¿La decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, al proferir el auto de noviembre 23 de 2010, mediante el cual revocó la sanción impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería al Gobernador de Bolívar, restringió el alcance de la protección inicialmente otorgada al señor Fredy Rafael Solano Flórez, mediante la acción de tutela de septiembre 29 de 2010?. Concedida. Naturaleza y posible afectación de derechos fundamentales en el incidente de desacato y procedencia de la acción de tutela frente a las decisiones que a su término se adopten. La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva - [Resumen automatizado: El Decreto 2591 de 1991 dotó al juez de tutela de varios instrumentos encaminados a lograr el efectivo cumplimiento de la decisión adoptada, es el procedimiento de desacato, del cual trata el artículo 52, que según lo establecido por la jurisprudencia constitucional, es una sanción de carácter disciplinario, dentro de los topes de multa y arresto allí previstos, que se adopta al término de un incidente que el demandante debe promover al efecto, cuya inminencia se esperaría obre como apremio al responsable, para que proceda al inmediato cumplimiento de lo ordenado. || En cumplimiento del Decreto 2591 de 1991, artículo 52, la consulta de tal sanción correspondió al Tribunal Superior de Montería, Sala Penal, que en decisión de noviembre 23 de 2010 la revocó, al "considerar que se había cumplido con la orden contenida en la sentencia de 29 de septiembre anterior, ya que la Gobernación de Bolívar había aportado copia de la Resolución N° 007 de 5 de octubre de 2010, por medio de la cual se le negaba el reconocimiento de la acreencia solicitada y se disponía anexar a la misma copia del documento que avalaba las reservas técnicas y de capitalización constituidas por la Lotería de Bolívar (Acuerdo 0010 de 2006)" (f.] - [Palabras claves: derecho, tutela, desacato, sala, petición, penal, sanción, corte, tribunal, acción, incidente, respuesta, montería, sentencia]

¿La fiduciaria accionada y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraron los derechos a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana de la actora, al no dar cumplimiento al fallo adoptado por el Tribunal Superior, en el cual se condenó a la ESE en liquidación a pagar una indemnización equivalente a los salarios dejados de percibir y las respectivas prestaciones sociales, legales y convencionales, a que tenía derecho la actora al momento de terminar su vinculación laboral? Negada. En relación con la procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, se ha dicho, que cuando lo ordenado en la providencia incumplida verse sobre una obligación de dar, debe el juez de tutela asegurarse que no exista otro mecanismo que asegure el cumplimiento, o que se esté en presencia de un perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia de abril 13 de 2010, confirmó el fallo referido, al estimar que la acción de tutela resulta “improcedente teniendo en cuenta que la accionante, debe utilizar las acciones y mecanismos ordinarios que la ley le concede para reclamar los derechos que pretende por esta vía preferente y sumaria, pues precisamente el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 consagra, como causal de su improcedencia, la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, y, como en este asunto, la tutelante no los ha utilizado, no puede acudir a la acción constitucional, que es de naturaleza residual” (f.] - [Palabras claves: tutela, cumplimiento, acción, sentencia, sala, perjuicio, derechos, corte, si, medellín, derecho, público, ministerio, hacienda, crédito]

¿Una ESE y una sociedad anónima violaron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso, entre otros, de las demandantes, al no incluirlas en el programa de retén social de la primera empresa que se encuentra en liquidación, pese a que estas últimas alegan cumplir con los requisitos exigidos para tal efecto por la Ley, en concordancia con lo exigido por la Convención Colectiva de Trabajo? Concedida. Límite temporal de la aplicación del retén social para los prepensionados. Aplicación del retén social para los prepensionados. Variación de régimen laboral de los servidores públicos y sus efectos en los derechos laborales en la escisión del Instituto de Seguros Sociales. - [Resumen automatizado: Existe identidad fáctica en los tres casos acumulados en sede de revisión, en el sentido de que las demandantes reclaman que las entidades demandadas violan sus derechos fundamentales al no haberlas incluido dentro del programa de "retén social" de la E.S.E. Luís Carlos Galán Sarmiento, pese a que ellas, al momento de entrar en liquidación la entidad ordenada ésta mediante decreto 3202 de 24 de agosto de 2007-, se encontraban a menos de tres (3) años de adquirir el derecho de pensión de jubilación de acuerdo con el régimen previsto en el decreto 1653 de 1977 y los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva de la Entidad; en su sentir, la situación en la que se encontraban se ajustaba a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, en concordancia con la Ley 812 de 2003 y pertenecían por ello a la categoría de "prepensionados". || El Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, mediante fallo de cinco (5) de junio de 2008, resuelve conceder el amparo reclamado por la señora Colmenares Millán y, en consecuencia, ordena que, dentro de un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, la demandante sea reintegrada al cargo que venía ocupando en la E.S.E Luís Carlos Galán Sarmiento, cancelándole los salarios y demás prestaciones dejados de percibir mientras permaneció cesante, sin perjuicio del cruce de cuentas a que hubiere lugar, con relación a la indemnización que le fue reconocida.] - [Palabras claves: años, liquidación, entidad, social, tres, instancia, protección, derechos, sala, sentencia, tutela, ley, bogotá, trabajadores, convención]

