo con los principios de identidad y consecutividad, la naturaleza de los vicios en la formación de las leyes como fundamento de un cargo de inexequibilidad y establecerá si se inobservó el principio de unidad de materia al incluir el parágrafo tercero del artículo 52.] - [Palabras claves: ley, materia, corte, si, contenido, principio, artículos, procedimiento, sido, derecho, norma, congreso, parágrafo, unidad, normas]

Defensores del cliente de las instituciones financieras; Ley 640 de 2001, Art. 47, parágrafos 1o y 3o. - [Resumen automatizado: De otra parte, indica el trámite surtido en el Congreso de la República para la aprobación del artículo 47 de la Ley 640 de 2001, y concluye que: i.) solo dentro del texto del articulado que presentó la Comisión Accidental de Conciliación, el 12 de diciembre de 2000 ante la plenaria del Senado, es que aparece por primera vez el artículo 47, demandado, al igual que sucede con el artículo 50 de la misma ley, referido a la fecha de entrada en vigencia de la misma, esto es, dentro del año siguiente a su publicación, salvo para el artículo 47 que entraría a regir inmediatamente, ii.) la segunda referencia al artículo 47 se hace en el texto definitivo del proyecto de ley, "aprobado en sesiones plenarias de Senado y Cámara de Representantes el 12 de diciembre de 2000" y iii.) dentro del expediente del proceso de la referencia constan las "proposiciones sustitutivas" relativas a esos dos artículos, pero sin referencia de fecha de presentación y sin argumento que los justifique.] - [Palabras claves: ley, corte, proyecto, cámara, constitución, normas, texto, congreso, comisiones, mismo, referencia, república, decreto, parágrafo, competencia]

Arbitraje, conflicto de carácter transigible; Ley 446 de 1998, Art. 111 (parcial) - [Resumen automatizado: El arbitramento ha de entenderse como institutos a los que el Constituyente les reconoció una función fundamental dentro la administración de justicia, pues son mecanismo a los que pueden recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus controversias, sin la intervención directa del Estado, lo que permite no sólo la descongestión del aparato de justicia sino la participación activa de los particulares en la definición de sus conflictos. || Corresponde a esta Corporación determinar, si cuando el legislador establece que sólo los asuntos de carácter transigible son susceptibles de ser sometidos al mecanismo del arbitramento, se contraviene la disposición constitucional contenida en el artículo 116, según la cual, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la calidad de árbitros debidamente habilitados por las partes, pues considera el demandante, que el Constituyente no impuso ninguna restricción en cuanto a las materias susceptibles de ser sometidas a este mecanismo alterno de resolución de conflictos. || El arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ha de entenderse como la derogación que hacen las partes involucradas en un conflicto o precaviendo su existencia, de la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un particular (árbitro), quien queda investido de la facultad temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada laudo arbitral, las diferencias que se susciten entre ellos.] - [Palabras claves: justicia, conflictos, puede, partes, mecanismo, legislador, pueden, en, asuntos, disposición, sólo, constitución, decisión, carácter]

Ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las superintendencias; Ley 446 de 1998, Arts. 133, 134, 135 y 147. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos los artículos 133, 134, 135 y 147 de la Ley 446 de 1998, y los artículos 51 y 52 de la Ley 510 de 1999 - [Resumen automatizado: Así, según su criterio, "a la Superintendencia Bancaria no se le han asignado excepcionales funciones judiciales para materias precisas, ya que (1) puede ejercerlas respecto de todos los contratos que celebren las entidades sujetas a su vigilancia; (2) las mencionadas atribuciones le permiten dictar sentencias sobre el proceso contractual completo y (3) la limitación por razón de la cuantía de la controversia se vuelve ineficaz porque los asuntos sin cuantía determinable están sujetos a estas atribuciones judiciales y muchos son los casos en los cuales solo se determina a la conclusión del proceso". || 17- Sin embargo, un análisis más cuidadoso de la situación muestra que el cargo específico del demandante no ha sido examinado por esta Corte, puesto que el actor no cuestiona genéricamente que la ley confiera funciones judiciales a una autoridad administrativa como la superintendencia, sino que considera que, debido a las tareas de control que cumple esa entidad, no se le pueden conferir funciones judiciales, por cuanto ella se convertiría en juez y parte en esas controversias, con lo cual se viola el debido proceso y se desconocen los principios de imparcialidad e independencia que gobiernan el ejercicio de la función judicial.] - [Palabras claves: funciones, superintendencia, judiciales, ley, jurisdiccionales, corte, ejercicio, independencia, entidades, función, imparcialidad, disposiciones, administrativas, autoridades]

