La inhabilidad establecida por el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 para ser elegido personero municipal, por el hecho de haber celebrado durante el año anterior a su elección, contratos con entidades públicas de cualquier naturaleza, por sí o interpuesta persona en favor propio o de terceros, o contratos con entidades públicas del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deban ejecutarse en el respectivo municipio, no configura una limitación del derecho de acceso a cargos públicos. En criterio de la Corte, esta inhabilidad es una medida razonable en tanto persigue finalidades constitucionalmente legítimas e importantes al (i) evitar una confusión entre intereses públicos y privados y (ii) salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en la elección del personero municipal. En segundo lugar, encontró que se trata de una medida proporcional porque resulta adecuada y necesaria para alcanzar las mencionadas finalidades constitucionales \ La elección de personeros por concurso de méritos no es incompatible con la inhabilidad dispuesta en la norma demandada - [Resumen automatizado: El 6 de octubre siguiente, el magistrado sustanciador: (i) admitió la acción pública de inconstitucionalidad por la presunta vulneración al derecho de acceso a cargos públicos y al principio de igualdad[4]; (ii) ordenó comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministerio del Interior; (iii) invitó a participar a varias entidades y organizaciones; (iv) dio traslado al Procurador General de la Nación; (v) fijó en lista el proceso, con el fin de permitir a los ciudadanos defender o impugnar la norma demandada; y (vi) ordenó suspender los términos del proceso según lo dispuesto en el Auto 305 de 2017, proferido por la Corte Constitucional. || Por otro lado, argumentaron que la inhabilidad contenida en la disposición demandada no vulnera el principio a la igualdad pues (i) la demanda no identifica un criterio de comparación claro; (ii) el demandante no precisa "frente a quienes o porqué surge la desigualdad"[18]; y (iii) en cualquier caso, la diferencia de trato está justificada pues tiene como propósito "enervar ventajas que pudieran haber adquirido los aspirantes al cargo de personero, al tener vínculo siquiera contractual con entidades del orden público que puedan tener injerencia en las decisiones municipales".] - [Palabras claves: corte, inhabilidad, sentencia, cargo, constitucional, acceso, públicos, cargos, i, derecho, ley, disposición, inhabilidades, igualdad]

La prohibición de reelección e inhabilidad de miembros del Consejo Nacional Electoral para ser elegidos dentro del año siguiente de haber cesado en funciones, como magistrado de altas cortes, fiscal general o jefe de órganos de control no desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible. No se encontraron vicios de procedimiento en su aprobación. Acto Legislativo 2 de 2015, "Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones"; Art. 2 (126 de la C.P). Inepta demanda contra el Art. 26 (parcial) - [Resumen automatizado: El ciudadano Luis Alfredo Macías Mesa, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos 2° (parcial) y 26° (parcial) del Acto Legislativo No. 02 de 2015 "por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones" por considerar que su trámite en el Congreso de la República vulneró los principios constitucionales de consecutividad e identidad flexible, contenidos en los artículo 157, 160, 375 de la Carta (primer cargo) y por vulnerar también los principios de igualdad contenido en el artículo 13 superior (segundo Cargo) y violación de la confianza legítima contenida en el artículo 83 de la Carta (tercer cargo)[1]. || [97] Así por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) reiterada por la Sentencia C-801 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; AV Jaime Araújo Rentería, Humberto Antonio Sierra Porto) En esta sentencia la Corte conoció de la demanda de inconstitucionalidad en contra los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 de la Ley 788 de 2002 "por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones." La Corte tuvo en cuenta que la Constitución Política de 1991 permite la introducción de modificaciones a los proyectos de ley durante el segundo debate en las respectivas cámaras, otorgando así, un carácter flexible al principio de identidad.] - [Palabras claves: corte, sentencia, constitución, legislativo, constitucional, proyecto, acto, demanda, debate, nacional, vuelta, trámite, sierra]; Art. 2 (126 de la C.P). Inepta demanda contra el Art. 26 (parcial)