¿La tutela es procedente para solicitar el reintegro laboral en el caso de personas que reclaman, dentro de un proceso de reestructuración del Estado, una estabilidad laboral reforzada, por considerar que cumplen los requisitos para ostentar la calidad de prepensionadas? ¿Las actoras tienen la calidad de prepensionadas y, si ello es así, una ESE en Liquidación, violó sus derechos fundamentales, al desvincularlas de los cargos que ejercían, en virtud del proceso de liquidación de dicha entidad? Negada. Carácter subsidiario de la tutela y sus requisitos generales de procedibilidad. Procedencia de la tutela para garantizar el cumplimiento de las medidas de estabilidad laboral reforzada en procesos de reestructuración administrativa. Procesos de renovación de la administración pública y el límite temporal de la aplicación del retén social para los prepensionados. Supresión y liquidación de la ESE en el marco del programa de renovación de la administración pública. - [Resumen automatizado: Por último, expone que el Retén Social mediante el cual se da especial protección a las personas que al momento de producirse el decreto de liquidación de una entidad pública nacional se encuentren a tres años o menos de acceder a la pensión de jubilación, no se ha violado en el caso bajo análisis, pues la señora María Victoria Bermúdez Lozano no cumple con los requisitos para ser incluida dentro del régimen de transición (Decreto 1653 de 1977). || En tercer lugar, es necesario señalar que si bien es cierto que en los casos concretos la entidad demandante afirma haber reconocido las correspondientes indemnizaciones a las accionantes por la supresión de sus cargos ello no hace improcedente la acción de tutela, pues siguiendo la jurisprudencia constitucional la forma adecuada para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada en el marco de un proceso liquidatorio, debe orientarse a obtener el reintegro, siempre y cuando ello sea posible, y sólo de manera subsidiaria el pago de una indemnización.] - [Palabras claves: tutela, derecho, protección, liquidación, años, derechos, entidad, acción, laboral, requisitos, social, corte, proceso, ley]

¿En la desvinculación durante el proceso de reestructuración de un hospital, se vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso, la vida digna, al trabajo en condiciones dignas y justas y al mínimo vital? Hecho superado. Carácter subsidiario de la tutela y la exigencia de un perjuicio irremediable como requisito de procedibilidad cuando existe otra vía judicial. Normas sobre retén social en materia de protección a personas próximas a pensionarse. - [Resumen automatizado: La señora Lenis Marina Campo de Herazo interpuso acción de tutela contra la ESE Hospital Local Cartagena de Indias al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo y a la vida digna, por lo que solicita ordenar a la accionada que la incluya en el retén social de dicha entidad por tratarse de una persona con limitación física que además cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicios para disfrutar de la pensión de vejez. || La ESE, Hospital Local de Cartagena de Indias, alega que en el proceso anterior, la accionante solicitó el reintegro laboral fundamentando la ilegalidad de su despido, “ya que como consecuencia de la reestructuración institucional, debió haber sido incluida en el “retén social” por la vía de su supuesta proximidad a la edad y tiempo de servicios para acceder a una pensión de jubilación[2]”. || Que “la señora Lenys Campo no fue cobijada por los beneficios del llamado retén social por cuanto reunía, de acuerdo a sus condiciones de edad y tiempo de servicios para entidades territoriales del sector salud, la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación, amen de que las condiciones socioeconómicas de la actora, en especial su nivel patrimonial, no se compaginaban con una conjeturable condición de madre cabeza de familia”.] - [Palabras claves: acción, cartagena, tutela, ley, entidad, cuaderno, personas, protección, anterior, local, sala, proceso, perjuicio, corte, social, magistrado]

