¿Corresponde a la víctima pronunciarse en torno a los perjuicios sí la defensa del imputado no manifiesta su interés en pagar una indemnización? No, en criterio del actor, correspondía a la víctima pronunciarse en torno a los perjuicios y como no lo hizo él tuvo que acudir a un contador. Ese bosquejo es desacertado puesto que si la defensa estaba interesada en indemnizar los perjuicios ocasionados, le asistía la carga de expresarlo en la audiencia a efectos de lograr un acercamiento con la víctima, hacer explícita su propuesta y obtener así su asentimiento. Así afirmó el ad quem que si bien la víctima no señaló el monto de los perjuicios debió la defensa solicitar, oportunamente, la valoración pericial invocando la intención de acogerse al beneficio del art. 269 de la Ley 599, una vez se aprobó el allanamiento a cargos y antes que finalizara la audiencia donde se dispuso el trámite del art. 447 de la ley 906. Lo anterior por cuanto el escenario propio para debatir el tema de perjuicios es el incidente de reparación integral el cual se desarrolla luego de proferido el fallo, pero, además, porque al presentar por iniciativa propia y fuera del escenario procesal pertinente un informe pericial, dejaba de lado la posibilidad de controversia así como la aprobación del mismo. No podía el Juzgado asumir, sin más, el valor estimado por la defensa olvidando los derechos de la víctima así como la obligación de verificar la integralidad de la indemnización -art. 16 ley 446-. Así, al no tener establecido el valor de los perjuicios no procedía afirmar que se había dado la indemnización de que trata el citado art. 269, de ahí el acierto del fallo. Tampoco podía disponer la preclusión por ese mismo motivo acudiendo a la interpretación extensiva del art. 42 de la ley 600 de 2000, pues no había claridad sobre el monto de los perjuicios - [Resumen automatizado: Con el fin de resolver sobre su admisión, la Corte examina los fundamentos de orden lógico, jurídico y argumentativo de la demanda de casación presentada por el defensor de Oscar Darío Díaz Borda contra la sentencia del 15 de diciembre de 2015, en virtud de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la dictada el 15 de septiembre anterior por el Juzgado 5° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad y condenó al nombrado y a Edith Nayibe Moya Duque como coautores del concurso heterogéneo de las conductas punibles de falsedad en documento privado y tentativa de estafa. || En segundo término, pero en perfecta armonía con la finalidad que esboce, identificar con claridad la falencia en la que incurrió el juzgador, seleccionar el motivo de casación a través del cual va a formular el o los cargos con la suficiente sustentación, sin olvidar que cada causal responde a errores diversos, por lo que su escogencia debe realizarse con especial cuidado para no recaer en imprecisiones en el contenido de cada una de ellas, y demostrar cómo, de no haber procedido así, las consideraciones de la sentencia habrían sido totalmente diversas y, obviamente, favorables a la parte que recurre.] - [Palabras claves: perjuicios, penal, indemnización, así, ley, si, código, años, sentencia, reparación, corte, casación, pena, fallo, audiencia, víctima, demanda, sala]

¿Debe reconocerse como víctima a quiénes siendo reclutados ilícitamente siendo menores de edad y se desmovilizaron con mayoría de edad? No, la Corte Constitucional en sentencia C-253A de 2012 avaló la exequibilidad del inciso primero del parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 precisando que el propósito del canon 3º de la Ley 1448 de 2011 no es definir o modificar el concepto de víctima, porque esa condición responde a una realidad objetiva, sino identificar, dentro del universo de perjudicados, a los que serán destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la normativa transicional. Así mismo, señaló, que el hecho de que la norma cuestionada hubiese fijado unos criterios de diferenciación, no infringe el postulado de la igualdad, sino que, dentro de la libertad de configuración que le es permitida, el legislador estableció parámetros para fijar razonables diferencias ante situaciones disímiles, pues quien en forma voluntaria ingresó en un grupo al margen de la ley, no puede pretender acceder a unos procedimientos expeditos de reparación en idénticas condiciones de quien, actuando dentro de la legitimidad es perjudicado en sus derechos. Ello no significa que no tenga la posibilidad de obtener reparación de los perjuicios recibidos, sino que debe acudir a los procedimientos ordinarios para obtener su reparación. En ese orden, resulta claro que la normatividad transicional vigente no cobija con las prerrogativas especiales en ella consagradas a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, salvo los niños, niñas y adolescentes que hubiesen sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad - [Resumen automatizado: El día 9 de febrero de 1996 José Bernardo Cano Carvajal se encontraba en el parque principal del corregimiento La Caucana del municipio de Tarazá, cuando fue abordado por varios hombres vestidos con prendas militares y portando armas de largo alcance que le preguntaron si era «el Profe», quienes se lo llevaron en forma violenta hacia la hacienda «La Malena», donde los paramilitares tenían una base de operaciones, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. || CARGO 184: Se conmina a la Fiscalía General de la Nación se adelanten las investigaciones correspondientes y las imputaciones si fuera el caso, primero, por el SECUESTRO de una persona identificada como OMAR TUBERQUIA, según se desprende del relato de la señora MARÍA ARAMINTA GIRALDO ÁLVAREZ y, segundo, la posible ocurrencia del delito de HURTO CALIFICADO, en tanto de las diferentes entrevistas realizadas a las víctimas indirectas, manifestaron que los señores OMAR JAVIER y YONY ALBERTO se desplazaban en un vehículo, el cual les fue hurtado.] - [Palabras claves: el, municipio, víctima, persona, protegida, fiscalía, víctimas, homicidio, ley, delito]

¿Cómo debe tramitarse el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas que se tramitó en primera instancia bajo el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 antes de la declaratoria de inexequibilidad de esta normativa? Deberá tramitarse por incidente de reparación integral. En el asunto sometido a consideración de la Sala, no se puede perder de vista que el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas se tramitó bajo la ritualidad del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, por cuanto era la norma vigente cuando se adelantó esa etapa del proceso. Sin embargo, ante la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 23, 24 y 25, entre otros, de la Ley 1592 de 2012, surge necesario determinar si el procedimiento adelantado en primera instancia se ajusta o no a los artículos de la Ley 975 de 2005, que reingresaron al ordenamiento jurídico por virtud de la sentencia de inconstitucionalidad. En ese orden, como quiera que el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas se tramitó antes del 27 de marzo de 2014 (fecha de la sentencia C-180 de 2014), pero aún no se había resuelto la impugnación, deberá el A quo tramitar el incidente de reparación integral una vez ejecutoriado el fallo, conforme con el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, el cual se aplicará acudiendo al principio de complementariedad, como lo dispone el artículo 62 de la Ley 975 de 2005. (…) En el presente caso, ante la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, corresponde al A-quo iniciar audiencia de incidente de reparación integral - [Resumen automatizado: Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por los Procuradores 35 y 317 Judicial Penal II y por algunos de los representantes de víctimas, contra la sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá contra Ramón María Isaza Arango, Oliverio Isaza Gómez, Luís Eduardo Zuluaga Arcila, Walter Ochoa Guisao o Walter Ignacio Lastra García y John Fredy Gallo Bedoya, por medio de la cual declaró que cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 10º de la Ley 975 del 2005 y en consecuencia, los condenó por los delitos que les fueran endilgados en la diligencia de formulación de cargos y les concedió el beneficio de pena alternativa por un período de ocho (8) años de privación de la libertad, con la consecuente suspensión del cumplimiento de la pena ordinaria, en los términos del artículo 8º del Decreto 4760 de 2005. || Se pronunció el Tribunal respecto de los requisitos de elegibilidad de Ramón María Isaza Arango; Oliverio Isaza Gómez; Luís Eduardo Zuluaga Arcila; Walter Ochoa Guisao o Walter Ignacio Lastra García y John Fredy Gallo Bedoya como destinatarios de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz; al igual que sobre la legalización de los cargos y la pena alternativa, al tiempo que se manifestó acerca de la identificación de las víctimas y de las afectaciones causadas, y en cuanto a la extinción de dominio de los bienes entregados por los postulados.] - [Palabras claves: víctimas, ley, derecho, reparación, internacional, justicia, integral, derechos, en, legalidad, paz, proceso, principio, internacionales, incidente, tribunal]