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, caducidad - [Resumen automatizado: En tal medida, dice, existe cosa juzgada sobre la norma demandada pues en la Sentencia C-351 de 1994, (M.P. Hernando Herrera Vergara), la Corte afirmó lo siguiente respecto de la brevedad del término para interponer las demandas ante el Contencioso Administrativo: || En el caso bajo estudio debe la Corte anotar que el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), que establece el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ha sido objeto de dos pronunciamientos por parte de esta Corporación. || En el presente caso, a pesar de que no se puede afirmar que sobre la norma demandada sea predicable el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, tampoco se puede ignorar que el problema del término de caducidad de las acciones contencioso administrativas en general, y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en particular, ya han sido estudiados por esta Corporación. || "Por lo expuesto, encuentra la Corte que al establecer términos de caducidad para las acciones contencioso administrativas de restablecimiento del derecho, el legislador ejerció las competencias que le ha entregado la Constitución Política, sin desconocer el derecho de acceso a la administración de justicia, ni ninguno otro de la Carta.] - [Palabras claves: término, derecho, acción, corte, norma, sentencia, restablecimiento, juzgada, acciones, cosa, nulidad, corporación, debe, demanda]

Daños, valoración, aspectos, contenido - Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 16 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: No se opone a la noción de unidad de materia la circunstancia de que una ley pueda estar integrada por normas sustantivas y procesales, si ellas guardan entre sí una conexidad temática o teleológica, en virtud de la cual todas ellas estén dirigidas a conseguir el desarrollo normativo del asunto u objeto material que constituye el meollo de la ley. || De los cargos formulados en la demanda, la intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, y el concepto del Procurador General de la Nación, deduce la Corte que el asunto objeto de su pronunciamiento se reduce a determinar si siendo, en concepto del actor, la materia de la ley 446/98 eminentemente procesal, se contraviene por la norma acusada el principio de unidad de materia y de correspondencia entre el título de la ley y su contenido, en razón de que ésta regula un asunto que es de índole material o sustancial. || Por lo anterior, estima la Corte, que tampoco se opone a la noción de unidad de materia la circunstancia de que una ley pueda estar integrada por normas sustantivas y procesales, si ellas guardan entre sí una conexidad temática o teleológica, en virtud de la cual todas ellas estén dirigidas a conseguir el desarrollo normativo del asunto u objeto material que constituye el meollo de la ley.] - [Palabras claves: ley, materia, unidad, magistrado, principio, procesal, norma, normas, justicia, corte]

Superintendencia, autoridad administrativa, función jurisdiccional excepcional y permanente; procedimiento; Ley 446 de 1998, Art. 148. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 52 parcial, 69 , 79 , 80 parcial, 81 parcial, 91 parcial, 101 parcial y 11 de la Ley 510 de 1999, " por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades" - [Resumen automatizado: Respecto del aparte acusado de la disposición transcrita, el demandante, Humberto de Jesús Longas Londoño, considera que ella contraviene el artículo 29 superior por cuanto esta última norma, en su sentir, establece que toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley, "pero no impide cualquier otra acción o recurso ante las autoridades judiciales, como lo estipula el demandado artículo 52 inciso 3° de la Ley 510 de 1999." A juicio del actor, dicho inciso prohibe la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares o colectivas y las demás a que se refiere el artículo 89 de la Constitución, cuando ellas se dirijan contra los actos de las mencionadas Superintendencias a los que se refiere el inciso acusado. || 4. Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 30 superior, según el cual "(t)oda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", la Corte ha sentado una clara jurisprudencia que sostiene que, a menos que la Constitución expresamente disponga otra cosa (como cuando indica que toda sentencia condenatoria puede ser impugnada, o que las decisiones adoptadas por la vía de la acción de tutela podrán impugnarse ante el juez competente), es facultad del legislador señalar en qué casos los procesos judiciales se tramitarán en dos instancias y en cuáles no.] - [Palabras claves: corte, ley, derecho, constitución, disposición, norma, datos, superintendencia, normas, actividad, ejercicio, legislador, respecto]

Nulidad - Legitimación por activa; participación comunitaria, control - [Resumen automatizado: A su juicio, ello daría cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 Ibídem, referente al derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como al desarrollo de las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública, según lo consagra el artículo 270 de la Carta. || En esta ocasión acoge también la Corte los criterios expuestos en Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999, por la cual se declaró la exequibilidad de la expresión "que acredite un interés directo", contenida en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, al considerar que existen otros mecanismos de participación ciudadana que permiten la vigilancia de la gestión estatal y, además, que está dentro de las facultades del legislador establecer restricciones para el ejercicio de determinadas acciones. || "A juicio de esta Corte, bien puede el Legislador, en ejercicio de sus competencias constitucionales, restringir esta acción a las partes, sus causahabientes, al ministerio público y al tercero que acredite un interés directo en el contrato, pues, si bien es cierto que la Constitución Política concede a todo ciudadano el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley (art.] - [Palabras claves: nulidad, acción, interés, corte, contratos, ejercicio, constitución, absoluta, contrato, ley, acciones, pública, derecho, control]