¿ADPOSTAL en liquidación, violó el derecho fundamental del actor al no incluirlo en el programa de retén social que se adelanta en virtud de la liquidación de dicha entidad, teniendo en cuenta que el actor alegó, aún antes de ser desvinculado, que tenía la calidad de padre cabeza de familia y de prepensionado convencional? Negada. Criterios para determinar la calidad de "cabeza de familia" para ser beneficiario del retén social establecido en el proceso reestructuración de la administración pública. Protección del retén social para los prepensionados en el proceso de reestructuración de la administración pública. El actor vive con una compañera permanente respecto de la cual no se demostró su incapacidad. - [Resumen automatizado: Aduce la demandada que el señor Perdomo Gómez, al momento de solicitar su inclusión en el “retén social” de ADPOSTAL, no acreditó que su compañera permanente se encontrara incapacitada para desarrollar labores productivas ni que el único ingreso familiar fuera el correspondiente a su salario, por lo cual acatando lo preceptuado en la Ley 790 de 2002, el decreto 190 de 2003 y la sentencia SU-389- la Administración Postal Nacional no halló probada su calidad de padre cabeza de familia sin alternativa económica y negó, por este aspecto, su inclusión en el programa. || "La primera interpretación conduce a entender, como lo ha hecho Adpostal en liquidación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,[10] que el beneficio del retén social para los prepensionados culminó el 27 de diciembre de 2005 cuando se cumplieron 3 años a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002 y, por lo tanto, en ningún proceso liquidatorio de una entidad del orden nacional en el Programa de Renovación de la Administración Pública se debe contemplar dicha protección.] - [Palabras claves: ley, protección, cabeza, administración, social, familia, corte, años, personas, liquidación, nacional]

¿El retén social es aplicable a las personas que adquieren el derecho a la pensión en el término de tres años contados a partir de la decisión de suprimir y liquidar la empresa cuyos trabajadores son removidos? Concedida. La tutela procede para dar una orden de reintegro cuando se verifica la existencia de un perjuicio irremediable. Mediante el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, el legislador garantizó la preservación de un derecho en vías de adquisición, no de una mera expectativa, pues las personas que en menos de tres años adquirirían el derecho a pensionarse configuraron una confianza legítima en que serían pensionadas a la luz del régimen al cual estaban vinculadas. El retén social no tiene límite temporal alguno, es decir, que las normas que lo integran se prolongan hasta la liquidación definitiva de la entidad, es decir, hasta la culminación jurídica de la misma. La incorporación del retén social al plan de renovación de la Ley 812 hace inaplicable el término de vigencia conferido por la Ley 790 de 2002, por lo menos en lo que hace referencia a la fecha a partir de la cual debe empezar a contarse el periodo de protección de 3 años. La protección que las autoridades deben dar a las personas próximas a pensionarse debe extenderse durante todo el proceso de renovación de la entidad que ha sido objeto de liquidación o reestructuración dentro del plan de renovación de la administración nacional. - [Resumen automatizado: El segundo problema jurídico tiene que ver con el fondo del asunto debatido: de llegar a considerarse que esta tutela es procedente, la Sala deberá adentrarse en el análisis de la vigencia del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, pues la norma citada dispone que el retén social es aplicable a las personas que adquieran el derecho a la pensión en el término de tres años contados a partir de la promulgación de la ley, pero el demandante dice que dicho término debe tomarse a partir de la decisión de suprimir y liquidar la empresa cuyos trabajadores son removidos. || La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-991 de 2004 declaró la inexequibilidad del límite temporal establecido en la Ley 812, por considerar, en primer lugar, que constituía un retroceso respecto de lo estipulado por la Ley 790 de 2002[8] ; así como violatorio del principio de igualdad, pues para la protección a las personas próximas a pensionarse no se había fijado ninguna restricción temporal. || La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-991 de 2004 declaró la inexequibilidad del límite temporal establecido en la Ley 812, por considerar, en primer lugar, que constituía un retroceso respecto de lo estipulado por la Ley 790 de 2002[8] ; así como violatorio del principio de igualdad, pues para la protección a las personas próximas a pensionarse no se había fijado ninguna restricción temporal.] - [Palabras claves: ley, protección, derecho, años, social, derechos, partir, sala, personas, liquidación, entidad, corte]

