Establecer a cargo del Icetex las funciones del artículo demandado en relación con la financiación de los proyectos de las IES, así como ordenar la transferencia a esta entidad de los aportes de la nación en el Fodesep y que no se encuentren comprometidos presupuestalmente, para el ejercicio de sus funciones no desconoció los cargos, tanto de naturaleza formal (vicios en el trámite legislativo) como de carácter material (violación a principios y derechos constitucionales) en esta sentencia analizados. \ Lo que la Sala resalta es que si el Legislador puede ordenar la disolución de la entidad no existe razón para que no pueda proferir una orden perentoria al Gobierno, en el sentido de recuperar sus aportes no comprometidos presupuestalmente. La posición contraria supondría que el Gobierno Nacional tiene la potestad de liquidar el Fodesep en el marco de sus estatutos, pero el Legislador no puede hacerlo, en aplicación de su facultad general de configurar el derecho \ No existe un desconocimiento a un derecho adquirido, pues, así como las IES voluntariamente decidieron participar del Fodesep, en un marco legal determinado, este mismo marco siempre tuvo presente la posibilidad de liquidación del Fondo, por mandato de la Ley. Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de desarrollo 2014-2018); Art. 95: Exequible - [Resumen automatizado: Según el actor, el Congreso de la República violó el artículo 14 de la Constitución Política, pues desconoció el derecho a la personalidad jurídica del Fodesep, al autorizar al Gobierno Nacional al retirar los aportes que, a la fecha de entrada del Plan Nacional de Desarrollo se encuentren en el Fodesep y no estén comprometidos presupuestalmente, por la siguiente razón: “Fodesep es una persona jurídica de naturaleza solidaria, mixta, sin ánimo de lucro, conformada por otros asociados (IES, tanto públicas como privadas), que deriva su personería jurídica de la ley y requiere para su funcionamiento del aporte estatal”. || Considera que (i) la publicación del Informe de Conciliación del proyecto que se convirtió en Ley 1753 de 2015 se hizo conforme a lo prescrito por el artículo 161 de la Carta Política, es decir, con un día de antelación a su discusión y aprobación; (ii) no se desconoció el principio de consecutividad legislativa, en relación con la proposición sustitutiva 148 del artículo 96 del Proyecto correspondiente al PND 2014-2018, porque el tema fue objeto de discusión y votación en sesión plenaria del Senado, el 5 de mayo de 2016; (iii) señala que la Corte debe verificar si realmente en la Plenaria de la Cámara de Representantes se discutió y aprobó la expresión 'para lo cual el Gobierno Nacional adelantará las acciones conducentes a obtener la liquidación de dicha participación' y resolver en consecuencia.] - [Palabras claves: nacional, ley, cargo, gobierno, liquidación, plan, educación, principio, trámite, debate, corte, debe, desarrollo, constitución, norma]; Art. 95: Exequible

¿La decisión legislativa de condicionar la supresión de cargos y la terminación de las relaciones laborales en el curso de un proceso de liquidación de una entidad pública de la rama ejecutiva del orden nacional, al vencimiento del término previsto para la liquidación y no a la terminación definitiva de la existencia jurídica de la entidad, representa un menoscabo del derecho al trabajo de los empleados o funcionarios que acompañan ese proceso liquidatorio? No todos los trabajadores que acompañen el proceso de liquidación, independientemente de su condición, deben permanecer hasta el último acto de la empresa en liquidación. Esta prorrogativa ha sido reconocida únicamente a las personas cobijadas por el denominado retén social, en virtud de la protección reforzada que les es debida, derivada de la especial situación de vulnerabilidad reconocida por la Constitución. Ley 1105 de 2006, "por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 254 de 2000 sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional"; Art. 8 Inc. 2 : Exequible - [Resumen automatizado: El inciso 2° del artículo 8° de la Ley 1105 de 2006, que forma parte de una regulación cuyo propósito es el de establecer procedimientos para la liquidación de entidades públicas del orden nacional, establece como límite temporal para la supresión de los cargos existentes y la terminación de las relaciones laborales el vencimiento del término previsto para la liquidación, el cual se establecerá, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2°, en el acto que ordena la supresión o disolución de la respectiva entidad, y esa terminación de las relaciones laborales se surtirá de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable, lo que para la Corte no constituye ninguna vulneración por cuanto la ley fue expedida en ejercicio de facultades constitucionales por el Congreso de la República; desarrolla los principios que orientan la función pública; establece una salvaguarda para los derechos de los trabajadores en el sentido que el retiro se debe sujetar al régimen jurídico propio de su vinculación y su estatus; y esta protección cobija a las personas beneficiarias del denominado retén social por lo que su retiro se debe efectuar con sujeción al estatuto jurídico especial que les es aplicable, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.] - [Palabras claves: liquidación, ley, proceso, protección, entidad, pública, corte, personas, derechos, relaciones, constitución, término, supresión, debe, administración, laborales, cargos, social]; Art. 8 Inc. 2 : Exequible