Función pública registral - Facultades extraordinarias al Presidente de la República - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 del Decreto 1122 de 1999 - [Resumen automatizado: El actor manifiesta que con las disposiciones contempladas en el artículo 162, demandado, sobre la financiación del servicio o función registral y las formas para estimar los costos parciales y totales de la operación de registro, el Gobierno Nacional excedió las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas, en la Ley 489 de 1998, artículo 120, numeral 4o., toda vez que se confirieron para "Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública" y, en su criterio, nada tienen que ver con el contenido de la norma atacada. || De igual forma, manifiesta que para privatizar el servicio público de registro de instrumentos públicos, dejando de lado los funcionarios públicos, es necesaria una reforma a la Constitución Política, concretamente, al artículo 131, pues el Presidente de la República no estaba facultado para hacerlo, ni sería posible desde un punto de vista jurídico y, si lo hizo, al expedir las normas demandadas, fue con exceso de las facultades y total desconocimiento el Estatuto Superior, a pesar que esa privatización no se hizo al entrar en vigencia el Decreto 1122, sino que se previó dentro del plazo de un año, según su artículo 160, pues, finalmente, hizo desaparecer a los registradores y demás empleados, con lo cual "recorta" la administración pública, al paso que desarticulara los círculos y oficinas de registro, quebrantando, de la misma manera, el citado artículo 131.] - [Palabras claves: públicos, registro, normas, constitución, público, facultades, decreto, función, servicio, política, ley, extraordinarias, pública, república]

Caducidad de la acción electoral. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la ley 446 de 1998, en cuanto modifica el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo - [Resumen automatizado: La consagración de un término de caducidad de 20 días, como el que establece la norma demandada para el caso de las acciones electorales, no resulta violatorio de la Constitución, pues (a.) responde al libre ejercicio de las funciones que la propia Carta Fundamental otorga al legislador -i.e. libertad de configuración legislativa-, y (b.) tiene la finalidad de dar certeza a actos que, como los que declaran una elección o hacen un nombramiento, no pueden quedar suspendidos indefinidamente en el tiempo, so pena de vulnerar los derechos reconocidos por la propia Carta Política a los aspirantes a ocupar un cargo o a los funcionarios ya electos (artículo 40 inciso 1 y numeral 1), y las garantías de la comunidad, expresadas en la aspiración a gozar de un sistema administrativo, legislativo y judicial -i.e. un orden político- estables, en clara concordancia con el principio de seguridad jurídica.] - [Palabras claves: acción, derecho, electoral, constitución, acciones, contencioso, elección, código, término, corte, puede, actos, administrativo, justicia, ley]

Servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 149, 151, 153 (parcial) - [Resumen automatizado: Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 149, 151, 153 (parcial), de la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". || El ciudadano Fabio Alfonso Castillo Gaona, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentó ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra los artículos 149, 151 y 153 (parcial) de la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contenciosos Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia."] - [Palabras claves: normas, artículos, corte, decreto, magistrado, disposiciones, derecho, funciones, ley, servicio, constitucional, código]

Justicia arbitral; recurso de súplica - Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 68, 82 a 88, 111 a 142, 146, 147 (p), 148 y 194 de la ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: 1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del Tribunal e integrado éste y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial, el Centro de Arbitraje fijará fecha y hora para su instalación que se notificará a los árbitros y a las partes, salvo que éstos hubieren sido notificados por estrados. || Si bien la Corte ha avalado la justicia arbitral como un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, ello no puede interpretarse en el sentido que aquélla resulte privilegiada frente a la función permanente de administrar justicia por parte del Estado, ni que ésta pueda verse cada vez mas sustituida o reducida en su campo de acción. || Si bien la Corte ha avalado la justicia arbitral como un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, ello no puede interpretarse en el sentido que aquélla resulte privilegiada frente a la función permanente de administrar justicia por parte del Estado, ni que ésta pueda verse cada vez mas sustituida o reducida en su campo de acción.] - [Palabras claves: ley, artículo, justicia, partes, recurso, administración, así, corte, materia, normas, norma, superintendencia]

Multas a abogados en procesos judiciales; Ley 446 de 1998, Art. 22 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia integrada por su presidente Eduardo Cifuentes Muñoz, y los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Galvis. || Sin perjuicio de otras disposiciones sobre temeridad o mala fe y condena de costas, ni de lo establecido en el artículo 60 de la ley 270 de 1996, en todos los proceso judiciales el juez, magistrado o sala de conocimiento, previa averiguación que garantice el derecho de defensa, impondrá al abogado de la parte respectiva una multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales en los siguientes casos: || Con relación a la equivalencia en las sanciones de las dos normas acusadas, la intervinientes precisa que la contenida en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil protege como bien jurídico el comportamiento de los sujetos procesales que sean parte y de sus respectivos apoderados, por lo cual multa resulta una sanción accesoria a la responsabilidad patrimonial que significa el pago de las costas.] - [Palabras claves: civil, ley, mala, procedimiento, fe, proceso, código, corte, constitución, multa, sanción, juez]