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales de los actores a quienes la Administración no lo incluyó en el retén social ante la liquidación de ADPOSTAL? Concedida. Para que las personas próximas a pensionarse en una entidad liquidada puedan acceder al beneficio del retén social, tienen una limitante temporal que corresponde a la existencia económica y jurídica de la empresa como límite máximo para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al derecho a pensión. Se considerarán prepensionados aquellas personas próximas a pensionarse que cumplan con los requisitos para tal efecto dentro del término de liquidación de la empresa, fijado por el acto que la suprime y hasta tanto se liquide y se extinga su personalidad jurídica. Los prepensionados deberán ser reintegrados y mantenidos en sus cargos hasta tanto cumplan con los requisitos para pensionarse, dentro de los dos años durante los cuales se liquide la empresa o durante su prorroga, o hasta tanto se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica. - [Resumen automatizado: Fundamentó sus pretensiones en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, según el cual deberían continuar en sus cargos las personas que estando laborando en una entidad del Estado objeto de liquidación por efecto del plan de renovación de la administración pública del orden nacional, se encontraran a menos de tres años de cumplir con los requisitos de pensión en el caso de prepensionados, contados desde el momento en que se promulgó la citada ley. || Para esta Sala de Revisión la estabilidad laboral reforzada del "reten social", en el caso de los prepensionados, debe operar para aquellas personas que de acuerdo con criterios de razonabilidad, cumplirán los requisitos para acceder al derecho a la pensión dentro del término de liquidación de las entidades objeto del plan de renovación de la administración pública, teniendo por límite máximo la existencia de la persona jurídica correspondiente. || Para esta Sala de Revisión la estabilidad laboral reforzada del "reten social", en el caso de los prepensionados, debe operar para aquellas personas que de acuerdo con criterios de razonabilidad, cumplirán los requisitos para acceder al derecho a la pensión dentro del término de liquidación de las entidades objeto del plan de renovación de la administración pública, teniendo por límite máximo la existencia de la persona jurídica correspondiente.] - [Palabras claves: familia, requisitos, cabeza, liquidación, ley, social, años, personas, límite, padres, decreto, jurídica, derecho]

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales de los actores a quienes la Administración no lo incluyó en el retén social ante la liquidación de ADPOSTAL? Concedida. Para que las personas próximas a pensionarse en una entidad liquidada puedan acceder al beneficio del retén social, tienen una limitante temporal que corresponde a la existencia económica y jurídica de la empresa como límite máximo para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al derecho a pensión. Se considerarán prepensionados aquellas personas próximas a pensionarse que cumplan con los requisitos para tal efecto dentro del término de liquidación de la empresa, fijado por el acto que la suprime y hasta tanto se liquide y se extinga su personalidad jurídica. Los prepensionados deberán ser reintegrados y mantenidos en sus cargos hasta tanto cumplan con los requisitos para pensionarse, dentro de los dos años durante los cuales se liquide la empresa o durante su prorroga, o hasta tanto se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica. - [Resumen automatizado: Todos los peticionarios de las acciones de tutela de la referencia, alegan la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la familia, derechos fundamentales de los niños, como consecuencia de la liquidación de la Administración Postal Nacional a través del Decreto 2853 del 25 de agosto de 2006, lo cual generó la supresión de los cargos de los actores, su consecuencial despido y su no inclusión en el "retén social" en calidad de prepensionados, calidad que alegan tener fundamentados en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, y de acuerdo con la convención colectiva vigente, la cual establece los requisitos para acceder al derecho a pensión. || El 27 de septiembre de 2006 la señora Vargas solicitó a la entidad que la incluyera en la categoría de prepensionada para ser beneficiaria del "retén social", fundamentando su petición en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, de acuerdo con el cual gozarían de estabilidad laboral las personas que encontrándose laborando en una entidad del Estado objeto de liquidación en desarrollo del Programa de renovación de la administración pública y que les faltaren menos de tres años para cumplir con los requisitos necesarios para acceder al derecho de pensión gozarían del citado beneficio.] - [Palabras claves: años, requisitos, derecho, social, personas, acuerdo, sentencia, liquidación, ley, laboral, límite, servicio, bogotá, término]