¿La adaptación en el acto que ordene la liquidación de una entidad de orden territorial a las normas de la Ley 1105 de 2006, vulnera el principio de autonomía territorial? - Competencia para adaptar el procedimiento de liquidación de entidades públicas. ¿La inclusión de los temas de prelación al trámite y decisión de los procesos judiciales, vulneró los principios de identidad flexible o relativa y consecutividad? - Modificaciones en el curso de los debates - No se requiere que el proyecto sea aprobado de manera idéntica en todos los debates parlamentarios. ¿Establece el aparte demandado del Art. 12 una reducción del término de la prescripción de los créditos laborales contra las entidades públicas en liquidación y por lo tanto una violación al principio de igualdad y al derecho de acceso a la justicia de los trabajadores de dichas entidades? El derecho de igualdad se predica de personas, no de reglas procedimentales. Ley 1105 de 2006, "por medio de la cual se modifica el Decreto ley 254 de 2000 sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones; Arts. 1, 7 y 12 (parciales) (Modifican el Decreto 254 de 2000; Arts. 1, 7 y 23) : Exequibles - [Resumen automatizado: De otro lado, manifiesta que en la tramitación del inciso 3° del Art. 7° de la Ley 1105 de 2006, que establece una prelación para el estudio y decisión de los procesos laborales tendientes a obtener permiso para despedir a un trabajador amparado con fuero sindical de las entidades que se encuentren en liquidación, con excepción de la acción de tutela, y prevé que el incumplimiento será causal de mala conducta, se incurrió en vicios de forma, porque su texto no fue aprobado en la Comisión Primera del Senado ni en la sesión plenaria de la misma corporación y sólo surgió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. || En relación con el inciso 2° del Art. 7° de la misma ley, que dispone que sin perjuicio del trámite preferente que debe dar a las acciones instituidas por la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dará prelación al trámite y decisión de los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación, expresa que dicha prelación viola el principio de igualdad (Art. 13 C.] - [Palabras claves: liquidación, entidades, ley, art, procesos, entidad, prelación, principio, públicas, proceso, congreso, trámite, igualdad, proyecto]; Arts. 1, 7 y 23) : Exequibles

Cosa juzgada constitucional relativa - Condiciones. Limitaciones a la cosa juzgada - Cosa juzgada relativa - modalidades - [Resumen automatizado: 3) La cancelación de los embargos decretados dentro de un proceso ejecutivo con ocasión de la liquidación de una entidad pública y la desanotación correspondiente en el registro de instrumentos, si bien limita las posibilidades individuales del acreedor a quien favorecía la medida, dicha medida es una limitación necesaria para garantizar el derecho a la igualdad y resulta adecuada para lograr ese objetivo y no se considera desproporcionada, toda vez que el pago efectivo de aquellos créditos está garantizado por el conjunto de medidas adoptadas en el mismo Decreto demandado. || 4) Finalmente, el principio de independencia y autonomía de la Rama Judicial, en virtud del cual las decisiones de los jueces son independientes y ninguna autoridad puede tener injerencia o intervenir en las providencias judiciales, de manera alguna se ve afectado por las disposiciones acusadas que se limitan a establecer reglas precisas sobre lo que ocurre con los procesos ejecutivos en curso cuando sobreviene la liquidación forzosa de una entidad pública del orden nacional, tema específico no propio del Código de Procedimiento Civil, respecto del cual el ejecutivo tenía plena competencia en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por el Legislador, sin afectar dicha autonomía.”] - [Palabras claves: liquidación, proceso, entidades, procesos, públicas, igualdad, derecho, corte]

Régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. Iniciación del proceso de liquidación una vez ordenada la supresión o disolución de una de la entidad pública; Cancelación de los embargos decretados con anterioridad. Decreto 254 de 2000; Art. 2, Lit. d. y Par.2 - [Resumen automatizado: La cancelación de los embargos practicados dentro de procesos ejecutivos que están en curso al momento del decreto de disolución o supresión de una entidad pública, no desconoce el derecho de igualdad de los correspondientes ejecutantes, sino que más bien garantiza este derecho no sólo en cabeza suya sino también en la de todos los demás que ahora son llamados a concurrir al proceso liquidatorio. || 2. Como se dijo en el acápite de Antecedentes, el actor estima que el literal d) y el parágrafo 2° del artículo 2° del Decreto 254 de 2000, al disponer que con posterioridad al decreto que ordena la disolución y liquidación de una entidad pública debe procederse a la cancelación de los embargos decretados, y que los jueces que hayan practicado tales medidas cautelares a solicitud del liquidador deben proceder a oficiar a los registradores de instrumentos públicos para la cancelación respectiva, i) vulneran el derecho al debido proceso en cuanto éste debe adelantarse de conformidad con leyes que sean preexistentes, ii) hacen imposible el cobro de las acreencias laborales pues las dejan huérfanas de garantía, y iii) desconocen el derecho a la igualdad, pues introducen una distinción injusta entre quienes cobraron su deudas existiendo la posibilidad de embargar bienes para lograr el pago, y aquellos otros que se ven afectados por la cancelación del gravamen que aseguraba la cancelación de su deuda.] - [Palabras claves: liquidación, proceso, pago, entidad, normas, procesos, igualdad, cargo, decreto, entidades, derecho, embargos]; Art. 2, Lit. d. y Par.2