Funciones y facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre competencia desleal - Los acuerdos comerciales no son parámetros de constitucionalidad para el examen de las leyes - Normas acusadas: Artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: El "Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" no constituye parámetro de constitucionalidad, como quiera que dentro del bloque de constitucionalidad no pueden incluirse convenios o tratados internacionales que regulen materias autorizadas expresamente en la Carta. || La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz, y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alvaro Tafur Galvis, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Por lo tanto, si una ley contradice lo dispuesto en cualquiera de las normas que integran el bloque de constitucionalidad la Corte Constitucional deberá retirarla del ordenamiento jurídico, por lo que, en principio, los actores tienen entonces razón en indicar que la inexequibilidad de una disposición legal no sólo se origina en la incompatibilidad de aquella con normas contenidas formalmente en la Constitución. || Por lo tanto, si una ley contradice lo dispuesto en cualquiera de las normas que integran el bloque de constitucionalidad la Corte Constitucional deberá retirarla del ordenamiento jurídico, por lo que, en principio, los actores tienen entonces razón en indicar que la inexequibilidad de una disposición legal no sólo se origina en la incompatibilidad de aquella con normas contenidas formalmente en la Constitución.] - [Palabras claves: constitucionalidad, normas, constitucional, corte, derechos, internacionales, tratados, competencia, constitución, carta, propiedad, control, disposiciones, ley, integran]

Competencias Sala Plena del Consejo de Estado. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 parcial de la ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: El demandante considera que la frase impugnada viola el artículo 237-2 de la Constitución, al restringir la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional, en ejercicio de funciones administrativas, sustrayéndolos de esta manera del control constitucional a cargo de dicha corporación. || En criterio del actor, todos los decretos que dicte el Gobierno Nacional, ya sea en desarrollo de la ley o por asignación directa de la Constitución deben ser objeto del control constitucional directo por parte del Consejo de Estado, tal como lo ordena el artículo 237-2 del estatuto superior y, por tanto, el legislador no podía agregar, como lo hizo en la norma demandada, un condicionamiento no establecido en dicho precepto constitucional, el cual resulta claramente violado. || Agrega el demandante que "todo acto, independientemente de su naturaleza legal o administrativa, puede ser acusado directamente de inconstitucional", por lo que la delimitación de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para efectos del control de constitucionalidad "no puede servir en manera alguna para negar la acción de inconstitucionalidad contra los decretos del Gobierno nacional de naturaleza administrativa, pues no otra cosa significa la frase 'y que no obedezca a función propiamente administrativa'", materia de impugnación.] - [Palabras claves: constitución, consejo, corte, constitucional, decretos, dictados, acciones, control, ley, inconstitucionalidad, competencia, gobierno, orden, estado]

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en asuntos laborales; Ley 446 de 1998, Art. 43 (parcial). Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 43(parcial) de la ley 446 de 1998 "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia - [Resumen automatizado: Estima razonable y justificado que se determine la competencia territorial en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho en materia laboral, en la forma como lo dispuso el precepto demandado, pues, así se garantiza la rapidez en la administración de justicia, al permitirle a la autoridad judicial una relación directa con la prueba, en razón de que, por regla general, el acopio de la prueba se realiza en la sede de la entidad demandada donde se prestó o debió prestarse el servicio. || La Corte encuentra que la competencia territorial establecida en la norma controvertida es razonable, pues conserva un principio lógico de relación entre lo que se pretende con la demanda : la nulidad y restablecimiento del derecho, en un asunto laboral, y el sitio donde se debe incoar : el último lugar donde se prestó o debió prestar el servicio. || La Corte encuentra que la competencia territorial establecida en la norma controvertida es razonable, pues conserva un principio lógico de relación entre lo que se pretende con la demanda : la nulidad y restablecimiento del derecho, en un asunto laboral, y el sitio donde se debe incoar : el último lugar donde se prestó o debió prestar el servicio.] - [Palabras claves: competencia, lugar, justicia, derecho, norma, corte, demanda, constitución, asuntos, territorial, laboral, precepto, último, restablecimiento, nulidad, servicios, magistrado]

Servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 149, 151 -numeral 3-, 160 y 163 - [Resumen automatizado: Los ciudadanos ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ SAAVEDRA y CARLOS ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, han presentado ante la Corte demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 149, 151 -numeral 3-, 160 y 163 de la Ley 446 de 1998. || El Procurador General de la Nación ha remitido escrito mediante el cual solicita a la Corte declarar constitucionales los artículos 151 -numeral 3- y 160, a la vez que le sugiere inhibirse para conocer de fondo acerca de la constitucionalidad de los artículos 149 y 163 de la Ley 446 de 1998, por ineptitud sustancial de la demanda. || En cuanto al argumento de los accionantes según el cual las disposiciones acusadas violan el artículo 13 de la Carta, manifiesta el Procurador que el requisito de la práctica, servicio profesional o judicatura para optar al título de profesional en Derecho, no ha sido establecido por el legislador únicamente para esta carrera sino también para otras. || Respecto del artículo 163 de la citada ley, la Corte coincide con el Procurador General de la Nación en el sentido de que existe inepta demanda, por cuanto CARLOS ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA (expediente D-2263) no formula ningún cargo específico contra dicho canon.] - [Palabras claves: corte, ley, servicio, demanda, artículos, normas, derecho, constitucional, popular, constitucionalidad, magistrado, decreto, disposiciones, legal, sentencia]

