¿Precede la Acción de Reparación Directa para reclamar la indemnización de perjuicios materiales, morales y a la vida de relación causados a una trabajadora oficial con ocasión de la expedición del Decreto 1065 de 1999 que ordenó la disolución y liquidación de la entidad pública a la cual estaba vinculada, decreto declarado inexequible por la Corte Constitucional, con efectos retroactivos? Teniendo en cuenta que la controversia planteada no deviene de una relación laboral, sino del presunto daño antijurídico causado por los entes demandados es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y no de la jurisdicción laboral y la acción es la adecuada. Sin embargo, al momento de su retiro del servicio, la actora -en tanto no pudo acogerse el plan de retiro voluntario- recibió una bonificación equivalente al valor de la indemnización correspondiente por despido injustificado. Por ello, no puede afirmarse válidamente que persiste un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado puesto que, en este caso la administración ya adoptó medidas tendientes a compensar o indemnizar la afectación sufrida por la actora \Daño ocasionado por la expedición de decretos con fuerza material del ley declarados inexequibles por la Corte Constitucional \Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador - en qué casos y bajo qué condiciones cabe declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador y, concretamente, por la expedición y aplicación de leyes que luego son declaradas inexequibles por la Corte Constitucional \La representación judicial de la Nación en los procesos contencioso administrativos solo puede recaer sobre el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando la controversia versa sobre actos administrativos que han sido suscritos exclusivamente por el Presidente, pues de lo contrario, serán los ministros o directores de los departamentos administrativos, según el caso, los llamados a ejercer esta labor

¿Está investido el liquidador de una entidad pública con la facultad de declarar la liquidación unilateral de un contrato? - No, por virtud del artículo 295 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el liquidador estaba investido de funciones administrativas transitorias, lo cierto es que, según se desprende de la misma disposición legal, su ejercicio evidentemente se encontraba reglado. No se puede perder de vista que los actos administrativos para cuya expedición se encontraba facultado, son aquellos directamente relacionados con las decisiones de aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos o decisiones proferidas en ejercicio de función administrativa, tales como las respuestas que debiere proferir a las peticiones presentadas por las personas que se hicieran parte dentro del trámite liquidatorio. No obstante, en lo que toca con los actos de gestión dentro de los cuales se encontraban incorporados los contratos celebrados y ejecutados para impulsar el procedimiento liquidatorio y llevarlo hasta su etapa final, como quedó anotado, no puede comportar en modo alguno el ejercicio de una función administrativa, por manera que las relaciones negociales entabladas por el Liquidador de la entidad pública con el fin prescrito, si bien deben estar permeadas por los principios que orientan todas las actuaciones del Estado, no por tal razón en su ejercicio cuenta con facultades para emplear o acudir a la liquidación unilateral del contrato, que aun cuando no constituye una potestad excepcional, su implementación sin duda corresponde al ejercicio de una función administrativa que en todo caso está reservada para las entidades estatales que celebren contratos sometidos al imperio del Estatuto de Contratación Estatal o a las disposiciones que expresamente lo permitan

Las personas jurídicas de derecho público podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, por medio de sus representantes legales o por conducto de sus apoderados, los conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. ¿La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso? Proceso ejecutivo contractual - Conciliación judicial. Conciliación extrajudicial. Acuerdo conciliatorio - Requisitos. Empresa industrial y comercial del Estado - Liquidación. Prelación de créditos. TELECOM en liquidación

Las acciones de grupo se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a un número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte. En nuestro medio, ni la Constitución Política ni la Ley suministran una respuesta al interrogante de qué se entiende por causa común en las acciones de grupo. Acción de grupo - Acumulación de pretensiones. Causa común. Legitimación. Término de caducidad