¿Se requiere reformar una sentencia para solicitar el cambio de lugar de una ceremonia de perdón público? No, el pedimento de la funcionaria simplemente apuntaba a que una ceremonia de perdón público que se dispuso para cinco municipios diferentes en dos departamentos, se concentrara en la ciudad de Popayán. La deprecación de cambio de sede para la ceremonia de disculpas públicas, lejos está de constituir una de las causales de reforma de la sentencia en los términos del artículo 412 de la Ley 600 de 2000, pues, no apunta a corregir un error aritmético, ni en el nombre del procesado o a suplir una omisión sustancial en la parte resolutiva. En esa medida, no resultaba viable que el Juzgado de Ejecución de las Sanciones se deshiciera de la petición, como tampoco que la Sala de Conocimiento desplegara semejante trámite para resolver un hecho tan elemental. Acorde con lo anotado, la competencia para responder la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, corresponde al Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, con sede en Bogotá, despacho al que de manera inmediata se le enviará la presente actuación, para que sin más dilaciones inoficiosas proceda a continuar con el presente trámite - [Resumen automatizado: De plano, define la Corte la competencia para responder la petición elevada por la doctora María Eugenia Morales Castro, Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el sentido de modificar los numerales 12 y 13 de la sentencia proferida en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ. || Acorde con lo anotado, la competencia para responder la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, corresponde al Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, con sede en Bogotá, despacho al que de manera inmediata se le enviará la presente actuación, para que sin más dilaciones inoficiosas proceda a continuar con el presente trámite. || DECLARAR que corresponde al Juzgado con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, con sede en Bogotá, el competente para responder la petición elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.] - [Palabras claves: sala, justicia, reparación, juzgado, paz, ejecución, petición, ley, sentencia, víctimas, bogotá, público, competencia]

¿Puede presumirse que los bienes rurales ofrecidos por el postulado al proceso de Justicia y Paz tiene vocación reparadora? Sí, el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, establece la posibilidad de afectar con medidas cautelares los bienes ofrecidos por el postulado que sean de su titularidad real o aparente, o los denunciados pertenecientes al grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o los que la Fiscalía haya identificado como no ofrecidos o denunciados por los postulados, siempre que de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución. Lo anterior, desde luego, en el entendido de que dichos bienes tengan aptitud reparadora de acuerdo con el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, según la cual "Se entiende por vocación reparadora la aptitud que deben tener todos los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados en el marco de la presente ley para reparar de manen efectiva a las víctimas. Condición que se presume frente a los bienes inmuebles rurales de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 62 del Decreto 3100 de 2013, como lo estableció la Sala en AP de junio 18 de 2014, en el que se indicó que "Sin embargo, por razones de política legislativa que corresponden al ámbito de libertad de configuración del legislador, de este tipo de definiciones quedan excluidos los "bienes rurales", sobre los cuales, se entiende, se presume su vocación reparadora y por lo tanto, se puede solicitar la imposición de medidas cautelares, la suspensión del poder dispositivo y la inclusión en el Fondo de reparación a las Víctimas, sin necesidad de juicios previos acerca de su vocación reparadora, como lo dispone el artículo 62 del decreto 3011 de 2013 - [Resumen automatizado: 1. En audiencia preliminar, de carácter reservada, surtida el 3 de noviembre del presente año, la Fiscalía General de la Nación, a través del Fiscal 37 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, solicitó a la Magistrada de Justicia y Paz de Bucaramanga el decreto de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de los bienes inmuebles La Unión, Las Brisas y Varsovia, identificados con las matrículas inmobiliarias 01548673, 01545218 y 01548671 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia, Antioquia, respectivamente, ubicados en zona rural del municipio de Cáceres del mismo departamento, cuya titularidad real atribuyó a CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, conocido con el alias de "macaco", postulado en la Ley de Justicia y Paz. || En efecto, el Fiscal ilustró desde el inicio de diligencia a Claudia Patricia Saldarriaga que la declaración se practicaba dentro de las labores que se desarrollaban para la verificación de bienes no entregados, ofrecidos ni denunciados por el desmovilizado Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias "macaco", y en cumplimiento de ese propósito se presentaron preguntas tendientes a establecer la propiedad real de varios bienes inmuebles, entre ellos, La Unión y Las Brisas que figuran a nombre de su esposo, ya fallecido, José Benjamín Prieto Duarte.] - [Palabras claves: bienes, declaración, fiscal, predios, año, poder, unión, fiscalía, predio, decisión, nombre, medidas, cautelares, prueba, en]