Sanciones por inasistencia a la audiencia de conciliación judicial; Ley 446 de 1998, Artículo 103 (parcial). Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 103(parcial) de la ley 446 de 1998 "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. - [Resumen automatizado: Hecho que justifica la decisión del legislador de establecer sanciones como las señaladas en los numerales acusados para la parte que, sin razón, deje de asistir a ella, pues sólo así se garantiza la eficacia de este mecanismo y se impide que la inasistencia de las partes, lo conviertan en una etapa inoperante. || Para fundamentar este aserto, se apoya en la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-592 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de las sanciones que, por inasistencia a la audiencia de conciliación, consagraba el decreto 2651 de 1991. || En este último caso, se dio aplicación a la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-592 de 1992, en la que se analizó y declaró la constitucionalidad de las sanciones que, por inasistencia a la audiencia de conciliación, consagraba el decreto 2591 de 1991. || Así las cosas, por existir en relación con la norma parcialmente acusada, sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la Constitución, se ordenará estarse a lo resulto en la sentencia C-196 de 1999.] - [Palabras claves: inasistencia, ley, normas, sanciones, norma, audiencia, parcialmente, acusada, código, magistrado, partes, constitucionalidad]

Conciliación laboral prejudicial; Ley 446 de 1998, Arts. 68 y 88 - [Resumen automatizado: De acuerdo con la interpretación del demandante, en ambos casos, esto es para los asuntos laborales y los de familia, el legislador impuso la conciliación administrativa como requisito de procedibilidad, es decir, que obliga a las partes en todos los casos, a recurrir a dicho procedimiento antes de acceder a la jurisdicción ordinaria correspondiente para proponer sus litigios, lo que a su entender no sólo desconoce el derecho a la defensa de las personas, que consagra el artículo 29 superior, sino que viola el derecho fundamental de libre acceso a la justicia, consagrado en el artículo 229 de la Carta Política, al condicionarlo y supeditarlo al cumplimiento de ese requisito. || Anota, que la conciliación previa, como requisito de procedibilidad de la acción, encuentra fundamento constitucional en el artículo 116 superior, que establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o equidad, en los términos que determine la ley, lo que desvirtúa la acusación del actor, en el sentido de que los artículos impugnados atentan "...] - [Palabras claves: artículos, ley, asuntos, familia, jurisdicción, normas, procedibilidad, requisito, partes, justicia, administrativa, derecho]

Servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 149 a 160 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Martha V. || Por otra parte, el actor estima que el hecho de que algunos de los egresados de las facultades de derecho del país que deben prestar el servicio legal popular estén obligados a hacerlo en forma gratuita (Ley 446 de 1998, artículos 151-3, 153-d y 154-b), al paso que otros tienen derecho a recibir una remuneración por la prestación de sus servicios, no sólo vulnera el principio de igualdad (C.P., artículo13) sino, también, el derecho de todo trabajador a recibir "una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo", establecido en el artículo 53 del Estatuto Superior. || Por otra parte, la interviniente plantea que las modalidades de prestación del servicio legal popular que implican una vinculación del estudiante a cargos de entidades del Estado (Ley 446 de 1998, artículo 151-5), podrían implicar problemas desde el punto de vista de su constitucionalidad, toda vez que, en primer lugar, no existen suficientes cargos como para vincular a todos los egresados y, en segundo término, las actuales circunstancias fiscales y presupuestales del país no admiten la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector público.] - [Palabras claves: servicio, legal, popular, ley, justicia, derecho, decreto, judicatura, superior, acceso, consejo, normas]

Conciliación laboral prejudicial; sentencias, orden para proferirlas; cláusula compromisoria, carácter autónomo; Ley 446 de 1998, Arts. 18 (parcial), 30 (parcial), 68, 82 y 116 (parcial) - [Resumen automatizado: Considera, por lo tanto, que la norma acusada está en armonía con los mandatos citados, pues ella persigue "racionalizar y ordenar el ingreso de los expedientes al despacho del juez, de tal forma que se fallen los asuntos respetando estrictamente los turnos de acceso de cada uno de ellos, salvo los casos de sentencia anticipada o de prelación legal (tutelas, acciones de cumplimiento, y populares, habeas corpus , etc.) pues de lo contrario se atentaría gravemente contra el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin dilaciones injustificadas." || Para analizar el cargo contra el artículo 30 expone que debe entenderse que la norma demandada se enmarca dentro de la regulación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que su única finalidad "es excluir el control jurisdiccional, por parte de dicha jurisdicción, a las decisiones del mismo carácter proferidas por las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales." Además, sostiene que sobre este punto ya se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-417 de 1993. || Afirma también que la norma acusada vulnera el último inciso del artículo 116 de la Constitución, que señala que "los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.] - [Palabras claves: norma, contrato, justicia, procesos, manera, derecho, parte, personas, ley, constitucionalidad, si, jurisdicción, orden, puede, decisiones, judicatura, pueden, corte]

