Suspensión de Licencia Ambiental, cuando el proyecto aprobado requiere el uso de predios que son objeto de procesos de restitución de tierras y propone la reubicación de las familias víctimas del desplazamiento forzado. Tratándose de población desplazada o despojada que se encuentra en proceso de restitución de tierras, no puede limitarse al análisis de las medidas y obligaciones que propenden por el manejo adecuado del impacto real del proyecto y la protección del ambiente y de los habitantes del área de influencia, quienes, eventualmente, deben ser reubicados en razón al desarrollo de un proyecto de interés nacional, como es el de la generación de energía; pues respecto de aquella el Estado tiene la obligación de reparación integral que debe contemplar como primera opción la restitución plena, esto es, el restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación. En virtud del deber de colaboración armónica que no solo está contemplado en la Ley 1448, sino en el artículo 113 de la Constitución, si un proceso de restitución se encuentra en trámite respecto de predios en los que se solicita una licencia ambiental, la forma de que el estado garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas es supeditando la concesión de tal a la terminación del proceso de restitución, pues solo así habrá certeza en cuanto al impacto real del proyecto y los habitantes del área de influencia, quienes ya estarán determinados. El otorgamiento de una Licencia Ambiental, en abstracto, no implica una imposibilidad en la restitución de tierras de las personas que han sido desplazadas por la violencia, también lo es que para el caso concreto se advierte que la ejecución de esa precisa actividad, en los términos en que fue avalada por la autoridad ambiental, requiere necesariamente del desplazamiento de las personas identificadas en el área de influencia a otros predios, lo que se puede corroborar con la identificación de las veredas que hacen parte de dicha zona

Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. Se clasifican en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, es la de evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho

La medida cautelar de la suspensión temporal de los efectos de los actos administrativos según el cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial por los motivos y con los requisitos que establezca la ley. La figura se caracteriza por ser cautelar, temporal y accesoria; con ella se pretende evitar que los actos proferidos por la administración que sean contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, hasta tanto se decida de fondo sobre su conformidad con la Constitución Política y la ley. Para la procedencia de la medida cautelar, se desprenden los siguientes presupuestos: i) que se invoque a petición de parte, debidamente sustentada y, ii) que la vulneración alegada surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud

¿Qué tipo de medidas cautelares puede decretar el juez administrativo? Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. El CPACA presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. De acuerdo con la norma, las medidas cautelares se clasifican en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa. conforme a la Jurisprudencia de esta Corporación, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderación de intereses

Mediante acto administrativo, planeación distrital emitió resolución "por medio de la cual se da cumplimiento al fallo de 7 de junio de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la Acción Popular, mediante el cual se ordena culminar el procedimiento administrativo tendiente a establecer de manera definitiva, la naturaleza jurídica del Lote Escuela Secundaria de la Manzana 26 de la Urbanización San Felipe El Dorado de esta Ciudad" . Los afectados interpusieron demandad de nulidad y restablecimiento del derecho, previa suspensión provisional del acto administrativo. ¿Es admisible sostener que el tribunal incurrió en error, por cuanto la actora no allegó copia auténtica de la sentencia de la acción popular? Si, según lo dispuesto en el artículo 215 del C.P.A.C.A., las copias tienen el mismo valor probatorio que el original y de otra parte, en el traslado del recurso de apelación, no era necesario aportar la copia auténtica de la sentencia de la acción popular, porque fue proferida por la misma Subsección del Tribunal a quien correspondió la demanda de la referencia. ¿El hecho de que la demandada interpusiera recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, impedía al juez pronunciarse sobre las medidas cautelares? Advierte la Sala que la demandada interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda, pero ello no obligaba al Juez a abstenerse de resolver la solicitud de medidas cautelares, hasta tanto se decidiera el recurso, dada la naturaleza preventiva de éstas. El procedimiento dispuesto para las medidas cautelares en el C.P.A.C.A., es independiente al previsto para las demás actuaciones que deban surtirse dentro del proceso contencioso administrativo

Se puede acudir directamente a la jurisdicción sin agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial cuando se solicita una medida cautelar de carácter patrimonial - En la actualidad, cuando se solicita el decreto y práctica de alguna medida cautelar, no es exigible el requisito de la conciliación prejudicial para poder demandar; sin embargo hay que aclarar que para los asuntos Contencioso Administrativo, el artículo 613 del Código General del Proceso contempló un requisito adicional. En efecto, si bien el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, establece de forma general para todos los procesos y Jurisdicciones, la posibilidad de no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y acudir directamente a la demanda, cuando se solicita una medida cautelar, el artículo 613 ibídem, norma posterior y especial, estableció expresamente que en la Jurisdicción Contencioso Administrativa dicha excepción se aplica siempre y cuando la medida cautelar pedida sea de carácter patrimonial (…), lo cual cobra sentido, ya que por la naturaleza propia del carácter económico o patrimonial, la efectividad de dichas medidas depende de que el demandado no tenga conocimiento de la existencia de un proceso en su contra y pueda evadir el cumplimiento de una orden judicial que eventualmente las decrete

Suspensión provisional bajo la nueva ley 1437 de 2011. Las medidas anticipadas pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y ya no solo en los juicios de anulación de actos administrativos. El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento. Negada suspensión provisional contra el aparte acusado de la Resolución No. 1441 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que consagra los requisitos que los prestadores del servicio de salud deben cumplir para obtener la habilitación en lo que respecta a la práctica de la medicina estética; cuando para ello, exige que los prestadores cuenten con médicos especialistas en ese campo o médicos que en su formación académica hayan tenido entrenamiento en medicina estética