¿Incurre ADPOSTAL en liquidación en una vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada y al derecho a la igualdad con su determinación de no incluir en el retén social, en calidad de madres cabeza de familia, a las tutelantes quienes consideran que si ostentan dicha calidad? ¿Incurre ADPOSTAL en liquidación en una vulneración al derecho a la seguridad social y al derecho a la igualdad al no haber contemplado en la protección social en el proceso de liquidación de la entidad la categoría de prepensionados para ser beneficiarios del retén social? Concedida. Procesos de renovación de la Administración Pública del orden nacional y aplicación del retén social. Liquidación de ADPOSTAL como una medida que hace parte del programa de renovación de la administración pública a la cual le son aplicables las reglas establecidas sobre el retén social. Criterios para determinar la calidad cabeza de familia y discapacitado para ser beneficiaria del retén social establecido por ADPOSTAL. - [Resumen automatizado: El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, decidió confirmar la decisión de instancia pues “revisada la documentación puede establecerse que, conforme con lo prescrito en el Decreto 190 de 2003, en el que se reglamentó lo concerniente al retén social para las madres cabeza de familia y para los limitados físicos y mentales, Adpostal en liquidación negó el beneficio que reclamaba doña Norma Garzón, determinación que, al menos a primera vista, no aparece como torticera o carente de fundamento alguno, pues en aquel decreto se previo, por un lado, que las madres que no tuvieran alternativa económica eran acreedoras de las prerrogativas a que se alude y la citada manifestó que tenía entradas económicas provenientes de una renta de arrendamiento, lo cual vino, posteriormente, a refutar con el argumento de que ya no disfrutaba de la misma, cuestión que, en principio, no podía tener en cuenta la demandada, pues sus determinaciones debía basarlas en lo que tenía a su alcance en el momento de tomar las decisiones correspondientes; lo propio puede decirse, en segundo lugar, respecto de la limitación auditiva que dice padecer la actora, sobre la que, si no se allegó oportunamente la prueba de la dolencia, que se exige legalmente, no podía esperar la interesada que se le tuviera en cuenta para la decisión que entorno a su petición había de tomarse, de modo que cualquier descontento con las adoptadas debe ventilarlo ante los jueces ordinarios, ante los que, en forma amplia, podrá debatir todo lo concerniente al tema, lo cual puede predicarse, también, de lo injusto de su despido.”[32]] - [Palabras claves: social, familia, protección, cabeza, ley, liquidación, madre, decreto, años, entidad, dos, corte, la]

El Gobierno Nacional decretó la liquidación de empresa de servicios públicos. Divergencias en la naturaleza jurídica de la entidad y el procedimiento apropiado para su disolución y liquidación. Para la sociedad accionante (minoritaria de la empresa liquidada) se violaron sus derechos, al disolver y liquidad la empresa bajo los postulados del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y no bajo la Ley 142 de 1994 y 222 de 1995, con lo cual se impedía su intervención en el proceso. ¿A pesar de existir el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, puede entidad accionista, acudir a la tutela como mecanismo principal o transitorio? ¿Podía argumentar como perjuicio irremediable que con el tiempo que toma el proceso ya se habría liquidado la empresa y los ingresos provenientes de su operación también desaparecerían? Requisitos para la configuración de prejuicio irremediable - [Resumen automatizado: “Consideramos entonces que si bien existe la acción contencioso administrativa y la figura de la suspensión provisional, en los términos planteados por la Corte Constitucional debe prevalecer la acción de tutela, pues los mecanismos contenciosos no son idóneos , inmediatos o eficaces para proteger varios de los derechos fundamentales vulnerados a EMTULÚA, además de que aquí a que haya una solución del contencioso administrativo ya TELETULÚA estará liquidada, desaparecida, y se configuraría así un perjuicio irremediable para EMTULÚA, y lo que queremos es buscar a toda costa que la Empresa permanezca, continúe y no sea liquidada. || Expresa que los casos son idénticos: “la acción la interponen personas jurídicas públicas, del sector de servicios públicos domiciliarios contra entidades nacionales y por la expedición de actos administrativos, y se alegan los mismos derechos fundamentales: en especial debido proceso e igualdad.” Además, manifiesta que la Sección Quinta del Consejo de Estado falló tres sentencias de tutela en el año 2003, en las cuales confirma su posición.] - [Palabras claves: tutela, empresa, proceso, corte, acción, liquidación, perjuicio, mecanismo, derecho, derechos]