Conciliación laboral; conciliación en familia; servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 68, 82, 88 (parcial), 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 167 (parcial) - [Resumen automatizado: La conciliación previa obligatoria en materia de familia, resulta exequible sólo si corresponde a los asuntos establecidos en el inciso segundo del artículo 88, y si dentro de las autoridades ante las que puede llevarse a cabo, está incluido el Juez Promiscuo Municipal, cuando no exista en el sitio, alguno de los otros funcionarios que la norma señala: Juez de Familia, Comisario de Familia, pues el Juez Promiscuo Municipal, también tiene competencia en asuntos de familia señalados por la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, del decreto 2272 de 1989. || La norma acusada se circunscribe a establecer como uno de los requisitos previos a la obtención del título de abogado, la prestación del servicio legal popular, sin que, en esta norma, se regulen los aspectos de orden académico de que tratan las disposiciones legales, asuntos estos a los cuales, simplemente se hace alusión, pues no se crean ni se reglamentan por el artículo 149 de la ley 446 de 1998. || En relación con la presunta violación de la unidad de materia de la ley, establecida en el artículo 158 de la Constitución, por introducir en una ley de descongestión de la justicia, requisitos para acceder al título de abogado, hay que señalar no le asiste razón al demandante, pues, precisamente, si se cumplen los propósitos del servicio legal popular, éste puede convertirse en una valiosa herramienta en la descongestión, eficacia y acceso a la administración de justicia.] - [Palabras claves: ley, servicio, legal, popular, corte, si, legislador, derecho, requisito, requisitos, justicia, abogado, artículos, título, debe]

Controversias contractuales, personas que pueden solicitar que se declare la nulidad absoluta de un contrato; Ley 446 de 1998, Art. 32 - [Resumen automatizado: Bien puede el Legislador, en ejercicio de sus competencias constitucionales, restringir esta acción a las partes, sus causahabientes, al ministerio público y al tercero que acredite un interés directo en el contrato, pues, si bien es cierto que la Constitución Política concede a todo ciudadano el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley (art. || En primer término la Corte debe analizar si al consagrar la exigencia según la cual los terceros deben demostrar un "interés directo" para que puedan demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal, el Legislador rebasó o nó sus competencias constitucionales (i); si el derecho constitucional de participación política mediante la interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley, le impide al Legislador restringir la titularidad de esta acción (ii); si la misma desconoce o nó el derecho de participación en la vigilancia y control de la actividad contractual de la administración que la Constitución Política garantiza a los ciudadanos (iii) y, si a causa de ello la disposición objeto del proceso contraría o nó el Estatuto Superior.] - [Palabras claves: contrato, interés, derecho, acción, nulidad, absoluta, directo, estatales, constitución, contratos, participación]

Multas y sanciones en procesos judiciales - Acción pública de inconstitucionalidad contra los Artículos 22, 74 y 103 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Resulta equivocada la apreciación de los demandantes sobre una presunta violación del principio de igualdad originada en una supuesta diferencia de trato que la norma les otorga a los abogados, pues son esas particulares funciones que la sociedad y el Estado les han encomendado -la conservación del orden jurídico mediante la defensa de los derechos de las personas-, lo que demanda de la ley un trato diferente frente a las demás profesiones u oficios. || Teniendo en cuenta que los cargos de la demanda atacan directamente las sanciones previstas en la norma impugnada y que las mismas ya fueron estudiadas en sede de constitucionalidad, la Corte acoge y mantiene los fundamentos esgrimidos en la Sentencia C-592 de 1991 para declarar la exequibilidad del artículo 103 de la Ley 446 de 1998. || Sin perjuicio de otras disposiciones sobre temeridad y mala fe y condena en costas, ni de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 270 de 1996, en todos los procesos judiciales el Juez, Magistrado o sala de Conocimiento, previa averiguación que garantice el derecho de defensa, impondrá al abogado de la parte respectiva una multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales en los siguientes casos:] - [Palabras claves: ley, proceso, sanciones, justicia, corte, audiencia, en, derecho, decreto, puede, inasistencia, norma, multa, derechos, código]

Intereses cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: El Procurador General de la Nación afirma, por su parte, que el artículo 72 de la Ley 446 de 1998, parcialmente acusado, no desconoce lo dispuesto por el 13 de la Carta Política, ya que la prerrogativa concedida a la Administración para que las cantidades líquidas reconocidas en los acuerdos conciliatorios generen intereses moratorios después de transcurridos seis (6) meses del plazo acordado para su pago, tiene una justificación razonable, pues las personas jurídicas de Derecho Público administran sus recursos con base en el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos, orientado en los principios de legalidad, anualidad y universalidad del gasto público, plasmados en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política. || Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados.] - [Palabras claves: pago, intereses, ley, particulares, meses, igualdad, acuerdo, obligaciones, seis, administración, constitución, partir, término, cargo]

intervención de terceros en el proceso arbitral - Norma acusada: Artículo 127 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz, y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Bajo esta premisa y partiendo de una interpretación de la norma acusada, según la cual la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil en el arbitramento permite la vinculación obligatoria al proceso a quienes no son parte del mismo, el actor considera que la disposición impugnada desconoce el principio de la habilitación y de la voluntariedad de la justicia arbitral, como quiera que se obliga a terceros ajenos al compromiso arbitral a resolver sus intereses en la justicia de los árbitros. || Ahora bien, el arbitramento constituye uno de los llamados instrumentos alternativos de solución de conflictos, que tienen fundamento constitucional expreso (CP art.116), por lo cual la Corte comenzará por analizar brevemente las tensiones y relaciones que existen entre esos mecanismos y el derecho de acceder a la justicia, para luego abordar específicamente si, tal y como está consagrada, la intervención de terceros en el proceso arbitral desconoce o no la Carta.] - [Palabras claves: proceso, justicia, terceros, tercero, si, intervención, norma, partes, efectos, acusada, corte]

Consejo de Estado - Secciones transitorias. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 62 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Martha V. || Con respecto al primer cargo, recuerda la interviniente que el artículo 62 establece que el número de Consejeros se incrementará transitoriamente en 12 magistrados, y que al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde conformar las respectivas salas especiales dentro del término señalado por la norma y de acuerdo a disponibilidad presupuestal. || La disposición acusada se limita a precisar una hipótesis que bien puede quedar comprendida dentro de la competencia general atribuida al Consejo Superior de la Judicatura para "crear, ubicar redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las salas de éstos y los juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia" (Ley 270 de 1996. || La disposición acusada se limita a precisar una hipótesis que bien puede quedar comprendida dentro de la competencia general atribuida al Consejo Superior de la Judicatura para "crear, ubicar redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las salas de éstos y los juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia" (Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves: ley, secciones, consejo, estado, magistrados, constitución, estatutaria, especiales, norma, justicia, sala, superior, judicatura]

Publicación de leyes que sean reformadas - Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 446 de 1998. Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Si la ley no es promulgada no es posible exigir su observancia o cumplimiento; en cambio, si no se publica en la forma señalada en el artículo 158 precitado, en nada se afecta su obligatoriedad por que las leyes correspondientes (la que reforma y la reformada) continúan rigiendo hasta cuando el legislador decida derogarlas expresa o tácitamente.La publicación de la ley, de acuerdo con el estatuto supremo, no es requisito necesario para su existencia, pues el artículo 157 de la Constitución no lo incluye dentro de los que debe cumplir todo proyecto para convertirse en ley de la República. || "Es decir, la falta de publicación que exige esta norma constitucional no hace inoponible la ley que se modifica ni la que introduce las modificaciones, leyes que, independientemente, obligan desde su promulgación, salvo si en su texto se dice otra cosa." La Corte se declarará inhibida para emitir pronunciamiento por el cargo señalado.] - [Palabras claves: ley, publicación, constitución, corte, texto, sido, modificaciones, objeto, constitucional, si, debe, puede, congreso, leyes, forma]

Conciliación - Procedibilidad - Inasistencia - [Resumen automatizado: No habría ningún problema en admitir la posibilidad de establecer la conciliación prejudicial en materia laboral, como requisito de procedibilidad, con miras a realizar los fines constitucionales antes mencionados, siempre que se den las siguientes condiciones: I) que se cuente con los medios materiales y personales suficientes para atender las peticiones de conciliación que se presentan por quienes están interesados en poner fin a un conflicto laboral; II) que se especifique concretamente cuáles son los conflictos susceptibles de ser conciliados, y cuáles por exclusión naturalmente no admiten el trámite de la conciliación; III) que se defina, tratándose de conflictos que involucran a la Nación o a entidades públicas descentralizadas o instituciones o entidades de derecho social sí, además, del agotamiento de la via gubernativa se requiere agotar la conciliación, o si ésta sustituye el procedimiento no relativo a dicho agotamiento; IV) que se establezca que la petición de conciliación, interrumpe la prescripción de la acción; V) que se determine un tiempo preciso durante el cual se debe intentar la conciliación expirado el cual las partes tienen libertad para acceder a la jurisdicción laboral.] - [Palabras claves: ley, derecho, justicia, laboral, corte, conflictos, normas, acceso, materia, proceso, judicial, requisito, si, solución, derechos, constitución, puede]

Honorarios de auxiliares de la justicia. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: La Corte considera que es necesario distinguir entre los honorarios que se pagan al curador ad litem y los gastos que puede generar el proceso: unos corresponden a la remuneración que merecen los servicios prestados por el auxiliar de la justicia, y le deben ser reconocidos en cuanto su actividad es una forma de trabajo que, al igual que todas las modalidades del mismo, goza de especial protección constitucional; los otros se causan a medida que el proceso transcurre y no buscan recompensar la labor del curador sino que se destinan a sufragar por muy diversos conceptos los elementos indispensables para que el juicio se lleve a cabo. || La Corte considera que es necesario distinguir -como no lo hace el actor- entre los honorarios que se pagan al curador ad litem y los gastos que puede generar el proceso: unos corresponden a la remuneración que merecen los servicios prestados por el auxiliar de la justicia, y le deben ser reconocidos en cuanto su actividad es una forma de trabajo que, al igual que todas las modalidades del mismo, goza de especial protección constitucional; los otros se causan a medida que el proceso transcurre y no buscan recompensar la labor del curador sino que se destinan a sufragar por muy diversos conceptos los elementos indispensables para que el juicio se lleve a cabo.] - [Palabras claves: proceso, justicia, puede, honorarios, gastos, magistrado, judicial, disposición, fe, momento, el, deben, constitucional, ley, administración]

Desinvestidura - Inadmisión de terceros. Acción pública de inconstitucionalidad en contra del inciso final del artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, como fue modificado por el artículo 48 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: La restricción de la intervención de ciudadanos distintos del demandante, se muestra razonable y, en ese sentido, encuentra también pleno fundamento constitucional en las previsiones de la Carta que le confieren al juicio de desinvestidura el carácter de breve y sumario (i); en las que señalan como únicas partes al ciudadano solicitante, al congresista y al agente del Ministerio Público (ii); y, en las que predican del Consejo de Estado, como órgano competente de administrar justicia en dicho juicio, los deberes de garantizar plenamente el debido proceso y de cumplir con diligencia los términos procesales para su decisión, los que, por demás, son de raigambre constitucional (iii). || Para esta Corte, la restricción de la participación de ciudadanos distintos del accionante, en el proceso de pérdida de investidura, se origina también en la extraordinaria celeridad que el Constituyente le imprimió, al fijar al Consejo de Estado un término muy breve para su sustanciación y decisión -20 días contados a partir de la fecha de solicitud- y, al señalarle el deber de cumplirlo con diligencia, en aras de la efectividad del derecho al debido proceso del congresista enjuiciado (artículo 29), so pena de que su desconocimiento, de lugar a la revisión de la sentencia, a través del recurso extraordinario de que trata el artículo 17 de la Ley 144 de 1994.] - [Palabras claves: pérdida, derecho, proceso, investidura, corte, constitución, intervención, participación, procesos, terceros, en, carta, política, igualdad]

Apoyo de estudiantes - Acumulación de pretensiones y de procesos en materia de familia - Valoración de daños - Constancia especial de los jueces de familia - Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo - Determinación de competencias - Caducidad de las acciones - Conciliación, definición - Servicio social - Impedimentos y recusaciones de los conciliadores - Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1o., 9, 16, 26, 30, 43, 44, 64, 90 y 100 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: El ciudadano ANDRÉS DE ZUBIRÍA SAMPER, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política de 1991 pide a la Corte declarar inexequibles los artículos 1º, 9, 16, 26, 30, 43, 44, 64, 90 y 100 de la Ley 446 de 1998 "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991 (1), se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras del Ley 23 de 1991 (2) y del Decreto 2279 de 1989 (3), se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". || Al proveer sobre la admisión de la demanda, el Magistrado Sustanciador dispuso que se diera traslado al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su competencia; asimismo, ordenó se comunicara la iniciación del proceso al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social.] - [Palabras claves: ley, partir, materia, administración, código, artículo, derecho, normas, dos, justicia, contados, años, respecto, acción, artículos, demanda, corte]

Atribuciones Ministerio Público - Conciliación judicial - [Resumen automatizado: Una vez sometida el acta de conciliación prejudicial al control judicial, para que pueda ser aprobada o improbada por el juez administrativo competente, si el agente del Ministerio Público está inconforme con el arreglo que ante él como conciliador, llegaron las partes, tiene el deber constitucional de promover ante el juez administrativo, todos los recursos pertinentes, encaminados a explicar las razones por las que el acuerdo prejudicial no debe ser aprobado. || En el caso de los arreglos logrados en las conciliaciones extrajudiciales adelantadas ante los centros de conciliación, acuerdos que, por regla general, no tienen el control judicial, cuando se trata de asuntos contencioso administrativos, el control judicial se da, si el Ministerio Público está inconforme con el arreglo al que llegaron las partes, acudiendo a "solicitud de homologación judicial". || Además, por la dinámica de la conciliación extrajudicial, en asuntos contencioso administrativos, ante el agente del Ministerio Público, hay que tener en cuenta que una vez logrado el acuerdo entre las partes, el agente firma y envía el acta y sus anexos al juez competente, para su calificación y aprobación definitiva.] - [Palabras claves: público, ministerio, ley, acuerdo, judicial, agente, si, partes, procurador, recursos, extrajudicial, contencioso]